PGN - OBLIGACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - Responsabilidad frente al estado

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad APELACIÓN SENTENCIA-Incumplimiento de obligaciones civiles por servidor público OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS-Responsabilidad frente al Estado A su vez, el artículo 123 impone a los servidores públicos, la obligación de ejercer "sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento", y de producirse quebrantamiento de estos deberes, surge la aplicación de un régimen especial de responsabilidad; el constituyente defirió al legislador la determinación del régimen disciplinario, así como la manera de hacerlo efectivo y el desarrollo de esta norma constitucional esta justamente en la ley 734 de 2002. Bajo este marco normativo se hará el análisis del recurso materia de estudio, para lo cual se trascribirá el cargo formulado que constituye el núcleo de la imputación.

PROHIBICIONES SERVIDORES PÚBLICOS-Causales de mala conducta Se señaló que con esa conducta el disciplinado presuntamente incurrió en la prohibición contenida en el numeral 11 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, «Incumplir de manera reiterada e Injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencias de conciliación. ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional Al respecto, el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 establece que la falta es antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna y el artículo 13 ibídem, dispone que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, lo cual significa que el juicio disciplinario

no se agota en demostrar la realización objetiva de una conducta contraria a derecho, sino que es requisito necesario establecer la ausencia de justificación en la realización de su conducta y su culpabilidad. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Reiteración de la mala conducta En un Estado de Derecho el servidor público tiene derechos pero también está llamado a asumir sus responsabilidades, dentro de las cuales se encuentra la de respetar los compromisos adquiridos y tener una cultura de pago. Si bien puede suceder que el servidor público en algún momento incumpla una obligación, esta actuación aislada no trasciende disciplinariamente, pero cuando se presenta reiteración en la conducta, dando lugar a ser demandado ante la jurisdicción ordinaria por omitir el pago de sus deudas, en múltiples oportunidades, se evidencia una actitud orientada a evadir sus obligaciones y de poco interés por los perjuicios que tal proceder causa en los demás. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES-Comportamiento reiterado e injustificado Con las sentencias C-728 de 2000 y C-949 de 2002 antes referidas, y mediante las cuales la Corte Constitucional analiza el tipo disciplinario imputado en este caso, queda claro que la Radicación n.° 161 - 4800 prohibición esta orientada a «garantizar que los servidores públicos respondan al modelo del ciudadano cumplidor de sus obligaciones legales y que no lesionen la imagen pública del Estado…» y este objetivo se quiebra cuando el servidor público contrae obligaciones para luego desatenderse de su pago, lo que a la postre conduce a mostrarse como un ciudadano incumplido que, por su carácter de funcionario público, afecta la imagen misma del Estado,

es allí donde se materializa la sustancialidad del quebrantamiento del deber, sin precisarse que se afecte en concreto el deber funcional propio del cargo desempeñado por el funcionario disciplinado, como lo entiende la defensa, ese resultado no se requiere para que la conducta se adecue a la falta disciplinaria, como bien se lo explicó el a quo. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-A título de culpa grave Finalmente y en lo que respecta a la culpabilidad, la primera instancia imputó la falta a título de culpa grave, y para la Sala Disciplinaria las pruebas obrantes en el proceso así lo demuestran Sobre la calificación de la falta, se dijo en primera instancia que se trataba de una falta grave culposa. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Suspensión La sanción para esta clase de faltas es la SUSPENSION y esta según el articulo 46 ídem, no puede ser inferior a un mes ni superior a doce meses, el a quo, valorando los criterios que consideró procedentes gradúo la sanción en dos (2) meses convertidos a dos (2) salarios devengados por el disciplinado para el año 2007, teniendo en cuenta que desde el año 2009 no labora en la entidad.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012). Aprobado en acta de sala n.° 07 Radicación No. 161 - 4800 (IUC 030 – 172021) Disciplinado LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ Cargo y Entidad Oficinista grado 06. Procuraduría General de la

Nación Quejosa ROSALBA GUERRERO y otro Fecha queja 17 de Abril de 2008 Fecha hechos 2006 al 2008 Asunto Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 y en razón del recurso de apelación interpuesto por el defensor de oficio del señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ, la Sala Disciplinaria conoce el fallo de fecha 22 de julio de 2010, por medio del cual la 2 Radicación n.° 161 - 4800 Veeduría de la Procuraduría General de la Nación sancionó al servidor público implicado con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, convertidos a dos (2) salarios devengados por el disciplinado para el año 2007 (sic) (fols. 142-146).

I. ANTECEDENTES PROCESALES La señora ROSALBA GUERRERO presentó queja contra el señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, por cuanto abusando de su confianza le recibió a título de préstamo la suma de dos millones de pesos (2000.000) en diciembre de 2005, y al 16 de abril de 2008 no le había cancelado la deuda y le afirmó en tono grosero y desafiante que podía hacer lo que quisiera por cuanto no le pensaba pagar (fol. 1).

Por auto del 29 de Julio de 2008, la Veeduría de la Procuraduría General de la

Nación ordenó indagación preliminar contra el servidor público LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ por hechos relacionados con el incumplimiento de obligaciones civiles y comerciales (fols. 4-5). Mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2009, la Veeduría abrió investigación disciplinaria contra el citado funcionario; decisión notificada por edicto (fls. 36-38 y 96). Agotada la etapa de investigación disciplinaria, la Veeduría formuló pliego de cargos al señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ, a través de providencia de fecha 14 de diciembre de 2009, notificada personalmente al defensor de oficio designado para representar al disciplinado (fols. 97-99 y 106). La Veeduría, luego de correr traslado al defensor del disciplinado para presentar alegatos de conclusión, profirió fallo de primera instancia el 22 de julio de 2010, declarando disciplinariamente responsable del cargo imputado al señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ (fols. 142-146). Decisión que fue recurrida por el defensor de oficio (fls 151-157) y concedida la alzada por auto de fecha 30 de julio de 2010 (fol. 158).

II. PROVIDENCIA RECURRIDA.

La Veeduría de la Procuraduría General de la Nación sustentó su decisión de sanción contra el disciplinado con base en los siguientes argumentos: Que la comprobada existencia de tres (3) sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que declararon el incumplimiento de obligaciones civiles contraídas por

el funcionario disciplinado, aunado a la existencia de cinco (5) órdenes de embargo pendientes y vigentes al momento de la apertura de la presente investigación, evidencian con certeza la materialidad de la reiterada conducta prevista como falta disciplinaria en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, proceder reprochable asumido por el investigado que no solo afecta a sus acreedores sino que 3 Radicación n.° 161 - 4800 también desatiende el modelo de ciudadano respetuoso que deben asumir los servidores de la Procuraduría General de la Nación. La misma cantidad de sentencias ejecutoriadas por deudas personales incumplidas y el gran número de órdenes de embargo pendientes de ser cumplidas, comprueban la falta de justificación del proceder reprochable del funcionario disciplinado, por cuanto se infiere que al momento de la adquisición voluntaria de las deudas, el implicado no tomó en cuenta su capacidad real de pago. Y aclara, la falta de comprobación del elemento “injustificado” que exige el tipo disciplinario no puede derivarse exclusivamente de la ausencia de versión rendida por el servidor procesado, en la que explicara lo sucedido, pues tal diligencia como medio de defensa fue una opción a la que no se acogió el disciplinado, y no por ello, se puede afirmar validamente que no podría acreditarse tal circunstancia por otros medios de convicción, como el indicio. Pasando a la ilicitud sustancial, precisa la Veeduría, que como bien lo ha dicho la Corte Constitucional, con el derecho disciplinario se busca garantizar no solo la buena marcha de la administración pública, sino también su buen nombre, y los dos

aspectos quedan comprendidos en el concepto de ilicitud sustancial, entendido como afectación de los deberes funcionales que conlleva el desconocimiento de los principios que rigen la función pública. En el presente caso, se logró demostrar que el servidor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ, ostentando la calidad de servidor de la Procuraduría General de la Nación fue sujeto demandado en ocho (8) ocasiones ante la jurisdicción ordinaria, de las cuales hasta antes de la apertura de investigación tres habían resultado con sentencia ejecutoriada, comportamiento que ha puesto en entredicho y afectado el buen nombre de la entidad, por no corresponder con el de una persona respetuosa y cumplidora de sus obligaciones. Así, concluye el funcionario instructor, si bien la constante y reiterada conducta incumplida y estar avocado de forma permanente a demandas y embargos de su sueldo no afectó su desempeño como oficinista grado 6 en la División Centro de Atención al Público, no se puede desconocer que los deberes de los funcionarios van más allá de las tareas que puntualmente desarrolla en una dependencia concreta, sino que comprenden deberes para con la entidad como un todo, entre los que se puede contar el actuar honrado, leal, y respetuoso de la legalidad y del buen nombre de la Procuraduría, preceptos que se protegen con la tipificación de faltas como la aquí endilgada. Por último, la Veeduría decide cambiar el tipo de culpabilidad endilgada, y considera que el actuar del disciplinado se cometió no con dolo sino con culpa grave en la

medida en que el señor ALVAREZ MUÑOZ no observó el cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus actuaciones, toda vez que de manera previa a tanto endeudamiento no analizó y tuvo en cuenta su situación financiera y su capacidad económica. Examinando luego los criterios para calificar la falta, arguye el funcionario de primera instancia que están comprobados suficientes como para no considerar la misma como leve, en especial el que hace referencia a que el bien protegido con la norma efectivamente resultó vulnerado, calificando entonces y de 4 Radicación n.° 161 - 4800 manera definitiva la falta demostrada al investigado como grave cometida a título de culpa grave. Adicionalmente, considera que la incursión en mora en el pago de obligaciones fue resultado de la desatención en el cuidado necesario para evitar que el cobro llegara a “instancias judiciales”.

III. RECURSO DE APELACIÓN Estando dentro del término señalado en el artículo 111 de la ley 734 de 2002, el defensor de oficio del señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MONTAÑO, interpuso recurso de apelación contra la decisión de la Veeduría, con los fundamentos que se resumen a continuación: Que la investigación disciplinaria relativa a la falta endilgada a su defendido solo se puede iniciar con base en sentencias judiciales ejecutoriadas, y conforme con las consideraciones expuesta por la Corte Constitucional en su sentencia C-942 de 2002, no se trata de sancionar al servidor que alguna vez incumple sus compromisos, pues la norma no pretende que estos sean siempre y en todo lugar sin

miramiento alguno cumplidos con sus deudas, sino que no sean «descaradamente irrespetuosos» con sus obligaciones, y continúa citando a la Corte, «…sería aquel que es contumaz en su conducta, indiferente ante los perjuicios que le causa a los demás…». Por tanto, para el defensor, las tres sentencias ejecutoriadas proferidas en contra del disciplinado no sustentan en manera alguna la comisión de la falta endilgada, entre otros, porque entre la primera y las dos últimas hay una diferencia de cinco años, por lo que no puede decirse que fuera incumplimiento descarado, como lo exige la sentencia de la Corte, y de cuyas consideraciones el funcionario se aleja sin explicar las razones, por tanto, la tipicidad de la falta no está demostrada. Con el mismo argumento y parafraseando la misma sentencia de la Corte Constitucional, arguye el defensor que no puede haber ilicitud sustancial sino existe o está demostrado que el incumplimiento del servidor público sea descarado. Además, para el apelante tampoco se pudo demostrar en la presente investigación que el deber funcional se hubiere visto afectado con la conducta endilgada al señor ALVAREZ MUÑOZ, y en ese orden, si existe duda razonable, esta debe ser resuelta a favor del implicado, y se debe revocar el fallo apelado y absolver de los cargos a su defendido. Subsidiariamente, el defensor solicita sea reducida la multa conforme los principios de proporcionalidad y razonabilidad, por cuanto la Veeduría solo tuvo en cuenta dos criterios de atenuación para graduar la sanción, de todos los que trae la norma,

pasando luego a explicar cada uno.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

5 Radicación n.° 161 - 4800 De conformidad con el artículo 143 de la ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, siendo estos los aspectos alrededor de los cuales gira el recurso de apelación. Con relación a la responsabilidad de los servidores públicos, es la misma Constitución Política que en su artículo 6º, establece que deben responder ante las autoridades tanto por la violación de la Constitución Política y la ley como por las omisiones o la extralimitación en ejercicio de sus funciones; esta mayor exigencia al funcionario público deviene de la relación especial de sujeción en la que se encuentra frente al Estado. A su vez, el artículo 123 impone a los servidores públicos, la obligación de ejercer "sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento", y de producirse quebrantamiento de estos deberes, surge la aplicación de un régimen especial de responsabilidad; el constituyente defirió al legislador la determinación del régimen disciplinario, así como la manera de hacerlo efectivo y el desarrollo de esta norma constitucional esta justamente en la ley 734 de 2002. Bajo este marco normativo se hará el análisis del recurso materia de estudio, para lo cual se trascribirá el cargo formulado que constituye el núcleo de la imputación.

CARGO FORMULADO: Mediante providencia de fecha 14 de diciembre de 2009, se le imputó al señor LUIS

FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ, el siguiente cargo: (fols. 97-99). Se le señala al señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ, el incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles por él contraídas, incumplimiento que generó los procesos ejecutivos identificados con los números: a). 992189 adelantado en el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, promovido por PEDRO ISAIAS ZORRO CAMARGO en el cual con sentencia de octubre 25 de 2002 se ordenó seguir adelante con la ejecución (fl.33); b). 2006-1806 adelantado en el Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, promovido por ANGÉLICA RAMOS GUERRERO, en el cual con sentencia de agosto 22 de 2007 se ordenó seguir adelante con la ejecución (fl.23) y; c). 07-0410 adelantado en el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá promovido por GILBERTO BENAVIDES CERÓN, en el cual con sentencia de Julio 24 de 2007 se ordenó seguir adelante con la ejecución (fl.25). Las órdenes de embargo libradas dentro de éstos procesos, a 8 de agosto de 2008 aún figuraban como pendientes de pago según certificación del Coordinador del Grupo de Nómina de la Procuraduría General de la Nación (fl.8). Se señaló que con esa conducta el disciplinado presuntamente incurrió en la prohibición contenida en el numeral 11 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, «Incumplir de manera reiterada e Injustificada obligaciones civiles, laborales,

comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencias de conciliación.» La conducta fue calificada provisionalmente como grave, en la medida en que la reiteración de la misma ha perjudicado el buen nombre de la Procuraduría General de la Nación y defrauda la expectativa de ciudadano que se tiene de los servidores de la Procuraduría. 6 Radicación n.° 161 - 4800 En cuanto a la culpabilidad, la falta se imputó provisionalmente a título de dolo, por cuanto la conducta aparece no solo injustificada sino que resulta «…como fruto de su querer, de su voluntad, las cual surgió desde el mismo momento en que decidió adquirirlas, en número y valor tal, que el monto de sus ingresos, los compromisos y obligaciones a su cargo, imposibilitaban su cumplimiento oportuno.» Sin embargo, la imputación dolosa fue modificada al momento del fallo dictado el 22 de julio de 2010 donde se consideró que el señor ALVAREZ MUÑOZ había actuado con culpa grave por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actividades, atenuación que resultaba más benigna para el disciplinado. ANÁLISIS DE FONDO Como se observa, la investigación seguida contra el señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ, en concreto, gira en torno al incumplimiento de tres obligaciones civiles impuestas en decisiones judiciales. La queja inicial fue presentada por la señora ROSALBA GUERRERO quien, mediante escrito sostuvo que el señor LUIS FERNANDO ALVAREZ, «…abusando de mi confianza» el 1 de de diciembre de 2005, obtuvo de ella a título de préstamo la

suma de dos millones de pesos (2000.000), y luego, su esposa, obtuvo otro por dos millones de pesos (2000.000), los dos aduciendo que le pagarían cuando la Procuraduría cancelara al señor ALVAREZ sueldos, primas, horas extras, bonificaciones y demás emolumentos que le adeudaba, y con tales largas llevó la situación hasta abril de 2008 cuando de forma grosera le afirmó que no le cancelaría la deuda y que hiciera lo que quisiera (fol. 1). Dentro del curso del proceso disciplinario se informó por parte del coordinador del Grupo de Nómina de la Procuraduría General de la Nación que contra el señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ figuraban a 8 de agosto de 2008, ocho (8) órdenes de embargo, dentro de las cuales estaban las decretadas por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del radicado 992189 promovido por PEDRO ISAIAS ZORRO CAMARGO, la cual fue comunicada a esta entidad por oficio 1587 del 31 de mayo de 2000 por un monto de $9000.000; la decretada por el Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá dentro del proceso 2006-1806 promovido por ANGÉLICA RAMOS GUERRERO y comunicada mediante oficio 0056 del 15 de enero de 2007 y la ordenada por el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá promovido durante el trámite del proceso ejecutivo promovido por GILBERTO BENAVIDES CERÓN, comunicada con oficio 3284 del 15 de noviembre de 2007 (fols 8-16).

Al momento de elevar auto de cargos, la Veeduría precisó que la imputación contra el señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ se concretaba al incumplimiento de tres (3) obligaciones civiles respecto de las cuales se dictó sentencia a saber:

1. Obligación adquirida con la señora ANGELICA RAMOS GUERRERO, proceso ejecutivo singular seguido ante el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Civil Municipal, dentro del cual se dictó sentencia el 22 de agosto de 2007, ordenando seguir

7 Radicación n.° 161 - 4800 adelante la ejecución dispuesta en el mandamiento de pago por la suma de $ 3.300.000 (fol.23).

2. Obligación adquirida con el señor GILBERTO BENAVIDES CERON, proceso ejecutivo singular seguido ante el Juzgado Treinta y siete (37) Civil Municipal, dentro del cual se dictó sentencia el 24 de julio de 2007, ordenando seguir adelante la ejecución dispuesta en el mandamiento de pago por la suma de $ 2.700.000 (fols. 26 y 27).

3. Obligación adquirida con el señor PEDRO ISAIAS ZORRO CAMARGO, proceso ejecutivo por la suma de $9000.000.oo seguido ante el Juzgado Diecinueve (19) Civil del Circuito, dentro del cual se profirió sentencia el 25 de octubre de 2002, ordenando seguir adelante con la ejecución dispuesta en el mandamiento de pago hasta la suma de $ 9.000.000 (fols. 33-34).

Apelación: En los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, el defensor de

oficio del disciplinado cuestiona la configuración de esa conducta como falta disciplinaria, bajo el entendido de no haberse demostrado ser una acción injustificada, así como tampoco se acreditó como lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se trata de un incumplimiento de obligaciones descarado, ni la ilicitud sustancial de la conducta reprochada. Sobre el particular, el defensor argumenta que la norma no busca sancionar al servidor público que alguna vez incumple sus obligaciones, sino a aquellos que sean descaradamente irrespetuosos con las mismas, y con tres sentencias, la primera distanciada de las otras en más de dos años, no se puede inferir tal proceder de su prohijado. A la par, le parece que la Veeduría no logró demostrar que el deber funcional se vio afectado sustancialmente, por lo que existe duda razonable que debe ser resuelta a favor del investigado.

Problema jurídico: Entonces, y estando demostrada la existencia de tres sentencias dictadas por jueces de la República en contra del señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ y además una conciliación judicial1 cuyas cuotas pactadas no canceló (fol.31), todas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones civiles, corresponde a la Sala Disciplinaria establecer si la conducta desplegada por el disciplinado configura falta disciplinaria como se señala en el fallo de primera instancia, o si, por el contrario, la conducta resulta atípica, como lo plantea el apelante.

Como es bien sabido, la estructura de la responsabilidad disciplinaria descansa

sobre las categorías de la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, elementos que debe analizar la Sala Disciplinaria para revisar el fallo de primera instancia y los presupuestos para imputar responsabilidad disciplinaria, frente a los argumentos expuestos por la defensa del disciplinado en su escrito de apelación. 1 Lo que resulta igualmente acorde con la Constitución, pues la conciliación surte efectos de cosa juzgada. Sentencia C-949/02 8 Radicación n.° 161 - 4800 En esa dirección, resulta preciso analizar la tipicidad, para lo cual abordaremos la descripción de la falta atribuida al señor ALVAREZ MUÑOZ contenida en el artículo 35 numeral 11 de la Ley 734 de 2002, que establece como prohibición a los servidores públicos: «Incumplir de manera reiterada e Injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencias de conciliación.» Lo que se exige en el ámbito disciplinario al servidor público es que sea un modelo de conducta en el cumplimiento de sus obligaciones, más allá de las situaciones excepcionales que puedan darse; por ello, la descripción de la prohibición del tipo imputado contiene el ingrediente normativo «reiterado» e «injustificado» lo cual significa que el legislador disciplinario no busca sancionar cualquier conducta esporádica del servidor público que implique la no satisfacción de una obligación adquirida, sino aquel comportamiento repetitivo de incumplimiento al momento de asumir los compromisos frente a sus acreedores, sin existir motivo que valide dicha

conducta, lo cual deviene en una actitud propia de displicencia e incluso de contumacia. Ahora, para precisión de la defensa debemos advertir que la Corte Constitucional al analizar la finalidad y proporcionalidad de la norma lo que expresó en plena concordancia con las consideraciones del a quo y con las anteriores fue: ...Lo que ella hace merecedor de sanción es el incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones. No se trata entonces de sancionar al servidor que alguna vez incumple sus compromisos legales, sin tener ninguna justificación para su conducta. Obsérvese que si bien el fin de la norma es lograr que los servidores públicos se orienten hacia el modelo del buen ciudadano, no exige que sean siempre y en toda ocasión –sin miramiento algunocumplidos con sus obligaciones, sino que no sean descaradamente irrespetuosos con sus obligaciones legales. Así, pues, el servidor público que podría llegar a ser sancionado por la incursión en esta prohibición sería aquel que es contumaz en su conducta, indiferente ante los perjuicios que le causa a los demás particulares a los que les incumple los compromisos y ante el daño que genera para la imagen de las instituciones estatales.2 Y tales circunstancias fueron consideradas por el a quo en el fallo apelado, otra cosa es que a la defensa las tres sentencias ejecutoriadas, la conciliación incumplida y las cinco órdenes de embargo pendientes, no le parezcan una conducta descaradamente irrespetuosa de parte del disciplinado, sin importar si entre la primera sentencia y las dos últimas exista un lapso de cinco años, pues en el

entretanto fueron emitidas seis ordenes de embargo en contra del procesado, las cuales no pudieron ser cumplidas en la medida en que el sueldo del mismo desde mayo del 2000 estaba embargado (fols. 9 a 15), además, la Corte solo precisó la existencia de sentencias ejecutoriadas de las cuales se pudiera inferir un conducta contumaz, razón por la cual las dos últimas serían suficientes para sustentar el cargo, tal como se acreditó en el presente asunto. En efecto, el tema probatorio en este tipo de faltas esta circunscrito a (i) la demostración de la existencia de sendas sentencias dictadas por jueces de la 2 Sentencia C-728 de 2000. 9 Radicación n.° 161 - 4800 republica o de conciliaciones en las que se declare el incumplimiento de obligaciones civiles, comerciales, laborales o de familia, (ii) sumado a la constatación del ingrediente normativo del tipo referente al carácter injustificado de la conducta, que está ligado directamente con la ilicitud. La existencia de la reiteración en el incumplimiento de las obligaciones civiles está debidamente demostrada en el proceso examinado al haberse comprobado que el disciplinado ALVAREZ MUÑOZ adquirió unas obligaciones de carácter civil con ANGELICA RAMOS GUERRERO, GILBERTO BENAVIDES CERON, AGUEDA CARDENAS PAMPLONA y PEDRO ISAIAS ZORRO CAMARGO las cuales no fueron cumplidas, esto es, no se pagaron en la oportunidad y plazo acordado, conforme se estableció en las sentencias dictadas por los juzgados Veintidós (22) y

Treinta y siete (37) civiles municipales y Diecinueve (19) Civil del Circuito, todos de la ciudad de Bogotá, además de la conciliación pactada ante el Juzgado Treinta y nueve (39) civil municipal de la misma ciudad (fol.31). Pero, como se explicó antes, al momento de realizar el proceso de adecuación típica no basta con demostrar que el señor LUIS FERNANDO ALVAREZ MUÑOZ incumplió obligaciones civiles en forma reiterada (ANGELICA RAMOS GUERRERO, GILBERTO BENAVIDES CERON, AGUEDA CARDENAS PAMPLONA y PEDRO ISAIAS ZORRO CAMARGO), ni con allegar al expediente las providencias mediante las cuales autoridades judiciales acreditan el incumplimiento de la obligación (providencias de los juzgados 22 y 37 Civil Municipal y 19 Civil del Circuito), sino que debe acreditarse la ausencia de justificación, esto es, que no estaba cobijado por alguna causal que lo excluya de responsabilidad. Al respecto, el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 establece que la falta es antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna y el artículo 13 ibídem, dispone que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, lo cual significa que el juicio disciplinario no se agota en demostrar la realización objetiva de una conducta contraria a derecho, sino que es requisito necesario establecer la ausencia de justificación en la realización de su conducta y su culpabilidad. Lo primero es considerar que el disciplinado enterado del contenido y motivo de la presente investigación guardó silencio. Los hechos muestran que el disciplinado conoció la mora en el pago de las

obligaciones por las que se dictaron sentencias ordenando proseguir con la ejecución, en la medida en que se notificó de la admisión de las demandas, igualmente, como el primer embargo data del año 2000 y en el mismo proceso en que éste se emitió se profirió la primera sentencia ejecutoriada de que da cuenta la investigación, se puede inferir con razón que el procesado conocía las limitaciones económicas que afrontaba y sin embargo, prosiguió adquiriendo deudas. Así por ejemplo el señor GILBERTO BENAVIDES CERON manifiesta que a él se acercó entre otros, el señor LUIS FERNANDO ALVAREZ, solicitándole dinero prestado y manifestándole que como era funcionario de la Procuraduría General de la Nación, no tendría dificultades con el pago, pues tal entidad no les permitía tener inconvenientes con sus deudas o de lo contrario se les sancionaba disciplinariamente, sin embargo, el señor ALVAREZ MUÑOZ no cumplió con lo 10 Radicación n.° 161 - 4800 pactado y él se vio obligado a demandarlo ejecutivamente, recibiendo la desalentadora noticia de parte de la Procuraduría General de la Nación, que no podía darle curso inmediato a su orde