PGN - OBLIGACIONES DEL SECUESTRE - Bienes productivos de renta

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio DAÑO ANTIJURÍDICO-Definición Daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligado a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. IMPUTACIÓN-Definición Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, pudiendo ser responsabilizado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. De lo anterior lo primero que hay que concluir es que en la actuación del auxiliar de la justicia se estructuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que compromete la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, por los hechos y omisiones en las que incurrió dicha persona. No obstante en la configuración de la Responsabilidad Estatal aparecer inmersa la

conducta desplegada por la señora Juez Cuarta Civil Municipal de Tunja, de la que el A quo consideró que no tenía la connotación suficiente para constituir error jurisdiccional, ya que la real afectación de los derechos de la entidad demandante había ocurrido por la inactividad del secuestre, razón por la cual, se abstuvo de señalar responsabilidades con base en la conducta de la funcionaria judicial. Al contrario de tal afirmación, encuentra esta Agencia del Ministerio Público que la señora Juez Cuarta Civil Municipal de Tunja, incurrió en actos y omisiones que permiten responsabilizar al Estado, a título de error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. OBLIGACIONES DEL SECUESTRE-Bienes productivos de renta Se evidencia que el secuestre, después de materializado el secuestro del vehículo, no realizó gestión alguna tendiente a su recuperación, ni a acordar con su propietario la manera de llevar a cabo las reparaciones, limitándose a presentar unos informes de gestión, en los que consignaba la imposibilidad de ponerlo en funcionamiento.. Conforme a las normas citadas, puede concluirse que el secuestre no cumplió con las obligaciones que le imponía su condición de secuestre, ni conforme a las del mandato Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 civil que por expresa remisión del Código de Procedimiento Civil, deben aplicarse

cuando se trate de bienes productivos de rentas. DOBLE INSTANCIA-Procedencia Tal como lo estimó el Tribunal Administrativo de Boyacá, si la providencia por medio de la cual se decidió la solicitud de la entidad ejecutada era pasible del recurso de apelación, la juez a cargo de su estudio, debió proceder a su trámite, sin entrar a resolver la reposición interpuesta como principal, y después negar la apelación interpuesta, con el argumento de no ser procedente frente al auto que resolvió la reposición. Dicha interpretación cercenó el derecho a la doble instancia que amparaba los derechos de la parte demandada, impidiendo que su superior jerárquico revisara el contenido de sus decisiones y que muy posiblemente las revocara o modificara para facilitar la explotación del vehículo objeto de secuestro.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 13 de abril de 2011

Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente - Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11 – 75

Acción de Reparación Directa Expediente. 15001233100020041880 01 (38372)

Demandante: Compañía de Transportes Hunza Ltda.

Demandado: Nación – Ministerio de Justicia –

Consejo Superior de la Judicatura y María Melba Orozco Pardo

Honorable Señor Consejero: 2

Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co

15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la entidad responsabilizada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen: ANTECEDENTES LA DEMANDA La Compañía de Transportes Hunza Limitada, representada legalmente por el señor Pedro Antonio Saavedra Sandoval, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitó que se declarara responsables de la falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al Ministerio de Justicia – Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial y a María Melba Orozco Pardo, Juez Cuarta Civil Municipal del Circuito Judicial de Tunja, por las actuaciones de ésta última funcionaria, y las del señor Luís Alejandro Niño Vanegas, en su condición de secuestre dentro del proceso ordinario de menor cuantía radicado bajo el No. 150014003004 1999 0495. Como consecuencia de lo anterior, se condenara a las entidades demandadas a pagar los perjuicios materiales y morales objetivados y subjetivados, actuales y futuros que estimó en cuantía de cuatrocientos millones de pesos. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Ministerio del Interior y de Justicia 3 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080.

Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 Propuso la excepción de indebida representación por pasiva, bajo el entendido que el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, disponía que la Nación estaba representada por la persona de mayor jerarquía de la entidad que produjo el acto o produjo el hecho, que para el caso era el Ministerio del Interior y de Justicia. Señaló que no tuvo intervención en los hechos objeto de demanda, y que para el caso en estudio la Nación – Rama Judicial – la representación estaba a cargo del Director Ejecutivo de Administración Judicial y no en el Ministro del Interior y de Justicia. Consejo Superior de la Judicatura Adujo que en el caso en estudio no se observaban yerros que implicaran responsabilidad del Estado o falencias que hubieran causado perjuicios susceptibles de indemnización, que no se reunían los elementos jurisprudenciales que constituían la responsabilidad patrimonial del Estado, y que si existió incumplimiento de las obligaciones por parte del secuestre designado dentro del proceso, estas debían ser reclamadas a través de la póliza de cumplimiento que cubría los daños y perjuicios en que dichas personas podían incurrir en el desempeño de su función, como lo establecía el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil. Señaló que no podía considerarse que el vehículo secuestrado produjera renta cuando fue retirado en grúa por no estar en condiciones de funcionamiento, además de haber sido dejado despreocupadamente por

la parte actora en manos de un tercero, sin objetar ni rechazar las cuentas presentadas, lo cual conllevaba culpa exclusiva de la víctima. MARÍA MELBA OROZCO PARDO – JUEZ CUARTA CIVIL MUNICIPAL Manifestó que si se generó daño con la medida cautelar adoptada, éste solo pudo tener ocurrencia por culpa del entonces demandado, hoy 4 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 supuesta víctima, ya que no interpuso los recursos de ley contra las medidas y decisiones adoptadas. Arguyó que las solicitudes presentadas por la apoderada de la parte demandada fueron resueltas, que el secuestre rindió cuentas de su gestión, que fueron puestas en conocimiento de las partes, sin que se presentara reparo, rechazo u objeción, lo que hizo suponer su conformidad. Señaló la improcedencia de la solicitud presentada por la parte demandada consistente en que le dejaran el vehículo en depósito a su propietaria bajo la modalidad de arrendamiento, ya que quien tenía la custodia y administración del bien era el secuestre, a quien debió formularse la solicitud. Precisó que la apoderada judicial de la parte demandada reiteró el oficio dirigido al secuestre para la entrega del bien, pero que al parecer no la hizo llegar a su destinatario, pues por solicitud del secuestre, se

conminó a la parte demandada para que recibiera el vehículo. Propuso como excepción inexistencia de daño y perjuicios reclamados, ya que al momento de la diligencia de secuestro el vehículo se encontraba en regulares condiciones, con partes dañadas, y debiendo ser retirado en grúa. Por tal razón, el automotor no podía funcionar, ni producir renta, pues su arreglo implicaba costos que el auxiliar de la justicia no estaba en condiciones de sufragar, como tampoco lo hizo el propietario. Del mismo modo, propuso la excepción de inexistencia de los supuestos fácticos y normativos para declarar la responsabilidad del funcionario demandado, al considerar que conforme al artículo 71 de la ley 270 de 1996, para que el Estado pueda ser condenado a la reparación patrimonial es necesario que se presente un daño antijurídico y que este 5 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de la funcionaria de la administración, eventos que no se presentaban debido a que la actividad estuvo precedida del cumplimiento y respeto a la ley. Invocó igualmente, la excepción de culpa exclusiva de la víctima – demandante, ya que dicha persona no hizo uso de las herramientas e instrumentos disponibles para conjurar la supuesta mala administración del secuestre, pues podía: a) discutir la suficiencia de la

caución prestada para garantizar los posibles perjuicios que se ocasionaran con la mala administración del bien, b) solicitar mediante trámite incidental la exclusión e imposición de sanciones al secuestre, dentro de los diez días siguientes a la ocurrencia del hecho, y si la decisión fuera adversa, como en efecto lo fue, impugnar la decisión, c) objetar las cuentas rendidas por el secuestre, ya que al guardar silencio se entienden admitidas, d) interponer recursos de alzada contra las decisiones que adopte el juzgado con relación a las medidas cautelares y demás que determinaba la ley procesal. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró que no prosperaban las excepciones propuestas; negó las pretensiones de la demanda contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, y Melba Orozco Pardo, Juez Cuarta Civil Municipal del Circuito de Tunja; declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, por los perjuicios ocasionados a la Compañía de Transportes Hunza Limitada; y en consecuencia, la condenó al pago $199.062.842 por concepto de daño emergente y lucro cesante. Se centró el problema jurídico en determinar si las entidades demandadas eran responsables de falla en el servicio por defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, dadas las conductas 6 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372)

5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 asumidas frente al bien (vehículo de servicio público) objeto de embargo y secuestro. Frente a la excepción de indebida representación por pasiva, señaló que el Ministro, el Fiscal y el Director Administrativo de Administración Judicial podían representar a la Nación en los asuntos relativos al funcionamiento de la actividad judicial de los respectivos órganos, según que el acto o el hecho haya sido proferido o ejecutado por juez o magistrado, fiscal o por cualquier funcionario perteneciente a uno u otro organismo, y pese a que el patrimonio a afectar sea el de la Nación – Rama Judicial, el pago debe hacerse con cargo al presupuesto de la entidad causante del presunto daño. De la normatividad aplicable al caso, concluyó que procedía el embargo del vehículo tal como se ordenó en el auto de 27 de octubre de 1999, pero que tratándose de un vehículo de servicio público el secuestre debía asumir la dirección y manejo del bien y procurar mantenerlo de forma que desarrollara los fines para los cuales estaba destinado; que aunque el vehículo estuviera en mantenimiento, no podía ser retirado del lugar a menos que se decretara el remate; que el secuestre al tener la condición de administrador con funciones de mandatario, estaba en la obligación de realizar o, cuando menos, gestionar lo necesario para efectuar las reparaciones y; que por tratarse el bien embargado de un vehículo de servicio público no podía ser depositado, pues debía mantenerse en servicio. Se indicó que como al momento del secuestro el vehículo estaba en reparación, no debió ser retirado sino que bajo dependencia del

secuestre, se culminara su reparación para que pudiera continuar en servicio, no obstante, el secuestre se limitó a depositar el vehículo en un parqueadero sin preocuparse por su reparación, y tampoco realizó solicitud alguna en dicho sentido a su propietario. 7 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 En cuanto a la actividad judicial desarrollada en el proceso en el que se dispusieron las medidas de embardo y secuestro, se indicó: “(…) … Obran en el expediente, solicitudes de la apoderada de Transportes Hunza Limitada, de fecha 3 de diciembre de 1999 (f. 256 C-1) y de abril 3 de 2000 (f. 263 C-1), dirigidas al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja, en las que se solicitó fijar caución para levantar la medida cautelar que pesaba sobre el vehículo secuestrado, peticiones que fueron despachadas mediante auto de 26 de abril de 2000 (f. 265 C-1), en el cual el Juzgado señala que: “Como quiera que dentro de las presentes diligencias ya se practicó la diligencia de embargo y secuestro, no es procedente prestar caución, en el caso de autos, para levantar las medidas decretadas se debe dar aplicación al artículo 519 inc. 2 del C.P.C. para lo cual el demandado deberá consignar la cantidad de dinero que el Juez estime suficiente para garantizar, el pago

del crédito y las costas, y los posibles perjuicios” En consecuencia ordenó a la parte actora que consignara a órdenes del despacho y por cuenta del proceso, la suma de $7.000.000, suma que quedarían embargada hasta los resultados del proceso. Decisión que no fue acogida por la parte solicitante,…. Interpuso entonces recurso de reposición y en subsidio apelación, el primero de los cuales fue resuelto mediante auto del 31 de mayo de 2000 (f. 271 C-1) para reponer ordenando al demandado que prestara una caución de dieciocho millones de pesos ($18.000.000). Contra la decisión tomada por la juez la demandada interpuso recurso de apelación señalando, fundamentalmente, que al resolver la reposición se había hecho más gravosa su situación, que los perjuicios demandados eran menores de $3.500.00 y subsidiariamente pidió que se le permitiera reparar el vehículo de servicio público, que sólo estaba en mantenimiento el día del secuestro y que se consignara el producido a favor del juzgado. Frente a lo expuesto la juez se limitó a señalar que al tenor del inciso 3º del artículo 348 del C.P.C., “… el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso”. (f. 280 C-1). (…) No resulta pues cierto, como lo expuso la demandada María Melba Orozco Pardo que el entonces demandado no interpuso los recursos de ley y que por ello cabe predicar su exoneración de responsabilidad dada la culpa exclusiva de la víctima. 8 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080.

Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 No corresponde a esta Sala evaluar si la caución debía o ser la fijada, pero lo que resulta claro es que conforme al artículo 31 constitucional el juez no puede hacer más gravosa la situación del recurrente único y que el auto que decidía sobre el levantamiento de las medidas cautelares era apelable y fue interpuesto contra la decisión tomada en el auto del 26 de abril de 2001. Si bien la demandada, entonces recurrente, dijo que interponía la apelación en subsidio de la reposición y que ello es inadecuado, lo cierto es que el auto era susceptible de pasible de apelación y no de reposición, como lo decidió la juez para luego negarse a tramitar la segunda instancia, desconociendo el principio constitucional de la doble instancia. No obstante, a juicio de esta Sala, las anteriores actuaciones no alcanzan a tener la connotación de error judicial para este caso, en tanto, como se ha dejado descrito la real afectación de los derechos del demandante ocurrió fundamentalmente por la inactividad del secuestre, se trae estos eventos para dejar evidenciado que la ahora demandante, quien tenía la condición de demandada en el proceso ordinario, buscó no solo ante el secuestre sino también ante el juez la forma de reparar el bien para lograr que el mismo fuera fuente de renta, pero ni uno ni otro atendieron es petición cuyo fundamento era evidente dada la condición que de vehículo de servicio público tenía el bien secuestrado.

De otro lado la Empresa de Transportes Hunza Limitada no hizo ningún cargo en contra de la decisiones judiciales que permitieran incursionar en el análisis de presunto error judicial, de tal forma que sin señalar a la demandada actuación puntual y concreta sobre la cual recayera el título de imputación por error judicial, la demandada Orozco Pardo no tuvo la posibilidad de encausar su defensa a tal condición, dado que éste solo será predicable de las determinaciones judiciales que adquieran calidad y connotación de cosas que decidan y juzgan de fondo un asunto particular. De tal forma que para la Sala, resulta defectuoso el funcionamiento de la administración de justicia por las decisiones, asesorías y posiciones asumidas dentro de un proceso por el secuestre como auxiliar de la justicia a pesar del uso de los medios y recursos procesales que le permitían a la entonces demandada, defender sus intereses y el debido ejercicio de sus derechos en la litis. (…)” Frente a la mora de la restitución del vehículo por parte del secuestre, se indicó que pese a que la sentencia dentro del proceso ordinario fue dictada el 27 de noviembre de 2001, la entrega formal y material solo se produjo hasta el 1 de septiembre de 2004, razón por la cual, la 9 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 actuación de la juez en relación con la oportunidad en sus decisiones no

podía ser calificada como omisiva. Por el contrario, se indicó que el secuestre siguió demostrando una conducta negligente y aunque pudo haber demora en la entrega imputable al demandante, lo cierto es que el vehículo no podía haber sido retirado de circulación, resultando inconsecuente que el periodo posterior a la sentencia fuera asumido por la parte demandante, pues si el secuestre no hubiera retirado el bien para depositarlo en un parqueadero, y lo hubiera administrado y permitido su reparación para que volviera al servicio, ello no habría tenido ocurrencia. Sobre las condiciones en que fue devuelto el bien, se indicó que el vehículo no fue devuelto en las mismas condiciones en que estaba al ser objeto de la medida de secuestro, pues al momento de la restitución faltaron varias piezas y repuestos, y que se entregó una caja de velocidades que no pertenecía la vehículo, sin que se hubiere presentado explicación alguna. Concluyó el Tribunal que en el presente asunto se produjo un daño antijurídico en el patrimonio de la Compañía de Transportes Hunza Limitada, porque la administración de justicia impidió a la demandante la explotación del vehículo de servicio público y además por no haberlo reintegrado en las condiciones que tenía cuando fue secuestrado. Atribuyó la negligencia del secuestre a la responsabilidad de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, por constituir un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en el cual se encontraban comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presentaran con ocasión del ejercicio de la función de administrar justicia, ya fuera por conductas de funcionarios, de

particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares de la justicia. 10 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 APELACION Rama Judicial Señaló que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja como garante de las actuaciones judiciales, al momento de recibir los informes presentados por el secuestre, en los que se evidenciaba el regular estado del vehículo, pudo requerirlo para que se realizaran las gestiones necesarias para poner en funcionamiento el vehículo de servicio público, para que cumpliera cabalmente con sus funciones de custodia y manejo del vehículo, o relevarlo de esa función y designar a un nuevo auxiliar de la justicia. Arguyó que no podía considerarse que el vehículo producía renta por las condiciones en que se encontraba al momento de realizarse la diligencia de secuestro, pues el automotor fue llevado en grúa por no encontrarse en condiciones óptimas para el trabajo. Parte demandante Solicitó que se extendiera la responsabilidad no solo a falla en la administración de justicia sino al error jurisdiccional, declarando administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y Melba Orozco Pardo por los perjuicios materiales causados a la Compañía de Transportes Hunza Limitada, pues estaban demostradas las omisiones en las que incurrió

la señora juez dentro del proceso, y en sus decisiones judiciales, en las que omitió acatar las previsiones del artículo 682 No. 8 del Código de Procedimiento Civil, sobre el embargo de bienes de servicio público, y en especial de un vehículo que produce renta. 11 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 CONCEPTO Problema jurídico ¿Es responsable la Rama Judicial – Dirección Administrativa de Administración Judicial, por la actuación de la Juez Cuarta Civil Municipal de Tunja por la medida cautelar ordenada y perfeccionada dentro del proceso ordinario adelantado contra la Compañía de Transportes Hunza Limitada? ¿Es responsable la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, por el incumplimiento de los deberes del auxiliar de la justicia que se desempeñó como secuestre del bien de servicio público de propiedad de la entidad demandante?

1. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la

víctima no estaba obligado a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del 12 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282 derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, pudiendo ser responsabilizado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. La descripción de cada uno de los eventos que constituye la posibilidad de responsabilidad patrimonial del Estado, fueron descritos en los artículos 66 a 69 de la ley 270 de 1996, de la siguiente manera: ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

13 Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12077 a 12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co 15001233100020041880 01 (38372) 5CdeE/IJJ/Llms IUS 2011-127282

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. La Compañía de Transportes Hunza Limitada, solicitó que se declarara responsables de la falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al Ministerio de Justicia – Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial y a María Melba Orozco Pardo, Juez Cuarta Civil Municipal del Circuito Judicial de Tunja, por las actuaciones de ésta última funcionaria, y las del señor Luís Alejandro Niño Vanegas, en su condición de secuestre dentro del proceso ordinario de menor cuantía radicado bajo el No. 150014003004 1999 0495. Frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y su diferenciación con el error jurisdiccional, por sentencia del 22 de noviembre de 20021 el Consejo de Estado, dejó sentado: “(…)

2. El error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.2 La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó: “…nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento

anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una 1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERAConsejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE - Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001) - Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164) - Actor: FERNANDO JIMENEZ Y CARLOS - FERNANDO RUIZ PEÑA - Demandado: NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA 2 Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 10 de mayo de 2001, exp. 12719. 14 Procuraduría Quinta delegada ante el Consej