PGN - OBLIGACIONES SOLIDARIAS - Definición

Procurador General 1 Bogotá, D.C., enero 13 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 2540 del Código Civil y 792 del Código de Comercio.

Actor: FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ

Magistrado Sustanciador: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Expediente No. D-5479 Concepto No. 3732 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1 de la Carta Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad parcial de los artículos 2540 del Código Civil y 792 del Código de Comercio. A continuación se subrayan las disposiciones acusadas: Código Civil “ART. 2540.- La interrupción que obra en favor de uno o varios coacredores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1573.” Código de Comercio “ART. 792.- Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de

los otros, salvo el caso de los signatarios en un mismo grado.” Procurador General 2

1. Planteamientos de la demanda Para el ciudadano Herrera Gutiérrez, los artículos 2540 del Código Civil y 792 del Código de Comercio vulneran los artículos 13, 29 y 228 de la Carta Fundamental. Sin embargo, los cargos por violación al principio de igualdad y al derecho de defensa son expuestos por el actor de manera confusa y precaria, impidiendo así el correspondiente análisis de constitucionalidad.

También, vale la pena resaltar, de lo que se puede inferir de la demanda, que el actor lo que realmente quiere demandar es la esencia misma de las obligaciones solidarias, objetivo que no se cumple, pues éste sólo dirige su petición con relación a una de las consecuencias de dichas obligaciones, consistente en la interrupción de la prescripción. En consecuencia, la Corte debe inhibirse para pronunciarse, tal y como se expone a continuación:

2. Inhibición respecto a la evaluación de los cargos por existir ineptitud sustancial de la demanda y formulación aparente de cargo 2.1. Del estudio de la demanda objeto del presente concepto, se puede deducir que el actor no cumplió con el lleno de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, específicamente con el numeral tercero, referente a las razones que deben esgrimirse para establecer que el texto demandado es violatorio de la Constitución. Los argumentos expuestos por el ciudadano Herrera Gutiérrez son confusos y no permiten inferir cuál es el concepto de la violación del ordenamiento

superior ni demuestra cómo el precepto acusado infringe las normas superiores invocadas. En efecto, reiterada jurisprudencia de esa Corporación, ha indicado que la formulación de un cargo constitucional específico contra la disposición Procurador General 3 demandada, constituye uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que antes de pronunciarse de fondo, la Corte debe verificar si el actor ha cumplido con la exigencia de fundamentar en debida forma el respectivo cargo, so pena de inhibirse para fallar por ineptitud sustantiva de la demanda, al carecer de argumentos susceptibles de ser analizados por el juez constitucional. Esa Corporación ha manifestado, que cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por vía de acción, se le impone como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional, razón que hace esencial que en la demanda se determine con claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución. En dicho sentido, se destaca la sentencia C-131 de 1993, que con relación al requisito material de la formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada, señaló: “3 En efecto, la obligación de los actores de cumplir los siguientes requisitos reúne tales consideraciones, así: (...) “- Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados: si un ciudadano demanda debe ser por algo. Ese “algo” debe ser expresado. El ataque indeterminado y sin motivos no es razonable y se opone a la inteligencia que debe caracterizar al

hombre.” (negrilla fuera de texto). Y la sentencia C-045 de 2003, que dispone: “Al respecto, cabe recordar que la Corte ha entendido que las razones que los accionantes han de invocar para acusar a una norma de infringir la Constitución, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, así como que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir Procurador General 4 de argumentos ‘vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.” Así las cosas, la omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad, ya que no corresponde al juez constitucional la función de presumir el querer del demandante, por cuanto la naturaleza de la acción se desvirtuaría al emitir pronunciamientos de fondo con base en demandas que no satisfacen unas mínimas exigencias, otorgándoles una vocación oficiosa que en realidad no tienen. 2.2. En el caso bajo examen, observa este Despacho que la demanda debió ser inadmitida por no señalar expresamente las razones que demostraran que los artículos 2540 del Código Civil y 792 del Código de Comercio vulneraban la Carta. Para el Ministerio Público, el ciudadano Herrera Gutiérrez no explicó suficientemente el concepto de violación al principio

de igualdad ni al derecho de defensa, ya que, bajo un contexto poco claro, estructuró sus argumentos. 2.3. De igual forma es necesario poner de presente, de lo que pudo concluirse de la demanda, que el ciudadano Herrera Gutiérrez más que demandar la prescripción y sus efectos respecto de la solidaridad, lo que quiso impugnar fue la naturaleza de la obligaciones solidarias, razón por la cual su demanda debió ser dirigida a las normas que regulan la esencia de las mismas, tanto en el Código de Comercio como en el Código, y no sobre una de sus consecuencias. En este orden de ideas, la Corte, también, debe declararse inhibida para atender el asunto por existir una formulación aparente de cargo, puesto que lo que el actor en realidad busca es desvirtuar la teoría misma de las obligaciones solidarias, y no su efecto en el fenómeno de la prescripción. 2.4. Ahora bien, en caso de que la anterior tesis no sea aceptada, es Procurador General 5 necesario poner de presente que la Carta Política en ninguno de sus apartes prohíbe la constitución de obligaciones solidarias. Este, es un punto en el que el legislador se encuentra dentro del marco de su libertad de configuración normativa, que para nada contradice lo dispuesto por el Texto Fundamental. En dicho sentido, debe decirse que una obligación solidaria, tal y como la definió el profesor Alessandri Rodríguez, es aquella en que hay varios deudores o varios acreedores, y que tiene por objeto una prestación, que a pesar de ser divisible, puede exigirse totalmente por cada uno de los acreedores o cada uno de los deudores, por disponerlo así la ley o la

voluntad de las partes, en términos que el pago efectuado a uno de aquellos o por uno de éstos, extingue toda la obligación respecto de los demás. Así las cosas, las obligaciones solidarias son una modalidad de las obligaciones, en donde su carácter se lo otorga la forma de asunción del vínculo y el contenido de la obligación. Pueden ser activas o pasivas, impuestas por la ley o estipuladas por las partes, en ellas la prestación que se debe a cada acreedor, al igual que la que debe cada cual de los deudores es idéntica, por lo que corre la misma suerte, sin que quepa la separación de los créditos o las deudas.

3. Conclusión El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional INHIBIRSE para decidir de fondo acerca de la constitucionalidad de los artículos 2540 del Código Civil y 792 del Código de Comercio, por los aspectos aquí analizados.

Señores Magistrados, Procurador General 6

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación SPTB/J.E.Barliza./ncdem.