PGN - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - Regulación legal del terminó de prescripción de la acción

COBRO COACTIVO-Contrato realizado por el municipio para el recaudo del impuesto predial ACTO ADMINISTRATIVO-Ley otorga la competencia cuando faculta al funcionario para expedirlo La competencia es la facultad que la ley otorga a un funcionario para producir un acto administrativo. En relación con el Procedimiento Administrativo Coactivo, la competencia está determinada por dos factores: el funcional, que está referido al cargo que ostenta el funcionario, y el territorial. COMPETENCIA FUNCIONAL-Radica en el funcionario asignado o delegado para expedirlo La competencia funcional en el ámbito municipal y distrital, de conformidad con lo previsto en la Ley 136 de 1.994, radica en el Alcalde Municipal o el funcionario de la Tesorería en quien el alcalde la delegue. A nivel de los Departamentos, la competencia funcional radica en el funcionario asignado a las labores de recaudo. Así mismo, en ambos casos, son competentes los Jefes de las oficinas de Cobranzas, cuando la estructura administrativa de la respectiva entidad territorial, tenga establecida dicha oficina. Dentro del procedimiento administrativo de cobro, los funcionarios competentes para adelantarlo, para efectos de la investigación de bienes, tienen las mismas facultades de investigación que los funcionarios de fiscalización (art. 825-1 E. T.) COMPETENCIA TERRITORIAL-Circunscrita al ámbito de su respectiva jurisdicción/OBLIGACIONES TRIBUTARIAS-A las entidades territoriales se les aplica el Estatuto Tributario Nacional/COBRO COACTIVO-Trámite en la entidad

territorial La competencia territorial está circunscrita al ámbito de sus respectivas jurisdicciones, es decir, la competencia funcional se ejerce dentro del respectivo municipio, distrito, o, departamento, según el caso. Es decir, el cobro deberá adelantarse por el funcionario competente del lugar donde se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias. Sin perjuicio de lo anterior, es importante anotar que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 824 del Estatuto Tributario Nacional, aplicable a las entidades territoriales por mandato del artículo 66 de la Ley 383 de 1.997, además de los Jefes de las Dependencias de Cobranzas, también son competentes, los funcionarios de estas dependencias, a quienes se les deleguen estas funciones, aclarando que las normas citadas son las aplicables para la época de los hechos. De lo anteriormente expuesto, se colige: i. Si en la estructura administrativa del municipio está establecida la Oficina de Cobranzas, el Jefe de esta Oficina, será el competente para tramitar el proceso administrativo de cobro coactivo, y esta función puede delegarla en los funcionarios que hagan parte de estas dependencias. ii. Si en la estructura administrativa del municipio no está establecida la Oficina de Cobranzas, será competente para surtir el proceso administrativo de cobro coactivo, el Alcalde municipal, y esta función puede delegarla solamente en el Tesorero y/o Secretaría de Hacienda, según la entidad. Respecto a los procedimientos de cobro del impuesto predial, los requerimientos ordinarios y la factura prestan mérito para realizar los mandamientos de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, lo cual

incluye, para ser tomado en cuenta en el caso en evaluación, las liquidaciones privadas y sus correcciones, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación y Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas y los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. FUNCIONES DEL ALCALDE-Regulación legal en el Código de Régimen Municipal COBRO COACTIVO-Procedimientos Los municipios ejercitan el cobro de las obligaciones fiscales a través de 2 procedimientos diferentes, dependiendo de la naturaleza de la obligación que cobran, a saber: 1.- El Procedimiento de “COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO” previsto en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, para hacer efectivas las obligaciones derivadas de los impuestos. 2.- El Procedimiento de “JURISDICCION COACTIVA” previsto en los artículos 564 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para las demás obligaciones fiscales, tales como tasas, multas, contribuciones. COBRO COACTIVO-Prescripción de la acción En lo tocante a la prescripción de la acción de cobro, ésta se rige por lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que establece una prescripción de 5 años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo legalmente exigible. Como quiera que frente a las obligaciones que se estén cobrando puede ocurrir que su exigibilidad haya comenzado a operar antes del 10 de julio de 1994, y en consecuencia, en vigencia de la norma que establece la prescripción de 10 años, para establecer qué

norma de prescripción aplicamos, se debe recurrir a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS-Término de prescripción/OBLIGACIONES TRIBUTARIAS-Regulación legal del terminó de prescripción de la acción del cobro Lo transcrito significa, que la prescripción de 5 años, prevista en el Estatuto Tributario, comienza a correr respecto de las obligaciones tributarias municipales a partir del 10 de julio de 1997 y ocurre por primera vez, en julio del 2.002. No obstante, el contribuyente podrá solicitar que se le aplique la prescripción de 10 años, frente a aquellas obligaciones que iniciaron la prescripción antes del 10 de julio de 1997 y cuyo término de diez (10) años de prescripción, vence antes del 10 de julio del año 2002. En el procedimiento administrativo coactivo, el artículo citado del Estatuto Tributario establece, que la prescripción se puede decretar de oficio, o a solicitud del deudor. Dicha norma fuera objeto de modificación mediante la ley 788 de 2002, cuyo artículo 86 determinó: COBRO COACTIVO-Interrupción del término de prescripción Ahora, respecto de la aplicabilidad el término de la prescripción, habrá lugar a la interrupción de la misma, de conformidad con el artículo 818 del Estatuto Tributario, que determina que la prescripción de la acción de cobro se interrumpe en los siguientes casos: Por la notificación del mandamiento de pago; Por el otorgamiento de facilidades para el pago;(Los llamados Acuerdos de Pago) Por la Admisión de la solicitud de

concordato Por la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. La interrupción de la prescripción opera directamente por la realización de la causal contemplada en la Ley, y no requiere de auto o providencia que así lo declare. El mismo artículo establece que la interrupción de la prescripción por las causales citadas, comenzará a correr nuevamente desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, la terminación del concordato, o la terminación de la liquidación forzosa administrativa. COBRO COACTIVO-Aplicabilidad doctrinal de la Procuraduría General de la Nación La Procuraduría General de la Nación, tomando en cuenta que en algunos municipios del país se habían suscrito contratos de prestación de servicios profesionales con abogados “expertos” en el cobro coactivo de Impuesto, tales como predial, de Industria, Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros (ICA), y que los contratos, al parecer, no observan lo dispuesto por el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, para la contratación de servicios profesionales, que bien pueden ser efectuados por el personal de planta encargado de atender los asuntos legales, emitió la Directiva 016 de 6 de septiembre de 2004, donde recomendó que los recursos presupuestales que se asignen a los trámites de contratación, deberían ajustarse a criterios de moralidad, necesidad, economía, racionalidad, eficiencia y austeridad, previniendo por todos los medios los despilfarros y la comisión de delitos y faltas de naturaleza fiscal o disciplinaria, sin perjuicio de las demás consecuencias civiles o penales que puedan derivarse de sus

acciones u omisiones; así mismo que los contratos de prestación de servicios profesionales para el cobro de los impuestos municipales, son de naturaleza excepcional de conformidad con el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, puesto que están sujetos al principio de suficiencia de planta de personal, por tanto, previo a su celebración y como condición de validez de la misma, debían cumplirse los requisitos previstos en el artículo 3° del Decreto 2209 de 1998. La inobservancia de las anteriores conductas, constituiría violación al deber previsto en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que acarrea la consecuente sanción disciplinaria. CALIDAD DE CONTRIBUYENTE-Sujetos pasivos de la obligación del tributo de impuesto Por otra parte, no puede desconocerse que la obligación del pago del tributo a impuesto, con el cual grava el patrimonio como signo de capacidad contributiva, siendo sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza, tributo destinado para el cumplimiento de los fines del Estado, por tanto, es deber del contribuyente, antes que pretender la exención de su pago, colaborar al Estado, pues en últimas los recursos generados por tal gravamen van a ser redistribuidos en la satisfacción de las necesidades de la comunidad de la cual hace parte. No con ello se pretender justificar la inactividad de la entidad territorial en el ejercicio de la actividad con el fin de obtener el recaudo del tributo, pero como se observa, tales actividades, aún en procedimiento coactivo, era de obligatorio cumplimiento.

Dependencia: PROCURADURIA PROVINCIAL DE GIRARDOT.

Radicación Nº: 041-02073-2007

Disciplinado : JAIRO BELTRAN GALVIS Cargo y Entidad : EX ALCALDE – ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT –

CUNDINAMARCA

Quejoso: RICARDO CIFUENTES SALAMANCA Y ANDRES SANCHEZ

Fecha de Queja: 10 DE DICIEMBRE DE2007

Fecha de los Hechos: 3 DE AGOSTO DE 2006

Asunto : Auto de terminación de la actuación y archivo definitivo (Art. 73 y 161 de la ley 734 de 2.002)

Girardot, 3-03-2011 Auto No. 000366

1. La Queja.

Al Despacho LA solicitud de investigación disciplinaria radicada por los señores RICARDO CIFUENTES SALAMANCA y ANDRES SANCHEZ quienes en sus respectivos memoriales, manifiestan su inconformidad por la celebración de contrato de prestación de servicios profesionales con el señor GERMAN ANTONIO CALDAS VERA para la realización del cobro coactivo de la cartera morosa correspondiente al recaudo del impuesto predial, contrato celebrado por el señor Alcalde de Girardot, para la época de los hechos, Dr. JAIRO BELTRAN GALVIS, por lo cual requirieron la realización de los proceso adelantados por el señor Caldas, así como las formalidades de la celebración del contrato en comento. (Fol. 1-172)

2. Indagación Preliminar Con fundamento en la queja formulada, por auto No. 00791 del 22 de mayo de 2008 (Fol. 173-177) se dispuso adelantar la indagación preliminar contra el señor

JAIRO BELTRAN GALVIS, como Alcalde Municipal de Girardot, para la época de los hechos, por las irregularidades enunciadas, originadas por la presunta vulneración al debido proceso, así como al proceso de selección del contratista, el cumplimiento del objeto contractual; igualmente, se ordenó la práctica de pruebas, recepcionandose las siguientes:  Memorial radicado por el señor Ricardo Cifuentes Salamanca, en el cual reitera la queja, adicionando que presuntamente se presenta una mala práctica en el trámite del cobro coactivo, consistentes en presuntamente ocultar las Resoluciones para su notificación, por lo cual considera se tipifica delito de prevaricato por omisión y acción, al generar vulneración al derecho colectivo a la moral administrativa. (Fol. 185,186)  Oficio SH 847 del 23 de julio de 2008, por el cual la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Girardot, enuncia que la información solicitada consta en 727 folios y debe ser sufragada por la Provincial. (Fol. 189)  Oficio SH 869 del 28 de julio de 2008, por el cual la Secretaría de Hacienda allega la información concerniente al contrato 084 de 2006, celebrado con el señor Germán Antonio Caldas Vera (Fol. 190-208) y anexo No. 2.  Oficio CMG No. 260 del 16 de julio de 2008, por el cual se allegó copia de la gaceta No. 014 de diciembre de 1998. (Fol. 209-238) Mediante auto No. 01213 del 12 de agosto de 2008, se procedió, conforme a

solicitud del Dr. Fernando Uribe Uribe, apoderado del Dr. JAIRO BELTRAN GALVIS; para lo cual se ordenó la acumulación por conexidad, de los procesos disciplinarios 041-1669-07 y 041-2073-08. (Fol. 240-244) El proceso 041-1966-07, corresponde a la queja instaurada por la señora María Aidé Diaz Albadán, quien consideró como irregular la celebración y ejecución del contrato No. 001 de 2005, celebrado con el señor GERMAN CALDAS para realizar los proceso de cobro coactivo. (Fol. 249-255), por tanto mediante auto 0085 del 25 de enero de 2007, se ordenó dentro del mismo, apertura de indagación preliminar (Fol.261-263) y se recepcionaron los siguientes elementos probatorios:  Oficio radicado el 27 de julio de 2007, por el cual el Alcalde de Girardot, Jairo Beltrán Galvis, refiere los hechos históricos relacionados con los inconvenientes reportados, señalando que desde el año 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante fallo del 27 de febrero, ordenó al Municipio de Girardot adelantar las gestiones requeridas para liquidar, recaudar y cobrar el impuesto predial que desde el año 2000, entre los cuales se encontrara la quejosa Aidé Díaz, por lo que, para dar cumplimiento a la orden judicial y tras cotejarse que la Oficina de Cobro Coactivo no contaba con abogados especializados en tal gestión, procedieron a realizar la contratación del señor Germán Caldas; en otros de sus partes, el memorial esgrime las razones por las cuales se procedió

a contratar mediante la modalidad de prestación de servicios, la actividad de cobro coactivo y para ello se apoya en diferentes conceptos de la Procuraduría General de la Nación, a más que la actividad iría enfocada hacia la recuperación mediante el recaudo directo de las acreencias tributarias. (Fol. 267-321) y anexo en 263 folios.  Mediante memorial radicado el 5 de noviembre 2008, el señor Ricardo Cifuentes Salamanca, allegó copia del fallo de tutela 076 del 2008, por medio del cual se declaró la nulidad de la Resolución 3472 de 2007 emitidas por la administración municipal dentro del trámite de cobro coactivo contra Concepción Francisca Salamanca y Ricardo Cifuentes Salamanca, así mismo ordenó dar aplicación a los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario y declarar las prescripciones a que hubiese lugar. (Fol. 330-351) Con fundamento en el auto No 00085 de fecha 25 de enero del año 2.007, por medio del cual se dispuso adelantar la indagación preliminar en contra del señor JAIRO BELTRAN GALVIS, alcalde municipal de Girardot Cundinamarca, para la época de los hechos por las irregularidades referidas y se ordeno la práctica de pruebas recepcionándose las siguientes:  Copia del contrato de prestación de servicios numero 001 de 2005 celebrado entre el doctor GERMAN ANTONIO CALDAS VERA y la ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS y firmado para constancia el 1 de febrero de 2005. (folios 3-6)

 Copia del OTROSI modificatorio de contrato de prestación de servicios numero 001 de 2005 celebrado entre el doctor GERMAN ANTONIO CALDAS VERA y la ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS en donde se adiciona una clausula única e introduce la obligación del contratista en lo referente a la seguridad social integral y parafiscales conforme a lo estipulado en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 modificatorio del articulo 50 de la ley 789 de 2009. (folio 7)  oficio allegado por señor alcalde JAIRO BELTRAN GALVIS de fecha 10 de julio de 2.007 como referencia al oficio 1377 en donde refiere a los hechos históricos relacionados con los inconvenientes reportados, señalando que desde el año 2004 el tribunal administrativo de Cundinamarca mediante fallo del 27 de febrero ordeno al municipio de Girardot adelantar las gestiones requeridas para liquidar recaudar y cobrar el impuesto predial que desde el año 2.000, entre los cuales se encontraba la quejosa AIDE DIAZ, por lo que para dar cumplimiento a la orden judicial y tras cotejarse que la oficina de cobro coactivo no contaba con abogados especializados en tal gestión procedieron a realizar la contratación del señor GERMAN CALDAS, en otros de sus apartes el memorial esgrime las razones por las cuales se procedió a contratar mediante la modalidad de prestación de servicios, la actividad de cobro coactivo y para ello se apoya en diferentes conceptos de la Procuraduría General de la Nación, a mas que la actividad iría enfocada hacia la

recuperación mediante el recaudo directo de las acreencias tributarias (19-73)  Poder conferido por el señor JAIRO BELTRAN GALVIS al doctor LUIS FERNANDO URIBE URIBE para lo pertinente dentro del expediente disciplinario No. 041-01669-2007.

2. INVESTIGACION DISCIPLINARIA Mediante auto 0239 del 17 de febrero de 2010, con el ánimo de recaudar información que permitiera comprobar la ocurrencia o no de conducta disciplinable, se ordenó la apertura formal de investigación disciplinaria en contra del señor Jairo Beltrán. (Fol. 352-357). En cumplimiento de lo anterior se recepcionaron nuevos elementos probatorios, como fuera: Acta de visita especial practicada a la Alcaldía de Girardot, donde se allegó en medio magnético, la relación del número de contribuyentes que hasta la vigencia 2006, se encontraran en mora del pago de sus contribuciones tributarias y, en consecuencia, fueran objeto de cobro coactivo, así mismo el número de Resoluciones emitidas hasta dicha anualidad reconociendo la ocurrencia de la prescripción de tales obligaciones, si estas fueron reconocidas oficiosamente o a solicitud de parte.(Fol. 363-368) CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Dio lugar a la presente investigación, las presuntas irregularidades derivadas del encargo del cobro coactivo a los contribuyentes que adeudaban impuesto predial, considerando por parte de los quejosos que se había presentado falencias tanto en el proceso de selección, como en los proceso del cobro coactivo, por lo cual se procedió a verificar estos hechos y si de los mismos se derivaba la posible conducta reprochable disciplinariamente al Dr JAIRO BELTRAN GALVIS, como

Alcalde Municipal de Girardot. Previo a la valoración probatoria a efectos de calificar la etapa en proceso, es pertinente evaluar el tema objeto de estudio, como es el ejercicio del cobro coactivo y a que entidades y/o autoridades compete su ejercicio. La competencia es la facultad que la ley otorga a un funcionario para producir un acto administrativo. En relación con el Procedimiento Administrativo Coactivo, la competencia está determinada por dos factores: el funcional, que está referido al cargo que ostenta el funcionario, y el territorial. La competencia funcional en el ámbito municipal y distrital, de conformidad con lo previsto en la Ley 136 de 1.994, radica en el Alcalde Municipal o el funcionario de la Tesorería en quien el alcalde la delegue. A nivel de los Departamentos, la competencia funcional radica en el funcionario asignado a las labores de recaudo. Así mismo, en ambos casos, son competentes los Jefes de las oficinas de Cobranzas, cuando la estructura administrativa de la respectiva entidad territorial, tenga establecida dicha oficina. Dentro del procedimiento administrativo de cobro, los funcionarios competentes para adelantarlo, para efectos de la investigación de bienes, tienen las mismas facultades de investigación que los funcionarios de fiscalización (art. 825-1 E. T.) La competencia territorial está circunscrita al ámbito de sus respectivas jurisdicciones, es decir, la competencia funcional se ejerce dentro del respectivo municipio, distrito, o, departamento, según el caso. Es decir, el cobro deberá adelantarse por el funcionario competente del lugar donde se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante anotar que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 824 del Estatuto Tributario Nacional, aplicable a las entidades territoriales por mandato del artículo 66 de la Ley 383 de 1.997, además de los Jefes de las Dependencias de Cobranzas, también son competentes, los funcionarios de estas dependencias, a quienes se les deleguen estas funciones, aclarando que las normas citadas son las aplicables para la época de los hechos. De lo anteriormente expuesto, se colige:

1. Si en la estructura administrativa del municipio está establecida la Oficina de Cobranzas, el Jefe de esta Oficina, será el competente para tramitar el proceso administrativo de cobro coactivo, y esta función puede delegarla en los funcionarios que hagan parte de estas dependencias. ii. Si en la estructura administrativa del municipio no está establecida la Oficina de Cobranzas, será competente para surtir el proceso administrativo de cobro coactivo, el Alcalde municipal, y esta función puede delegarla solamente en el Tesorero y/o Secretaría de Hacienda, según la entidad.

Respecto a los procedimientos de cobro del impuesto predial, los requerimientos ordinarios y la factura prestan mérito para realizar los mandamientos de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, lo cual incluye, para ser tomado en cuenta en el caso en evaluación, las liquidaciones privadas y sus correcciones, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación y Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas y los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen

sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. Respecto a la prescripción de dicho cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 literal D) numeral 6, de la Ley 136 de 1994, el Alcalde, en relación con la administración municipal tiene la función de: “Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de obligaciones a favor del municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la legislación Contencioso Administrativa y de Procedimiento Civil. “ Posteriormente, la Ley 388 de 1997 en su artículo 66 dispuso: Administración y control. Los Municipios y Distritos para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos Administrados por ellos aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los Impuestos del Orden Nacional.” Con todo lo anterior, se significa que los municipios ejercitan el cobro de las obligaciones fiscales a través de 2 procedimientos diferentes, dependiendo de la naturaleza de la obligación que cobran, a saber:

1. El Procedimiento de “COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO” previsto en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, para hacer efectivas las obligaciones derivadas de los impuestos. .

2. El Procedimiento de “JURISDICCION COACTIVA” previsto en los artículos 564 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para las demás obligaciones fiscales, tales como tasas, multas, contribuciones.

Ahora, en lo tocante a la prescripción de la acción de cobro, ésta se rige por lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que establece una prescripción de 5 años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo legalmente exigible. Como quiera que frente a las obligaciones que se estén cobrando puede ocurrir que su exigibilidad haya comenzado a operar antes del 10 de julio de 1994, y en consecuencia, en vigencia de la norma que establece la prescripción de 10 años, para establecer qué norma de prescripción aplicamos, se debe recurrir a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, que estipula: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o por la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.” Lo transcrito significa, que la prescripción de 5 años, prevista en el Estatuto Tributario, comienza a correr respecto de las obligaciones tributarias municipales a partir del 10 de julio de 1997 y ocurre por primera vez, en julio del 2.002. No obstante, el contribuyente podrá solicitar que se le aplique la prescripción de 10 años, frente a aquellas obligaciones que iniciaron la prescripción antes del 10 de julio de 1997 y cuyo término de diez (10) años de prescripción, vence antes del 10 de julio del año 2002.

En el procedimiento administrativo coactivo, el artículo citado del Estatuto Tributario establece, que la prescripción se puede decretar de oficio, o a solicitud del deudor. Dicha norma fuera objeto de modificación mediante la ley 788 de 2002, cuyo artículo 86 determinó: TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. Modifícase el artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así: “Artículo 817. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas respectivas”. Ahora, respecto de la aplicabilidad el término de la prescripción, habrá lugar a la interrupción de la misma, de conformidad con el artículo 818 del Estatuto Tributario, que determina que la prescripción de la acción de cobro se interrumpe en los siguientes casos: Por la notificación del mandamiento de pago; Por el otorgamiento de facilidades para el pago;(Los llamados Acuerdos de Pago)

Por la Admisión de la solicitud de concordato Por la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. La interrupción de la prescripción opera directamente por la realización de la causal contemplada en la Ley, y no requiere de auto o providencia que así lo declare. El mismo artículo establece que la interrupción de la prescripción por las causales citadas, comenzará a correr nuevamente desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, la terminación del concordato, o la terminación de la liquidación forzosa administrativa. En consecuencia, la acción de cobro de las obligaciones tributarias, prescribe en un término de cinco años conforme lo establece el artículo 817 del Estatuto Tributario que a la letra dice: “Artículo 817. Término de la prescripción. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria” La Procuraduría General de la Nación, tomando en cuenta que en algunos municipios del país se habían suscrito contratos de prestación de servicios profesionales con abogados “expertos” en el cobro coactivo de Impuesto, tales como predial, de Industria, Comercio y sus complementarios de Avisos y Tableros (ICA), y que los contratos, al parecer, no observan lo dispuesto por el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, para la contratación de servicios profesionales, que bien pueden ser efectuados por el personal de planta encargado de atender

los asuntos legales, emitió la Directiva 016 de 6 de septiembre de 2004, donde recomendó que los recursos presupuestales que se asignen a los trámites de contratación, deberían ajustarse a criterios de moralidad, necesidad, economía, racionalidad, eficiencia y austeridad, previniendo por todos los medios los despilfarros y la comisión de delitos y faltas de naturaleza fiscal o disciplinaria, sin perjuicio de las demás consecuencias civiles o penales que puedan derivarse de sus acciones u omisiones; así mismo que los contratos de prestación de servicios profesionales para el cobro de los impuestos municipales, son de naturaleza excepcional de conformidad con el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, puesto que están sujetos al principio de suficiencia de planta de personal, por tanto, previo a su celebración y como condición de validez de la misma, debían cumplirse los requisitos previstos en el artículo 3° del Decreto 2209 de 1998. La inobservancia de las anteriores conductas, constituiría violación al deber previsto en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que acarrea la consecuente sanción disciplinaria. Tomando en cuenta todo lo anterior, se procede entonces, inicialmente a verificar los eventos causa de reproche por parte de los quejosos. Señala señor RICARDO CIFUENTES SALAMANCA, que el municipio de Girardot, no se reconoce la ocurrencia de la prescripción, ello, dado que mediante Contrato 0084 de 2006, se encargó a un particular para realizar la actividad pública como fuera el recaudo de impuestos mediante cobro coactivo, pactando el 15%del

recaudo, como pago. Se tiene entonces que, mediante fallo del 27 de febrero de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Sub sección B, al decidir acción popular impetrada en contra del municipio de Girardot, por no implementar acciones concretas, efectivas y continuas