PGN - OBRAS ADICIONALES - Existió pacto de sometimiento a precios y fórmulas de reajuste p

ACCIÓN CONTRACTUAL-Falta de competencia para emitir liquidación unilateral de contrato por fuera del término de ley EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-El desequilibrio debe estar demostrado CONTRATO-En su ejecución se produjeron modificaciones en plazo, valor y obras adicionales/ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO-Se pretende derecho a reconocimiento y pago de un desequilibrio económico/ACTOS ADMINISTRATIVOS-Vicio de nulidad por falta de competencia para emitirlos Consta que en ejecución del citado acuerdo de voluntades se produjeron varias modificaciones en plazo, valor, y obras adicionales y extras que fueron suscritas de común acuerdo por las partes, pero como a su finalización la parte actora no compartió ni se allanó a suscribir el texto del acta final de liquidación, la entidad contratante procedió a hacerlo de manera unilateral, siendo dicho acto el principal motivo por el que se concurrió en acción contractual, arguyendo la falta de competencia para emitir dicho acto administrativo, y el derecho al reconocimiento y pago de un desequilibrio económico del contrato en contra de la firma contratista. Frente al primer motivo de inconformidad expresó que habiendo recibido a satisfacción las obras del contrato No. 1DJ-682/15 en el mes de septiembre de 1995, la entidad había perdido competencia para liquidar el contrato, y por ello las resoluciones No. 95070 de 1999 y No. 113701 de 2000 se encontraban viciadas de nulidad por falta de competencia para emitirlas. CONTRATO-Plazo de 6 meses para procedimiento de liquidación no es perentorio, según Sentencia del Consejo de Estado DOCUMENTOS-Que fueron allegados al plenario no evidencian

fecha límite para liquidación de contrato …..Del mismo modo, como en los documentos del contrato allegados al plenario tampoco se evidencia una fecha límite para liquidar el contrato, se considera que no existía una restricción para realizar dicho acto, siempre y cuando no se hubiera concurrido a la jurisdicción para obtener dicho finiquito, pues conforme al Consejo de Estado, ese sería el único límite para poder impedir la liquidación unilateral de un contrato por fuera de los 6 meses previstos en el decreto 222 de 1983, tal como lo indicó el A quo. OBRAS ADICIONALES-Existió pacto de sometimiento a precios y fórmulas de reajuste previstas/DEMANDANTE-No demostró presupuestos soporte de nulidad de resoluciones liquidando contrato/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Debe ser confirmado

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 Nótese que en las actas que implicaban modificación del contrato 1/DJ-682/15 para la ejecución de obras adicionales o extras, las partes pactaron expresamente que las mismas se sometían a los precios y fórmulas de reajuste previstas en el contrato original, por lo cual no es entendible que la firma contratista haya pretendido que se calcularan de manera diferente, pues previamente aceptó la aplicación de los precios y fórmulas iniciales, el valor que expresamente se asignó en cada una de las

modificaciones, y cuando en todos los acuerdos posteriores renunció a pretender indemnizaciones o reclamaciones diferentes a las pactadas frente a precio, obra, o plazo. Así las cosas, al tratarse de un contrato pactado a precios unitarios, al haberse calculado en cada modificación el valor que se reconocería por las obras adicionales o extras, y por haberse renunciado expresamente a la posibilidad de realizar reclamación alguna con ocasión de modificaciones bilaterales al contrato, el Ministerio Público considera que no asiste derecho a la parte actora en lo pretendido en la demanda, que la negación de sus súplicas fue ajustada a derecho, y que al resolver la segunda instancia se debe confirmar la sentencia absolutoria. Por lo anterior esta Delegada ha de concluir que como la parte actora no demostró los presupuestos en los que soportaba la nulidad de las resoluciones que liquidaron el contrato 1/DJ-682/15 ni el restablecimiento económico por la ejecución de obras adicionales, variación en los diseños de las mismas ni por la mayor permanencia en obra, sus pretensiones resarcitorias estaban llamadas al fracaso, y la entidad accionada debe ser exonerada de responsabilidad. Así las cosas, esta Agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente la confirmación del fallo de primera instancia. 2 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 5 de septiembre de 2016

Doctor

RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 16-162

Acción: Contractual Radicado: 050012331000200201194 01 (55091)

Actor: Trainco S.A.

Demandado: Empresas Públicas de Medellín ESP Honorable Señor Consejero: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las

argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda Por intermedio de apoderado judicial, TRAINCO S.A. presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para que se declarara la nulidad de las resoluciones No. 95070 de 1999 con la que se liquidó unilateralmente el contrato 1/DJ-682/15 que suscribió con Empresas Públicas de Medellín, al igual que de la resolución No. 113701 del 15 de marzo de 2000, con la que se resolvió negativamente la reposición, pues, al haberse desconocido el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato en los citados actos administrativos, los mismos habrían incurrido en falsa motivación, violación directa de la ley, y falta de competencia ratio temporis.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se declarara el incumplimiento del contrato, se condenara al pago de los perjuicios

ocasionados por el mismo, al igual que los sobrecostos presentados en desarrollo del contrato, cambios en el objeto del contrato, y la mayor permanencia en obra. 3 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 Contestación Empresas Públicas de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que las obras adicionales debían pagarse conforme a los precios establecidos en la lista de cantidades anexos al contrato, los cuales comprendían los costos directos e indirectos que demandaba la ejecución de los trabajos, y agregó que el desequilibrio económico del contrato obedeció a la falta de organización técnica, administrativa y financiera del contratista. En su defensa propuso la excepción “pago oportuno de las obligaciones por parte de las Empresas”. Sentencia Por decisión del 22 de abril de 2015 el Tribunal Administrativo Antioquia – Sala Sexta de Descongestión negó las pretensiones de la demanda, teniendo como presupuesto las consideraciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: “(…) Asimismo, sobre este punto es menester resaltar, que de conformidad con lo dispuesto en inciso 2º numeral 2 de la Sección IV del Pliego de Condiciones, relativo al valor del contrato, el contratista ejecutaría las obras previstas en el contrato hasta su valor estimado, no obstante lo cual, éstas podían aumentarse o disminuirse, por tratarse de cantidades estimadas o aproximadas, y sin bien la Sala no desconoce que respecto del grupo de trabajo VII, Empresas Públicas de Medellín, a través del Acta de Modificación Bilateral No. 10…,

efectúo una serie de reconocimientos por extracostos en la ejecución de las obras allí descrita, ello obedeció a las circunstancias puntuales que se dieron en ese caso en particular, según lo motivado, circunstancias que no pueden ser trasladas o equiparadas de manera automática con la construcción de los grupos IV y V, cuyos objetos de por sí ya son disimiles, máxime cuando el propio contratista endilga el aumento de cantidades a temas como dificultad en el transporte local y colocación, y los incrementos de precios de los suministros, aspectos claramente previsibles en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula quinta de la Sección V - Minuta del contrato, sobre el reconocimiento del sitio de ejecución de la obra, y la estimación de la necesidad de maquinaria, herramienta, y mano de obra, entre otros recursos, dada la magnitud de la obra… En lo que respecta a la variación de los porcentajes de los tipos de acceso indicados en los pliegos de condiciones; bastará con 4 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 indicar que tal y como lo sostuvo en su momento las Empresas Públicas de Medellín, ni en el pliego de condiciones, ni en la oferta presentada por el consorcio, se diferenció entre sendero peatonal y acceso vehicular, por lo que no encuentra sustento que se reclame una revisión de precios con fundamento en conceptos que no fueron diferenciados de manera previa a la suscripción del contrato. Nótese que al conocer el pliego de condiciones, antes de presentar la oferta, y/o de celebrar el contrato, la parte contratista no manifestó duda o inconformidad

alguna con este aspecto, resultando por tanto improcedente esta reclamación. Igualmente, tampoco encuentra respaldo lo solicitado por concepto de variación de las profundidades en brecha previstas en los pliegos de condiciones y especificaciones, pues si bien la actora afirma que en el pliego se establecieron unas profundidades promedio para acueducto y alcantarillado, lo cierto es que al revisar el contenido de dicho documento, no se encuentra una disposición que señale los referidos promedios, a efectos de calcular los precios unitarios de dicho ítem, y aunado a ello, en el formulario No. 8 “Cantidades de obra, sus precios unitarios y valores totales para la construcción de redes y acometidas...”…, se previeron en los numerales 2.2.1 y 2.2.2, las cantidades a excavar por debajo y por encima de los 2 metros de profundidad, razón por la cual, la Sala no cuenta con elementos de convicción que permitan corroborar que las excavaciones realizadas por la actora sobrepasaron las cantidades originales, y que por ende los precios debían ser revisados, pues la misma actora afirma que “las profundidades reales en acueducto y alcantarillado tuvieron promedios de 1,20 y 1,97 metros, respectivamente”…, profundidades que en principio, se encuentran dentro del metraje establecido en el citado Formulario No. 8. Sobre la menor amortización de recursos durante el plazo inicial, la mayor permanencia en la obra; y los sobrecostos financieros; es menester precisar que acorde con lo dicho por la parte actora en el escrito de la reclamación económica, el

origen de dichas causales de desequilibrio económico del contrato, se hizo radicar en las copiosas ampliaciones al plazo del contrato y la ejecución de obra extra, pues en su sentir “al momento de evaluar los costos del contrato durante el periodo de preparación de la propuesta, el contratista estimó la ejecución de los trabajos durante un plazo determinado y cuantificó la inversión que le permitiera amortizar los costos asumidos”, y que con base en esa programación “se presentaron una serie de recursos de equipo, mano de obra y administración tendientes a no solamente producir la cantidad 5 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 de trabajo faltante, sino también lo necesario para ser debidamente amortizados”, no obstante lo cual, “se presentaron hechos ajenos a la responsabilidad del contratista que como se ha dicho fueron debidamente informados en la correspondencia…” …Sin embargo, advierte la Sala, que si bien algunas de las ampliaciones al plazo de ejecución del contrato, se originaron en hechos no imputables al contratista, ya fuese por la obtención de los permisos necesarios para la rotura de las vías o la ejecución de la obra extra que le fue ordenada, otras tantas, obedecen a cambios propuestos por los contratistas en los diseños inicialmente contemplados en el pliego de condiciones, tal y como se advierte a manera de ejemplo en el Acta de Modificación Bilateral No. 3 - adición de diseños en algunos proyectos de alcantarillado… No obstante lo anterior e independientemente de la causa que hubiese dado lugar a la suscripción de las Actas de

Modificación BILATERAL, es claro que en cada caso particular, Empresas Públicas de Medellín procedió a efectuar los reconocimientos correspondientes, concediendo los plazos solicitados por el contratista, fijando los precios a pagar por concepto de obra extra, e incluso reconociendo sobrecostos por factores exógenos, como aconteció con el grupo de trabajo VII antes mencionado…, lo cual no solo fue aceptado voluntariamente por la demandante, a través de la suscripción bilateral del acta, sino que además, en cada caso, consintió en la cláusula de exoneración, al declarar que no efectuaría reclamación alguna por concepto de lo pactado en cada una dichas actas de modificación al contrato… De igual forma, se encuentra por fuera de discusión, que de manera adicional a los reconocimientos que en cada caso se efectuaron por parte de Empresas Públicas de Medellín con ocasión de las suscripción de las actas de modificación bilateral, al momento de dar respuesta a la precitada reclamación económica, y posteriormente al elaborar el acta de finiquito, procedió a calcular los reconocimientos que a su juicio, debían serle cancelados al contratista, por concepto de sobrecostos administrativos, montos respecto de los cuales, la parte actora no asumió la carga probatoria respectiva, pues los cálculos que ella misma propone en sus escritos, no son prueba idónea del desequilibrio económico cuya declaratoria se pretende, y ante la decisión de la Sala de no acoger el dictamen pericial, es claro que dentro del plenario, no se cuenta con los elementos suficientes para establecer que en el contrato objeto de estudio se rompió la ecuación financiera en contra de la

actora, por los conceptos antes vistos. 6 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 Finalmente, en lo que atañe al reconocimiento de sobrecostos por cambio en el objeto del contrato, la Sala encuentra que dicho concepto no fue objeto demanda ni al momento de presentar la reclamación económica por desequilibrio contractual, ni al impugnar la liquidación unilateral del contrato, razón por la cual, se trata de un argumento nuevo respecto del cual, la entidad demandada no tuvo la oportunidad en su momento, de ejercer el derecho de defensa, y que por ende, no es susceptible de pronunciamiento alguno, en virtud del principio de lealtad procesal. (…)” Apelación El apoderado de la parte actora indicó que la prueba documental, pericial, y los testimonios allegados al plenario daban cuenta del desequilibrio económico del contrato ocurrido en contra de la firma que representaba, razón por la cual solicitaba la revocatoria de la decisión de primera instancia y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico  ¿Conforme a las estipulaciones precontractuales, contractuales, y el acatamiento de los mismos por las partes es viable acceder las pretensiones de la demandante? Análisis Jurídico Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, la acción de controversias contractuales puede intentarse por las partes de un contrato estatal para que “se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o

restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”. Caso concreto Los hechos en los que sustentó la parte actora fueron sintetizados por el A quo en los siguientes términos: “(…) Como fundamento fáctico de las pretensiones, se planteó que el 21 de noviembre de 1992, Empresas Públicas de Medellín, abrió la 7 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 Licitación Pública FIN-003-PI, cuyo objeto era la construcción de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado para la habilitación de viviendas en los municipios de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, y Bello; la construcción de la bocatoma y desarenador de la quebrada Doña María,; la conducción Doña María - San Antonio de Prado, divididos en los Grupos I, II, III, IV, V, VI y VII. Que la Licitación contempló una visita no obligatoria al sitio de las obras, para diciembre 2 de 1992. Asimismo, acorde con la Adenda No. 2, se modificó la fecha de cierre de licitación, para el 29 de enero de 1993, a las 9:10 a.m. Que el día 29 de enero de 1993, el Consorcio Sánchez Ruíz y Cía. Ltda. y Construcciones Pico y Pala Ltda., presentó su propuesta para

cada uno de los siete grupos, y luego de que EPM efectuara las evaluaciones correspondientes, el 10 de mayo de 1993, adjudicó los contratos de los Grupos IV, V y VII al Consorcio Sánchez Ruíz y Cía. Ltda. y Construcciones Pico y Pala Ltda. Que el día 22 de julio de 1993, se suscribió entre EPM y el Consorcio Sánchez Ruíz y Cía. Ltda. y Construcciones Pico y Pala Ltda., el Contrato 1/DJ-682/15, cuyo objeto contemplaba la ejecución de los trabajos de construcción de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado para la habilitación de viviendas del Grupo IV y del Grupo V; y la construcción de la bocatoma y desarenador de la quebrada Doña María; y la conducción Doña María - San Antonio de Prado, del Grupo VII. Que los plazos establecidos en el contrato fueron de trescientos (300) días para el Grupo IV, trescientos (300) días para el Grupo V, y doscientos setenta (270) para el Grupo VII, contados a partir de la fecha de iniciación de la obras, que fue dada el 04 de octubre de 1993, por lo que los plazos vencían el 30 de julio de 1994 para los Grupos IV y V, y el 30 de junio de 1994 para el Grupo VII. Que la ubicación de las obras de los programas de habilitación de viviendas para los Grupos I a V, y la ubicación de las obras del Grupo VII, estaban definidas en la Sección I, página 1-2 de los Pliegos de Condiciones… Que EPM abocó la interventoría del contrato, separando la parte

administrativa en cabeza del Ingeniero Carlos E. Muñoz - empleado suyo, de la parte técnica, por medio de la contratación directa con el Ingeniero Jairo J. Díaz J, quien a su vez, colocaría el personal que el contrato requiriera y con la experiencia para este tipo de obras. 8 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 Que para dar inicio al contrato, el Consorcio se vio obligado por la gran distancia entre proyectos, y la deficiente relación con la interventoría, a utilizar un Ingeniero Director de obra en forma exclusiva, además de los tres Ingenieros Residentes contemplados en su propuesta, dos ingenieros auxiliares, un encargado de obra para cada frente de trabajo, lo mismo que una sede para campamento por cada frente. Que ninguno de los Grupos se ejecutó dentro del plazo inicialmente estipulado, y por el contrario, el contrato sólo se liquidó cuando concluyó el grupo VII que tenía el menor plazo. Durante la ejecución de la obra, se presentaron varias ampliaciones del plazo motivadas por diferentes razones no imputables al contratista, y aceptadas por la entidad contratante, teniendo una duración real de 721 días. Que la irregularidad e insuficiencia en la entrega de proyectos por parte de EPM, desfasó el equilibrio del contrato, por cuanto resultó escasa para copar las cantidades estipuladas en el contrato, además que era indispensable conocer que se iba a construir, por las actividades que esto conlleva. Asimismo, el contrato necesitó de continuas reprogramaciones, como puede verse en la correspondencia, debido a los inconvenientes descritos a folios 121 a

123, que se sintetizan en problemas presentados en los Grupos IV y V, que son afines en su tipología de proyectos a construir; y problemas en el Grupo VII cuya tipología es esencialmente distinta a la de los grupos IV y V. Que el contrato 1/DJ-682/15, fue objeto de múltiples modificaciones…, y el 29 de mayo de 1997, de manera unilateral, EPM después de 21 meses de haberse vencido el plazo del contrato, presentó al contratista el documento de Acta de Modificación y de Finiquito del Contrato 1/DJ-682/15, en el cual se definió que para el cabal cumplimiento del contrato fue necesario ejecutar las obras que se relacionaron en los anexos 2, 3 y 4 del Acta, de acuerdo con los precios del contrato y sus actas de modificación bilateral. Asimismo, se estipuló como fecha de terminación del contrato, acorde con las modificaciones al plazo de ejecución del contrato, el 24 de septiembre de 1995, fecha en la cual se culminaron las obras contratadas y fueron recibidas a satisfacción por EPM; que sobre las sumas de dinero por pagar y descontar al contratista, el finiquito contemplaba: i) valores adeudos por EPM al contratistas $712.591.20, por concepto de obra extra; ii) valores adeudados por el contratista a EPM $10.278.139,98; y iii) Cantidad a pagar a cargo del contratista por compensación de los anteriores, $9.565.548.78., y en cuando al valor final del contrato, se dijo que éste ascendía a $1.315.142.654.22. 9 050012331000200201194 01 (55091)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 Que el 27 de junio de 1997, el Consorcio Trainco S.A. - Construcciones Pico y Pala Ltda., presentó la solicitud de reconocimiento y pago de sobrecostos por $792.311.494,80., a la fecha de terminación del contrato, que no fue aceptada por Empresas Públicas de Medellín. Que el 5 de abril de 1999, EPM profirió la Resolución 957070, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato, la cual fue recurrida por el contratista y confirmada por la entidad, mediante la Resolución 113701 del 15 de marzo de 2000. (…)” Se encuentra acreditado que el 22 de julio de 1993 entre la parte actora y Empresas Públicas de Medellín se suscribió el contrato No. 1/DJ-682/15 cuyo objeto y alcance consistía en “Construcción de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado para habilitación de viviendas. Grupo IV: en las comunas 11, 12, 13, 15 y 16 del municipio de Medellín. Grupo V: en la comuna 14 del municipio de Medellín, en el corregimiento de San Antonio de Prado y en los municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella. Grupo VII: construcción de la bocatoma-desarenador quebrada Doña María y la conducción Doña María - San Antonio de Prado”. Consta que en ejecución del citado acuerdo de voluntades se produjeron varias modificaciones en plazo, valor, y obras adicionales y extras que fueron suscritas

de común acuerdo por las partes, pero como a su finalización la parte actora no compartió ni se allanó a suscribir el texto del acta final de liquidación, la entidad contratante procedió a hacerlo de manera unilateral, siendo dicho acto el principal motivo por el que se concurrió en acción contractual, arguyendo la falta de competencia para emitir dicho acto administrativo, y el derecho al reconocimiento y pago de un desequilibrio económico del contrato en contra de la firma contratista. Frente al primer motivo de inconformidad expresó que habiendo recibido a satisfacción las obras del contrato No. 1DJ-682/15 en el mes de septiembre de 1995, la entidad había perdido competencia para liquidar el contrato, y por ello las resoluciones No. 95070 de 1999 y No. 113701 de 2000 se encontraban viciadas de nulidad por falta de competencia para emitirlas. Sobre el particular es menester anotar que como el contrato bajo estudio fue suscrito el 22 de julio de 1993, la normatividad que le era aplicable era el decreto 222 de 1983, según el cual, conforme lo interpretó el Consejo de Estado, “el procedimiento para la liquidación del contrato debía cumplirse en un plazo de seis (6) meses, así: cuatro (4) meses para la liquidación por mutuo acuerdo y dos (2) para efectuar la liquidación de manera unilateral, por parte de la administración. También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que éste se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. 10 050012331000200201194 01 (55091)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes.1 Del mismo modo, como en los documentos del contrato allegados al plenario tampoco se evidencia una fecha límite para liquidar el contrato, se considera que no existía una restricción para realizar dicho acto, siempre y cuando no se hubiera concurrido a la jurisdicción para obtener dicho finiquito, pues conforme al Consejo de Estado, ese sería el único límite para poder impedir la liquidación unilateral de un contrato por fuera de los 6 meses previstos en el decreto 222 de 1983, tal como lo indicó el A quo. Así las cosas, al haberse descartado en anterior tópico, pasaremos a analizar los mayores reconocimientos invocados en la demanda fueron acreditados con las pruebas allegadas al plenario o si, por el contrario, los documentos del contrato impiden acceder a dichas pretensiones: En efecto, con la demanda se allegó copia de los actos administrativos acusados, de la minuta del contrato 1/DJ-682/15, al igual que de las modificaciones bilaterales que se suscribieron para adicionar obras, precio y tiempo, de las cuales pueden resaltarse algunas cláusulas que avalan la determinación adoptada en primera instancia y que, por el contrario, restan valor a las reclamaciones esgrimidas por la parte actora, tal como pasa a indicarse: En las 19 actas de modificación bilateral al contrato 1/DJ-682/15 que fueron allegadas al plenario se encuentra que los precios acordados para las obras

extras incluían los costos directos e indirectos, los gastos necesarios para su ejecución, la administración, los imprevistos y las utilidades, y que los mismos estarían sometidos a las fórmulas de reajuste previstos en el contrato original. Del mismo modo, en lo que atañe a la responsabilidad por la suscripción de las modificaciones a los contratos, en cada uno de ellos, casi de manera idéntica, el contratista aceptó comprometerse a no realizar reclamación alguna por lo pactado en dichos documentos, y que lo consignado en los mismos era lo único que la empresa contratante estaba obligada a reconocer. Finalmente, desde la primera hasta la última acta de modificación bilateral, las partes acordaron la vigencia de las estipulaciones del contrato original, en cuanto no hubieren sido modificadas por las actas bilaterales suscritas con posterioridad al mismo. Conforme a lo anterior, así hayan existido obras adicionales y una mayor duración del contrato, lo cierto es que conforme a las estipulaciones suscritas al inicio y en desarrollo del contrato 1/DJ-682/15, ello habría sido asumido 1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “B” - Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO - Bogotá, D. C., cinco (05) de marzo de dos mil quince (2015) - Radicación número: 25000-23-26-000-1998-03068-01(29430). 11 050012331000200201194 01 (55091) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2016-326946 voluntariamente por la parte actora, sin que exista la obligación de la entidad

contratante de reconocer mayores valores, máxime cuando en cada contrato que estableció obras extras o adicionales la entidad previó como se calcularían las mismas, el valor que cada una de ellas representaba, y la forma de reconocerlas. Aunado a lo anterior, conforme a la cláusula tercera del contrato 1/DJ-682/1 su valor solo era estimado, por lo cual, el mismo se determinaría conforme a lo previsto en su cláusula séptima, esto es, atendiendo a la lista cantidades y precios unitarios señalados por el contratista en la propuesta que lo hizo merecedor a la adjudicación. Lo anterior permite afirmar que el valor del contrato 1/DJ-682/15 era indeterminado, y que el mismo solo se podía establecerse al multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el valor establecido en las cantidades de listas y precios señalados por la firma contratista en su propuesta. Nótese que en las actas que implicaban modificación del contrato 1/DJ-682/15 para la ejecución de obras adicionales o extras, las partes pactaron expresamente que las mismas se sometían a los precios y fórmulas de reajuste previstas en el contrato original, por lo cual no es entendible que la firma contratista haya pretendido que se calcularan de manera diferente, pues previamente aceptó la aplicación de los precios y fórmulas iniciales, el valor que expresamente se asignó en cada una de las modificaciones, y cuando en todos los acuerdos posteriores renunció a pretender indemnizaciones o reclamaciones diferentes a las pactadas frente a precio, obra, o plazo. Así las cosas, al tratarse de un contrato pactado a precios unitarios, al haberse calculado en cada modificación el valor que se reconocería por las obras

adicionales o extras, y por haberse renunciado expresamente a la posibilidad de realizar reclamación alguna con ocasión de modificaciones bilaterales al contrato, el Ministerio Público considera que no asiste derecho a la parte actora en lo pretendido en la demanda, que la negación de sus súplicas fue ajustada a derecho, y que al resolver la segunda instancia se debe confirmar la sentencia absolutoria. CONCEPTO Por lo anterior esta Delegada ha de concluir que como la parte actora no demostró los presupuestos en los que soportaba la nulidad de las resoluciones que liquidaron el contrato 1/DJ-682/15 ni el restablecimiento económico por la ejecución de obras adicionales, variación en los diseños de las mismas ni por la mayor permanencia en obra, sus pretensiones res