PGN - OFERTAS - Presentadas antes de la fecha de publicación de las necesidades de la admi

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación N° 089-1895-03 Disciplinado Freddy Timms Urbina Cargo director Instituto departamental de deportes de la GuajiraIDDGQuejoso Contraloria General de la República Fecha Hechos vigencia 2001 Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá D.C., 28 de abril de 2006

I. ASUNTO Procede la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia del 15 de noviembre de 2005, dictado por la Procuraduría Regional de La Guajira.

II. ANTECEDENTES Agotado el trámite procesal, la Procuraduría Regional de La Guajira declaró responsable disciplinariamente y sancionó al señor FREDDY ALEJANDRO TIMMS URBINA, en condición de director del instituto departamental de deportes de La Guajira, con multa de 60 días del salario devengado para el año 2001, equivalente a la suma de $6.058.408.

La anterior determinación fue recurrida oportunamente por el apoderado del disciplinado, correspondiéndole conocer a esta Delegada en atención a lo dispuesto en el artículo 25 numeral 4 del Decreto 262 de 2000.

III. DEL CARGO FORMULADO La Procuraduría Regional de La Guajira, formuló un único cargo al disciplinado, en los siguientes términos: “Haber surtido durante el año 2001, el proceso de contratación para la ejecución de los proyectos contenidos en el programa de infraestructura deportiva del IDDG, con evidentes situaciones de

inobservancia a las reglas, principios y procedimientos establecidos por las normas de contratación estatal; al respecto la ejecución de los contratos de obra números 001, 002, 003, 004, 006 y 009 de 2001, principia con la suscripción de las respectivas actas de iniciación de obras, circunstancias en las cuales no habían sido impartidos aún los actos de aprobación de las garantías; así mismo, en los contratos de obra 005 y 009 de 2001, la etapa de presentación de ofertas para adelantar el proceso de selección de contratistas se efectúa sin haberse publicado los respectivos avisos de invitación pública; de otro lado, el contrato 005 de 2001, es suscrito sin estar debidamente financiado, es decir, sin existir la suficiente disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de los recursos requeridos para atender el gasto propuesto y finalmente, durante la ejecución de este contrato se suscribe el ‘acta de acuerdo de obras adicionales’ por $15.991.817, actuación esta que no cumple con las formalidades 1 del formalidades del orden contractual obligatorias para constituir y perfeccionar un contrato de obras adicionales e igualmente iniciar la ejecución del mismo.” La Regional precisó que con el anterior comportamiento, el disciplinado incurrió en falta disciplinaria prevista en el artículo 38, de la Ley 200 de 1995, por infracción a los artículos 3, 25 numerales 1º, 2º y 6 y artículos 41 de la Ley 80 de 1993 y así mismo, por incumplimiento de sus deberes como servidor público dispuestos en los numerales 1, 2, 22 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con

el artículo 6º de la Constitución Política que consagra el marco de responsabilidad para los servidores públicos. La falta se calificó como grave a título de dolo.

IV. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de la Guajira, en providencia del 15 de noviembre de 2005, declaró responsable disciplinariamente al señor FREDDY ALEJANDRO TIMMS URBINA, en condición de director del instituto departamental de deportes de La Guajira, imponiéndole sanción consistente en multa de 60 días del salario devengado para el año 2001, equivalente a la suma de $6.058.408. (fls. 794 y ss.).

El operador disciplinario de primera instancia fundamentó su decisión principalmente en los siguientes argumentos: De las pruebas allegadas al expediente se puede colegir “… que la falta de estudios de conveniencia, evaluaciones técnicas, diseños de los proyectos y la equivocada planeación condujeron a que se inicien los contratos sin la respectiva certificación de disponibilidad presupuestal y por ende, sin la aprobación de las garantías para cada caso en particular. Agrega que no acepta los argumentos manifestados por la defensa referente a “… que cuando el señor TIMMS URBINA decidió contratar, si hubo inobservancia en la etapa precontractual y contractual, siempre actuó basado en el principio de buena fe, con el animo de ejecutar los contratos en el menor tiempo posible y finalmente cumplir con el objeto contratado ya que debió tener en cuenta todos los principios de la contratación pública y surtir las respectivas etapas de la misma contratación (estudios de conveniencia y oportunidad, selección objetiva, adjudicación, ejecución

y liquidación), para iniciar la ejecución del contrato, este debe estar legalizado, o sea tener un anexo registro presupuestal, la aprobación de las respectivas garantías y luego el acta de iniciación, para realizar un contrato adicional debe obtenerse previamente un soporte técnico que indique las razones clara que inducen a realizar dicho adicional…” Argumenta que las pruebas aportadas durante los descargos no desvirtúan la esencia de la formulación de los cargos, ya que estas hacen relación con la ejecución de los contratos y no al incumplimiento de los lineamientos del Estatuto Contractual. Prosigue diciendo que la ejecución, pago y liquidación de los acuerdos de voluntades no corrigen los errores cometidos durante la etapa de planeación, ni en la etapa de selección objetiva del contratista. 2 El fallador de primera instancia, cita varias disposiciones normativas de la ley 200 de 1995 y los artículos 3, 25 numerales 1, 2 y 6 y el 41 de la Ley 80 de 1993.

V. DE LA APELACIÓN El apoderado judicial del implicado, presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, solicitando que la providencia en cuestión sea revocada en su integridad, pues considera que en la sentencia sancionatoria no se acogieron los argumentos expuestos por él y por el contrario se adecuó la falta como grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1 de la ley 200 de 1995, a título de dolo sin tener en cuenta los antecedentes del investigado.

Arguye que los contratos discutidos se cumplieron a cabalidad y que no hubo

detrimento patrimonial, por lo tanto la normatividad invocada como violada no se desconoció y su representado siempre ha sido respetuoso de la ley y la constitución. Concluye diciendo que la mera violación de la ley sin que concurra la antijuricidad material o daño no puede considerarse falta disciplinaria, ya que falta un elemento tipificante de la conducta, como lo manifestó en los descargos.

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Procede la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto, revisando únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, para ello se ocupará el Despacho en primer término (i) de analizar lo relativo a la competencia que le asiste a ésta Delegada para conocer de la actuación; posteriormente (ii) efectuará un análisis de las conductas con el fin de verificar que la acción disciplinaria no se encuentre prescrita; luego (iii) se analizarán los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado, y a las normas invocadas como vulneradas; (iv) análisis de los argumentos expuestos por el apelante, para finalmente (v) tomar la decisión que corresponda, ya sea confirmando, modificando o revocando el fallo de primera instancia.

De la competencia Dispone el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262/00, que las Procuradurías Delegadas conocerán en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean de competencia de los Procuradores Regionales. En el presente caso tenemos que la decisión de primera instancia se profirió por el Procurador Regional de La

Guajira, motivo por el cual esta Delegada es competente, por tratarse de asuntos relacionados con la contratación estatal. De la prescripción de la acción disciplinaria Teniendo en cuenta que son varias las conductas debatidas en un solo cargo y que se refieren a hechos realizados en diferentes períodos, por técnica jurídica se subdividirán los hechos y establecerán las fechas de celebración e iniciación de cada uno de los contratos, con el fin de estudiar si operó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, así: 3 La primera conducta que se atribuyó como hecho irregular es que: “… en los contratos de obra números 001, 002, 003, 004, 006 y 009 de 2001, principia con la suscripción de las respectivas actas de iniciación de obras, circunstancias en las cuales no habían sido impartidos aún los actos de aprobación de las garantías…” El contrato de obra 001 fue suscrito el 20 de marzo y se inició el 20 de marzo y la garantía fue aprobada el 6 de mayo (fl. 671 y 665 CO 3); el No. 002 fue suscrito el 16 de marzo y se inició el mismo día, la garantía fue aprobada el 30 de abril (fl. 624 y 623 CO 3); el No. 003 fue suscrito el 8 de febrero y se inició el mismo día, la garantía fue aprobada el 2 de mayo (fl. 551 y 569 CO 3); el No. 004 fue suscrito el 15 de marzo y se inició el mismo día, la garantía fue aprobada el 23 de marzo (fl. 551 y

520 CO 3). El No 006 fue suscrito el 4 de julio de 2001 y se inició el mismo día, la garantía fue aprobada el 17 de julio por resolución # 0495 (fl. 417 y 414 (CO 2); No 009 fue suscrito el 10 de octubre de 2001 y se inició el 12 de octubre, la garantía fue aprobada el 17 de octubre por resolución # 0673 (fl. 304 y 305 CO 1). Se puede deducir de lo antecedentemente trascrito, que en los acuerdos de voluntades Nos. 001, 002, 003, 004 de 2001 han trascurrido a la fecha más de 5 años contados a partir del acto instantáneo de la iniciación del objeto contratado, por lo que se debe declarar la prescripción de la acción disciplinaria y como consecuencia la terminación del procedimiento de acuerdo a lo que dispone el artículo 34 del CDU: “La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.” En cuanto a los contratos 006 y 009 la conducta se mantiene vigente en el tiempo. Del asunto a tratar El cargo único imputado, se puede subdividir en varios temas centrales que apuntan a establecer si el señor Timms Urbina, en su condición de director del instituto departamental de deportes de la Guajira, cometió faltas disciplinarias por los siguientes hechos:  Iniciar la ejecución de los contratos Nos 006 y 009 de 2001 sin haber aprobado

las pólizas;  En la etapa precontractual de los contratos de obra 005 y 009 de 2001, la presentación de ofertas para adelantar el proceso de selección de contratistas se efectuó sin haberse publicado los respectivos avisos de invitación pública;  El contrato 005 de 2001, es suscrito sin estar debidamente financiado, es decir, sin existir la suficiente disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de los recursos requeridos para atender el gasto propuesto.  Durante la ejecución del contrato 005 se suscribe el ‘acta de acuerdo de obras adicionales’ por $15.991.817, actuación esta que no cumple con las formalidades del orden contractual obligatorias para constituir y perfeccionar un contrato de obras adicionales e igualmente iniciar la ejecución del mismo.” 4 Para ello, la Delegada seguirá el siguiente orden: (i) primeramente se tratará acerca de algunos de los requisitos precontractuales necesarios para la celebración de los contratos; luego (ii) se harán consideraciones la legalización de los contratos y finalmente (iii) se adentrará en el caso concreto.

1. Algunos de los requisitos precontractuales necesarios para la celebración de los contratos Como lo ha expresado la ley, existen dos clases de procesos de selección. La licitación o concurso, que es la regla general y la contratación directa, que es la excepción para los casos taxativamente señalados.

En esta ocasión, se tratará el tema de la contratación directa por ser el que atañe al proceso, y que para la época de los hechos estaba reglamentado por el Decreto 855 de 1993, que en su artículo 2º, regulaba que el representante legal de la entidad o

su delegado para la selección del contratista debía garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y en especial el deber de selección objetiva contemplado en la Ley 80 de 1993. Se hará énfasis en los principios que consideraron vulnerados en el caso en estudio. El estatuto de contratación estatal fija parámetros técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia que deben observar las autoridades para cumplir con el principio de planeación contractual1, requerimientos todos a satisfacer en forma previa a la apertura de los procesos de selección del contratista, por el jefe o representante de la entidad estatal, pues como lo ha señalado en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado: “la contratación administrativa no es, ni puede ser, una aventura, ni un procedimiento emanado de un poder discrecional, sino por el contrario, es un procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos….”2 Por su parte, la doctrina nacional ha sostenido que: “los presupuestos establecidos por el legislador, tendientes a la racionalización, organización y coherencia de las decisiones contractuales hacen parte de la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del Estado. En otras palabras, la planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el contrato del Estado.”3 1 Jaime Orlando Santofimio. Delitos de celebración indebida de contratos, Bogotá, Universidad Externado

de Colombia, 2000, p. 147. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de junio 1 de 1995 C.P. Jesús Maria Carrillo Ballesteros Exp. 7326. 3 Ob. Cit. P. 148 5 “Esta obligación no se satisface simplemente con el cumplimiento formal por parte de las entidades públicas de las prescripciones legales, es decir con una elaboración a la ligera de los estudios, planos, diseños y pliegos de condiciones; puesto que la buena fe contractual impone la carga de extremar la diligencia y la actividad profesional necesaria para confeccionar un esquema contractual óptimo que reúna todas las exigencias legales, técnicas y económicas que permitan la selección objetiva del contratista y el cumplimiento del objeto contractual.”4 Dentro del requisito presupuestal, que se enumeró anteriormente, se encuentra la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, concomitante a la apertura del proceso de selección, que de fe de la existencia de recursos suficientes dentro de su presupuesto para comprometerse con el valor del contrato que se suscribirá como resultado del proceso de selección. Así mismo existe otro principio que es el de la publicidad, que para la contratación directa estaba consagrado, en parte, en el artículo 3 inciso 5 del Decreto 855 de 1993, que decía que “…deberá invitarse públicamente a presentar propuesta a través de un aviso colocado en un lugar visible de la misma entidad por un término no menor de 2 días….”. Dentro de los procesos de selección se debe permitir conocer todas las determinaciones que se adopten en su desarrollo, desde su convocatoria

hasta su adjudicación, es decir, de todos los actos administrativos que se expidan con excepción de los de mero tramite.

2. De la legalización de los contratos.

Una vez perfeccionado el contrato, esto es, cuando se logró acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este sea elevado a escrito, según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se deben cumplir una serie de requisitos necesarios para que inicie su ejecución. El mencionado artículo señala que son requisitos de ejecución:  La aprobación de la garantía única de cumplimiento y  La existencia de disponibilidades presupuestales. La garantía única de cumplimiento, ampara los perjuicios que el contratista le puede ocasionar a la entidad con los sendos incumplimientos de las obligaciones que emanan del contrato, por lo que tiene un contenido reparador y para que se puedan hacer efectiva se deben aprobar por la entidad con el fin de establecer si las mismas cumplen con los amparos previstos en la ley frente al contrato. Frente a la existencia de disponibilidad presupuestal previa que ampare la totalidad del valor del compromiso, es preciso remitirnos al artículo 19 del Decreto 568 de 1996 que define y establece los requisitos de fondo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal así: 4 Rodrigo Escobar Gil, Teoría General de los Contratos de la Administración Pública, Bogotá, Ed. Temis, 1999, Pág. 73. 6 Art. 19.- El certificado de disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción

de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades. (resaltado fuera de texto). La norma en cita es expresa al determinar que este documento debe garantizar la existencia de presupuesto disponible y libre de cualquier otra clase de compromiso, con el fin de que la administración cumpla a cabalidad con la obligación que tiene de pagar la ejecución del objeto contratado y es un requisito anterior al perfeccionamiento del compromiso, no es requisito de ejecución del contrato.

3. Caso concreto El artículo 118 de la Ley 200 de 1993, hoy 142 de la ley 734 de 2002, dispone que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y responsabilidad del investigado, igualmente en este acápite para un mejor desarrollo y entendimiento se susbdividiran las conductas, como se efectuó anteriormente.  Está plenamente demostrado que el señor FREDDY TIMMS URBINA, inició la ejecución de los contratos Nos 006 y 009 de 2001 sin el requisito previo para la ejecución del objeto consistente en haber aprobado las pólizas, ya que el contrato No 006 fue suscrito el 4 de julio de 2001 y se inició el mismo día, como se puede leer en el acta de iniciación que reposa a folio 417 y la garantía fue aprobada por resolución # 0495 el 17 de julio folio 414

del CO 2; No 009 fue suscrito el 10 de octubre de 2001 y se inició el 12 de octubre como se prueba con el cata de iniciación que reposa a fl. 304 y la garantía fue aprobada el 17 de octubre por resolución # 0673, folio 305 CO 1. Con esta conducta desconoció como lo afirma el Procurador Regional, el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, con lo que puso en peligro los intereses de la administración pública, ya que si hubiese ocurrido algún incumplimiento por parte de los contratistas, la administración no habría podido reclamar la indemnización a la que tenía derecho por la falta de este requisito. Por parte del fallador de segunda instancia se quiere resaltar que las pólizas de estos contratos fueron aprobadas el mismo día en que el Director del Instituto del Deporte, se reunió con el interventor y el contratista para suscribir el acta de recibo final de obra, en el caso del contrato No. 009 tal y como quedó constancia en la mencionada acta que aparece a folio 303 y el día en que expidió la Resolución No. 0501 del 17 de julio por medio de la cual se ordena cancelar una cuenta, dentro del contrato 006, folio 413 del CO 2. 7 Ahora, en cuanto a la segunda conducta imputada referente a que en la etapa precontractual de los acuerdos de voluntades Nos. 005 y 009 de 2001, la presentación de ofertas para adelantar el proceso de selección de contratistas se efectuó sin haberse publicado los respectivos avisos de invitación pública; de la misma forma esta demostrada con los siguientes documentos que reposan

como prueba en el expediente: El aviso de publicación en el que manifiesta QUE “… ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA SEDE HABITACIONAL DEL I.D.D.G MUNICIPIO DE RIOHACHA, tiene como fecha de publicidad el 11 de junio de 2001, como consta a folio 454 del CO 2, y a folio seguido, aparece la constancia de la presentación de la “OFERTA ECONÓMICA SEDE HABITACIONAL”, de acuerdo a la solicitud realizada por el Director del Instituto, a quien va dirigida, por valor de $34.205.418, de fecha 6 de junio del mismo año, suscrita por el señor Jaime Curvelo, con quien se firmó el contrato, por lo que no es difícil colegir que efectivamente la oferta se presentó antes de la publicación de las necesidades de la administración, con lo que se vulnera abiertamente los artículos 3, 25 numerales 1 y 2 de la Ley 80 de 1993. No se debe perder de vista que los funcionarios al servicio del estado, deben ejercer sus funciones acorde con la ley y cumplir con los fines del estado al contratar y no escoger a los contratistas arbitrariamente como sucedió en este caso en comento, y se afirma lo anterior teniendo en cuenta que el oferente se enteró de la contratación por la solicitud directa que realizó el señor TIMMS URBINA, como lo manifestó abiertamente en el oficio de presentación de la propuesta y que se transcribe literalmente: “ De acuerdo a su solicitud le estamos presentando oferta económica, …” Así las cosas, se confirma lo que en su momento expuso el fallador de primera instancia, ya que las normas de selección, son de naturaleza pública y conforme a la

ley, para la escogencia de contratistas, se deben cumplir y establecer los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable y una de las etapas que se debe cumplir forzosamente, es la publicación del aviso de invitación, por lo que la finalidad es permitir que los interesados conozcan los diferentes procesos de selección, para que participen y ejerzan el control social. Si se prescinde de este requisito por parte de la administración se está incurriendo en la infracción de un deber legal, y por ende, se comete falta disciplinaria sancionable. El tercer hecho que se le atribuyó consistió en que el contrato 005 de 2001, es suscrito sin estar debidamente financiado, es decir, sin existir la suficiente disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de los recursos requeridos para atender el gasto propuesto; está correctamente probado, toda vez que a folio 481 del CO 2, se halla el certificado de disponibilidad presupuestal de julio 9 de 2001, a favor de Jaime Curvelo, por valor de $26.273.573. Nótese que el CDP es concomitante con la suscripción del contrato y no anterior a la fecha en que se publicó el aviso de como lo exige la ley, y de acuerdo a la definición y finalidad que establece el artículo 19 del Decreto 568 de 1996, lo que constituiría otra falta disciplinaria que no fue analizada en su momento y que por tanto no se puede traer en esta etapa del proceso. 8 Ahora, en referencia la conducta debatida, sí existe falta disciplinaria, porque la

administración no podía asumir el compromiso de suscribir el contrato 005, por valor de $ 34.2005.418, como en efecto lo hizo, porque solo tenía una partida presupuestal equivalente a $26.273.573 para adquirir la obligación con lo que violó el numeral 6 del artículo 25 que reglamenta que Las “entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.”. Es obligación de las entidades estatales cuando van abrir un proceso de selección contar con certificación de disponibilidades presupuestales que den fe acerca de la existencia de recursos dentro de su presupuesto para comprometerse con el contrato., por lo que se confirma lo dicho por el fallador de primera instancia. Por último, la imputación concerniente a que durante la ejecución del contrato 005 se suscribió el ‘acta de acuerdo de obras adicionales’ por $15.991.817, actuación que no cumplió con las formalidades del orden contractual obligatorias para constituir y perfeccionar un contrato de obras adicionales e igualmente iniciar la ejecución del mismo; también está probada, porque en primera medida se ha debido celebrar un contrato adicional de obra y no realizar la modificación del mismo por un acta como se hizo. La adición de un contrato puede concebirse como una modificación del mismo, por cuanto consiste en un agregado a las cláusulas pactadas y que estaban definidas en el pliego de condiciones, y se presenta cuando en desarrollo del objeto contratado se implanta la necesidad de incluir elementos no previstos en los pliegos y, por ende, excluidos del contrato suscrito, porque están ligados al objeto y resultan

indispensables para cumplirlo a cabalidad. De otra parte, como la entidad asume un nuevo compromiso con estas obras adicionales, se debe obtener previamente el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin indicado anteriormente. En el caso bajo examen se observa que, como se dijo, no existió contrato adicional, el acta de acuerdo se suscribió el 13 de julio de 2001 por valor de $15.991,817 (fl. 474 CO 2), y el CDP que respaldó la obligación se expidió el 28 de diciembre de 2001, violando con esta conducta flagrantemente la norma en cita y por tanto incurrió en falta disciplinaria el señor TIMMS URBINA. Sobre la culpabilidad, el operador disciplinario de primera instancia consideró que el comportamiento del implicado fue GRAVE, por el grado de culpabilidad, la jerarquía y mando del disciplinado, cometido a título de DOLO, ya que contaba con los conocimientos básicos para emprender una gestión contractual, además, argumentó que observó bastante desorden en las actuaciones, descoordinación en los tramites administrativos internos, afán por contratar sin la existencia de requisitos previos y falta de verificación de procedimientos. Esta instancia conserva la calificación dada, porque el señor TIMMS URBINA, realmente tenia jerarquía y mando dentro del Instituto de Deportes, era el director de la misma y el grado de culpabilidad fue a título de dolo como se analiza a continuación, teniendo en cuenta que indudablemente se evidencia la intención de desconocer el estatuto de contratación por parte del disciplinado, ya que sí cumple con los requisitos exigidos por la ley para llevar a cabo los procesos de selección,

9 pero lo hace de una manera amañada y tardía, lo que denota el conocimiento de la norma y su incumplimiento a sabiendas. Análisis de los argumentos de la apelación El apelante manifiesta que se debe revocar la sanción, ya que los contratos cuestionados se cumplieron a cabalidad y que no hubo detrimento patrimonial, por lo tanto la normatividad invocada como violada no se desconoció y su representado siempre ha sido respetuoso de la ley y la constitución. Concluye diciendo que la mera violación de la ley sin que concurra la antijuricidad material o daño no puede considerarse falta disciplinaria, ya que falta un elemento tipificante de la conducta, como lo manifestó en los descargos. Estas explicaciones no son de recibo para esta instancia, ya que estamos en materia disciplinaria, no penal o fiscal, por tanto, las faltas disciplinarias aquí discernidas se consuman con la lesión de la norma de deber, sin que sea preciso constatar la existencia de un resultado de detrimento patrimonial o material, como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido el Despacho, ejemplo de ello, el fallo de primera instancia de fecha octubre 20 de 2002 proferido dentro del proceso No. 16243086/98, en donde se dijo: “En este punto se debe puntualizar con claridad, que la consumación del atentado contra el bien jurídico protegido en el derecho disciplinario, no precisa de una especial variación del mundo exterior a la manera exigida por el pensamiento causal naturalista en el derecho penal, pues, basta aquí y es suficiente, para el agotamiento del injusto disciplinario, que se actúe contra

el especial deber que es correlativo a la función discernida en la ley o el reglamento al sujeto pasivo de la acción. Demandar entonces especiales resultados, materializados en daños cuantificables o verificables por los sentidos, significa dar pábulo a cierta perversión epistemológica que pretende identificar e igualar el injusto disciplinario con el injusto penal, sin reparar en que los fundamentos de uno y otro son bien diferentes, ya porque la diferenciación se haga desde perspectivas cualitativas, ora porque se defina bajo parámetros cuantitativos; esto es, que se les compare en cuanto a la relación de progresión que es evidenciable entre la lesión a la corrección de la función administrativa, vista ella desde las orillas del derecho disciplinario al penal, o porque se aclare que la protección de la dicha función en el derecho penal se observe “hacia fuera”, en tanto que en el derecho disciplinario se observe cómo es ejercida la misma “hacia adentro”. 5 Decisión De acuerdo a lo expresado en cada uno de los apartes analizados esta Delegada considera que la decisión fue dada en derecho; pero en aplicación del principio de la 5Cfr. J.L González Coussac. El delito de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos. Valencia, Tirant Lo Blanc, 1997, p. 35 ss. 10 proporcionalidad contemplado en el artículo 18 del CDU, que establece que “La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida…”, se modificará la multa de sesenta (60) días impuesta por la Procuraduría Regional de la Guajira teniendo en cuenta que algunas de las conductas objeto de sanción

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