PGN - OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS - Finalidades

Bogotá, 13 de Mayo de 2008 PAD

C-84-2008

Subteniente

ANGÉLICA MARÍA PATIÑO ZULUAGA

Asesora Jurídica Novena Brigada Ejército Nacional Carrera 16 21-300 Neiva (Huila) Ref.: Su oficio fechado el 8 de abril de 2008 y radicado en esta oficina el 30 del mismo mes y año.

Respetada Subteniente: En el escrito de la referencia, pregunta lo siguiente:

1. La aplicación de la Resolución 346 de 3 de octubre de 2002 se debe realizar de manera estricta por parte de la Procuraduría General de la Nación para el caso de la Ley 836 de 2003 y sus funcionarios competentes. 2. ¿Es posible aprehender las investigaciones por parte de la Procuraduría sin el lleno de los requisitos establecidos en la resolución y bajo qué otro procedimiento pueden hacerlo?

3. Cuando hay dos investigaciones adelantadas por los mismos hechos una por la Procuraduría y otra por el funcionario competente para investigar, ¿qué trámite se sigue para no incurrir en doble investigación?, ¿bajo qué norma o resolución está este procedimiento regulado? ¿Se entiende que el referido trámite se puede tener en cuenta como ejercicio del poder preferente? 4. ¿Qué diferencia de procedimiento y sustancial existe entre la competencia a prevención consagrada en el artículo 155 de la Ley 734 de 2002 y el poder preferente consagrado en el artículo 3 de la misma ley, y cuál es el procedimiento para avocar el conocimiento de los procesos disciplinarios en cada caso?

5. ¿Se asume para efectos del artículo 155 de la Ley 734 de 2002 la equivalencia de oficina de control interno disciplinario con la figura de funcionario competente que está fijada en el artículo 78 de la Ley 836 de 2003, comoquiera que en la ley disciplinaria militar no contempla la figura de las oficinas de control interno disciplinario?

6. Si el funcionario competente (Ley 836/03) inicia investigación disciplinaria y posteriormente se recibe comunicación de la Procuraduría informando que igualmente por esos hechos dio apertura de investigación disciplinaria. Qué acciones debe adoptar el funcionario competente cuando: —El funcionario competente fue quien inició primero la investigación. 1 —Fue la Procuraduría quien inició primero la investigación. —Si la Procuraduría inició la investigación disciplinaria y el funcionario competente adelanta indagación preliminar por los mismos hechos. —Si la Procuraduría y el funcionario competente adelantan indagaciones preliminares. —Si tan solo se informa de la investigación que es adelantada por el funcionario competente y la Procuraduría no vuelve a pronunciarse al respecto.

7. En atención al artículo 198 de la Ley 836 de 2003 que contempla: «…para lo no previsto en el presente ordenamiento debiera remitirse a la Ley 734 de 2002…», y del principio del debido proceso consagrado en el artículo 4 de la Ley 836 de 2003 que reza «…los destinatarios de este reglamento deberán ser investigados por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso en los términos de la ley vigente al momento de la realización

de la conducta…», debe aplicarse el artículo 155 de la Ley 734 de 2002 «notificación de la iniciación de la investigación» donde se señala se ejerce el poder disciplinario preferente, e igual se señala la competencia a prevención respecto de Procuraduría y órganos de control interno disciplinario en razón a que la Ley 836 de 2003 no contempla por la especialidad de su trámite, la competencia a prevención. Al respecto, me permito manifestar: Con relación al asunto planteado, es pertinente anotar ante todo que en materia consultiva, conforme al artículo 16 de la Resolución número 127 del 3 de abril de 2008 del Procurador General de la Nación, no se admite la absolución de casos particulares y concretos y, por ende, las respuestas sólo pueden contener pautas generales sobre el tema objeto de cuestionamiento. Una vez efectuada esta precisión, debe decirse lo siguiente: En cuanto a las dos primeras inquietudes, según el artículo 3.° de la Ley 734 de 2002, la Procuraduría General de la Nación «es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas», y en tal virtud, tiene superioridad o ventaja —junto con las personerías distritales y municipales— sobre las oficinas de control interno para el ejercicio del poder disciplinario. En este sentido, el artículo 155 del CUD, basándose en dicho privilegio, manda que «si la investigación disciplinaria la iniciare la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, lo comunicará al jefe del órgano de

control disciplinario interno, con la advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, si ya la hubiere abierto, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría» (inciso 3.°). En cambio, la Resolución 346 del 3 de octubre de 2002 del Procurador General de la Nación, que regula las competencias y trámites para el ejercicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de su intervención como sujeto procesal en los procesos disciplinarios, se refiere a dos aspectos totalmente 2 distintos de los que alude el artículo 155 ibídem, tales como son los que a continuación se destacan, en los artículos primero y tercero de la parte resolutiva de dicha resolución: PRIMERO. Las quejas y denuncias, incluidas las anónimas cuando la ley autorice la procedibilidad de la acción disciplinaria, que se reciban por el Centro de Atención al Público -CAP-, con sede en la ciudad de Bogotá D.C., y por las oficinas del nivel territorial se clasificarán y enviarán a las dependencias de la Procuraduría competentes para conocer de ellas de conformidad con el Decreto 262 de 2000 y normas que lo complementan. La oficina competente para conocer del proceso, prima facie y de manera perentoria en todos los casos, evaluará si la queja o denuncia amerita ser tramitada por la Procuraduría General de la Nación y en caso contrario, sin motivación alguna, la enviará a la respectiva oficina de control Interno. En estos casos, si los hechos denunciados tienen cierta relevancia por la importancia

del cargo del disciplinado, la gravedad de la imputación o la trascendencia social de la misma, el funcionario competente para conocer el asunto en la Procuraduría General de la Nación podrá disponer la supervigilancia administrativa constituyéndose en sujeto procesal, bien directamente o a través de la designación de un servidor de su dependencia, de conformidad con el artículo 89 de la Ley 734 de

2002. (…) TERCERO. Cuando el pronunciamiento sobre ejercicio del poder preferente tenga como origen la solicitud del disciplinado, de un servidor público del órgano de control interno o de un tercero, la solicitud de aprehensión del proceso por parte de la Procuraduría General de la Nación tiene que estar sustentada y en debida forma en torno a las causas fácticas y jurídicas por las cuales el mismo se hace procedente.

Por lo que se refiere a los interrogantes tercero, cuarto, quinto y sexto, el artículo 2.° de la Ley 734 de 2002 establece que «sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias», lo que significa que las oficinas de control interno disciplinario gozan de una cláusula general de competencia respecto de todos los asuntos disciplinarios que deban tramitarse en las entidades estatales, salvo cuando la Procuraduría General de la Nación, con arreglo al poder preferente (artículos 277-6 CP y 3.° y 69 CUD), ejerce la acción disciplinaria.

En el presente asunto, el artículo 155 de la Ley 734 de 2002 ordena que «si la investigación disciplinaria la iniciare la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, lo comunicará al jefe del órgano de control disciplinario interno con la advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, si ya la hubiere abierto, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría»; es decir, que por disposición legal la competencia la tiene 3 exclusivamente la Procuraduría cuando ella hubiere iniciado la investigación, sin que esto dé lugar a que se piense que se trata de una competencia a prevención. A propósito del concepto de la competencia a prevención, se debe empezar por recordar que normalmente la competencia se radica en un solo juez o servidor público, de modo que ningún otro puede conocer de la materia. Sin embargo, algunas veces, la ley dispone que dos o más servidores sean competentes para conocer de determinado asunto; pero el que aprehende de primero el conocimiento impide a los demás atender el mismo. Esto es, que el juez o servidor conoce a prevención. En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU337 de 1998, expresó: (…) la prevención es un factor que contribuye a determinar la competencia sobre un proceso determinado, en el caso de que éste pueda ser conocido por distintas autoridades judiciales. Tal como se ha señalado, la Corte ha recurrido al concepto de “competencia a prevención” para solucionar los conflictos que se pueden presentar entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación en el momento de determinar cuál de las dos entidades es la competente para conocer de una investigación disciplinaria. El propósito de este concepto es establecer que aquella autoridad que haya entrado primero a conocer el proceso materia del litigio conservará la competencia sobre él (…) (Subrayas fuera de texto) Así las cosas, si el jefe de control interno disciplinario de una entidad se entera de que la Procuraduría General de la Nación ya abrió investigación por los mismo hechos que él ha tenido conocimiento, debe, conforme al mencionado artículo 155, inciso 3.°, abstenerse de iniciar dicha investigación y remitir el expediente a la dependencia competente de la Procuraduría. Finalmente, en lo que hace a la séptima pregunta, se debe tener en cuenta que en este punto hay que distinguir dos aspectos: el primero, como antes se ha explicado, conforme al artículo 3.° de la Ley 734 de 2002, la Procuraduría General de la Nación «es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas», y en tal virtud, tiene superioridad o ventaja —junto con las personerías distritales y municipales— sobre las oficinas de control interno para el ejercicio del poder disciplinario. Y, en este orden, el artículo 155 del CUD, basándose en dicho privilegio, ordena que «si la investigación disciplinaria la iniciare la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, lo comunicará al jefe del órgano

de control disciplinario interno, con la advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, si ya la hubiere abierto, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría» (inciso 3.°). Y el segundo, relacionado con el artículo 198 de la Ley 836 de 2003, sobre integración normativa, «para lo no previsto en el presente ordenamiento deberá 4 remitirse a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único», lo que dista del mandato establecido en el mencionado artículo 155 del CUD, en favor de la Procuraduría General de la Nación. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-84-2008

MLRR/JBM

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