PGN - OFICINAS DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO - Preservación de la segunda instancia

Bogotá, D.C., 29 de Marzo de 2006. PAD Doctora

DIVEY YARDINI OVALLE CASTAÑEDA

Gerente (e) Hospital San Juan de Dios de San Vicente. Calle 8 No. 11-12 San Vicente de ChucuriSantander.

Ref: Su oficio 0046 del 13 de febrero de 2006, remitido por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja y radicado en esta oficina el 17 de marzo del presente año.

En relación con el ejercicio de la función disciplinaria acerca de un proceso adelantado contra un funcionario de esa entidad, que se falló en primera y segunda instancia y respecto del cual se elevó solicitud de revocatoria directa, pregunta: “1. ¿De acuerdo con la conformación de la UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, según documentos anexos, sobre cual funcionario recaería la competencia disciplinaria sancionatoria en primera instancia? 2. ¿Se ajusta al ordenamiento legal la estructura disciplinaria de la E.S.E. o que sugerencias al respecto pueden hacerse a fin de operativizar el control disciplinario interno de la Institución?

3. De otro lado y teniendo en cuenta que el fallo de Primera Instancia fue proferido por la U.C.I.D., es procedente la revocatoria del acto administrativo sancionatorio de Segunda Instancia proferido por la Gerencia? Dado que el disciplinado interpuso el recurso de apelación y el mismo fue confirmado por la Gerencia.”.

2 Cabe señalar ante todo que en desarrollo de la función consultiva asignada a esta oficina (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no es posible absolver casos particulares o concretos; por esa razón, las respuestas en estos casos se

concretan a suministrar elementos de juicio de carácter general que permitan ilustrar el tema materia de cuestionamiento. En las condiciones descritas y en orden a resolver las inquietudes plasmadas en el documento bajo referencia, se considera que es pertinente tener en cuenta los parámetros que se exponen a continuación: - En relación con la organización del control disciplinario interno, se tiene que la Ley 734 de 2002 prevé la obligación para todo organismo o entidad del Estado de implementarlo al más alto nivel, asegurando la autonomía y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es así como, el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, establece que el control interno disciplinario estará a cargo de una oficina o unidad, que se encargará de “conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores” ; se radica la segunda instancia en cabeza del nominador. Sobre el particular, procede considerar las pautas consagradas en Circular Conjunta emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación (001 de abril 2 de 2002), en la que se consignaron algunas parámetros generales para la implementación u organización del control disciplinario interno, así: - De una parte, se indica que a efectos de garantizar tanto la autonomía de la citadas oficinas como el principio de segunda instancia, que corresponde al nominador, el mecanismo para cumplir la función disciplinaria debe ser la conformación de un grupo formal de trabajo “adscrito a una de las dependencias del segundo nivel jerárquico de la organización, coordinado por el Director de 3

dicha dependencia”. Lo cual, puede efectuarse mediante un acto administrativo interno del Jefe del organismo - En segundo término, se plantea como otra alternativa la posibilidad de que se cree una oficina disciplinaria dentro de la estructura de la entidad, para lo cual debe adelantarse el trámite administrativo correspondiente ante la autoridad competente (decreto nacional, ordenanza, o acuerdo), con la denominación que corresponda a la organización interna (subdirección, oficina división etc.). Además, se precisa: “En cualquiera de las alternativas que se adopte para organizar o implementar la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno, a la misma le compete adelantar tanto la indagación preliminar, como la investigación y el fallo de primera instancia, respecto de los servidores públicos del organismo o entidad correspondiente. Esta competencia cubre a todos los servidores públicos del respectivo organismo o entidad, cualquiera sea la naturaleza del cargo (empleados públicos y trabajadores oficiales así como empleados de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa o provisionales) y cualquiera sea el nivel al cual corresponda el empleo, salvo las competencias propias de la Procuraduría General de la Nación y de otras autoridades, según lo dispuesto en la Constitución Política y en el mismo Código Disciplinario único”. De la reglamentación vista, se colige que el poder disciplinario se concentra en una única autoridad interna, cual es la oficina de control disciplinario y en ella se radica la competencia para conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios, lo que implica que a éstas corresponde conocer de todas las etapas del proceso disciplinario hasta el fallo de primera instancia; facultad que debe

operar en relación con todos los servidores de la entidad, pues no se hace ninguna distinción al respecto por concepto de rango o condición, esa la razón para que se requiera una dependencia “del más alto nivel”; Para ello y a fin de 4 garantizar la segunda instancia ante el nominador, la circular en mención, que contiene los parámetros para la implementación de la misma, determina que la unidad, independientemente de la denominación o forma que adopte, se adscriba o pertenezca al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura organizacional de la entidad y expresamente precisa que su competencia cobija a todo funcionario cualquiera sea la naturaleza del cargo y el nivel del empleo. Es así como, en los eventos en los que no se cuente con una oficina propiamente dicha que haga parte de la estructura organizacional, basta con un acto administrativo interno que de a las autoridades existentes la connotación de un grupo de trabajo formal y que se adscriba a una dependencia de segundo nivel, bajo la coordinación del titular de la misma; servidor que obviamente tiene a su cargo la atribución de proferir las decisiones que le competen a la oficina, como responsable de las actuaciones y actividades que a ella correspondan, entre las cuales necesariamente se cuentan las decisiones de fondo de los procesos disciplinarios a su cargo. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la competencia radicada en la oficina o grupo no puede estar difundida o diseminada entre los distintos funcionarios que la conforman. Por lo tanto, se estima que si bien la ley al fijar la competencia para conocer y fallar los procesos disciplinarios en primera instancia alude indiscriminadamente a la oficina de control disciplinario interno que se organice en

cada entidad, lo cierto es que la función de emitir y proferir las decisiones esenciales del proceso disciplinario no puede entenderse radicada en cabeza de funcionario distinto de quien este a cargo de la unidad o grupo como responsable del mismo; atribución de carácter unipersonal, cuya delegación no la contempla el estatuto. Acorde con lo expuesto, se considera que las funciones de instruir y proyectar lo relativo a los procesos que se adelanten, corresponde a aquellos servidores que integran la citada dependencia, a quienes el responsable de la misma deberá asignarles en consecuencia el recaudo de pruebas y la realización de las diligencias de impulso procesal, que estén relacionadas con el agotamiento de las 5 distintas instancias, hasta la elaboración de las providencias que hayan de proferirse para la firma del funcionario competente. Servidores que como miembros de la unidad sólo podrán sustanciar la primera instancia, sin que pueda admitirse que unos mismos funcionarios sustancien o proyecten las providencias en las dos instancias, pues ello implicaría una flagrante violación al principio de la doble instancia en la cual está soportado el proceso disciplinario. En todo caso, cualquiera sea la modalidad que se adopte, debe quedar en claro que únicamente el grupo o la dependencia organizada para los fines descritos, es la competente para conocer y evacuar la primera instancia de los procesos disciplinarios en curso y los que se inicien, respecto de cualquiera de los servidores y por cualquier tipo de falta, salvo las excepciones que consagra la misma ley, como en los casos en los que la competencia se radica en la Procuraduría (por la calidad del investigado o porque no se puede garantizar la

segunda instancia), o cuando no se han organizado esas dependencias disciplinarias, evento en el que la competencia para la primera instancia se asigna al jefe inmediato del investigado y la segunda al superior jerárquico de aquél (parágrafo 3 del artículo 76). Debe advertirse que los actos por medio de las cuales se adopta el régimen disciplinario interno, como actos administrativos que son, obligan mientras no sean suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosa o en últimas, sean revocados o modificados por la autoridad que los expidió y en ese orden de ideas, estos actos mientras estén en vigor se constituyen en el soporte legal de las actuaciones de quienes obren facultados en ellos. Le informo que cualquier duda sobre la manera como se debe implementar el control disciplinario interno de acuerdo con la estructura organizacional de cada entidad, corresponde dilucidarla a la Dirección de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo con lo previsto en la circular tantas veces citada. 6 - En torno a la revocatoria directa de los fallos sancionatorios, el Código Disciplinario, en el artículo 122 y siguientes, también establece que éstos son revocables por la autoridad que los profirió, por su superior funcional o por el Procurador General de la Nación, y que esta medida procede de oficio o a petición de parte, siendo viable la solicitud cuando no se han interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios. Vale anotar que el superior funcional de quien profiere la decisión de primer grado es precisamente quien tiene a su cargo la segunda instancia, que para efectos disciplinarios no es otro que el nominador, acorde con la competencia que asigna

el artículo 76 del estatuto en la materia. Se estima que los argumentos expuestos le permitirán esclarecer las dudas planteadas, los cuales, se advierte, únicamente constituyen un criterio auxiliar de interpretación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e) C-071/2006

MLRR-MPCM