PGN - OMISION DE LOS DEBERES DE PROTECCION - Elementos de seguridad

REGÍMENES APLICABLES A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICAFallas del servicio/REGIMENES APLICABLES A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Por riesgo excepcional Es importante hacer mención a los dos regímenes que el alto Tribunal Administrativo ha reiterado son aplicables en los casos en los cuales se ven involucrados miembros de la Fuerza Pública. Así, se tiene que es aplicable la falla del servicio en los eventos en los que la administración de una u otra manera por su acción u omisión frente a sus agentes de seguridad, y contrariando sus obligaciones constitucionales y legales, produce un daño que el miembro de la fuerza no tiene porque soportar, aún cuando él asume ciertos riesgos y peligros al ingresar a formar parte de estos grupos de seguridad del Estado. Igualmente el máximo Tribunal ha manifestado que será aplicable riesgo excepcional en casos donde la administración le impone a la fuerza pública cargas que se hacen imposibles de cumplir, es decir se les ha expuesto a un riesgo muy alto, excesivo, que se encuentra por encima de lo que usualmente asumen dichas personas frente a sus responsabilidades y especialidades; no es lo que normalmente deben hacer para cumplir sus obligaciones; razones que le impiden a la administración dejarlos a su suerte. Entonces, el régimen aplicable al presente caso sería el de responsabilidad por falla del servicio, pues como se dijo este título es procedente en aquellos eventos donde es posible determinar, que el daño causado a un miembro de las fuerzas militares resulta propio a una omisión por parte de las Fuerzas Armadas, representadas en este asunto por la Armada Nacional, ya que se trata de una situación que no se

relaciona con las condiciones normales de la prestación del servicio, pues a pesar de que el demandante perteneciera al grupo de contrainteligencia que se encarga de investigar las actividades irregulares de los mismos miembros de la Armada, lo cual genera riesgos por la dimensión de las investigaciones, la misma situación, no es excusa para que se omita dar aplicación a las normas básicas de seguridad y de protección que en casos de amenazas deben seguirse para evitar desenlaces como el desplazamiento forzado o lesiones graves de los miembros de las Fuerzas Militares. Así que, para que el Estado pueda exonerarse de responsabilidad debe demostrar que el resultado se originó en la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Daños derivados del riesgo ordinario que conlleva la prestación del servicio/OMISION DE LOS DEBERES DE PROTECCION-Elementos de seguridad Para esta Agencia del Ministerio Público, ofrece certeza respecto de las circunstancias que rodearon los hechos que causaron perjuicios al demandante por haber sido omitidos los deberes de protección que la Armada Nacional tenia sobre el demandante por ser víctima el mismo de constantes amenazas y no haber sido las mismas atendidas como se debía por el cuerpo de seguridad; pues no consta en el expediente que se hubieran realizado las labores de inteligencia por funcionarios de la Armada como se supone se había ordenado en el oficio N° DICOI/01, simplemente se le asignaron 2 personas para que le acompañaran pero nunca se les otorgaron los elementos de seguridad pertinentes, para evitar que las amenazas

se concretaran y pudieran pasar a mayores problemas; tan fue así la desprotección y omisión de la Armada Nacional, que el demandante se vio en la obligación de solicitar refugio político en otro país como la única manera de proteger su vida y la de su familia.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) Respecto del reconocimiento de los perjuicios materiales que reclama los demandantes deben ser reconocidos, encuentra asiento esta Delegada en los argumentos dados por la Primera Instancia para negar el reconocimiento de los mismos, pues si bien se llevó a cabo un dictamen pericial en el cual se determino cuanto debería reconocerle a el demandante por lucro cesante y daño emergente, dicho dictamen no puede ser tenido en cuenta puesto que en las pretensiones de la demanda nada dijo el demandante respecto de los valores dejados de percibir por concepto de arriendos ni de la diferencia de salario que hubiera recibido de haber continuado laborando con la Armada Nacional, pues debe recordarse que esta Jurisdicción Administrativa es rogada. En todo caso, y en aras del principio de reparación integral y con fundamento en la equidad que debe reinar en estos procesos, esta Delegada del Ministerio Público deja a consideración del H. Consejo de Estado la posibilidad de que dichos perjuicios materiales (lucro cesante, daño emergente) sean reconocidos al demandante teniendo en cuenta el dictamen pericial rendido durante la primera instancia, mismo que por no haberse objetado se encuentra en firme como prueba de los perjuicios causados. Igualmente al interior del expediente se encuentran relacionados una serie de

documentos como contrato de arrendamiento de vehículo, que de acuerdo con lo señalado por los demandantes se hizo con el fin de ser utilizado como medio de transporte de protección debido a las amenazas de que eran víctimas, lo cual resulta desvirtuado cuando se revisa que el vehículo no cumplía con las características de seguridad como ser blindado para proteger realmente a quienes se desplazaran en él, igualmente de acuerdo con el testimonio rendido por el suboficial quién fue la persona designada para acompañar al demandante, declaró que él realizaba sus desplazamientos en su propio vehículo, lo cual desvirtúa el argumento de que el carro alquilado era para su seguridad. De otro lado constan copias de contratos individuales de trabajo celebrados entre el demandante con personas que le servirían de escoltas privados, de los cuales no existe certeza de que fueron cancelados según correspondía, pues no se allegaron certificados de pago, o extractos bancarios o documento alguno que demostrara el pago de los mismos.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 09 de agosto de 2010. Doctor.

ENRIQUE GIL BOTERO

Consejero Ponente. Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) Ref.: Concepto 10 – 156. Acción de Reparación Directa. Expediente No. 25000232600020030132601 (38256).

Demandante: José Mario Guilombo Acosta y otros.

Demandado: Ministerio de Defensa NacionalArmada

Nacional. Honorable Señor Consejero. En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada procede a emitir concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección TerceraSubsección B, el 28 de octubre de 2009, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

LA DEMANDA.

El señor José Mario Guilombo Acosta, su esposa, su hija, su madre, y sus suegros, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa – prevista en el artículo 86 C.C.A. – solicitaron que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la NaciónMinisterio de DefensaArmada Nacional, por los perjuicios que se les causaron por las lesiones de que fue víctima la menor Lilian Julieth Guilombo Angarita, y por el desplazamiento de la familia Guilombo Angarita, por causa de la actividad profesional de contrainteligencia desempeñada por el señor José

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) Mario Guilombo Acosta en la Armada Nacional, hechos sucedidos el día 19 de julio del año 2001. En la demanda se dice que el señor Guilombo Acosta, prestaba sus servicios en la Armada Nacional desde el año 1982, ocupando diversos cargos hasta ser ascendido al cargo de de Suboficial Jefe siendo asignado

en el Cargo de Jefe Sección Seguridad de la Dirección de Contrainteligencia de la Armada Nacional, desde el día 10 de diciembre de 1998, cumpliendo funciones de agente de operaciones especiales de contra inteligencia, teniendo que realizar investigaciones en contra de personal militar de la Armada; situación esta que lo puso en la mira de personas inescrupulosas. Fl. 17. c. 1. Manifiestan los demandantes que a raíz de las diversas investigaciones que realizaba el Suboficial Guilombo Acosta, empezó a ser víctima de amenazas constantes contra su vida y la de sus seres queridos, situación que lo llevó en reiteradas ocasiones a manifestar su temor de que algo malo pudiera sucederle ante sus superiores, solicitándoles seguridad para él y su familia, sugiriendo pudiera ser enviado como agregado naval a otro país, aplazamiento de sus vacaciones, solicitudes todas que le fueron negadas, requiriéndole su jefe inmediato que lo mejor era que renunciara a su cargo y así se evitara las amenazas y probable concreción de las mismas. Fl. 18. c. 1. Así las cosas y ante la desprotección por parte de la Armada, y al quedar plenamente expuesto el suboficial Guilombo Acosta y su familia, fueron víctimas de un atentado en la Ciudad de Bogotá, donde resulto herida por arma de fuego en sus miembros inferiores la menor Lilian Julieth Guilombo Angarita hija del demandante. Posterior a este hecho, se realizaron llamadas de amenazas al criptógrafo de la Armada Nacional en las que manifestaron los delincuentes que “no había habido error en el atentado y que la próxima

vez no habría falla… que se retirara del servicio y quemara los archivos que le exigían.” Fl. 19. c. 1.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) Ante la situación de inseguridad y las reiteradas amenazas, el suboficial Guilombo Acosta decidió asumir su seguridad contratando un grupo de guardaespaldas y conductores que estuvieran las 24 horas al servicio de él y su familia. Debido a la desprotección y desatención por parte de la Armada Nacional, a las quejas presentadas por el demandante, él mismo presenta por sugerencia de su jefe inmediato la renuncia a su cargo, solicitando la baja de su cargo de suboficial de la Armada, siendo la misma aceptada por sus superiores el 26 de noviembre de 2001. Finalmente el demandante tramita ante diferentes Gobiernos, su solicitud de refugiado, siendo aceptado junto con su familia por el Gobierno Canadiense quién lo tomo en calidad de refugiado humanitario, teniendo que salir del país el 17 de diciembre de

2002. Fl. 23. c. 1.

CONTESTACION.

La Nación Ministerio de DefensaArmada Nacional, mediante apoderado judicial contesto la demanda argumentando que, las lesiones causadas a la menor Lilian Julieth y el posterior desplazamiento de la familia Guilombo Angarita no fueron consecuencia de una falla del servicio por parte de la Armada, esto por no encontrarse demostrado los hechos demandados lo cual para la demanda es requisito para poder acreditar una responsabilidad a cargo del Estado. Finalmente dice la defensa que las lesiones de la menor son atribuibles

exclusivamente a un tercero, pues el accionar de los delincuentes fue el que finalmente provocó el resultado final, sin que nada tuviera que ver la Armada Nacional, pues no puede pretenderse que por cada persona amenazada en el territorio nacional el Estado tenga la obligación de poner a su cargo personal de seguridad. Fls. 50 a 68. c. 1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) El Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección TerceraSubsección B, mediante sentencia de 28 de octubre de 20091, accedió a las pretensiones de la demanda, sosteniendo que: “De lo anterior, se concluye que se encuentra probada la omisión por parte de la Armada Nacional en la falta de seguridad prestada al señor José Mario Guilombo y el consecuente retiro del mismo de la institución, y la solicitud de refugio en Toronto, Canadá y de su grupo familiar, puesto que a pesar de que la Armada Nacional impartió una orden de operación, ésta fue insuficiente, pues en ningún momento se doto al personal con el material para lograr la protección efectiva del señor Guilombo, ni se aportaron las pruebas de los seguimientos realizados en cada una de las llamadas amenazantes, y de los testimonios rendidos por compañeros de trabajo afirmaron que el demandante en todo estuvo desprotegido y afirmaron al unísono que en efecto el demandante estaba siendo amenazado, e igualmente su hija menor sufrió un atentado con arma de fuego. Si bien es cierto mediante providencia de 21 de agosto de 2002, la Fiscalía ordenó la

suspensión de la investigación previa 575389 por no haberse identificado, ni individualizado a los presuntos responsables de la conducta punible denunciada por el demandante contra responsables en averiguación de la Armada Nacional; si se demostró la omisión en la que incurrió la entidad al no dar la protección necesaria y suficiente al señor José Mario Guilombo, lo cual condujo a la solicitud de protección a nivel internacional, y que para la fecha se encuentra en calidad de refugiados en la ciudad de TorontoCanadá.”

APELACIONES.

Los demandantes por intermedio de apoderado judicial, presentaron recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección TerceraSubsección B, por el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, argumentando el mismo de la siguiente manera: “ Demostrado que la señora Laura María Acosta es la madre legítima del señor José Mario Guilombo Acosta, y que la señora Maruja Buitrago Calderón es la madre legítima de la señora Liliana Angarita 1 Fls. 296 a 304 del cuaderno 1.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) Buitrago, la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa respecto de estas dos progenitoras demandantes, ha de ser revocada para en su lugar, reconocerles la calidad natural y jurídica de madres legítimas y en consecuencia, legitimadas para probar en la presente causa, siendo así beneficiarias de las pretensiones de la demanda. Fl.

319. c. ppal.

Ahora, fundados en estructuras lógicas racionales y en la experiencia, y estudiado el presente caso, no resulta creíble que previo al atentado no se hubiera informado las amenazas y solicitado protección por parte de José Mario Guilombo; conclusión obvia que resulta además demostrada probatoriamente con la abundante documentación de este hecho que obra en el proceso y evidencia a las claras esta realidad la cual resulta inobjetable y contundente. Fl. 322. c. ppal. Es contradictorio e incongruente –error del Tribunal de Instanciaque se declare responsable a la entidad demandada por omisión en la protección del Señor José Mario Guilombo Acosta y su familia, y no se le condene en consecuencia a pagar los perjuicios materiales demostrados y documentados en el proceso, con prueba legal y oportunamente arrimada al expediente, que no fue ni cuestionada ni tachada de falsa por la parte Demandada, pero que contrario a todo lógica y valoración probatoria jurídica, no resultó demostrativa para el Tribunal. Fl. 238. c. ppal. La demandada por intermedio de apoderado judicial, presento recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección TerceraSubsección B, por el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, argumentando lo siguiente: “(…) estas amenazas se quedaron de acuerdo a los registros solamente en amenazas de carácter telefónico, ya que no se logro determinar que personas eran las que estaban amenazando al Señor Guilombo y si estas amenazas correspondían a sus labore propias de

su actividad militar, o a asuntos personales de su grupo familiar, tan es así que mediante providencia del 21 de agosto de 2002 la Fiscalía ordeno suspensión (sic) la investigación previa N° 575389 por no haberse identificado, ni individualizado a los presuntos responsables de la conducta punible denunciada por le demandante contra responsables en averiguación de la Armada Nacional. Fl. 313. c. ppal.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) Es de anotar y aclarar que el señor Guilombo se retiro de la institución voluntariamente y que el hecho de que haya solicitado a través de la embajada de Canadá autorización para refugiarse en ese país no es un hecho que constituya una prueba de la omisión de la Armada Nacional, ya que este señor recibió el apoyo de la institución como así fue reconocido por el fallador de acuerdo al grado de seguridad que arrojo la valoración de las amenazas, las cuales en último no concluyeron en nada de acuerdo a la decisión que profirió la Fiscalía General de la Nación.” Fl. 314. c. ppal. CONCEPTO Esta Agencia del Ministerio Público con el objeto de rendir concepto dentro del presente proceso, abordará el examen de los fundamentos del régimen de imputación de falla del servicio, aplicable al presente caso en el que se produce un daño antijurídico por una omisión en la que incurrió la Armada Nacional con uno de sus integrantes. Previo a iniciar el estudio del caso en concreto, es importante hacer mención a los dos regímenes que el alto Tribunal Administrativo ha reiterado son

aplicables en los casos en los cuales se ven involucrados miembros de la Fuerza Pública. Así, se tiene que es aplicable la falla del servicio2 en los eventos en los que la administración de una u otra manera por su acción u omisión frente a sus agentes de seguridad, y contrariando sus obligaciones constitucionales y legales, produce un daño que el miembro de la fuerza no tiene porque soportar, aún cuando él asume ciertos riesgos y peligros al ingresar a formar parte de estos grupos de seguridad del Estado. Igualmente el máximo Tribunal ha manifestado que será aplicable riesgo excepcional3 en 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009. Expediente:

31842. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. “(…) Sin duda alguna, la vinculación profesional a un cuerpo de seguridad como la Policía Nacional, implica la existencia de unos riesgos que se deben asumir; este deber, sin embargo, deja de existir, cuando con una conducta negligente e indiferente de la institución, se pone a su personal en una situación de indefensión y por ende constitutiva de una falla del servicio que impone el deber patrimonial de responder en nombre del Estado colombiano, en los términos del artículo 90 constitucional.” 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, expediente:

15459. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. “(…) De allí que, cuando ese riesgo se concreta, al Estado no se le puede atribuir responsabilidad alguna, a menos que se demuestre que la lesión o muerte deviene de una falla del servicio o de un riesgo excepcional que indique el sometimiento del afectado a un riesgo mayor que el de sus

demás compañeros, con quienes desarrolló la misión encomendada. Así mismo, ha

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) casos donde la administración le impone a la fuerza pública cargas que se hacen imposibles de cumplir, es decir se les ha expuesto a un riesgo muy alto, excesivo, que se encuentra por encima de lo que usualmente asumen dichas personas frente a sus responsabilidades y especialidades; no es lo que normalmente deben hacer para cumplir sus obligaciones; razones que le impiden a la administración dejarlos a su suerte. Entonces, el régimen aplicable al presente caso sería el de responsabilidad por falla del servicio, pues como se dijo este título es procedente en aquellos eventos donde es posible determinar, que el daño causado a un miembro de las fuerzas militares resulta propio a una omisión por parte de las Fuerzas Armadas, representadas en este asunto por la Armada Nacional, ya que se trata de una situación que no se relaciona con las condiciones normales de la prestación del servicio, pues a pesar de que el demandante perteneciera al grupo de contrainteligencia que se encarga de investigar las actividades irregulares de los mismos miembros de la Armada, lo cual genera riesgos por la dimensión de las investigaciones, la misma situación, no es excusa para que se omita dar aplicación a las normas básicas de seguridad y de protección que en casos de amenazas deben seguirse para evitar desenlaces como el desplazamiento forzado o lesiones graves de los miembros de las Fuerzas Militares. Así que, para que el Estado pueda exonerarse de responsabilidad debe demostrar que el resultado se originó en

la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. Pues bien, en el sub lite se encuentra demostrado que el señor José Mario Guilombo Acosta se desempeñaba como Suboficial Jefe de Sección de Seguridad de la Dirección de Contrainteligencia de la Armada Nacional hasta el 26 de noviembre de 20014 cuando solicitó el retiro voluntario de la institución, a causa de las continuas amenazas de muerte de las que estaban siendo víctima él y su familia, mismas que a pesar de haber sido puestas en sostenido esta Sección del Consejo de Estado que en aquellos eventos donde no es posible determinar, con certeza, que el daño causado a un miembro de la Fuerzas Militares resulta inherente al riesgo asumido debido a su vinculación voluntaria a dichas instituciones, debe acudirse al régimen objetivo bajo el título jurídico de riesgo excepcional, como quiera que se trata de una situación que no corresponde a las condiciones normales de la prestación del servicio.” 4 Fl. 1 a 6 del cuaderno 5.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) conocimiento de los respectivos mandos de la Armada no fueron atendidas como se debía, pues no se le presto la seguridad respectiva, omisión que permitió que se concretara un atentado en el cual resultó gravemente herida su hija menor, siendo impactada por proyectiles que alcanzaron una de sus extremidades inferiores;5 situaciones estas que llevaron a que la familia se viera en la obligación de solicitar asilo internacional, el cual fue concedido por

Canadá por lo que el 17 de diciembre de 2002 el señor Guilombo Acosta junto con su familia salieron del país. Si frente a estos hechos partimos de la premisa de que los daños derivados del riesgo ordinario que conlleva la prestación del servicio no harían responsable a la Administración por los daños que sufran sus miembros durante el ejercicio de sus funciones, entonces se podría concluir que en el presente evento no habría responsabilidad alguna de la Armada Nacional pues las amenazas de que fuera objeto el demandante, se constituirían como propias del servicio por las funciones que él desempeñaba; argumento que no resulta ni aplicable ni viable para el estudio de la responsabilidad de la Entidad demandada, toda vez que aún cuando las investigaciones de contrainteligencia que llevaba a cabo el señor Guilombo Acosta eran funciones propias de su servicio, no implicaba ello en si mismo que tuviera que soportar amenazas y atentados, y mucho menos que dichas situaciones no fueran debidamente atendidas por el cuerpo de seguridad de la Armada Nacional, la cual al ver y constatar que uno de sus miembros corría grave peligro debía prestar la seguridad respectiva para así evitar o por lo menos mitigar el riesgo al que estaba siendo expuesto el demandante. Al interior del expediente consta el oficio N° 1227 del 23 de noviembre de 2001, en el cual se da respuesta al demandante sobre la evaluación de riesgos y grado de amenaza de la siguiente manera “b. con fecha 15 de agosto de 2001 se emitió Orden de Operaciones N° 108 DICOI/01, para adelantar las operaciones necesarias con el fin de determinar el origen de la amenaza. C. se realizó nombramiento de un Suboficial Jefe y un Sargento

Segundo de Infantería de Marina como seguridad personal para 5 Fl. 86 del cuaderno 3.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) acompañamiento permanente a su residencia y a los sitios a que tuviese que desplazarse. D. se autorizó consumo de combustible y el uso de vehículos para realizar sendas operaciones encaminadas a ubicar los teléfonos y direcciones de donde presuntamente se hacen las llamadas. F. ocurrido el lamentable hecho de los disparos contra la integridad de su hija, se realizó nombramiento del SJ Wilman Guerrero Simanca y el SS Iván Ramírez, como seguridad personal (…)”6; de lo anterior podría concluirse que la Armada Nacional llevó a cabo todas las acciones pertinentes y propias de seguridad e investigación, tendientes a que el señor Guilombo Acosta fuera protegido en su integridad así como su familia. A pesar de lo anterior, se encuentran los testimonios de integrantes de la Armada Nacional quienes fueran testigos directos en el caso del señor Guilombo Acosta, entre quienes se encuentra la señora Fabiola Millán Flechas quién para la época de los hechos se desempeñaba como jefe del departamento de derechos humanos del Comando de la Armada Nacional, y atestiguo que “se que uno de los compañeros del suboficial Guilombo el Suboficial William Guerrero fue asignado para que acompañara a Mario Guilombo sin embargo a ninguno de ellos se les suministro vehiculo ni medios de protección como chalecos antibalas o armamento adicionalmente no se si la institución poseyera estos elementos para la época de los hechos

y aunque no tengo la certeza pienso que si es probable que los tuvieran pero lo que si puedo asegurar es que las numerosas veces que el suboficial Guilombo acompañado del Suboficial Guerrero se presentaron en mi oficina pude observar la angustia que experimentaba el primero al sentirse perseguido y no contar con el apoyo de la armada”.7 Igualmente consta el testimonio del Suboficial Naval señor Wilman Rafael Guerrero, en el cual hace un relato por memorizado de los hechos sucedidos al señor Guilombo Acosta, comentando entre otras situaciones que: “cuando Mario laboraba con migo, era compañero de trabajo se presentaron una serie de llamadas y amenazas que eran recibidas vía 6 Fls. 75 a 78 del cuaderno 1. 7 Fls. 469 a 470 del cuaderno 2.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) telefónica y creo que algunas por mensaje de texto, eran repetitivas esas amenazas de pronto allá en la Dirección no las tomaron muy en serio hasta que a la hija de él, una vez que iba caminando por su casa por le mes de junio julio … le atentaron gravemente a la niña, la pudieron haber matado, … después de eso aun siguieron las amenazas Mario solicitó seguridad al jefe de nosotros… quién verbalmente me designo a mi para acompañarlo en las diligencias que el tenia en el hospital y otras cosas, no podríamos hablar propiamente de seguridad por que no me dieron armas, ni chaleco, ni vehículo, yo

lo acompañaba en mi propio carro … aunque también poco después hicieron una orden de operaciones en donde fui incluido yo y otro suboficial segundo … él nunca nos acompaño en el vehículo solo íbamos Mario y yo, en la orden de operaciones no se hablaba de arma solo se indicaba que debería averiguar quien era los responsables (sic) de las amenazas y acompañar a Mario cosa que no pude hacer bien por que no contaba con los medios, aparte de eso yo debía seguir desempeñando las funciones del cargo que tenia dentro de la dirección entonces no podía acompañar a Mario siempre, … Mario se puso en la posición a hacer solicitudes al director para que le brindaran seguridad y protección a su familia era muy reiterativo, y las respuestas que le daban no les satisfacía, el contrato vigilancia y les pagaba no se como pero les pagaba particularmente, cuando yo fui a su casa yo conocí varios escoltas, como se volvió canson con estas solicitudes tuvo ciertos enfrentamientos con el capitán Barrera y él le decía que pasara la baja…"8 Lo descrito por los nombrados testigos para esta Agencia del Ministerio Público, ofrece certeza respecto de las circunstancias que rodearon los hechos que causaron perjuicios al demandante por haber sido omitidos los deberes de protección que la Armada Nacional tenia sobre el señor José Mario Guilombo Acosta por ser víctima el mismo de constantes amenazas y no haber sido las mismas atendidas como se debía por el cuerpo de seguridad; pues no consta en el expediente que se hubieran realizado las labores de inteligencia por funcionarios de la Armada como se supone se había ordenado en el oficio N° DICOI/01, simplemente se le asignaron 2

personas para que le acompañaran pero nunca se les otorgaron los elementos de seguridad pertinentes, para evitar que las amenazas se concretaran y pudieran pasar a mayores problemas; tan fue así la desprotección y omisión de la Armada Nacional, que el demandante se vio en la obligación de solicitar refugio político en otro país como la única manera de proteger su vida y la de su familia. 8 Fls. 79 a 83 del cuaderno 1.

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IUS 2010-253806 Reparación Directa. 25000232600020030132601 (38256) Acerca del deber de protección que tienen las Fuerzas Armadas, frente a las personas que les han solicitado tal, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diversas sentencias como la de 06 de marzo de 2008, con radicado 15921 con ponencia del Magistrado Mauricio Fajardo Gómez en la que se dijo que: “si bien dicha institución prestó la vigilancia solicitada para proteger la vida del señor Víctor Hernández, esa labor de vigilancia y protección fue asumida con ligereza, pues la misma no revistió la diligencia y el rigor necesarios para prevenir de manera efectiva la ocurrencia de hechos como los perpetrados contra la vida del señor Hernández Grannobles. Se concluye que en el presente caso a la Policía Nacional sí le era exigible un especial deber de protección respecto de la vida del señor Hernández Grannobles, habida consideración de que las circunsta