PGN - OMISION LEGISLATIVA RELATIVA - Que la audiencia pública en el proceso laboral no pue

INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA-Se debe cumplir con los requisitos de ley Es menester advertir que toda demanda de inconstitucionalidad debe satisfacer unos requisitos previstos en la ley y decantados por la jurisprudencia de la Corte, para generar la posibilidad de que ésta se pronuncie sobre la exequibilidad de las normas demandadas. Entre otras, en la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte precisa que: se debe determinar el objeto de la demanda, valga decir, identificar de manera plena los preceptos demandados; y se debe presentar un concepto de violación de las normas superiores, valga decir, señalar las normas superiores vulneradas y exponer las razones con arreglo a las cuales se muestra y se demuestra que ocurre tal vulneración. El concepto de la violación implica que la demanda debe satisfacer una carga de argumentación mínima, denominada por la Corte: mínimos argumentativos, sin los cuales no es posible que ésta se pronuncie de fondo sobre la exequibilidad de la norma demandada. La demanda debe recaer sobre una proposición jurídica existente, lo que excluye de plano interpretaciones deducidas por el actor que carezcan de verificabilidad a partir de su propio texto; debe presentar argumentos que no sean vagos o indeterminados; debe suscitar un verdadero debate constitucional entre la norma legal y la norma superior, y no uno aparente o falaz; y debe exponer argumentos y elementos de convicción que susciten siquiera una mínima duda sobre la exequibilidad de las normas demandadas. Al revisar la demanda, el Ministerio Público constata que los requisitos en comento no fueron satisfechos PRUEBAS-Tratamiento en el procedimiento laboral

En el texto de la expresión demandada no se observa ninguna restricción al derecho del demandante a controvertir las pruebas al momento de practicarse en la audiencia pública, en la cual debe estar presente y cuenta con garantías adecuadas para participar. Si bien tanto en la demanda como en la contestación de la misma las partes, conforme a lo previsto en el artículo 26 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pueden incluir como anexo las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en su poder, de ello no se sigue que éstas se incorporen al proceso de manera automática, al margen de la audiencia pública y sin dar oportunidad a los interesados de controvertirlas. Por el contrario, de este tipo de pruebas se debe dar noticia en la audiencia a las partes, junto con la oportunidad de controvertirlas con arreglo a la ley procesal. El ejercicio probatorio no está confinado a lo que las partes soliciten en la demanda o en la contestación de la misma, existen varios eventos en los cuales es posible ampliarlo, como los previstos en el artículo 77 del Código en comento, en especial en su parágrafo 1°, que regula lo que debe hacerse en caso de no logarse un acuerdo conciliatorio. Este artículo prevé que el juez puede decretar las pruebas que considere conducentes y necesarias para establecer los hechos relevantes en el proceso, y fijar lo correspondiente para su práctica en audiencia pública, en la cual las partes pueden intervenir en ejercicio de sus derechos y en defensa de sus intereses. Si el interesado quiere controvertir las pruebas, el artículo 32 del mismo Código, prevé que éste debe presentar las pruebas necesarias para este propósito en el trámite de la audiencia pública.

Las pruebas se practican en audiencia pública con sujeción a los principios de publicidad y contradicción, conforme a los parámetros propios del derecho a un debido proceso. Si alguna de las partes no está conforme con lo que el juez decida en torno de las pruebas que solicita, esta decisión puede ser recurrida en apelación, conforme a lo previsto en el artículo 65.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Procurador General Concepto 5348 OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Que la audiencia pública en el proceso laboral no pueda suspenderse no la genera De la circunstancia de que la audiencia pública no puede suspenderse, como lo prevé la segunda expresión demandada, no se sigue que la ley incurra en una omisión legislativa relativa. Los dos eventos que plantea el actor: que el recurso se conceda en efecto suspensivo o que, concedido en efecto devolutivo, en todo caso incide en la sentencia, son insuficientes para alegar una omisión legislativa relativa de la expresión demandada. Y lo son, porque el efecto devolutivo, por su propia definición, no implica la suspensión del proceso y, en el caso sub examine, de la audiencia pública. En este punto, el cargo trata de desvirtuar el efecto devolutivo, para presentarlo como una especie de efecto suspensivo, lo que no es. En cuanto al efecto suspensivo, el actor pasa por alto lo previsto en el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el recurso de apelación se concederá en el efecto devolutivo, salvo que la providencia recurrida impida continuar con el proceso o implique su terminación, evento en el cual se concederá en el

efecto suspensivo. La norma en comento contiene dos previsiones diferentes: una, que la regla en materia del recurso de apelación, es la de que éste se concede en efecto devolutivo, valga decir, que no implica la suspensión del proceso; dos, que en caso de que la providencia impida continuar con el proceso o implique su terminación, el recurso de apelación contra la misma se concede en efecto suspensivo. Ambas previsiones tienen que ver con la suspensión del proceso y no con la suspensión de la audiencia pública. Las audiencias públicas hacen parte del proceso, pero no son el proceso en sí mismo. En esta medida, la no suspensión de las audiencias públicas, prevista en la expresión demandada, no implica la no suspensión del proceso, cuando se dan las condiciones previstas en la norma antedicha. De la circunstancia de que las audiencias públicas no se suspendan no se sigue, como parece inferirlo el actor, que las providencias proferidas en las mismas no puedan ser objeto del recurso de apelación. Los recursos interpuestos serán decididos en su oportunidad procesal, conforme corresponda. Bogotá D.C., abril 20 de 2012 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 3º y 5º de la Ley 1149 de

2007.

Actor: Rafael Bautista Barraza Rivera.

Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

Expediente D-8931. 2 Procurador General Concepto 5348 Concepto 5348 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2° y 278,

numeral 5°, de la Constitución, rindo concepto en relación con la demanda presentada por el ciudadano Rafael Bautista Barraza Rivera, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6°, y 242, numeral 1°, de la Constitución Política, quien solicita se declare la inexequibilidad de algunas expresiones de los artículos 3° y 5° de la Ley 1149 de 2007, cuyo texto, con lo demandado en negritas, se reproduce enseguida.

LEY 1149 DE 2007

(julio 13) Diario Oficial No. 46.688 de 13 de julio de 2007 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: (…) ARTÍCULO 3o. El artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 21 de la Ley 712 de 2001, quedará así: Artículo 42. Principios de oralidad y publicidad. Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo las que expresamente

señalen la ley, y los siguientes autos:

1. Los de sustanciación por fuera de audiencia.

2. Los interlocutorios no susceptibles de apelación.

3. Los interlocutorios que se dicten antes de la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones y fijación del litigio y con posterioridad a las sentencias de instancias.

PARÁGRAFO 1o. En los procesos ejecutivos sólo se aplicarán estos principios en la práctica de pruebas y en la decisión de excepciones. PARÁGRAFO 2o. El juez limitará la duración de las intervenciones de las partes y de sus apoderados, respetando el derecho a la defensa. (…) ARTÍCULO 5o. El artículo 45 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 22 de la Ley 712 de 2001, quedará así: Artículo 45. Señalamiento de audiencias. Antes de terminar la audiencia el juez señalará fecha y hora para efectuar la siguiente, esta deberá ser informada mediante aviso colocado en la cartelera del Juzgado en un lugar visible al día siguiente. Las audiencias no podrán suspenderse, se desarrollarán sin solución de continuidad dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite más tiempo. 3 Procurador General Concepto 5348 En ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias.

1. Planteamientos de la demanda.

En un proceder atípico, que denota un claro interés particular en el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, el actor solicita en su demanda a la Corte que seleccione para revisión el Expediente de tutela T3.302.687, por considerar que en este caso se incurre en los yerros de los que da cuenta en su demanda contra las expresiones contenidas en los artículos 3° y 5° de la Ley 1149 de 2007. El actor considera que la expresión demandada del artículo 3° de la Ley

1149 de 2007, que modifica el artículo 42 del Código Procesal del Trabajo, a su turno modificado por el artículo 21 de la Ley 712 de 2001, vulnera los artículos 4° y 29 Superiores. Aduce que esta expresión impide a la parte demandante en el proceso ejercer el derecho de defensa, en cuanto atañe a la contradicción de las pruebas que la parte demandada esgrime o presenta en la contestación de la demanda. Asume que dicha contradicción no se puede realizar ni antes ni durante la audiencia, so pena de nulidad, lo que va en contra del principio de supremacía de la Constitución y del derecho a un debido proceso. Respecto de la expresión demandada del artículo 5° de la ley en comento, solicita que ésta se declare exequible de manera condicionada, pues de no hacerse así se vulneraría lo previsto en los artículos 4°, 29 y 31 Superiores, pues impediría suspender las audiencias cuando se concede el recurso de apelación, que debe concederse en el efecto suspensivo, o cuando a pesar de concederse en el efecto devolutivo, la decisión del mismo puede incidir en la sentencias respectiva. Al no prever la expresión demandada estas dos hipótesis, el actor estima que se configura una omisión legislativa relativa que va en contra del principio de Supremacía 4 Procurador General Concepto 5348 de la Constitución, del derecho a un debido proceso y del derecho a una segunda instancia.

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si las expresiones demandadas, al regular la práctica de pruebas en el proceso laboral, que debe hacerse en audiencia pública, y al disponer que dichas audiencias no pueden suspenderse,

vulnera el principio de supremacía de la Constitución y los derechos a un debido proceso y a acceder a una segunda instancia.

3. Análisis jurídico.

Es menester advertir que toda demanda de inconstitucionalidad debe satisfacer unos requisitos previstos en la ley y decantados por la jurisprudencia de la Corte, para generar la posibilidad de que ésta se pronuncie sobre la exequibilidad de las normas demandadas. Entre otras, en la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte precisa que: se debe determinar el objeto de la demanda, valga decir, identificar de manera plena los preceptos demandados; y se debe presentar un concepto de violación de las normas superiores, valga decir, señalar las normas superiores vulneradas y exponer las razones con arreglo a las cuales se muestra y se demuestra que ocurre tal vulneración. El concepto de la violación implica que la demanda debe satisfacer una carga de argumentación mínima, denominada por la Corte: mínimos argumentativos, sin los cuales no es posible que ésta se pronuncie de fondo sobre la exequibilidad de la norma demandada. La demanda debe recaer sobre una proposición jurídica existente, lo que excluye de plano interpretaciones deducidas por el actor que carezcan de verificabilidad a partir de su propio texto; debe presentar argumentos que no sean vagos o indeterminados; debe suscitar un verdadero debate 5 Procurador General Concepto 5348 constitucional entre la norma legal y la norma superior, y no uno aparente o falaz; y debe exponer argumentos y elementos de convicción que susciten siquiera una mínima duda sobre la exequibilidad de las normas

demandadas. Al revisar la demanda, el Ministerio Público constata que los requisitos en comento no fueron satisfechos, conforme pasa a verse en detalle. De la circunstancia de que las pruebas en los procesos laborales se deben practicar en audiencias públicas, corolario del principio de oralidad, no se sigue, y menos de manera necesaria, como lo asume el actor, que no hay oportunidad para controvertir los medios de prueba relacionadas por el demandante al contestar la demanda. Y no puede seguirse, porque la actividad probatoria se desarrolla en la audiencia pública, ni antes ni después de ella. La audiencia es el momento procesal adecuado para la práctica de las pruebas y para que las partes ejerzan su derecho a controvertirlas. Al asumir que la expresión demandada contiene una proposición jurídica que no corresponde a la real, la demanda no es cierta, específica y pertinente. La supuesta imposibilidad del demandante de controvertir las pruebas que solicita el demandado, resulta de una inadecuada inteligencia de la norma demandada. En el texto de la expresión demandada no se observa ninguna restricción al derecho del demandante a controvertir las pruebas al momento de practicarse en la audiencia pública, en la cual debe estar presente y cuenta con garantías adecuadas para participar. Si bien tanto en la demanda como en la contestación de la misma las partes, conforme a lo previsto en el artículo 26 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pueden incluir como anexo las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en su poder, de ello no se sigue que éstas se incorporen al proceso de manera automática, al margen de la audiencia pública y sin dar oportunidad a los interesados de

6 Procurador General Concepto 5348 controvertirlas. Por el contrario, de este tipo de pruebas se debe dar noticia en la audiencia a las partes, junto con la oportunidad de controvertirlas con arreglo a la ley procesal. El ejercicio probatorio no está confinado a lo que las partes soliciten en la demanda o en la contestación de la misma, existen varios eventos en los cuales es posible ampliarlo, como los previstos en el artículo 77 del Código en comento, en especial en su parágrafo 1°, que regula lo que debe hacerse en caso de no logarse un acuerdo conciliatorio. Este artículo prevé que el juez puede decretar las pruebas que considere conducentes y necesarias para establecer los hechos relevantes en el proceso, y fijar lo correspondiente para su práctica en audiencia pública, en la cual las partes pueden intervenir en ejercicio de sus derechos y en defensa de sus intereses. Si el interesado quiere controvertir las pruebas, el artículo 32 del mismo Código, prevé que éste debe presentar las pruebas necesarias para este propósito en el trámite de la audiencia pública. Las pruebas se practican en audiencia pública con sujeción a los principios de publicidad y contradicción, conforme a los parámetros propios del derecho a un debido proceso. Si alguna de las partes no está conforme con lo que el juez decida en torno de las pruebas que solicita, esta decisión puede ser recurrida en apelación, conforme a lo previsto en el artículo 65.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. De la circunstancia de que la audiencia pública no puede suspenderse, como lo prevé la segunda expresión demandada, no se sigue que la ley

incurra en una omisión legislativa relativa. El efecto con el cual se concede el recurso de apelación no debe ser siempre suspensivo, como lo pretende el actor. Existen otros efectos, como el devolutivo, como lo reconoce el mismo actor, que no implican la suspensión del proceso y, en este caso, la suspensión de la audiencia pública. Corresponde al legislador, en ejercicio del principio de libre configuración de la ley, regular los efectos con los 7 Procurador General Concepto 5348 cuales se concede el recurso de apelación. Ni el juez ni las partes pueden regular dichos efectos, sino que deben estarse a lo regulado por la ley. Cuando se presenta un cargo de omisión legislativa relativa, además de los requisitos que debe cumplir cualquier demanda de inconstitucionalidad, a los cuales se alude atrás, es menester satisfacer otros requisitos especiales. De estos requisitos se ocupa la Corte, entre otras, en la Sentencia C-100 de 2011, cuando precisa: (…) dichos criterios son: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tendrían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los

que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. Además de los anteriores criterios, en las Sentencias C-371 de 2004 y C800 de 2005, la Corte precisó que es menester tener en cuenta: (i) si la supuesta omisión emerge a primera vista de la norma propuesta, o (ii) si se está más bien, ante normas completas, coherentes y suficientes, que regulan situaciones distintas. Los dos eventos que plantea el actor: que el recurso se conceda en efecto suspensivo o que, concedido en efecto devolutivo, en todo caso incide en la sentencia, son insuficientes para alegar una omisión legislativa relativa de la expresión demandada. Y lo son, porque el efecto devolutivo, por su propia definición, no implica la suspensión del proceso y, en el caso sub examine, de la audiencia pública. En este punto, el cargo trata de desvirtuar el efecto devolutivo, para presentarlo como una especie de efecto suspensivo, lo que no es. En cuanto al efecto suspensivo, el actor pasa por alto lo previsto en el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el recurso de apelación se concederá en el efecto devolutivo, salvo que la providencia recurrida impida continuar 8 Procurador General Concepto 5348 con el proceso o implique su terminación, evento en el cual se concederá en el efecto suspensivo. La norma en comento contiene dos previsiones diferentes: una, que la

regla en materia del recurso de apelación, es la de que éste se concede en efecto devolutivo, valga decir, que no implica la suspensión del proceso; dos, que en caso de que la providencia impida continuar con el proceso o implique su terminación, el recurso de apelación contra la misma se concede en efecto suspensivo. Ambas previsiones tienen que ver con la suspensión del proceso y no con la suspensión de la audiencia pública. Las audiencias públicas hacen parte del proceso, pero no son el proceso en sí mismo. En esta medida, la no suspensión de las audiencias públicas, prevista en la expresión demandada, no implica la no suspensión del proceso, cuando se dan las condiciones previstas en la norma antedicha. De la circunstancia de que las audiencias públicas no se suspendan no se sigue, como parece inferirlo el actor, que las providencias proferidas en las mismas no puedan ser objeto del recurso de apelación. Los recursos interpuestos serán decididos en su oportunidad procesal, conforme corresponda.

5. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que se INHIBA de pronunciarse sobre la exequibilidad de las expresiones demandadas de los artículos 3° y 5° de la Ley 1149 de 2007, por las cargos analizados. Señores Magistrados, 9 Procurador General Concepto 5348

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

LJMO/DFYM

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