PGN - OMISION - Se prueba esencialmente con la ausencia de actuaciones a que está legalmen

Dependencia: Primera Delegada para la Contratación Estatal Radicación: 071-15645-2004

Implicado: Juan Romero M. y Rubén Darío Ponce Cargo y entidad: Rector y Vicerrector Aditivo UNIATLANTICO Fecha Hechos: 4 de febrero de 2003

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C. 30 de abril de 2007 Procede la delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia del 31 de octubre de 2005, por medio de la cual la Procuraduría Regional del Atlántico sancionó a los señores JUAN BAUTISTA ROMERO MENDOZA y RUBEN DARIO PONCE ESMERAL, en sus condiciones de Rector y vicerrector administrativo de la Universidad del Atlántico, con SUSPENSIÓN DEL CARGO por el término de treinta (30) días. ANTECEDENTES PROCESALES 1.Se inició esta averiguación, tras la remisión del expediente de diligencias prejudiciales 1374 adelantadas por la procuraduría 14 judicial II ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, contentivas de los antecedentes de la fallida conciliación entre un apoderado del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y un representante de la Universidad del Atlántico, en lo pertinente al contrato de comodato, celebrado entre las mencionadas entidades, sobre el predio denominado Estación Cuaternaria del ICA, ubicado en el sector la Loma en la jurisdicción del municipio de Barranquilla (folios 1 a 22 del cuaderno No. 1).

2. Mediante auto del 18 de marzo de 2004, la Procuraduría Regional del Atlántico

decidió iniciar diligencias de indagación preliminar (folio 24 y 25 del cuaderno No.1)

3. Por decisión del 2 de noviembre de 2004, la Procuraduría Regional del Atlántico, decidió iniciar investigación disciplinaria contra JUAN BAUTISTA ROMERO MENDOZA, rector de la universidad del Atlántico, al considerar que podía estar incurso en falta disciplinaria, como responsable de la destrucción de unas instalaciones físicas dadas en comodato a esa alma mater por el ICA, decisión

debidamente notificada (folio 30 a 33 y 36 del cuaderno No.1).

4. Mediante auto del 20 de abril de 2005 se vinculó a la investigación al señor RUBEN DARIO PONCE ESMERAL, como vicerrector administrativo de la Universidad del Atlántico, al estimar que puede estar igualmente incurso en falta disciplinaria, por cuanto dentro de sus funciones, según el manual de funciones del centro educativo (artículo 32 literal f), está la de “Establecer los sistemas de control necesarios para garantizar el inventario, el adecuado uso y preservación del patrimonio institucional”, así como que, el rector de la institución mediante oficio del 3 de octubre de 2002 (folio 102), le remitió por competencia la comunicación recibida del ICA respecto del estado como se encontraba la estación Cuarentenaria que la

universidad había recibido en comodato (folio 136 y 137 del cuaderno No.1).

5. Por decisión del 24 de mayo de 2005 la Procuraduría Regional del Atlántico profirió pliego de cargos contra Juan Romero Mendoza y Rubén Darío Ponce, en sus Expediente 071-15645 1

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia condiciones de rector y vicerrector administrativo de la Universidad del Atlántico,

respectivamente así (folio 239 a 251 del cuaderno No. 1): “ Al Doctor JUAN BAUTISTA ROMERO MENDOZA, en su condición de rector de la Universidad del Atlántico se le imputa que a pesar que la Rectoría de la Universidad del Atlántico había suscrito un contrato de comodato con el Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, a través del cual recibió debidamente inventariado el día 11 de febrero de 1999, el predio denominado ESTACION CUARENTENARIA, ubicado en Barranquilla, sector la loma, con un área de 191.256.13 metros cuadrados por el término de cinco años, no tomó las medidas pertinentes destinadas a la conservación del inmueble adquirido en el referido comodato, y es así, como el día 16 de abril de 2003 el gerente general del ICA expidió la resolución No. 00929, mediante la cual declaró la terminación unilateral del referido contrato, por cuanto según lo determinó el Instituto comodante en acta de visita al predio practicada el día 4 de febrero de 2003, sus instalaciones se encontraban completamente destruidas. Lo anterior, trajo como consecuencia que el instituto Colombiano Agropecuario “ICA” instaurara demanda contra la Universidad del Atlántico para obtener la reparación de las instalaciones que se destruyeron en poder del alma mater, por falta de gestión para conservarlas. Con su conducta omisiva el Doctor JUAN ROMERO MENDOZA, en su condición anotada incumplió la cláusula tercera del contrato de comodato a que se hizo alusión

que dispone: “TERCERA. Obligaciones del COMODATARIO. EL COMODATARIO se obliga a) Cuidar y mantener el bien inmueble, sus construcciones e instalaciones dadas en comodato, respondiendo por todo daño grave o deterioro que sufran, salvo los que se deriven del uso natural aquí autorizado y responderán por todo daño que cause a terceros. b) Restituir el bien al término del comodato en el mismo estado en que lo recibió, salvo el deterioro causado por el uso legitimo y normal. d) Correr con todos los gastos de conservación, reparación, mantenimiento e igualmente pagar los servicios públicos de agua, luz, teléfono, celaduría, pago de impuesto predial, etc. Durante todo el tiempo del comodato”, motivo por el cual no cumplió la función asignada al rector del universidad del Atlántico por el estatuto General de la Universidad en el artículo 27 literal o), que dispone: “Proteger y administrar todos lo relacionado con la conservación del patrimonio y rentas de la Universidad” Se consideró que con su actuar pudo violar sus deberes, señalados en los numerales 1,2,10,18 y 24 del artículo 40 de la ley 200 de 1995, que a partir del 5 de mayo se tipificaron el al artículo 34 numerales 1,2, 10, 21 y 22 de la ley 734 de 2002. La falta fue estimada como grave en atención a los criterios señalados en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 27 de la ley 200 de 1995, concordante con los numerales 1,3 y 4 del artículo 43 de la 734/02, y cometida a título de culpa grave por

cuanto el disciplinado inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común habría tomado para darle protección a un bien inmueble y sus edificaciones y demás elementos, que tenían a su cargo en virtud de la obligación que asumió el rector de la Universidad al suscribir el contrato de comodato. “Al Doctor RUBEN DARIO PONCE ESMERAL, en su condición de Vicerrector Administrativo de la Universidad del Atlántico se le imputa que a pesar que el 2 de octubre de 2002, el rector de la Universidad del Atlántico, Dr. Juan romero Mendoza, le informó en su condición de Vicerrector Administrativo sobre el estado de deterioro, abandono y de perdida de elementos de la ESTACIÓN CUARENTENARIA, ubicada en el sector la Loma de esta ciudad, que esa alma mater había recibido del ICA en comodato, no tomó ninguna acción encaminada a salvaguardar el bien inmueble anotado, lo que llevó a que el Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” instaurara demanda millonaria contra la Universidad del Atlántico, encaminada a obtener la reparación de las instalaciones que se Expediente 071-15645 2

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia destruyeron en poder del centro de enseñanza superior, por falta de gestión para conservarlo.

Con la conducta omisiva descrita usted incumplió las funciones que como Vicerrector Administrativo de la Universidad del Atlántico se le asignan en el Estatuto General del alma mater artículo 32 literal f), que dispone “Establecer los sistemas de control necesarios para garantizar el inventario, el adecuado uso y preservación del patrimonio institucional”, lo que lo lleva a estar incurso en la

violación de los deberes tipificados en el artículo 34 numerales 1,2,10,21 y 22 de la ley 734 de 2002. La falta se consideró grave por cuanto en ella concurren los criterios de agravación establecidos en el artículo 43 numerales 1, 3 y 4, y a título de culpa grave por cuanto el disciplinado inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común habría tomado para darle protección a un bien inmueble y sus edificaciones y demás elementos, que tenía a su cargo en virtud de la obligación que adquirió al asumir el cargo de Vicerrector Administrativo de la Universidad.

6. Debidamente notificados, presentaron descargos en los siguientes términos

(Folios 262 a 265 y 270 a 274 del cuaderno No.1): 6.1. El señor Romero Mendoza, por intermedio de su apoderado, advierte que asumió el cargo de rector el día 4 de abril de 2001, sin recibir un inventario o información detallada de los bienes, valores, elementos diversos, situaciones y procesos administrativos, existentes en la Universidad del Atlántico, y vigentes para esa época. Que es un hecho cierto con trascendencia jurídica, la circunstancia de absoluta ignorancia respecto del contrato de comodato prementado, en que me encontraba desde el inicio de la gestión como rector de la universidad del Atlántico, hasta muchos meses después de ello, pues, al no recibir inventario ni acta de entrega cuando tomó posesión del cargo, constituía un imposible el conocer la existencia del contrato de comodato y la actividad que teóricamente habría que realizarse en ese

inmueble. Que la gran concentración de situaciones diversas, matizadas por la heterodoxia de conceptos y materias que constituyen el objeto y misión de la Universidad, como centro de estudios superiores, determina que exista una división del trabajo, en el cual todas las funciones administrativas y actividades de diversa índole, no se encuentren concentradas en la rectoría como órgano de dirección y representación de la Universidad, sino que, contrario a ello, exista una adscripción de funciones en las diversas dependencias, normadas por actos administrativos o acuerdos superiores, dictados por el Consejo Superior de la Universidad, que atribuyen la función a cada órgano o dependencia administrativa, con exclusividad y sin compartimiento con otros órganos o dependencias administrativas. Que, consecuentemente, la función de velar por el buen estado y protección de los bienes de la Universidad, está adscrita a la Vicerectoría Administrativa, a la cual compete adoptar las acciones correctivas y preventivas, relacionadas con esa finalidad, y no a la rectoría de la Universidad. Expediente 071-15645 3

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia Dice que el vicerrector, Ponce Esmeral, realizó las actuaciones posibles en el marco de sus competencias, para la preservación del bien objeto de investigación (Lote ICA) y demás bienes de la Universidad.

Que en los meses de enero y febrero de 2002, se presentó a la rectoría de la Universidad la minuta del contrato de prestación de servicios de vigilancia, a celebrarse con la Sociedad Alianza Ltda., cuyo objeto se refiere a la actividad de vigilancia en varias dependencias de la Universidad, entre ellas, el Lote ICA, y fue en

ese momento que se enteró de la existencia del contrato de comodato, sobre un bien que por su ubicación presentaba condiciones de altísima peligrosidad, por la descomposición socio-económica de un voluminoso número de personas que habitan su entorno, luego de lo cual se procedió a celebrar el contrato de vigilancia, entre otras dependencias, sobre el lote, objeto de comodato. Estima la defensa, que el ICA, es responsable directo por omisión, en actividades de control y vigilancia del contrato de comodato, por cuanto abandonó su condición de sujeto contratante, esto es, su obligación legal como interventora durante la ejecución del contrato de comodato, obligación que tenía tal como lo establece el artículo 4 de la ley 80 de 1993. Manifestó que, no existe certeza de la fecha o época en que ocurrieron los actos vandálicos que deterioran el inmueble objeto de comodato, no obstante que según la acción contractual iniciada por el ICA, se deja entrever que la fecha fue el mes de junio de 2001, lo que traduce que habían transcurrido máximo 2 meses, desde que se posesionó como rector. Lo anterior, aunado a la ausencia de inventario o de acta de entrega, hacían imposible conocer la situación del inmueble, y menos participar por acción u omisión en la causación del siniestro objeto de este proceso. Que sólo conoció de la existencia del contrato de comodato a comienzos del año 2002, cuando recibió escrito del Gerente general del ICA, en el que se refería al lote, señalando las irregularidades que generaron esta investigación, procediendo desde ese momento a actuar con prontitud y cuidado, al remitir al vicerrector administrativo,

dotado de funciones para la preservación de los bienes de la entidad, el oficio respectivo, para que actuara en lo de su competencia. 6.2. El señor PONCE ESMERAL, considera que si se le endilga responsabilidad por falta de gestión para conservar el inmueble dado en comodato, no se puede salvaguardar lo que no existe, por cuanto se posesionó el 18 de diciembre de 2000 y el abandono, saqueo y deterioro del bien, viene desde la celebración el contrato, como quiera que entre los años 1999 a 2001 no hubo mantenimiento, ni preventivo, ni correctivo de los bienes que se encontraban ubicados en el lote objeto del comodato, aunado a que no se realizó provisión presupuestal, así como que del 1 de enero al 15 de marzo de 2001 estuvieron sin vigilancia por no haberse podido celebrar el contrato con la empresa, por la aprobación oportuna del presupuesto. Que desde la suscripción del contrato de comodato, hasta su posesión, transcurrieron 23 meses, tiempo suficiente para que se configurara el lamentable estado de deterioro, abandono y desaparición de los elementos señalados por el ICA. Expediente 071-15645 4

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia Advierte, que ni él, ni el rector, podían asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes, sin quebrantar normas vigentes en materia presupuestal.

Que el Dr. Max Rodríguez Arenas, gerente de la compañía de vigilancia, a través del oficio VAL-01-5650/2002, señala que al recibir el puesto de vigilancia no se le hizo un

inventario de las instalaciones, y que el estado en que encontró los bienes muebles e inmuebles era el mismo descrito por el gerente del ICA mediante oficio No. 07795 de 2002. Que como lo dijo en su versión libre, en atención a su obligación señalada en el artículo 32 literal f, coordinó, oriento y diseñó el estudio denominado “Diagnóstico para el mejoramiento del proceso de compras, cuantificación y valoración de los bienes muebles de la Universidad del Atlántico”, proyecto que fue terminado en octubre de 2003, dada su complejidad y la carencia de antecedentes sobre el tema. Que al recibir el oficio RI-145-02, adjunto al cual se le hizo llegar el No. 07795 del gerente general del ICA, fue diligente en el actuar dentro de las limitaciones financieras y económicas de la Universidad, pues inmediatamente inició la reclamación formal ante la compañía de vigilancia Alianza Seguridad Ltda. y se le dio traslado a la oficina jurídica de la Universidad para que iniciara las acciones legales pertinentes y de la misma forma informó al rector mediante oficio del 31 de octubre de 2002 de las acciones realizadas. Dice que no está probado en la investigación, cuando se abandonaron, saquearon y deterioraron los bienes, y que no comparte que por ser funcionarios activos al momento de recibir el oficio del mes de octubre de 2002, deban responder. Que está claro que en la visita practicada el 4 de febrero de 2003 por funcionarios del ICA (sin presencia de ningún funcionario de la Universidad), no se estableció que el deterioro acaeciera ese día, sino de tiempo atrás, por no haberse tomado las previsiones de los años 1999 a 2001, que se equivoca la Procuraduría al tomar como

fecha del deterioro (ocurrencia de los hechos), ese día. Prueba, la visita del 4 de febrero de 2003, que no fue legalmente producida, ya que ha debido seguirse lo señalado en los artículos 128 y 130 de la ley 734 de 2002, conforme a las reglas del Código de Procedimiento penal, en cuanto sean compatibles. En ella, no se ejerció el derecho de contradicción, violando de esa forma el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución.

7. Mediante auto del 8 de julio de 2005, se decidió sobre las pruebas pedidas en el

escrito de descargos (folio 279 a 282 del cuaderno No.1).

8. Por auto del 19 de septiembre de 2005, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 92 numeral 8 d la ley 734 de 2002, se dio traslado para presentar alegatos de

conclusión (folio 96 del cuaderno No.2), del cual hicieron uso los disciplinados en los siguientes términos: 8.1. Además de reiterar lo expuesto en los descargos, el señor Romero Mendoza, advierte que ingresó laboralmente a la Universidad del Atlántico el 5 de abril de 2001 en forma ininterrumpida hasta el 20 de mayo de 2004, y que el contrato objeto de investigación se inició en 1999, y, en forma paralela el contrato de seguridad con la Expediente 071-15645 5

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia compañía Alianza, que se mantuvo en ejecución hasta diciembre de 2000. Reitera que los bienes no tuvieron vigilancia entre enero y marzo de 2002, por falta de

disponibilidad presupuestal, que además existió una parálisis absoluta en el funcionamiento de la universidad por un cese de actividades. Dice que no existe prueba sobre la fecha real de ocurrencia de los hechos, y en razón de ello, no se puede deducir responsabilidad. Manifiesta que el 27 de junio le dirigió oficio al Contralor Departamental, donde informa que no recibió inventario, ni acta de entrega al tomar posesión del cargo. Refuta lo dicho por el representante legal de la compañía de vigilancia, destacando que es abiertamente contradictoria. Que no puede perderse de vista que, habían transcurrido 15 meses de ejecución del contrato de comodato hasta cuando se posesionó y algunos meses sin vigilancia, los hechos vandálicos hubiesen ocurrido tiempo atrás o en el tiempo que no existió vigilancia. Que ante la inexistencia de una fecha cierta en que habrían ocurrido los hechos destructivos, implica que no estén configurados los elementos de antijuridicidad, culpabilidad y tipicidad. Concluye destacando que es beneficiario de la presunción de inocencia y que se debe aplicar el in dubio pro disciplinado. 8.2. El disciplinado Rubén Darío Ponce Esmeral, además de reiterar lo expuesto en las exculpaciones, analiza las pruebas practicadas, así: -Que según el oficio VAL-01-5650/2000 al momento de recibir el puesto nunca se entregó un inventario de esa instalación, esto es que 23 meses antes de su posesión como vicerrector administrativo, esto es que los vicerrectores anteriores omitieron hacer la entrega formal. - De la certificación expedida por el jefe de presupuesto de la Universidad, soportada

dentro del marco de la ley 550/99, no se encontró información ni documentos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes que se encontraban en el lote denominado Estación Cuarentenaria del ICA, lo que traduce que ante la demora del Consejo Superior de la Universidad, al aprobar el presupuesto para la vigencias fiscal del 2001, originó que la rectoría no pudiera celebrar contrato de vigilancia, entonces, no fue ausencia de su gestión la que generó la falta endilgada. Destaca que, no contaba la universidad con personal de planta idóneo para vigilancia, por cuanto no son reservistas, no están dotados de armas, además que no cuentan con las condiciones físicas mínimas requeridas para enfrentar tan alta responsabilidad, quienes solo en el año 2001, y por iniciativa del investigado, recibieron un curso de capacitación de vigilantes. Que no hay duda, y de haber existido bienes en el lote del ICA (lo que no les consta a los investigados), debieron ser saqueados en el lapso en que no existió vigilancia. -Respecto de la declaración de MAX ENRIQUE RODRIGUEZ, refuta el dicho de haberse prestado ininterrumpidamente el servicio de vigilancia, porque este no se presentó entre enero y marzo de 2001; que no existe prueba que respalde la supuesta orden de las directivas de la Universidad, respecto de la suspensión del Expediente 071-15645 6

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia servicio de vigilancia el 1º de enero de 2002; que no es cierto que entretanto se suscribía el contrato con la compañía de vigilancia, el inmueble dado en comodato

haya estado vigilado por personal propio contratado por la Universidad; que no existe prueba que respalde la expedición de paz y salvo (entrega de elementos) a la compañía de vigilancia a la finalización del contrato el 31 de diciembre de 2001; que tampoco existe documento que avale (memorando interno) en el cual al recibir las instalaciones la compañía de vigilancia, el 10 de enero de 2002 la estación Cuarentenaria había sido objeto de robo, y lo que si existe es memorando del 23 de octubre que contradice el dicho, esto es que tenía la compañía todos los elementos recibidos-folio 46 del cuaderno No.2-; que el representante de la compañía de vigilancia no aporta ninguna prueba documental que respalde su dicho y que a folio 47 obra una supuesta acta de levantamiento del puesto de vigilancia, pero no se especifica a cual puesto se refiere, teniendo en cuenta que el contrato comprendía varios puestos de vigilancia. -Concluye diciendo que los bienes estaban expuestos a la intemperie y a la salinidad por la cercanía al mar, que el en el 2000 sólo trabajó 5 días, y en el 2001 se paralizaron las actividades de la Universidad y sólo empezó a ejercer las funciones como vicerrector el día 1 de marzo de 2001, que por causas ajenas a su voluntad tanto el rector como él no tuvieron posibilidad jurídica y material de salvaguardar los bienes –en el evento de que hubiesen existido, lo que no está probado-, que los supuestos bienes nunca fueron puestos bajo su custodia, que la responsabilidad de la parte operativa de vigilancia atendiendo el manual de funciones es de la división

operativa y servicios generales y no del vicerrector, y que infortunadamente la Procuraduría desaprovecha la oportunidad de buscar la verdad real al establecer como fecha de los hechos el 4 de febrero de 2003 y no vinculando a esta investigación a sus antecesores.

9. Mediante providencia del 31 de octubre de 2005, la Procuraduría Regional del Atlántico sancionó disciplinariamente a los señores JUAN BAUTISTA ROMERO MEDOZA y RUBEN DARIO PONCE ESMERAL, en sus condiciones de Rector y Vicerrector administrativo de la Universidad del Atlántico, respectivamente, con SUSPENSIÓN DEL CARGO POR TREINTA (30) DÍAS (Folio 129 a 149 del cuaderno

No.2) El a-quo consideró que los hechos investigados consisten en una presunta omisión de parte del rector y Vicerrector Administrativo y de servicios de la Universidad del Atlántico en no haber tomado las medidas pertinentes destinadas a la conservación del inmueble adquirido por ese alma mater en comodato el 11 de febrero de 1999, predio denominado Estación Cuarentenaria del ICA, ubicada en el sector La Loma de Barranquilla. Consideró el a-quo que de las pruebas allegadas debidamente al proceso, el sitio donde se encuentra ubicado el lote en cuestión es de difícil acceso y además rodeado de peligros por ser una zona habitada por personas no recomendables, tan es así que en diversas oportunidades los celadores contratados de una empresa de vigilancia que portaban armamento fueron atracados, y que igualmente se encuentra probado que no siempre el lote en mención estuvo con celaduría, por la demora en

aprobar el presupuesto de la Universidad para las vigencias fiscales de 2001 y 2002. Expediente 071-15645 7

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia Que, también está demostrado que cuando los disciplinados se posesionaron como rector y vicerrector, respectivamente, no recibieron esos cargos con actas de inventario de los bienes, servicios, procesos y otras actuaciones pendientes, propias de los empleos que asumían, y que antes de que ellos asumieran estos cargos tampoco se había ordenado mantenimiento preventivo o correctivo al bien adquirido en comodato.

Que, igualmente, cuando la universidad le entregó a la compañía de vigilancia Alianza Ltda. el servicio de vigilancia de la estación Cuarentenaria del ICA, lo hizo sin inventariar los bienes y edificaciones existentes en el mencionado lote, y que, tampoco, cuando la empresa hizo dejación del servicio de vigilancia se recibió a satisfacción de parte de la Universidad, pero, como bien lo anotó la mentada compañía, en los documentos que el gerente allegó al proceso, fue por omisión de los funcionarios de la Universidad, por cuanto esta compañía, oportunamente informó al ente universitario que iba a levantar el servicio de vigilancia por falta de pago o por no haberse renovado el contrato que tenía firmado, y que si los funcionarios de la Universidad encargados de la preservación del patrimonio de la misma hubiesen gestionado u ordenado a algún otro servidor de la misma que acudiese a recibir el puesto de vigilancia, hubiesen tenido información oportuna sobre el estado del bien, pero al no hacerlo no se puede alegar que falta determinar la fecha de abandono,

saqueo o deterioro, en razón a que esto no se determinó por su propia torpeza o actitud omisiva. Destaca, el a-quo, que la obligación impuesta por el manual de funciones de la universidad del Atlántico a quienes desempeñaban los cargos de rector y vicerrector administrativo y de servicios, para ser atendida, requería de personal humano capacitado para ejercer la vigilancia del bien, ubicado en un sitio de por si peligroso y ante la ausencia de patrullaje por parte de la fuerza pública, obligó a los servidores responsables a contratar con una compañía de vigilancia especializada el servicio de vigilancia privada de las instalaciones, pero como este contrato era oneroso, estaba sujeto a la disponibilidad presupuestal, que por la situación económica de la universidad, conocida por ser un hecho público, traía dificultades para realizar la contratación (o bien por la no aprobación oportuna del presupuesto o por la falta de rubro), pero, en todo caso, no se gestionó la inclusión del rubro para contratar vigilancia o mantenimiento preventivo y/o correctivo a las instalaciones del predio llamado Estación Cuarentenaria del ICA, a pesar que desde diciembre de 2001 tuvieron conocimiento oficial de que ese bien estaba a cargo de la Universidad. Para la instancia no se probó que el disciplinado Rubén Darío Ponce Esmeral, como vicerrector administrativo y de servicios de la universidad del Atlántico, haya gestionado ante el rector de la misma institución, la inclusión en el presupuesto de apropiaciones presupuestales destinadas al mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles que se encontraban en la estación Cuarentenaria

del ICA que había ingresado al patrimonio de la universidad mediante un contrato de comodato suscrito con el ICA; tampoco que el señor rector (Juan Romero Mendoza), presentara al Consejo Superior una petición justificada de inclusión de apropiaciones presupuestales suficientes destinadas para tal fin. Refirió el a-quo que, es cierta la afirmación de los disciplinados en el sentido de que en este proceso no se encuentra establecida con precisión la fecha en la cual se produjo el abandono, saqueo y deterioro de la Estación Cuarentenaria del ICA, pero Expediente 071-15645 8

Decisión: Fallo de segunda instancia Proyectista: Leyla Lizarazu Valencia que ello no es causal de duda o de exclusión de responsabilidad disciplinaria, ya que la imputación concretada en el pliego de cargos se refiere es a la falta de gestión para preservar los bienes, sin que esa fecha fuera indispensable para configurar la responsabilidad disciplinaria de los disciplinados.

Consideró, que la obligación de los servidores públicos que constituyen la fuente de la infracción disciplinaria está conformada por mandato del artículo 6 de la Constitución Política no solo por infracción a la Constitución y la ley, sino por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, como en este caso, en donde la omisión del cuidado de los disciplinados se ve reflejada en el hecho de no gestionar inclusión de partidas suficientes para darle manejo preventivo y correctivo a la conservación de los bienes recibidos en comodato. Igualmente señaló, que el hecho de recibir un cargo público sin un acta de inventario, no excluye de responsabilidad al servidor, ya que su obligación, cuando entre sus

funciones está la de “proteger y administrar todo lo relacionado con la conservación del patrimonio y rentas de la Universidad”, para el caso del señor Romero Mendoza, como rector y, la de “establecer los sistemas de control necesarios para garantizar el inventario, el adecuado uso y preservación del patrimonio institucional”, para el caso de Rubén Darío Ponce Esmeral, como vicerrector administrativo y de servicios de la Universidad del Atlántico, es la de indagar hasta obtener la información necesaria sobre los bienes que constituyen el patrimonio que está bajo su cuidado desde el momento que toman posesión del empleo, a los posesionados no se les quita la responsabilidad de proteger los bienes que no reciban bajo inventario, porque la norma que les impone la obligación es general y no hace exclusiones. Consideró la instancia que, se está en presencia de una falta completa, es decir, típica por estar su descripción contenida en las normas citadas como vulneradas en el auto de cargos, la antijuridicidad o ilicitud sustancial en el daño que la infracción al deber de cuidado causó al patrimonio de la Universidad, a su credibilidad ante las restantes instituciones públicas por su incumplimiento del contrato de comodato, enfrentado a una demanda contenciosa en la que la universidad puede ser condenada a pagar una millonaria inde