PGN - OPERADOR JURIDICO - Elección mesa directiva

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad CONTRATO DE COMPRAVENTA-Gobernador suscribe y permite su ejecución con persona que estaba inhabilitada para contratar ORDEN DE COMPRAVENTA-Celebrada con persona inhabilitada para contratar con el Estado/CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS-Aparece anotada la inhabilidad para contratar con el estado …, … se ha demostrado que el Departamento celebró una orden de compraventa con una persona a la que se le había impuesto la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego (como pena principal se le impuso prisión por 24 meses) (), situación que la inhabilitaba para contratar con el Estado, de conformidad con el literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, según el cual son inhábiles para participar en licitaciones o concurso y para celebrar contratos con las entidades estatales: «Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución».

Tal situación se desprendía del certificado de antecedentes disciplinarios del señor disciplinado expedidos el 9 de noviembre de 2009, en el que aparecía anotada la inhabilidad para contratar con el Estado (), y el cual fue anexado a la oferta. EJERCICIO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA-Principios que la rigen/ACTIVIDAD CONTRACTUAL-Gestión llevada a cabo por diferentes dependencias de las entidades estatales/ACTIVIDAD CONTRACTUALResponsabilidad de la dirección y manejo/ENTIDADES PÚBLICAS-Jefes o representantes legales no pueden limitarse a confiar ciegamente en sus subalternos/RESPONSABILIDAD OBJETIVA-En materia contractual Este despacho en varias oportunidades ha señalado que ciertamente el ejercicio de la función administrativa en general se rige por los principios de la buena fe, confianza y división del trabajo, así como que la actividad contractual es una gestión que es llevada a cabo por diferentes dependencias de las entidades estatales, donde aquellos principios cobran relevancia. Sin embargo, también se ha indicado que el legislador ha querido concentrar en los jefes o representantes legales de las entidades públicas la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, con el fin de que la responsabilidad no se diluya en los servidores públicos que intervienen en dicha actividad contractual, tal como acontecía bajo la vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983. Es por ello que los jefes o representantes legales de las entidades públicas no pueden limitarse a confiar ciegamente en sus subalternos y suscribir cuanto documento le sea puesto a su consideración. No se trata de realizar nuevamente el trabajo de sus subalternos, pero sí de verificar el cumplimiento de los requisitos previos para la celebración del contrato, que por lo general finalmente suscribe el jefe de la entidad; precisamente la responsabilidad de dirigir la actividad contractual de la entidad es dar directrices, orientaciones, vigilar y controlar que dicha actividad se lleve a cabo dentro de la cauces legales. Radicado n.° 161 - 5647 Tampoco significa lo anterior que en materia contractual opere la responsabilidad

objetiva y que el jefe o representante legal deba responder por todas las irregularidades que se presenten en la actividad contractual, por lo que en cada caso debe examinarse su actuación. ORDEN DE COMPRAVENTA-Gobernador además de suscribirla participó en la etapa precontractual como Secretario de Gobierno y Administración En el presente caso, tenemos que el disciplinado, además de suscribir la orden de compraventa en su condición de gobernador encargado, participó previamente en la etapa precontractual como secretario de Gobierno y Administración. En efecto, el disciplinado suscribió los términos de la invitación pública, en los que se estableció como requisito habilitante de carácter jurídico el certificado de antecedentes disciplinarios (); y además fue miembro del Comité de Evaluación, en cuya acta de evaluación se indicó expresamente que se había verificado dicho certificado, habilitando la propuesta, es decir, que el certificado no presentaba ningún inconveniente, cuando se ha establecido todo lo contrario. COMITÉ DE EVALUADOR-El disciplinado no podía fungir como una figura decorativa Más alejado a la diligencia que se le exige a un servidor que pretender excusarse en el hecho de que se atuvo a la revisión que habían realizado los demás miembros. El disciplinado era el secretario de Gobierno y Administración y su actuación en dicho comité no podía limitarse a asistir y dar su visto bueno a todo lo que se le pusiera a su consideración o que hicieran los demás miembros; por el contrario, debía cerciorarse de que el documento que suscribía se ajustara a la verdad, pues, si ello no iba a ser así, no

ha debido hacer parte de ese comité de evaluación. En palabras más sencillas, el disciplinado no podía fungir en dicho comité como una figura decorativa y esperar a que los otros servidores le advirtieran la situación irregular, sino que debía revisar él mismo la documentación o exigirla si no se le ponía a su disposición para su revisión. CONTRATISTA-En el caso sub judice estaba inhabilitado para contratar con el Estado El disciplinado es Licenciado en Básica con énfasis en matemáticas e informática, sin embargo, para revisar una documentación no eran necesarios conocimientos especializados en al área jurídica, pues de la lectura del documento se advertía con claridad que el contratista que se estaba seleccionando estaba inhabilitado para contratar con el Estado. No es explicable que el disciplinado no indagara a quien se iba a seleccionar: si es una persona jurídica se examina el certificado de existencia y representación legal para establecer sus socios, cuál es su objeto, etc., y como se trataba de una persona natural, cómo no iba a examinar él mismo que se trataba de una persona que no tuviera antecedentes penales o disciplinarios, con quién había contratado antes, cuál era su experiencia, etc. ACTIVIDAD CONTRACTUAL-El disciplinado no se percató con qué persona estaba perfeccionando un acuerdo de voluntades 2 Radicado n.° 161 - 5647 Posteriormente, el secretario de Gobierno y Administración como gobernador encargado suscribió la orden de compraventa sin realizar ningún acto de verificación y ateniéndose al visto bueno del asesor profesional jurídico, conducta que no es la esperada de una persona a quien se le ha confiado la dirección administrativa del Departamento y

responsable en ese momento de la actividad contractual de la entidad territorial. Nuevamente, en esta situación el disciplinado no se interrogó con qué persona estaba perfeccionando un acuerdo de voluntades, habiéndole bastado examinar sus antecedentes disciplinarios para advertir que se trataba de una persona que había sido condenada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, a quien se le había impuesto la pena principal de prisión y la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y que por tanto, no podía contratar con el Estado, tal como lo decía el certificado de manera clara y sin lugar a una interpretación diferente. DISCIPLINADO-Está demostrado el descuido en el ejercicio de las funciones propias de su cargo No se le ha deducido al disciplinado una responsabilidad objetiva, por el contrario, está demostrado el descuido en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, pues, reiteramos, teniendo el deber y estando en condiciones de revisar los antecedentes disciplinarios del contratista, no lo hizo. PRINCIPIO DE CONFIANZA-No puede ser absoluto/PRINCIPIO DE CONFIANZA-Aplicabilidad según la jurisprudencia El principio de confianza no puede ser absoluto, por cuanto a los jefes o representantes legales de las entidades públicas se les exige una responsabilidad estricta en las competencias que le han sido conferidas en ejercicio de la actividad contractual. La jurisprudencia ha señalado la aplicabilidad del principio de confianza bajo el condicionamiento de que el superior cumpla a cabalidad sus deberes de vigilancia y control: ACTIVIDAD CONTRACTUAL-El disciplinado no fue diligente en el ejercicio de sus propios deberes como responsable de la dirección y manejo

En el presente caso, el disciplinado como gobernador encargado no fue diligente en el ejercicio de sus propios deberes como responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección de la actividad contractual (numeral 5, art. 26 Ley 80 de 1993), ni como secretario de Gobierno que intervino activamente en la etapa precontractual, tal como se ha explicado en precedencia, y por tanto, por ello no puede pretender ampararse en el principio de confianza en sus subalternos ni en el de buena fe. DUDA RAZONABLE-En el caso bajo estudio no existe Además, el Comité de Evaluación en acta del 10 de noviembre de 2009 señaló que la evaluación jurídica se efectuó con base en los documentos allegados con la propuesta, dentro de los cuales se dejó constancia que se revisó el certificado de antecedentes disciplinarios (): 3 Radicado n.° 161 - 5647 Por tanto, no existe una duda razonable como alega el disciplinado, sino que está plenamente demostrado que el contratista presentó el certificado de antecedentes disciplinarios en el que estaba anotada la inhabilidad para contratar con el Estado, pese a lo cual inexplicablemente no fue advertido por ninguno de los servidores que participaron en la actividad contractual. FALTA GRAVÍSIMA-Intervenir en la celebración o ejecución de contrato con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad El señor …, en su condición de gobernador encargado del Vichada, responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección (núm. 5 art. 26 Ley 80 de 1993), y secretario de Gobierno y Administración, al participar en la etapa

precontractual y suscribir la Orden de Compraventa n.° 417 del 17 de noviembre de 2009 con el señor …, estando este inhabilitado para contratar con el Estado por habérsele impuesto la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, desconoció el litera d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, según el cual son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: «Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución». La anterior conducta encuadra en la falta gravísima consagrada en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a saber,… RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-La Corte señala que se fundamenta en el incumplimiento de deberes funcionales ILICITUD SUSTANCIAL-El disciplinado con su conducta afectó los principios y fines del Estado En el presente caso, la ilicitud sustancial de la conducta del disciplinado deviene por el hecho de haber desconocido una norma de orden público que persigue garantizar la prevalencia del interés general y de los principios de moralidad, transparencia, imparcialidad e igualdad en el adelantamiento de la actividad contractual, prohibiendo que personas a quienes se les ha impuesto la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas contraten con el Estado. No se trata de un desconocimiento meramente formal de los deberes funcionales del disciplinado, sino que está demostrado que el disciplinado con su conducta afectó los

citados principios y fines del Estado, pues permitió que una persona que estaba inhabilitada tuviera acceso a entablar una relación con aquel, cuando le estaba prohibido en aras de mantener la moralidad en la Administración Pública. CULPA GRAVÍSIMA-El disciplinado desatendió sus deberes al no verificar los antecedentes de la persona que estaba recomendada La Sala encuentra que la calificación de culpa gravísima es apropiada y justificada, por cuanto ciertamente el disciplinado desatendió de manera elemental sus deberes al no verificar los antecedentes de la persona que estaba recomendado seleccionar y con la que posteriormente suscribió la orden de compraventa, estando en condiciones de hacerlo, pues ya se ha indicado que el mismo contratista aportó el certificado de antecedentes disciplinarios en el que aparecía registrada la inhabilidad, y por tanto, para 4 Radicado n.° 161 - 5647 advertir la situación y determinar que el contratista no era una persona habilitada para participar en un proceso de selección y menos para celebrar una orden de compraventa con la entidad territorial solo le bastaba revisar la documentación respectiva. Constituye una desatención elemental participar en un comité de evaluación y solamente suscribir el acta correspondiente sin revisar los documentos que acreditaban el cumplimiento de los requisitos exigidos en la invitación pública, como si se tratara de un asunto de poca relevancia, cuando, por el contrario, se estaba dando vía libre a la disposición de recursos públicos. También se indicaba que no tiene explicación que el disciplinado no hubiera indagado por sus propios medios sobre la persona que estaba seleccionando y con la que suscribió la orden: su experiencia, sus generales de ley, sus antecedentes disciplinarios

y su pasado judicial, etc., deber que tenía como miembro del Comité de Evaluador y posteriormente como gobernador encargado, calidad esta última que le exigía desplegar la mayor diligencia por las responsabilidades que se le estaban trasladando y asegurarse sobre la persona con la que iba a contratar. Por tanto, no se encuentran motivos para modificar la modalidad de culpa determinada por la primera instancia. FALTAS GRAVÍSIMAS-En la modalidad de culpa gravísima/GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN-Criterios a tener en cuenta Las faltas gravísimas en la modalidad de culpa gravísima, como la que se le atribuye al disciplinado, se sancionan con destitución e inhabilidad general, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, inhabilidad que será de diez (10) a veinte (20) años (art. 46 Ley 734 de 2002). Valorando los criterios para la graduación del término de la inhabilidad, consagrados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, tenemos, por un lado, como criterios agravantes: i) pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad: el disciplinado actuó como secretario de Gobierno y Administración y como gobernador encargado, condiciones ambas de un orden jerárquico superior en la entidad; ii) el disciplinado ha sido sancionado disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga, tal como se aprecia en el certificado de antecedentes disciplinarios que se adjuntó por esta instancia a la investigación, en el que consta que fue sancionado con suspensión por el término de un mes, mediante fallos de primera y

segunda instancia, este último del 14 de octubre de 2010 (); iii) se causó un grave daño social, por cuanto el principio de moralidad fue abiertamente desconocido, al permitirse que una persona que había sido condenada por fabricación, tráfico y porte de armas y a quien se le había impuesto una pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, accediera a contratar con el Estado, estando inhabilitado para ello. Por el otro lado, como criterios atenuantes, se tienen: i) el disciplinado no actuó con conocimiento de la ilicitud (la falta se le atribuyó en la modalidad de culpa gravísima); y ii) no se afectaron derechos fundamentales. Valorando unos y otros criterios, se encuentra que el término de once (11) años de inhabilidad general impuesto por la primera instancia se ajusta a dichos criterios. ORDEN DE COMPRAVENTA-El disciplinado no ha debido suscribir el acta de evaluación de ofertas y dar visto bueno sin examinar los documentos La Sala no puede aceptar las razones del disciplinado, por cuanto, así tuviera una gran cantidad de trabajo, no obedece a la diligencia debida de un servidor que como abogado y encargado de dirigir la Oficina Jurídica se hubiera limitado a suscribir el acta de 5 Radicado n.° 161 - 5647 evaluación de ofertas y a dar su visto bueno a la orden de compraventa sin haberse detenido a examinar los documentos respectivos, y atenerse a lo que una contratista revisara. El disciplinado no podía dejar todo en manos de la contratista, cuando, además, estaba dando un visto bueno para que el gobernador suscribiera el contrato; ni podía suscribir

documentos ciegamente porque no se trataba de un asunto de poca importancia, sino de la destinación de recursos públicos a través de la actividad contractual. El disciplinado, independientemente de la responsabilidad que podría caberle a la señora…, desconoció sus propios deberes, y faltó al cuidado necesario que le exigía su cargo. CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD-Fuerza mayor o caso fortuito El disciplinado alega como causal de exclusión de responsabilidad la consagrada en el numeral 1 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, a saber, «Por fuerza mayor o caso fortuito», con fundamento en que no podía descuidar las demás funciones que eran de estricto cumplimiento: contestación tutelas, presentación de informes a los entes de control, derecho de petición, etc. Tampoco puede acogerse la operancia de la fuerza mayor, como quiera que no nos encontramos frente a un hecho externo al disciplinado imprevisible ni irresistible que lleve a la inexistencia de conducta del disciplinado, sino frente a un típico caso de negligencia. INHABILIDAD-Para ejercer cargos públicos/INHABILIDAD-Para contratar El señor …, en su condición de profesional universitario de la Oficina Jurídica del Departamento del Vichada, al participar en la etapa precontractual y dar su visto bueno a la Orden de Compraventa n.° 417 del 17 de noviembre de 2009 con el señor…, estando este inhabilitado para contratar con el Estado por habérsele impuesto la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, desconoció el litera d)

del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, según el cual son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: «Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución». CULPA GRAVÍSIMA Y CULPA GRAVE-Definición/CULPA GRAVÍSIMADesatender de manera elemental sus deberes como encargado de dirigir o coordinar los asuntos jurídicos de la entidad El parágrafo del artículo 44 de la misma ley define la culpa gravísima y grave en los siguientes términos: «Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona de común imprime a sus actuaciones». La Sala encuentra también que este disciplinado incurrió en culpa gravísima, por cuanto desatendió de manera elemental sus deberes como encargado de dirigir o coordinar los asuntos jurídicos de la entidad, al no revisar la documentación que sustentaba la selección del contratista, dejando todo en manos de una contratista que colaboraba en esa dependencia, y estando en condiciones de hacerlo, pues solo le bastaba verificar la documentación adjunta a la oferta, que por sí misma daba cuenta de la inhabilidad. 6 Radicado n.° 161 - 5647 El disciplinado como miembro del Comité Evaluador y posteriormente al dar su visto bueno a la orden de compraventa no podía dar su consentimiento a un acto sin haberse

cerciorado con quién se iba a contratar; lo mínimo que debía hacer era darle una revisión a la documentación soporte de la oferta para así dar su visto bueno que también era soporte para la suscripción por parte del gobernador. 7 Radicado n.° 161 - 5647

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013) Aprobado en Acta de Sala n.°53

Radicación: 161-5647 (IUC-D-2010-652-296720)

Disciplinados: SENÉN ULPIANO MURILLO

HINOJOSA y FRANKLIN ROLAND FIQUITIVA SÁNCHEZ Entidad y Cargos: Gobernador encargado y secretario de Gobierno y Administración, y profesional universitario de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Departamento del Vichada Quejoso: BLAS ARÉVALO ORTIZ REBODELLO Fecha queja: 10 de agosto de 2010 Fecha de los 17 de noviembre de 2009 hechos: Asunto: Fallo de segunda instancia P.D. PONENTE: Dra. MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ En virtud del inciso segundo del numeral 1 del artículo 22 del Decreto-Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por los disciplinados SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA y FRANKLIN ROLAND FIQUITIVA SÁNCHEZ contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 31 de enero de 2013, por medio del cual se les declaró disciplinariamente

responsables en sus condiciones de gobernador encargado y secretario de Gobierno y Administración, y profesional universitario de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Departamento del Vichada, imponiéndoles la sanción de destitución e inhabilidad por el término de once (11) y diez (10) años, respectivamente.

I. ANTECEDENTES PROCESALES En virtud de la queja formulada por el señor Blas Arévalo Ortiz Rebodello el 10 de agosto de 2010 (fols. 1-8 cuad. 1), la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, el 21 de septiembre de 2012, abrió indagación preliminar, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 (fols. 71-72 cuad. 1).

El 24 de marzo de 2011, se abrió investigación disciplinaria a los señores SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA, gobernador encargado y secretario de Gobierno y Administración del departamento del Vichada, y FRANKLIN ROLAND FIQUITIVA SÁNCHEZ, profesional universitario de la Oficina Jurídica, por presuntas irregularidades en la celebración del Orden de Compraventa n.° 417 del 17 de noviembre de 2009 (fols. 79-81 cuad. 1). 8 Radicado n.° 161 - 5647 El 27 de abril de 2012, se cerró la etapa de investigación, de conformidad con el artículo 160 A de la Ley 734 de 2002, adicionado por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011 (fol. 172 cuad. 1). El 13 de agosto de 2012, se profirió auto de cargos a los mencionados señores

(fols. 177-184 cuad. 1). Al disciplinado FRANKLIN ROLAND FIQUITIVA SÁNCHEZ se le notificó personalmente el auto de cargos (fol. 188 cuad. 1); y al disciplinado SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA se le remitió comunicación para que se presentara a notificarse personalmente de la decisión (fol. 189 cuad. 1), y ante su no comparecencia, se le designó defensor de oficio, a quien se le notificó personalmente el auto de cargos (fols. 190-195 cuad. 1), presentando escrito de descargos (fols. 196-200 cuad. 1). El 5 de octubre de 2012, se dio traslado a los sujetos procesales para que presentaran los alegatos de conclusión (fols. 201-214 cuad. 1). El 31 de enero de 2013, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal profirió fallo de primera instancia, por medio del cual declaró disciplinariamente responsables a los señores SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA, gobernador encargado y secretario de Gobierno y Administración del Departamento del Vichada, y FRANKLIN ROLAND FIQUITIVA SÁNCHEZ, profesional universitario de la Oficina Jurídica del Departamento del Vichada, imponiéndoles la sanción de destitución e inhabilidad por el término de once (11) y diez (10) años, respectivamente (fols. 219-224 cuad. 1). A la defensora de oficio del disciplinado SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA

se le notificó personalmente el fallo el 12 de febrero de 2013 (fol. 229 cuad. 1), quien, el 14 de febrero de 2013, informó que no apelaría la decisión de primera instancia (fol. 230 cuad. 1). Al disciplinado FRANKLIN ROLAND FIQUITIVA SÁNCHEZ se le notificó personalmente el fallo de primera instancia el 14 de febrero de 2013 (fol. 234 cuad. 1), quien interpuso recurso de apelación el 19 de febrero de 2013 (fols. 236239 cuad. 1). El 26 de febrero de 2012, el disciplinado SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (fols. 240-242 cuad. 1). El 28 de febrero de 2013, la primera instancia concedió los recursos de apelación ante la Sala Disciplinaria (fol. 243 cuad. 1). El expediente se remitió a la Sala Disciplinaria el 13 de marzo de 2013 (fol. 245 cuad. 1).

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El fallo de primera instancia podemos resumirlo en los siguientes términos (fols.

219-224 cuad. 1): 9 Radicado n.° 161 - 5647 Examinadas las pruebas allegadas al proceso, se tiene que el señor SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA suscribió y permitió la ejecución de la Orden de Compraventa n.° 417 de 2009 con una persona que estaba incursa en una causal

de inhabilidad, consagrada en el literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, como se puede establecer en los antecedentes disciplinarios entregados en la propuesta por el oferente y en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal de Circuito de Villavicencio. «Así mismo, se pudo verificar que fue habilitado para contratar en la evaluación de las ofertas, existiendo la anotación de la inhabilidad en el certificado de antecedentes disciplinarios, presentado, y sin embargo, a pesar de que se analizaron los documentos del oferente, como se indica en el informe, y específicamente el certificado de antecedentes disciplinarios presentado con la anotación de la inhabilidad, se habilitó la propuesta». Además, de las pruebas también se pudo establecer que el señor SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA participó en toda la etapa previa a la suscripción de la orden, como fue en los estudios previos y en la evaluación de las propuestas, en su condición de secretario de Gobierno y Administración, y, posteriormente, suscribió la orden de compra como gobernador encargado. «De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que se aportaron DIRECTAMENTE por parte del contratista los respectivos certificados de antecedentes disciplinarios, en los cuales se verificaba la existencia de una INHABILIDAD para contratar con el Estado, y aun así le fue adjudicaba dicha orden de compraventa, se hace evidente que los funcionarios aquí investigados incurrieron en falta disciplinaria, […]». Véase que en la propuesta presentada por el señor Esterlin Claro se observa que el contratista manifestó que no se encontraba incurso en ninguna causal de

inhabilidad e incompatibilidad, sin embargo, a dicha propuesta adjuntó el certificado de antecedentes que tenía la anotación de una inhabilidad para contratar con el Estado, de conformidad con el literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la cual se extendía del 12 de mayo de 2009 al 11 de mayo de 2014. Obra en el proceso especialmente el informe de evaluación, en el cual además del señor FRANKLIN ROLANDO FIQUITIVA SÁNCHEZ también figura SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA, habilitando como válida la propuesta. «Entonces concluye el Despacho que tanto el señor FRANKLIN ROLAND FIQUITIVA SÁNCHEZ, Profesional Universitario de la Oficina Jurídica de la Gobernación – responsable de la valoración jurídica de la propuesta presentada por el proponente; así como el señor SENÉN ULPIANO MURILLO, Secretario de Despacho y Gobernador encargado para cuando se suscribió el citado contrato, de manera conjunta permitieron la irregularidad que hemos venido explicando». Las faltas se calificaron como gravísimas, en virtud del numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y se atribuyeron en la modalidad de culpa gravísima por desatención elemental. 10 Radicado n.° 161 - 5647

III. RECURSOS DE APELACIÓN Los recursos de apelación interpuestos por los disciplinados podemos resumirlos

en los siguientes términos:

1. Recurso de apelación del disciplinado SENÉN ULPIANO MURILLO HINOJOSA, gobernador encargado y secretario de Gobierno y Administración

(fols. 240-242 cuad. 1). El recurso tiene por objeto que se revoque la sanción impuesta, y por lo tanto, se deje sin efecto la inhabilidad general. Si bien es cierto que en el expediente aparece el certificado de antecedentes disciplinarios del contratista con anotación sobre la inhabilidad, también lo es que tal situación no fue advertida, habida consideración que Franklin Roland Fiquitiva Sánchez, asesor jurídico, y Norma Maldonado, abogada para los procesos que desarrollaba la Secretaría de Gobierno, quienes tenían a su cargo la función de revisar los documentos desde el punto de vista jurídico y el deber de actuar teniendo en cuenta la legalidad de aquellos, en ningún momento advirtieron o comunicaron la presunta inhabilidad. Así mismo, el jurídico era quien proyectaba los contratos, habida consideración que aquellos eran elaborados en la Oficina Jurídica y bajo la supervisión del jefe de dicha oficina, y solamente cuando ya se ha hecho la evaluación jurídica y proyectado el contrato, que son trámites para formalizarlo y suscribirlo, es que se procede a suscribir por parte del gobernador el acuerdo de voluntades y a ordenar su ejecución. «Se señala en la Providencia que yo intervine en mi condición de Secretario de Gobierno y de Gobernador Encargado, en el estudio de la propuesta, pero ocurre que esta intervención no puede conllevar a atribuir responsabilidad por presuntas omisiones o actuaciones en el aspecto jurídico por cuanto esto funcionalmente corresponde a las personas que cumplen las labores jurídicas dentro de la contratación y e (sic) lógico que siendo los funcionarios de dicha oficina quienes

realizar (sic) el estudio de legalidad, sin que a