PGN - OPOSICION A LA MEDIDA DE ADOPCION - Requisitos mínimos

Nota de Relatoria: Se suprimen los nombres de la menor y su familia con el fin de preservar el derecho a la intimidad.

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ADOPCIÓN-Homologación de la decisión administrativa en adopción Teniendo como punto de partida el texto de la norma, tenemos entonces que la homologación es una forma de control jurisdiccional a una decisión administrativa que opera únicamente ante la existencia jurídica de dicha decisión, es decir una vez proferida, y en firme, la resolución de adoptabilidad y sólo cuando se hubiera presentado oposición a esa medida de protección, ya sea dentro del término de traslado, posterior a la ejecutoria de la resolución, o durante el trámite administrativo en que aquella se decretó. Siguiendo entonces el razonamiento de la primera instancia, si cualquiera de los interesados presentaba oposición a la eventual medida de protección, consistente en adopción, durante el trámite previo a la emisión y ejecutoria de la medida misma, el proceso debía enviarse de manera inmediata al Juez de Familia, lo que desconoce que la decisión que se homologa es, justamente, la resolución de declaratoria de adoptabilidad y ello es así por disposición directa de la norma antes transcrita, dadas las trascendentales consecuencias que conlleva dicha medida. OPOSICIÓN A LA MEDIDA DE PROTECCIÓN-Presentada dentro de la ejecutoria debe remitirse al Juez de Familia Siguiendo entonces el razonamiento de la primera instancia, si cualquiera de los interesados presentaba oposición a la eventual medida de protección, consistente en adopción, durante el trámite previo a la emisión y ejecutoria de la medida misma, el proceso

debía enviarse de manera inmediata al Juez de Familia, lo que desconoce que la decisión que se homologa es, justamente, la resolución de declaratoria de adoptabilidad y ello es así por disposición directa de la norma antes transcrita, dadas las trascendentales consecuencias que conlleva dicha medida. HOMOLOGACIÓN DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA DE ADOPCIÓNSentencia de Tutela de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil/HOMOLOGACIÓN DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA DE ADOPCIÓNSentencia de la Corte Constitucional, en sentencia T079 de 1993 OPOSICIÓN A LA MEDIDA DE ADOPCIÓNRequisitos mínimos Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 1 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 3520066 ext. 10821 – 10826 Al respecto, esta Delegada no considera satisfactoria la argumentación presentada por la primera instancia, tendiente a demostrar que la pretendida oposición de la ciudadana ya citada era tan clara y expresa que, en la simple revisión del expediente, la disciplinada ha debido identificarla y darle el curso procesal señalado en la ley. De hecho, la propia reglamentación aplicada, esto es el Decreto 2737 de 1989, no especifica la forma o los requisitos mínimos que debe contener la oposición aunque, del texto de la norma se deriva que, presentada antes o después de la expedición de la resolución que defina la medida de protección, sí debe ofrecer «alegaciones y pruebas» que la sustenten. NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE ADOPCIÓN-Obligación de surtir la notificación

en forma personal. Ahora bien, el Código del Menor, normatividad vigente para la fecha, en su artículo 49 establecía la obligación de notificar personalmente la resolución que declarara la situación de abandono, a quienes hubieren comparecido al proceso y remitía al artículo 39 ibídem para fijar el trámite respectivo Finalmente, en el artículo 50 ibídem, se establecía que, en caso de no ser posible la notificación personal, esta se haría por medio de edicto. Ahora bien, bajo qué criterios se daba por fallida la notificación personal o a cargo de qué funcionario se encontraba esa labor no eran puntos que se desarrollaran en la normatividad citada; no obstante lo anterior, lo que si queda claro es que las normas no incluían comunicaciones por vía telefónica o por correo electrónico y que la determinación de las funciones a cargo de cada servidor, en el CURN, estaba reglamentada. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Es elemento de exclusión el principio de confianza Siguiendo este razonamiento, la defensa argumentó el principio de confianza como un elemento que excluiría la responsabilidad disciplinaria de la doctora FLÓREZ FORERO en lo que al trámite de la notificación personal de la resolución de declaratoria de abandono se refiere. Así las cosas, es claro que el cumplimiento de las funciones del personal de secretaría no es ajeno al titular de un despacho, aunque sus propias funciones misionales sean diversas, ello es así porque, como superior, tiene una obligación de vigilancia, control y evaluación de la actuación de los demás servidores de su dependencia. Con todo, ese deber de control y vigilancia no podría suponer, en la práctica, una reiteración de actividades que, en realidad, no implican una diligencia especial en el

ejercicio del cargo sino que terminan convirtiéndose en factores de ineficiencia y lentitud de la gestión pública. CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS Y JURÍDICAS DE LA CONDUCTAProporcionalidad de las exigencias Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 2 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 Pareciera ser que el a – quo supone que, al momento de asumir los procesos que se adelantaban en el CURN, la disciplinada no sólo debía verificar su estado y el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes sino, prácticamente, rehacer las actuaciones de su predecesora y de sus subalternos, exigencia que se antoja desproporcionada a las circunstancias fácticas y jurídicas de la situación. Así las cosas, siguiendo el mismo razonamiento que se siguió en cuanto a la responsabilidad de la primera disciplinada, aunado al hecho de que, a la llegada de la doctora LOZANO LEAL, la Resolución 009 de 2007 ya había sido notificada por edicto, esta oficina revocará la sanción en su contra para, en su lugar, absolverla de la imputación que se le formulara en el cargo segundo. ADOPCIÓN-La ruptura del lazo requiere pruebas idóneas y eficaces que demuestren la situación fáctica La mera apreciación que, de la situación y sus protagonistas, puedan tener las servidoras sujetas a esta investigación, con independencia de lo razonable o natural que resulte, no basta para soportar una medida tan rigurosa como la ruptura del lazo familiar a efecto de

proceder a la adopción de la niña afectada. Ese juicio inicial debe probarse ajustado a la realidad a través de la actividad probatoria y no con la práctica de cualquier tipo de prueba sino de aquellas que se muestren idóneas y eficaces para dar cuenta de la situación fáctica que se pretende demostrar, lo que no ocurrió en este caso, por lo que la sanción derivada de los cargos imputados INCONGRUENCIA Entre el cargo y la conducta Ahora bien, sobre este aspecto del cargo segundo, es necesario reiterar lo dicho en precedencia sobre la incongruencia evidenciada entre la imputación fáctica y la subjetiva en la medida en que la conducta descrita en el pliego, por su misma naturaleza implica conocimiento, conciencia e intención, no obstante la falta fue imputada a título culposo sin que la primera instancia cumpla con su carga argumentativa al explicitar cómo, por negligencia o descuido, la doctora XXXXXXX se desplazó hasta la clínica de La Paz, expuso a la sicóloga tratante los hechos del proceso administrativo de XXXXXXXXX y expuso las bondades de conceptuar a favor de su adopción. . Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: IUS No. 2008-46690 / IUC No. 142-169952-08

Implicado: FLOR ÁNGELA FLÓREZ FORERO, MARÍA INÉS LOZANO LEAL,

RUTH MARINA BELTRÁN ORTIZ y ANA MARÍA BAQUERO

RONCANCIO.

Cargo y Entidad: Defensora de Familia – ICBF, Defensora de Familia – ICBF,

Trabajadora Social – Secretaría Distrital de Integración Social, Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 3 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 Psicóloga – Secretaría Distrital de Integración Social.

Quejoso: De Oficio Fecha de Queja: 2008-02-15

Fecha Hechos: 2007-04-24

Asunto: Fallo de Segunda Instancia.

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2010. ANTECEDENTES Una vez surtido el trámite procesal correspondiente, la Procuraduría Primera Distrital, en auto del 26 de febrero de 2010, emitió fallo de primera instancia, dentro de este proceso, sancionando a las disciplinadas así (Ver fls. 387 ss. C.O.2): a) FLOR ÁNGELA FLÓREZ FORERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.792.322, en calidad de Defensora de Familia del ICBF asignada al Centro Único de Recepción de Niños de la Secretaría Distrital de Integración Social: SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES. b) MARÍA INÉS LOZANO LEAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.893.086, en calidad de Defensora de Familia del ICBF asignada al Centro Único de Recepción de Niños de la Secretaría Distrital de

Integración Social: SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE TRES (03)

MESES. c) RUTH MARINA BELTRÁN ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.391.741, en calidad de trabajadora social de la Secretaría Distrital de Integración Social, equipo técnico de la Defensoría de Familia del ICBF asignada al Centro Único de Recepción de Niños: SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE TRES (03) MESES. d) ANA MARÍA BAQUERO RONCANCIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.651.531, en calidad de psicóloga de la Secretaría Distrital de Integración Social, equipo técnico de la Defensoría de Familia del ICBF asignada al Centro Único de Recepción de Niños:

SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE TRES (03) MESES.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 4 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 Inconforme con la decisión, el defensor de las disciplinadas señoras FLÓREZ FORERO, BELTRÁN ORTIZ y BAQUERO RONCANCIO, doctor WALTER NÉSTOR CORREDOR DELGADILLO, interpuso y sustentó recurso de apelación, mediante escritos radicados ante la Procuraduría Primera Distrital y recibidos el 11 de marzo de 2010 (Ver fls. 468 ss., 497 ss. y 513 ss. C.O.2); por su parte, la doctora MARÍA INÉS LOZANO LEAL, de manera directa, interpuso

también recurso el 10 de marzo de 2010 (Ver fls. 483 ss. C.O.2). Con auto del 15 de marzo de 2010 la Procuraduría 1ª Distrital concedió el recurso interpuesto a nombre de la doctora BAQUERO RONCANCIO y remitió el proceso al reparto de las Delegadas para la Vigilancia Administrativa (Ver fls. 523 y 524 C.O.2) sin pronunciarse sobre las otras apelantes por lo que, en decisión del 27 de mayo de 2010 (Ver fls. 530 ss. C.O.2), esta oficina se abstuvo de dar trámite al recurso y devolvió el expediente al a –quo, a efecto de que decidiera lo que correspondía frente a las demás disciplinadas. Finalmente, con auto del 3 de junio de 2010, la Procuraduría Primera Distrital concedió los recursos interpuestos por todas las sancionadas y, en consecuencia, la precitada dependencia procedió a la remisión del expediente a este despacho para lo de su cargo (Ver fls. 535 y 536 C.O.2). Con posterioridad, la doctora MARÍA INÉS LOZANO LEAL ha allegado a esta Delegada memoriales referidos a los asuntos materia de esta investigación (Ver fls. 538 ss. C.O.2) que por la extemporaneidad de su presentación no serán materia de análisis particular. DE LOS CARGOS La Procuraduría Distrital elevó pliego de cargos contra las servidoras FLOR ÁNGELA FLÓREZ FORERO, MARÍA INÉS LOZANO LEAL, RUTH MARINA BELTRÁN ORTIZ y ANA MARÍA BAQUERO RONCANCIO en auto del 20 de

mayo de 2010 (Ver fls. 180 ss. C.O.1). A las disciplinadas se les endilgaron los siguientes cargos: “(…) V. I. - Con relación a la Señora FLOR ANGELA FLOREZ, (…) al parecer incumplió sus deberes e incurrió en prohibiciones legales, así: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 5 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 CARGO 1.- Al parecer no fue diligente ni eficiente, toda vez que dentro del proceso de restablecimiento de derechos de la menor XXXXXXXXX, no verificó la realización de notificación personal de la medida de abandono proferida mediante Resolución 009 de marzo 26/07 a la Señora XXXXXXXXX, teniendo en cuenta que solamente se libró una comunicación a la interesada el 28 de marzo/07, y se rindió un informe el 10 de abril/07 según el cual la dirección no se encontró, procediéndose en consecuencia a notificar la decisión mediante edicto del 11 de abril/07, por lo cual fue cercenado el derecho a la Señora XXXXXXXXX , de conocer e impugnar la medida, contrariando las formalidades del debido proceso consagrado por el Código del Menor, Decreto 2737/89 artículos 49 y 51. (…) Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 2º del artículo 34 de la ley 734 del 2002, que impone el cumplimiento de deberes como servidora pública. CARGO 2.- Omitir el despacho de los asuntos a su cargo, toda vez que

en el trámite del proceso de restablecimiento de derechos ya mencionado y durante los meses de enero a marzo de 2007, al parecer no adelantó ninguna actuación ni dispuso que se hiciera por parte tanto de la trabajadora social, y la psicóloga adscritas a su despacho como equipo técnico, tendiente a verificar o desvirtuar la información suministrada por la Señora XXXXXXXXX quien afirmó estar trabajando, indicaba una dirección residencial, numero de teléfono y encontrarse en condiciones de sostener a su hija, para lo cual aportó el respectivo registro civil, diligencias contempladas en el Decreto 2737/89 artículos 37 y 41. (…) Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 35 de la ley 734 del 2002, como una prohibición para todo servidor público. CARGO 3.- Omitir el despacho de los asuntos a su cargo, por cuanto habiéndose presentado de manera expresa oposición durante el trámite del proceso que dispuso la medida de abandono, por parte de la progenitora de la menor XXXXXXXXX , no la tuvo en cuenta al momento de decidir la medida de restablecimiento de derechos mediante Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 6 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 Resolución 009 del 28 de marzo/07, debiendo en consecuencia haber remitido las diligencias al Juzgado de familia correspondiente, para efectos de la homologación, como lo dispone el artículo 61 del Código del menor, negando así a la menor el derecho a crecer junto a su madre y no

ser separada de su familia de origen. (…) Este comportamiento, está contemplado en el numeral 7º del artículo 35 de la ley 734 del 2002, como una prohibición para todo servidor público.

V. II. - Respecto a la doctora MARIA INES LOZANO, (…) al parecer incumplió sus deberes legales, así: CARGO 1.- Al parecer no cumplió con diligencia y eficiencia el servicio encomendado como servidora pública, por cuanto sin revisar las diligencias contenidas en el expediente de restablecimiento de derechos, no advirtió que dentro de las mismas se había presentado de manera expresa oposición durante el tramite administrativo que impuso la medida de abandono, por parte de la progenitora de la menor XXXXXXXXX , debiendo en consecuencia haber remitido las diligencias al Juzgado de familia correspondiente, para efectos de la homologación, como lo dispone el artículo 61 del Código del menor y por lo contrario remite el expediente al Comité de adopciones para los tramites respectivos de asignación de familia, mediante oficio del 12 de junio/07, negando así a la menor el derecho a crecer junto a su madre y no ser separada de su familia de origen. (…) Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 2º del artículo 34 de la ley 734 del 2002, que impone el cumplimiento de deberes como servidora pública.

CARGO 2.- De igual manera pudo haber incumplido sus deberes, por cuanto al parecer no fue diligente ni eficiente, toda vez que no verificó la realización de la notificación personal de la medida de abandono a la Señora XXXXXXXXX , teniendo en cuenta que solamente se libró una

comunicación a la interesada el 28 de marzo/07, y se rindió un informe el Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 7 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 10 de abril/07, según el cual la dirección no se encontró, procediéndose en consecuencia a notificar la decisión mediante edicto de abril 11/07, con lo cual avaló la violación del derecho de la Señora XXXXXXXXX , para conocer e impugnar la medida, contrariando las formalidades del debido proceso consagrado por el Código del menor, Decreto 2737/89 en sus artículos 49 y 51. (…) Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 2º del artículo 34 de la ley 734 del 2002, que impone el cumplimiento de deberes como servidora pública.

V. III. – Con relación a la Señora RUTH MARINA BELTRAN (…): CARGO 1.- Al parecer no cumplió con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio encomendado, toda vez que antes de proferirse la medida de abandono por parte de la defensora de familia, no adelantó ninguna actuación tendiente a establecer el entorno familiar, familia extensa y demás estudios de la situación, a pesar de la información suministrada para ello por parte de la Señora XXXXXXXXX , a través de derecho de petición del 12 de enero/07 y declaración rendida el 13 de febrero/07, limitándose a responder el escrito el día 19 de enero/07, afirmando que no era pertinente entregar a la niña a través de un derecho

de petición, hasta tanto no se evacuaran todas las pruebas y diligencias, lo cual no ocurrió así, negando en consecuencia a la menor el derecho a crecer junto a su madre y no ser separada de su familia de origen. (…) Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 2º del artículo 34 de la ley 734 del 2002, que impone el cumplimiento de deberes como servidora pública. CARGO 2.- Al parecer extralimitó sus funciones, por cuanto en varias ocasiones, además de negarse a atender a la Señora XXXXXXXXX , le habría manifestado en las instalaciones de la defensoría de familia, para el mes de diciembre de 2006 y enero a marzo del 2007, que la niña no se Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 8 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 acordaba de su madre y que se iba en adopción, creando en la progenitora angustia e incertidumbre acerca del futuro con su hija. (…) Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 35, numeral 1º de la ley 734 del 2002, que establece la incursión en prohibiciones para los servidores públicos.

V. IV. - Por su parte la Señora ANA MARIA BAQUERO (…): CARGO 1.- Al parecer no cumplió con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio encomendado, toda vez que no adelantó ninguna actuación tendiente a establecer el entorno familiar, familia extensa y demás estudios de la situación, a pesar de la información suministrada

para ello por parte de la Señora XXXXXXXXX , a través de derecho de petición del 12 de enero/07 y declaración rendida el 13 de febrero/07, limitándose a responder el escrito el día 19 de enero/07, afirmando que no era pertinente entregar a la niña a través de un derecho de petición, hasta tanto no se evacuaran todas las pruebas y diligencias, lo cual no ocurrió así, negando en consecuencia a la menor el derecho a crecer junto a su madre y no ser separada de su familia de origen. (…) Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 2º del artículo 34 de la ley 734 del 2002, que impone el cumplimiento de deberes como servidora pública. CARGO 2. Al parecer extralimitó sus funciones, por cuanto en varias ocasiones, además de negarse a atender a la Señora XXXXXXXXX , habría manifestado en las instalaciones de la defensoría de familia, para el mes de diciembre de 2006 y enero a marzo del 2007, que la niña quería una familia compuesta por un padre, una madre y lo mejor es que se fuera en adopción, creando en la progenitora angustia e incertidumbre acerca del futuro con su hija, conducta asumida aún con posterioridad al inicio del nuevo proceso de restablecimiento de derechos de la menor, por cuanto al parecer se presentó en dos ocasiones en el consultorio particular de la Psicóloga ADRIANA BUITRAGO hacia el mes de octubre de 2007, para Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 9 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896

manifestarle que lo mejor era que la niña se fuera en adopción con una familia de Italia, negando en consecuencia a la menor el derecho a crecer junto a su madre y no ser separada de su familia de origen. (…) Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 35, numeral 1º de la ley 734 del 2002, que establece la incursión en prohibiciones para los servidores públicos”. (Ver fls. 193 a 199 C.O.1). Los referentes normativos de la imputación fueron la Resolución No. 1695 de 2005, Manual de Funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el Decreto No. 2737 de 1989, Código del Menor vigente para la época de los hechos, en sus artículos 6, 37, 41, 49, 51, 61; la Resolución No. 001 de 2007, Manual de Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, artículo III.3; y la Ley 734 de 2002, artículos 34.2 y 35, numerales 1 y 7. Finalmente, con base en un análisis global de las conductas de cada una de las profesionales vinculadas al proceso, las faltas endilgadas a las disciplinadas fueron calificadas como graves a título de culpa; no obstante lo anterior, la culpa fue graduada de manera distinta para las implicadas así: como culpa grave para las doctoras FLÓREZ FORERO, BELTRÁN ORTIZ y BAQUERO RONCANCIO mientras que para la doctora LOZANO LEAL la culpa fue calificada como leve. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA A fin de motivar su decisión sancionatoria el a quo, luego de hacer una relación

de las pruebas aportadas al proceso y de los argumentos expuestos por los sujetos procesales en sus descargos y alegatos de conclusión, procedió a hacer una presentación general del desarrollo del proceso administrativo, adelantado por las disciplinadas frente a la posible situación de abandono y restablecimiento de derechos de la menor XXXXXXXXX para, finalmente, entrar a la evaluación de la responsabilidad individual de cada una de ellas. Los elementos fundamentales del análisis se pueden exponer así (Ver fls. 408 ss. C.O.2): 1) En lo tocante a la doctora FLOR ÁNGELA FLÓREZ FORERO señaló la Procuraduría Distrital lo siguiente: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 10 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 a. Que, efectivamente, no tenía dentro de sus funciones la de realizar la notificación personal de la Resolución No. 009 de 2007 que declaró en abandono a la menor XXXXXXXXX , pero si debía verificar que dicha notificación se surtiera adecuadamente, obligación cuya observancia omitió en la medida en que no exigió que se hiciera uso de los otros medios de contacto aportados por la madre de la menor, ni comprobó la veracidad del informe secretarial relativo al hecho de que la dirección domiciliaria no había podido ser ubicada. Esta obligación haría parte de sus deberes generales de garantizar la aplicación del debido proceso dentro de la actuación administrativa a su cargo, con la especial connotación de tratarse de una situación en la que estaban en juego los derechos de una menor de

edad. b. Está claramente demostrado que, en el tiempo que la disciplinada tuvo a su cargo el trámite administrativo que nos ocupa, esto es entre enero de 2006 y marzo de 2007, omitió el decreto y práctica de las pruebas que pudieran esclarecer la verdadera situación de la niña XXXXXXXXX , así como confirmar o desvirtuar las afirmaciones de la madre de ésta, señora XXXXXXXXX , a efecto de declarar el estado de abandono y adoptar la medida de restitución de derechos más apropiada. Acepta la primera instancia que la Defensora de Familia adelantó diversas actividades para dar curso al proceso administrativo pero cuestiona su efectividad e idoneidad en cuanto a los objetivos que el proceso mismo supone. c. Partiendo del reconocimiento que hace la defensa de que la señora XXXXXXXXX manifestó, en distintas oportunidades, su oposición al trámite administrativo de declaratoria de abandono de la menor XXXXXXXXX, encuentra el a – quo que la interpretación dada al alcance del artículo 61 del Decreto 2737 de 1989, antiguo Código del Menor, parece desconocer la obligación de dar impulso a la oposición presentada a la adopción, como medida de protección, ya sea que ésta se presente en el término de traslado posterior a la emisión de la medida o durante el curso del trámite en el que la misma se origina. Así las cosas, la separación de la disciplinada del conocimiento del proceso administrativo, con anterioridad al vencimiento de los 20 días posteriores a la firmeza de la Resolución No. 009 de 2007 no la exonera de su responsabilidad por la omisión en reconocer la precitada oposición con anterioridad o de manera simultánea

a la emisión del anotado acto administrativo que es lo que hubiera hecho posteriormente, según el dicho de su defensor. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 11 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 2) Frente a la responsabilidad de la doctora MARÍA INÉS LOZANO LEAL, se adujo: a. Sobre la omisión en el trámite de la oposición de la madre de la menor a la medida de protección, ante la postura de la disciplinada referente a que la decisión del Juez de Familia, que se abstuvo de tramitar la homologación, demostraría la ausencia de requisitos esenciales mínimos para ello, el juzgador de instancia sostuvo que de la lectura de la providencia del Juzgado 20 de Familia se desprende que la razón para no adelantar la homologación nunca fue la falta de cumplimiento de requisitos mínimos en la oposición sino la confusión generada por la misma Defensora de Familia al suscribir una certificación relativa a la inexistencia de dicha oposición en el proceso por lo que el despacho judicial nunca llegó a estudiar de fondo la homologación. En esa medida, aduce la Procuraduría Distrital que si la disciplinada hubiera revisado la actuación administrativa de restablecimiento de derechos hubiera advertido con antelación la existencia de irregularidades atentatorias contra el debido proceso de la madre y, no sólo se habría abstenido de remitir el expediente al Comité de Adopciones del ICBF, sino que habría decretado la nulidad de lo actuado mucho antes de lo que lo

hizo, el 19 de septiembre de 2007. Finalmente, la primera instancia, retomando el testimonio de la doctora CLAUDIA ALEJANDRA JIMÉNEZ, asevera que en este caso particular no hay lugar a sostener la posible existencia de una pluralidad de interpretaciones sobre la procedencia de la homologación puesto que la oposición presentada por la madre de la menor XXXXXXXXX fue expresa y fundamentada. b. En cuanto al análisis de responsabilidad frente al segundo de los cargos imputados a la doctora LOZANO LEAL, la Procuraduría 1ª Distrital consideró que el incumplimiento de deberes, al omitir la verificación de la notificación personal a la señora XXXXXXXXX de la resolución del mes de marzo de 2007, se configura efectivamente, a pesar de que la disciplinada asumiera el proceso sólo a partir del 23 de abril de 2007 en tanto que tenía a su cargo el deber de verificar que se hubiera cumplido con las garantías del debido proceso en el curso de toda la actuación sin que le fuera dado un exceso de confianza como el que desplegó en esta circunstancia al dar por ciertas las certificaciones obrantes en el expediente y atenerse al hecho Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 12 www.procuraduria.gov.co - Carrera 5 N° 15-80 Piso 8° PBX 5878750 Ext. 10821 – Fax 10896 de que la resolución que decretaba la medida de protección ya se encontraba en firme. 3) Al momento de analizar los cargos formulados a la doctora RUTH MARINA BELTRÁN ORTIZ, la dependencia distrital fundamentó la decisión

sancionatoria así: a. Al referirse al cargo primero, sobre la omisión en el recaudo de la información mínima necesaria para proferir la declaración de abandono y emitir la medida de protección consistente en adopción de la niña XXXXXXXXX , el a – quo consideró que la defensa no presentó ninguna prueba, ni esgrimió ninguna razón valedera para que dejaran de practicarse las diligencias que hubieran permitido establecer las condiciones personales, familiares y laborales de la señora XXXXXXXXX puesto que, de un lado, el equipo técnico no podía permanecer pasivo esperando una indeterminada manifestación de interés por parte de la madre de la menor afectada y, por otro lado, no cabe una presunta fuerza mayor por exceso de trabajo puesto que tal alegación se ve desmentida por las certificaciones de carga laboral del CURN. b. Pasando al segundo cargo, la Procuraduría Distrital, además de encontrar contradicciones entre lo manifestado por la disciplinada y la documentación obrante en el proceso adelantado por la Defensoría de Familia, le da pleno valor a las declaraciones de los señores XXXXXXXXX , MILTON LEON ACOSTA GONZÁLEZ y JULIO CÉSAR TORRES en tanto demostrativas de las reiteradas negativas de la sancionada a brindar atención y orientación apropiada a la madre de la menor afectada con la declaratoria de abandono. Ahora bien, en cuanto a la conducta consistente en haber anunciado a la señora XXXXXXXXX, que su hija sería entregada en adopción, cuya verdad no es negada por la defensa, es una actitud que,

a juicio del a –quo, no solo es inadecuada sino también cruel. 4) Finalmente, al abordar el asunto referido a la responsabilidad disciplinaria de la sicóloga, ANA MARÍA