PGN - ORDEN DE CAPTURA - Operatividad

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación: 13-76023-01

Disciplinado: José Ricardo Tafur González y otros Cargo y entidad: Superintendente de Servicios Públicos Quejoso: De oficio Fecha queja: Noviembre 5 de 1999

Fecha hechos: Junio 21 de 1999

Asunto: Omitir vigilancia en la liquidación de electrificadorasCosta Atlántica

Bogotá DC, octubre 21 de 2003 El Despacho, de conformidad con las facultades del artículo 25 numeral 1 literal a) del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 017 de marzo 4 de 2000 de la Procuraduría General de la Nación, procede a evaluar la indagación preliminar adelantada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en contra de funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. CONSIDERACIONES El Director Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, mediante auto de noviembre 5 de 1999, ordenó de oficio adelantar indagación preliminar con el propósito de establecer si al interior de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se cometieron irregularidades disciplinarias por el proceso de intervención y liquidación de las electrificadoras de la Costa Atlántica (fl. 2 c 1). Entre las pruebas recaudadas cuentan las declaraciones de HENRY ANTONIO COBO SOLANO (fls. 3 a 8 c 1) y de EDUARDO CORTÉS ACUÑA (fls. 255 a 267 c 1), así como los actos administrativos que declararon la toma y liquidación de las

electrificadoras de los departamentos costeños por la Superintendencia de Servicios Públicos (Anexo A-Z). En el informe rendido por el instructor el 26 de febrero de 2001 (fls. 355 a 385 c.3) que sirvió de base a la Dirección de Investigaciones Especiales para remitir el expediente por competencia a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, estructura irregularidades de carácter contractual que pueden comprometer la conducta de los gerentes liquidadores nombrados por la Superintendencia y entre líneas plasma lo que para ella (la Delegada) constituye violación flagrante de funciones por parte de MARLÉN VALDERRAMA, ÓSCAR RINCÓN y ENRIQUE RAMÍREZ YAÑEZ, éste último en calidad de Superintendente de Servicios Públicos, razón para recomendar la correspondiente apertura de investigación disciplinaria (fl. 384 c 3). Después de redireccionar la competencia ante el inhibitorio de la Delegada para la Moralidad Pública (fls. 390 a 394 c 3), la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública (fls. 416 a 426 c 3), dispuso remitir el expediente a esta Delegada para que avocara el conocimiento en relación con JOSÉ RICARDO TAFUR GONZÁLEZ, ENRIQUE RAMÍREZ YÁÑEZ, MARLÉN VALDERRAMA RODRÍGUEZ y ÓSCAR RINCÓN ALFONSO, los dos primeros en calidad de Superintendentes; la tercera, Intendente de Entidades Intervenidas; y el último como

Profesional Especializado de la Superintendencia, no sin antes ordenar la reproducción de copias para ante las procuradurías regionales de Atlántico, Cesar, Guajira, Córdoba y Magdalena, competentes para asumir el tema de los contratos suscritos por los liquidadores gerentes de las electrificadoras vigiladas. PJNC Exp. 013-76023-01 Esta Delegada con la facultad disciplinaria para evaluar la indagación preliminar frente a los citados servidores de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, procederá a decretar el cese de procedimiento de conformidad con el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 por no encontrar mérito para proseguir con las diligencias. Al analizar en su conjunto la documentación que hace parte del instructivo, no aparece elemento de juicio alguno que objetivamente comprometa la conducta de los citados funcionarios públicos, pues el hecho de haber intervenido algunas electrificadoras de la región del caribe en cuya gestión se compromete contractualmente a los gerentes liquidadores no implica que las directivas de la Superintendencia tengan que responder solidariamente por conductas irregulares de sus agentes. El Despacho respeta pero no comparte el criterio de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales respecto de la posible comisión de hechos irregulares por parte de ENRIQUE RAMÍREZ YÁÑEZ, MARLÉN VALDERRAMA RODRÍGUEZ y ÓSCAR RINCÓN ALFONSO, pues los planteamientos efectuados carecen de los presupuestos fácticos necesarios para vincularlos como virtuales sujetos pasivos de la acción disciplinaria.

El informe del instructor que recomienda la apertura de investigación disciplinaria (fls. 361 a 364), parte de las declaraciones que rindieron HENRY COBO SOLANO y ARMANDO CORTÉS ACUÑA, sin detenerse a evaluar el interés personal de los testigos y por consiguiente de la fuerza probatoria de las afirmaciones consignadas en las actas del 6 de noviembre de 1999 (fls. 3 a 8 c 1) y 29 de junio de 2000 (fls. 255 a 267 c.1), las cuales complementa con lo que fueron las comisiones conferidas a MARLÉN VALDERRAMA y ÓSCAR RINCÓN, quienes tuvieron que desplazarse a Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, etc., en cumplimiento de funciones propias del cargo en el transcurso del año 1999. Dice el informe en el punto 14, exclusivamente relacionado con las irregularidades cometidas al interior de la Electrificadora del Atlántico, que se evidencia la presencia de la Doctora MARLÉN VALDERRAMA RODRÍGUEZ en el proceso liquidatorio, con presunta responsabilidad fiscal por el reconocimiento de viáticos a su favor durante los años de 1998 y 1999 por valor de $20.186.397, destacando la existencia de las resoluciones 3444 de abril 21 de 1999 y 3747 de mayo 11 de 1999 que hablan de los desplazamientos a las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Magangue, la primera por ocho días y la segunda por dos días. Agrega el documento, que los dos funcionarios aludidos son responsables porque además de incumplir con sus deberes, cohonestaron con las acciones irregulares

que venían cometiendo los gerentes liquidadores y que en compañía del Superintendente ENRIQUE RAMÍREZ YÁÑEZ, ejercieron presión sobre HENRY ANTONIO COBO SOLANO y ARMANDO CORTÉS ACUÑA para que terminaran contratos preexistentes con las electrificadoras de Guajira y Atlántico para otorgar unos nuevos con terceras personas. Esta Delegada al evaluar el testimonio de HENRY ANTONIO COBO SOLANO (fls. 3 a 8 c 1), era el de (fls. 255 a 267 c 1), concluye que los mismos carecen de credibilidad, por EDUARDO CORTES ACUÑA tratarse de ciudadanos que tenían intereses particulares en el proceso de liquidación de las electrificadoras vigiladas. Por ejemplo HENRY ANTONIO COBO SOLANO, Gerente Liquidador de la Electrificadora de la Guajira, cargo que desempeñó hasta junio 21 de 1999, declaró el 6 de noviembre de 1999 al día siguiente de ordenarse la indagación preliminar,

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Exp. 013-76023-01 diligencia dentro de la cual presentó documentación relacionada con los contratos otorgados a LUIS ALBERTO ESTUPIÑÁN y MARINO ZULUAGA. Si observó irregularidades, por qué no denunció en su debida oportunidad con el deber que le correspondía como funcionario público? Así mismo debe tenerse en cuenta que de la mayoría de los casos referidos, tuvo conocimiento por información de terceros. Por su parte a EDUARDO CORTÉS ACUÑA, asiduo contratista de las electrificadoras intervenidas, le fueron suspendidos dos contratos. Uno, por decisión de la Junta Especial integrada entre otros por los Ministros de Hacienda y de Minas y

Energía y la Directora del Departamento de Planeación Nacional (fls. 16 a 33 c 3). El otro, que debió terminar unilateralmente el Gerente Liquidador. En esencia, las declaraciones contienen: HENRY ANTONIO COBO SOLANO, según sus propias afirmaciones se desempeñó como Gerente Liquidador de la Electrificadora de La Guajira desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 21 de junio del mismo año, época durante la cual fue objeto de múltiples presiones por parte de MARLÉN VALDERRAMA quien en calidad de Superintendente de Entidades Intervenidas, le propuso entre muchos hechos, incrementar la cartera en $15.000.000.oo mas para luego contratar la recuperación de la misma y así obtener beneficios tanto para ella como para el liquidador; cobrar cartera de los municipios por concepto de obligaciones pendientes con la electrificadora; manipular a EDUARDO CORTÉS ACUÑA, representante legal de la contratista GDA en el sentido de que incorporara a las directivas del consorcio a JULIA CEPEDA, persona esta a quien le logró entregar varios contratos en otras electrificadoras; direccionar el contrato 08 de 1999 suscrito entre MARIO ZULUAGA y el liquidador que lo reemplazó JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ LÓPEZ, por la suma de $20.000.000 para el cobro de $32.000.000 que debía la Caja Agraria, contrato que se canceló sin existir disponibilidad presupuestal; presionar al liquidador para otorgar los contratos 07 y 09 de 1999 a LUIS ALBERTO ESTUPIÑÁN quien tenía pendiente el contrato 02 de enero 18 de 1999.

Además de afirmar que fue objeto de acoso sexual por parte de la funcionaria MARLÉN VALDERRAMA, agrega que esta funcionaria se valió del también empleado de la Superintendencia de Servicios Públicos, ÓSCAR RINCÓN quien era su dependiente. Hace referencia a presiones que hizo MARLÉN VALDERRAMA a EDUARDO CORTÉS ACUÑA como representante legal de la contratista GDA y que no haber accedido a ninguna de las intromisiones reseñadas, motivó la remoción del cargo de Gerente Liquidador. Finalmente deja constancia diciendo que la información suministrada pone en peligro su integridad personal y de su familia, porque conoce medianamente de la capacidad de peligrosidad de los citados funcionarios. Por su parte el declarante EDUARDO CORTÉS ACUÑA (fls. 255 a 267) afirma ser el representante legal de las compañías APICE y CIRA SA, contratistas de las electrificadoras de la costa y que diez de los contratos suscritos se vieron satanizados por funcionarios de la superintendencia de los Servicios Públicos y que en el caso del contrato de recuperación de cartera suscrito entre la Electrificadora del Magdalena con la Fiduciaria del Estado en asocio con Opprolitsa y Apice, le fue suspendido injustamente el 8 de octubre de 1998. Señala que en el caso del contrato firmado con la Electrificadora de la Guajira, los señores GILMA SUSANA MARTÍNEZ, ÓSCAR RINCÓN y en especial MARLÉN VALDERRAMA le imponían condiciones extracontractuales dirigidos en su modo de ver, a terminarlo o hacer

imposible su ejecución y que luego de tres meses de incertidumbre, fueron citados a

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Exp. 013-76023-01 Bogotá en el mes de diciembre de 1998 para tratar la viabilidad del mencionado contrato habiéndose reunido con JAVIER LÓPEZ de la Superintendencia, sin llegar a ninguna conclusión. Relata que ante los injustos requerimientos de MARLÉN VALDERRAMA, GILMA SUSANA MARTÍNEZ, ENRIQUE RAMÍREZ y ÓSCAR RINCÓN, decidieron como contratistas ejecutar el contrato de manera unilateral, así como a tener que abandonar el país por los múltiples inconvenientes suscitados, regresando en 1999 cuando ya estaba al frente de la Electrificadora en liquidación, HENRY COBO, quien de acuerdo con lo que percibía era también objeto de presiones indebidas por parte de la Doctora MARLÉN VALDERRAMA que acababa de ser nombrada, sin mérito, Intendente de Entidades Intervenidas. Relata igualmente que después del fallido intento de conciliación adelantado ante la Cámara de Comercio de Riohacha, decidió renunciar al contrato sin reclamar perjuicio alguno. No obstante al requerirlo para que informara detalladamente sobre los mecanismos utilizados para ejerce o mediar trabas o dificultades en la ejecución del contrato por parte de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos (fl. 262 c 1), contestó lacónicamente diciendo que la pretensión era terminarlos porque esos contratos eran un obstáculo para los empleados de la Superintendencia y que presumía que el objeto serían contratados con personas mas amables (sic) para con

los funcionarios de la Superintendencia. Con relación a los contratos de CIRA con la Electrificadora del Atlántico, recuenta algo parecido, que lo obligó a acudir a las instancias judiciales que le negaron sus pretensiones; como quien dice le dieron la razón a la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos. De lo visto se puede colegir que las declaraciones encajan dentro de aquellas consideradas sospechosas y por consiguiente carentes de credibilidad, pues se evidencian marcados sentimientos de animadversión que afectan directamente la imparcialidad procesal respecto a los implicados. Como se mencionó precedentemente, una de las reacciones que provocó la salida de HENRY ANTONIO COBO SOLANO como Gerente Liquidador de la Guajira se traduce en las afirmaciones que en su contra hizo dentro de la declaración rendida el 6 de noviembre de 1999, en donde se nota su marcada animosidad contra MARLÉN VALDERRAMA y OSCAR RINCÓN funcionarios de la Superintendencia encargados de supervigilar el proceso de liquidación en curso; afirmaciones que no pudieron ser comprobadas a lo largo de la indagación preliminar. Igual, puede decirse de la declaración de EDUARDO CORTÉS ACUÑA, quien ante la terminación de los contratos suscritos, enfiló su ataque testimonial en contra de

MARLÉN VALDERRAMA, ÓSCAR RINCÓN, GILMA SUSANA MARTÍNEZ y

ENRIQUE RAMÍREZ YÁÑEZ.

De otra parte, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, al disponer la remisión del expediente a este Despacho (fls. 416 a 426), de manera

incoherente sustenta el auto diciendo en su punto 3.6 (fls. 424 y 425), que la posesión e intervención con fines de liquidación de las Electrificadoras de la Costa Atlántica por parte de la Superintendencia, tenía como propósito evitar y corregir la situación crítica por la que pasaban, siendo ineficiente la gestión de los gerentes liquidadores designados quienes se dedicaron a darle un manejo burocrático y clientelista a través de contratos irregulares que permitieron su saqueo, tal como lo constató la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales; razón para que

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Exp. 013-76023-01 además del Superintendente ENRIQUE RAMÍREZ YAÑEZ y sus subalternos MARLÉN VALDERRAMA y ÓSCAR RINCÓN, se responsabilizara al también exsuperintendente JOSÉ RICARDO TAFUR GONZÁLEZ, a quienes cuestiona porque para asegurar el funcionamiento eficiente de las empresas intervenidas debió designar profesionales idóneos. Al respecto se hace precisión que la intervención de la superintendencia por ministerio de la ley (142/94 art. 59 y 121), estuvo dirigida no exactamente a “....evitar y corregir la situación de deterioro que estas empresas había alcanzado....”, sino a propósito de la presunta suspensión de pago de obligaciones mercantiles y la eminente liquidación de tales electrificadoras. Así está consignado en todas y cada una de las resoluciones que decidieron sancionarlas con la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios (anexo A-Z). Así mismo no aparece prueba de ninguna naturaleza que indique señalar a los

funcionarios contra quienes se recomienda adelantar investigación disciplinaria, de que hayan cohonestado en acciones que se predican irregulares o que omitieron cumplir con la función de sacar adelante la liquidación de las empresas intervenidas. Por el contrario aparece descrita la disposición de la Superintendencia de resolver el asunto a través de la intermediación de MARLÉN VALDERRAMA y ÓSCAR RINCÓN quienes estuvieron comisionados para vigilar las actuaciones de los gerentes liquidadores designados tan pronto como se decretó la intervención. Es mas en el transcurso de un año escaso de la medida se ordenó la liquidación correspondiente previa la enajenación de los activos que se llevó a cabo a mediados de 1998. Pretender emprender investigación disciplinaria sin existir elementos de juicio necesarios para responsabilizar tan siquiera objetivamente a los funcionarios enunciados como presuntos infractores de la ley disciplinaria se convertiría en un riesgo procesal con consecuencias inimaginables para los fines y funciones del proceso disciplinario. Así las cosas de procederá al archivo del expediente de lo cual el Despacho se abstendrá de notificarlo por la inexistencia de sujetos procesales determinados que formalmente estén vinculados como quejosos o investigados. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de las facultades constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: Decretar el cese de procedimiento dentro de la indagación preliminar contenida en el expediente 013-7623 adelantada en indagación preliminar contra funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en

consecuencia archivar las diligencias, de conformidad con la parte motiva anterior.

SEGUNDO: Hacer los reportes y dejar las constancias de rigor.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM / pjnc Exp: 013-76023 janeth

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Exp. 013-76023-01