PGN - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS - El recibo a satisfacción no constituye orden de s

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

DESPACHO

Bogotá., D.C., 28 FEBRERO 2001 Procede esta Delegada desatar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha abril cuatro (4) de 2000, proferida por el PROCURADOR DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, mediante la cual se impuso sanción consistente en multa de quince días de salarios devengados para la época de los hechos al doctor NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ, en su condición de Director del Hospital del Sarare de Saravena, Arauca, por haberlo encontrado disciplinariamente responsable del cargo consistente en haber ordenado durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1996 sin tener la calidad de ordenador del gasto, la prestación del servicio de arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la calle 27 1557 de Saravena, a razón de cuatrocientos treinta y ocho mil pesos ($438.000) al señor ELISEO DURAN RAMIREZ, comprometiendo así recursos de la Secretaria departamental de salud o el Instituto Departamental de Salud, abusando de las funciones encomendadas. EL FALLO IMPUGNADO Dice el ad-quo que el sancionado si suscribió las ordenes de servicios con el fin de obtener en arriendo la mencionada casa en favor del hospital del Sarare en Saravena, siendo que no tenía la autonomía administrativa y presupuestal y por ese motivo no tenía facultad para comprometer los recursos del Instituto Departamental de Salud de Arauca. Concluye lo anterior, señalando que cuando se suscribieron las ordenes si tenía la

calidad de Director del Hospital del Sarare, pues esta se expidieron con posterioridad a la prestación del servicio, y en consecuencia se extralimitó en sus funciones al ejecutar un acto que implica abuso del cargo. Respecto a la afirmación del disciplinado sobre la falsedad de que se deban cánones de arrendamiento para los meses de mayo a diciembre, el despacho no las acepta y en su lugar ordenó compulsar las copias pertinentes para que se investigue penalmente por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público. LA APELACIÓN El doctor BASTINELLI RAMIREZ, fundamenta su inconformidad con la decisión apelada en los siguientes términos. Que actuó de buena fe, por lo tanto sin malicia alguna insiste en que el acto administrativo cuestionado no corresponde sustancialmente a un contrato, ni se subrogó la competencia de ordenación del gasto, mucho menos comprometió los recursos de la entidad, ya que su actuación se limitó a certificar que el servicio si se prestó, para evitar un daño mayor con la negativa de reconocer la prestación del servicio, pues ello conllevaría a dejar sin techo a los profesionales que desarrollan su labor en esa ciudad. De otro lado precisó que su actuar buscó evitar que se menoscabara el derecho patrimonial del arrendador, quien había accedido a prestar un servicio de manera continua sin que se hubiera formalizado contrato alguno. Cuestionó el tramite de la actuación disciplinaria, indicando que se violó el debido proceso, porque los hechos que motivaron la investigación, se extendieron a hechos distintos de los consignados en el auto de apertura de indagación preliminar quebrantando lo dispuesto en el artículo 141 del C.D.U.

Señalo que el fallo de primera instancia no respetó las ritualidades y formalidades establecidas en la Ley 200 de 1995 porque profiere un auto ordenando la investigación, sin señalar una breve fundamentación sobre la existencia del hecho o la omisión que se investiga de conformidad con el artículo 144 ibídem. Finalmente indicó que las explicaciones dadas al contestar los descargos no fueron apreciadas en su contexto, pues no existió formalmente el efecto jurídico de ordenar el gasto, sino de certificar la efectiva prestación del servicio y la de proteger los derechos del particular y de la comunidad necesitada del servicio de salud en ese municipio. Por lo anterior pide se revoque el fallo que lo sanciona y en su lugar se provea como en derecho corresponda. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Sobre lo planteado por el disciplinado en cuanto a las observaciones que surgen de la indagación preliminar e investigación disciplinaria que le llevan a concluir el desconocimiento al debido proceso, se hacen las siguientes precisiones. La indagación preliminar buscó establecer si los hechos a que se refiere la conciliación aprobada por el tribunal administrativo de Arauca resultó irregular respecto a la celebración verbal del contrato estatal de arrendamiento y en consecuencia señalar responsables, por lo tanto no resulta acertada lo expuesto por el disciplinado en el sentido que se desconoció lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 200 de 1995, porque la indagación no se extendió a hechos distintos a los señalados por el tribunal en su providencia. Sobre la posible violación al debido proceso porque no se señaló que hechos eran materia de investigación, este despacho advierte que en efecto el auto que ordenó la

apertura de investigación no señaló cuáles eran los hechos materia de investigación, requisito sustancial para el ejercicio del derecho de defensa, pues conforme el artículo 144 de la Ley 200 de 1995, debe hacerse una breve fundamentación del hecho u omisión que se investiga y sobre el carácter de falta disciplinaria. Sin embargo esta irregularidad quedo subsanada cuando mediante oficio 3208 de septiembre 14 de 1999 se le informó al investigado sobre los hechos que fueron materia de investigación {folio 56 de la actuación}, por lo tanto no se comparte lo expuesto por el apelante en este sentido. Así las cosas, se procede al examen de la conducta imputada al sancionado y de la cual se concluyó responsabilidad disciplinaria, observando que el cargo imputado no esta llamado a prosperar en razón de lo siguiente: No se demostró que el señor NESTOR SANTANELLI, hubiese ordenado al señor ELISEO ODURAN RAMIREZ prestar el servicio de arrendamiento de la casa ubicada en la calle 27 1 5-57 del Municipio de Saravena Arauca sin tener facultad legal para ello, pues de acuerdo a las pruebas allegadas por el encartado y que no fueron valoradas por el fallador de instancia, se observa como el documento que sirvió de fundamento para resolver en tal sentido (folio 28), resulta contrario al aportado por el procesado en sus descargos que aparece a folio 84. En efecto, el primer documento se trata de una orden de servicios sin fecha de expedición, sin la firma del representante legal del Instituto Departamental de Salud de Arauca y sin numeración consecutiva. Mientras que el segundo documento indica

que se trató de la orden de servicios 003085 de agosto 30 de 1996 y está suscrita por la doctora YAMILE SOFIA MATUS COSlLES en representación del IDESA, al igual que por el doctor NESTOR BASTIANELLI, como Director del Hospital Regional del Sarare. Así las cosas, resulta demostrado que la orden fue expedida por quien tenía la capacidad legal para hacerlo, esto es, el gerente del IDESA y la suscripción conjunta con el director del Hospital, en nada afecta la decisión de la administración, por cuanto fue aceptada por quien tenía la representación de la entidad contratante. Otro aspecto relevante para aseverar lo anterior esta en el comprobante de egresos 02442 de fecha 9 de mayo de 1997, mediante el cual se demuestra que la orden 3085 fue cancelada cabalmente (folio 85) y en el formato de control de cuentas que obra a folio 86, pues al compararlo con el que se aprecia a folio 42, resulta evidente que el segundo parece ser el borrador o proyecto del primero, ya que mientras aquel cuenta con el registro presupuestal, fecha de expedición, numero de radicación, sello de reserva de apropiación, firma de la directora del instituto y de quien recibe el pago, este no presenta ninguna de la anterior información. Corrobora la falta de participación del disciplinado en los hechos que le fueron imputados, la solicitud de conciliación prejudicial que ante el Procurador Judicial 52 administrativo hace ELISEO DURAN CARREÑO (folio 47), pues el capítulo de los hechos demandados afirma que desde 1 993 dio en arrendamiento la casa de la calle 27 15-57 de Saravena al Servicio Seccional de Salud hoy Instituto

Departamental de Salud y que es esa institución quien le adeuda los arrendamientos del período mayo loa diciembre 31 de 1996 en virtud de un contrato verbal que tiene con dicha entidad. Ahora bien, al examinar el oficio 003085 del 30 de agosto de 1 996 donde el administrador del Hospital Regional del Sarare OMAIRA CARREÑO GARZA y el Médico Director del Hospital NESTOR BASTINELL/ ordenan la prestación del servicio de arrendamiento de la aludida casa al señor ELISEO DURAN, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996, encuentra respaldo en la orden de servicios de la misma fecha que suscribe la directora del IDESA por valor de $1.752.000, que equivale a $438.000 mensuales. También es importante precisar que el recibo a satisfacción del servicio que suscribe el médico director del hospital junto a la administradora del mismo, que aparece a folio 95 de la actuación no constituye una orden de servicios y simplemente buscó comprobar la prestación del servicio para su pago. En ese orden de ideas, es importante señalar que el artículo 118 del Código Disciplinario Único, dispone que el fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. En el caso sub-examine no se demostró objetivamente la comisión de la falta por parte del encartado y además se advierte que en el expediente no están probados los hechos presuntamente irregulares que nos lleven a determinar en un grado de certeza que el investigado es responsable. En consecuencia se le deberá absolver

del cargo que se le imputó y por el que se le sancionó en primera instancia, pues era al director de IDESA y no del hospital de Saravena, a quien debió solicitársele las explicaciones pertinentes por el no pago oportuno de las obligaciones contraídas con el arrendatario ELISEO DURAN o eventualmente la legalización posterior de la cuestionada orden de servicios. En consecuencia EL PROCURADOR DELEGADO PARA LA MORALIDAD PUBLICA, en uso de sus facultades legales. RESUELVE PRIMERO.- Revocar el fallo de abril cuatro (4) de 2000, proferida por el PROCURADOR DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, mediante la cual se impuso sanción consistente en multa de quince días de salarios devengado s para la época de los hechos al doctor NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ, en su condición de Director del Hospital del Sara re de Saravena, Arauca. SEGUNDO.- Absolver de toda responsabilidad disciplinaria al doctor NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ, en su condición de Director del Hospital de Sarare, por los hechos que fue sancionado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO.- Notificar la presente decisión al apelante. CUARTO.- Comunicar a la oficina de Registro y Control de la Procuraduría General 8 de la Nación la presente decisión para los fines que corresponda QUINTO.- Por secretaría háganse las anotaciones y líbrense las comunicaciones que correspondan SEXTO.- Devuélvase la actuación a la dependencia de origen Notifíquese y Cúmplase

ALBERTO MORALES TÁMARA

PROCURADOR DELEGADO

Proyecto JRMC/ AS PDMP/ EXP.065-237-9B 27/02/01