PGN - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS - Se expidió el certificado de disponibilidad presu

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 097-01772-06

Disciplinado: Luis Miguel Vásquez y Deyci Elizalde del Águila Cargo y Entidad: Presidente y Secretaria con funciones de pagadora de la Asamblea departamental de Amazonas Quejoso: Contraloría General de la República Fecha Queja: Septiembre 28 de 2004

Fecha Hechos: año 2004

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., octubre 31 de 2007 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra LUIS MIGUEL MUÑOZ VÁSQUEZ Y DEYCI ELIZALDE DEL ÁGUILA, en sus condiciones de Presidente y secretaria con funciones de pagadora de la Asamblea Departamental de Amazonas, quienes fueron sancionados en fallo del 19 de octubre de 2006, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses.

1. ANTECEDENTES La Gerencia departamental de Amazonas de la Contraloría General de la República, remitió a la Procuraduría Regional de Amazonas posibles hallazgos disciplinarios, establecidos en la auditoria realizada por dicho ente a la Asamblea departamental del Amazonas, los cuales hacían referencia a irregularidades en la ejecución de las órdenes de servicio Nos. 006 del 28 de enero de 2004 y 038 del 20 de agosto de 2004, suscritas por el Presidente de la Corporación, Luis Muñoz Vásquez y los

señores María Mercedes Peña y Orlando Cetina Cifuentes, respectivamente (folios 2-5). La Procuraduría Regional del Amazonas, mediante auto del 3 de mayo de 2006, ordenó la apertura de investigación disciplinaria, en contra de los señores Luis Miguel Vásquez y Deyci Elizalde Del Águila, en sus condiciones de Presidente y secretaria con funciones de pagadora de la Asamblea Departamental de Amazonas, para establecer si las irregularidades reportadas por la Contraloría, efectivamente se presentaron, si constituyen falta disciplinaria y la responsabilidad de los investigados en los hechos denunciados (folios 17-19). Por auto del 24 de noviembre de 2006, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, remitió por competencia las diligencias para ante la Procuraduría Delegada para la Contratación (R), atendiendo a que la conducta investigada hace referencia a un asunto contractual (folios 180-182).

2. LOS CARGOS Mediante proveído del 14 de agosto de 2006, la Procuraduría Regional del Amazonas formuló pliego de cargos en contra de los señores Luis Muñoz Vásquez y Deyci Elizalde del Águila, en su condiciones de Presidente y Secretaria con

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1

FALLO SEGUNDA INSTANCIA funciones de pagadora de la Asamblea departamental del Amazonas, en los siguientes términos: (Folios 105-114) 2.1 Luis Muñoz Vásquez El señor LUIS MUÑOZ VÁSQUEZ en su calidad de Presidente de la Asamblea

Departamental al suscribir la orden de servicios No. 006 del 28 de enero de 2004 con la señora MARIA MERCEDES PEÑA CÓRDOBA legalizó un hecho cumplido consistente en que la prestación de servicios generales se ejecutó primero es decir el servicio se prestó por la contratista durante los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de enero de 2004, por un valor de SESENTA MIL PESOS y veinte días después, es decir, el 28 de enero se procede a autorizar mediante la orden de servicios 006/04 la prestación del servicio ya cumplido, situación verificable mediante los soportes documentales tales como la disponibilidad presupuestal No. 011 del 28 de enero de 2004, la orden de servicio No. 006 de la misma fecha y el respectivo comprobante de egreso o pago No. 014, se reitera, cuando en realidad el servicio prestado fue ejecutado durante los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de enero de 2004, pretermitiendo con su proceder, el deber de cuidado de verificar que dichas autorizaciones u ordenaciones de gasto se encontraran precedidas o respaldadas en forma previa por el certificado de disponibilidad de rigor, tal y conforme lo exige el estatuto orgánico de presupuesto decreto 111 de 1996 aplicable a toda entidad pública del orden nacional como territorial, violando no solo la norma presupuestal aludida, sino ordenes superiores de índole constitucional como los artículo 6, 123 y 209 de la Constitución Política y el artículo 34 Nos. 1, y 21 y los artículos 35 No. 1 y 15Ley 734 de 2002

El pliego de cargos estableció como normas vulneradas las siguientes: artículos 6, 123 y 209 de la Constitución Política; el artículo 71 del decreto 111 de 1996, los artículos 34 numerales 1 y 21 y 35 numerales 1º y 15 de la ley 734 de 2002. Se tipificó la falta como una falta grave y se le imputó a título de culpa. 2.2 Deyci Elizalde del Águila La señora DEICY ELIZALDE DEL ÁGUILA en su calidad de Secretaria con funciones de PAGADORA legalizó un hecho cumplido al autorizar con su firma como pagadora de la Asamblea Departamental del Amazonas el pago de $60.000 mediante el comprobante de egreso No. 014 del 28 de enero de 2004, a favor de la señora MARÍA MERCEDES PEÑA CÓRDOBA por prestación de servicios generales ejecutados durante los primeros días de enero de 2004, hecho demostrable mediante los soportes documentales tales como el certificado de disponibilidad presupuestal No. 011 de 28 de enero de 2004, la orden de servicios No. 006 y comprobante de egreso o pago No. 014, estos últimos con la misma fecha, cuando en realidad el servicio prestado fue ejecutado durante los días 1, 2, 5, 7 y 8 de enero de 2004, pretermitiendo con su proceder, el deber de cuidado de verificar que dichas autorizaciones u ordenaciones de gasto se encontraran precedidas o respaldadas en forma previa por el certificado de disponibilidad de rigor, tal y conforme lo exige el estatuto orgánico de presupuesto decreto 111 de 1996 aplicable a toda entidad pública del

orden nacional como territorial, violando no solo la norma presupuestal aludida sino ordenes superiores de índole constitucional y legal como las contenidas en los artículo 6, 123 y 209 de la Constitución Política; artículos 34 Nos. 1 y 21 y artículo 35 No. 1 y 15 – Ley 734 de 2002. El pliego de cargos estableció como normas vulneradas las siguientes: artículos 6, 123 y 209 de la Constitución Política; el artículo 71 del decreto 111 de 1996, los artículos 34 numerales 1 y 21 y 35 numerales 1º y 15 de la ley 734 de 2002. Se tipificó la falta como una falta grave y se le imputó a título de culpa

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 2

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Respecto de la orden de servicios No. 038 del 20 de agosto de 2004, concluyó la Procuraduría Regional del Amazonas que no existen elementos probatorios que demuestren, que en este caso se legalizó un hecho cumplido, pues tanto el certificado de disponibilidad presupuestal como la orden de servicios tienen la misma fecha y no se determinó la fecha en que se efectuó el evento periodístico, por otra parte, la cuenta de cobro anterior a la orden de servicio, no representa prueba suficiente para que se pueda imputar falta disciplinaria a los investigados, en consecuencia, ese despacho decidió no elevar cargo alguno en relación con los hechos inherentes a la orden de servicios No. 038 de 2004.

3. DESCARGOS El 31 de agosto de 2006, los disciplinados presentaron, en forma separada, memorial

de descargos, exponiendo los argumentos de defensa, que posteriormente reiteran en el recurso de apelación (Folios 120-123, 127-129).

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 7 de septiembre de 2006, la Procuraduría Regional del Amazonas resolvió tener como prueba los memoriales de descargos y no decretó ninguna prueba de oficio por considerarlo innecesario (folios 132-133).

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 11 de septiembre de 2006, la Procuraduría Regional de Amazonas corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, antes del fallo

(Folio 137). Los sujetos procesales no presentaron alegatos de conclusión, tal como se dejó constancia en informe secretarial del 25 de septiembre de 2006 (folio 144).

6. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante resolución No. 021 del 19 de octubre de 2006, la Procuraduría Regional del Amazonas dictó fallo de primera instancia, sancionando a los señores LUIS MIGUEL VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.15.885.637 de Leticia y DEYCI ELIZALDE DEL ÁGUILA HECTOR FABIO VALENCIA AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía No.40.177.409 de Leticia, en sus condiciones de Presidente y secretaria con funciones de pagadora de la Asamblea Departamental de Amazonas, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses (folios 145156).

En primer lugar, el a quo manifestó, que si bien es cierto el certificado de

disponibilidad presupuestal No. 011, la orden de servicio 006 y el comprobante de egreso fueron expedidos el 28 de enero de 2004, en todos estos documentos se expresó de manera clara que los servicios contratados se habían prestado del 1º al 8 de enero de 2004.

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Por lo tanto, no es posible eximir de responsabilidad al señor Luis Miguel Vásquez, a pesar de que él no legalizó el pago de la orden de servicio cuestionada, ya que en su condición de Presidente de la Asamblea departamental de Amazonas, era el responsable del manejo eficaz de los recursos de la Corporación y más si se tiene en cuenta que él figura ordenando la expedición de la disponibilidad presupuestal, así como todo el procedimiento contractual incluyendo el pago, todo ello, con participación activa de la Secretaria con funciones de pagadora. Afirmó el a quo, que el diputado Luis Muñoz Vásquez, quebrantó el estatuto orgánico de presupuesto, porque autorizó y ordenó ejecutar un gasto, sin las formalidades plenas y procedió contrariando su deber funcional al legalizar hechos cumplidos. Indicó que con la conducta imputada incurrió en una falta disciplinaria grave, cometida a título de culpa. Con respecto a la señora Deyci Elizalde del Águila dijo que sobre ella recaía la responsabilidad de emitir los documentos a la celebración de la orden de servicio No. 006 del 28 de enero de 2004, sin embargo, ella permitió que se legalizara un hecho

cumplido, esto indica que para la fecha real de prestación del servicio, no se había expedido el certificado de disponibilidad de que trata el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, ni tramitó en debida oportunidad la orden de servicio, por lo cual violó su deber funcional. Dijo que las explicaciones dadas por la disciplinada, respecto de que lo sucedido se dio por razones involuntarias, puesto que se le olvidó hacer firmar la orden de servicios, y expedir las disponibilidades presupuestales, denota claramente la falta de diligencia y cuidado pues con su conducta omisiva permitió un trámite irregular. Calificó el a quo, en forma definitiva la conducta reprochada a la señora Deyci Elizalde del Águila como falta grave cometida a título de culpa.

7. APELACION 7.1 Luis Muñoz Vásquez El 25 de octubre de 2006, el señor Luis Muñoz Vásquez presentó, a través de apoderado, recurso de apelación contra el fallo disciplinario del 19 de octubre de 2006 proferido por la Procuraduría Regional del Amazonas, con los siguientes argumentos: (folios 163-166) Conforme a lo expresado por su defendido, respecto de la contratación cuestionada ésta se efectuó, el servicio se prestó y no existió dolo en su actuar, lo ocurrido fue que por sus múltiples ocupaciones, no pudo estar pendiente de la orden de servicio, en cuanto a la firma y la fecha y su devolución para el consecutivo y demás trámites pertinentes. Dijo, que debía tenerse en cuenta que en la época de los hechos, iniciaba el periodo constitucional de la Asamblea y por lo tanto, existía muchas

cosas pendientes tanto de la nueva vigencia como de la anterior, lo cual contribuyó a la realización de la conducta.

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 4

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Por otra parte, la conducta reprochada fue desplegada por su defendido con el objeto de evitar traumatismos a la contratista en el pago y reconocimiento de sus servicios y debido al poco conocimiento respecto del tema presupuestal, ordenó de buena fe el pago, atendiendo a que el servicio se había prestado y no le pareció justo que por una suma tan irrisoria y por culpa atribuible a la administración se viera perjudicada la contratista con el no reconocimiento del pago del servicio prestado La Procuraduría Regional expuso, que los hechos cumplidos se consolidan cuando se adquieren obligaciones, sin que medie soporte legal que los respalde, es decir, sin que se eleve a escrito la obligación y cuando existiendo tal formalidad, antes de su ejecución no se han cumplido los requisitos mínimos y legales en su creación, como disponibilidad presupuestal previa y demás exigencias contractuales que garanticen la libre concurrencia de los oferentes en cumplimiento del principio de transparencia. Expresó que más que un gasto sin respaldo presupuestal, lo que se presentó en la conducta reprochada a los investigados fue una irregularidad contractual, ya que éstos decidieron efectuar el pago porque el servicio se había prestado y no se incurría en ninguna falsedad; además, no hubo dolo en su actuar y, tan es así que su representado reconoció desde un comienzo su responsabilidad sin ningún tapujo. Finalmente, consideró desproporcionada la sanción impuesta a su defendido, más si

se tiene en cuenta que éste no tiene antecedentes disciplinarios, durante sus veinte años de vida pública, por ello solicitó, que si los argumentos expuestos no eran aceptados para revocar el fallo de primera instancia, se le aplique a su defendido la sanción mínima, ya que la conducta reprochada solo afectó el giro de $60.000, suma irrisoria frente a verdaderas conductas dignas de reproche. 7.2 Deyci Elizalde del Águila El 30 de octubre de 2006, la señora Deyci Elizalde del Águila, presento recurso de apelación contra el fallo disciplinario del 19 de octubre de 2006 proferido por la Procuraduría Regional del Amazonas, con los siguientes argumentos: (folios 168170) Dijo que no le asiste razón a la Procuraduría cuando afirma que la disciplinada legalizó una obligación en forma posterior a la ejecución real de la prestación del servicio, sin que antes de la misma se cumplieran los requisitos mínimos, porque, la obligación contó en todo momento con los requisitos, se respetó el trámite precontractual y presupuestal, sólo que por circunstancias que no tuvieron un fin doloso se incurrió en una irregularidad en el trámite de los documentos, que consistió en dejar sin firma la orden de servicios y utilizar el número destinado para dicha orden en otra. Además, en ese momento, iniciaba el periodo constitucional de la Asamblea, por lo tanto, existía multiplicidad de trámites pendientes. El trámite de la orden de servicios cuestionada se adelantó para evitar traumatismos a la Corporación y a la contratista, porque el servicio ya se había recibido por parte

de la Asamblea y no era justo que por una cuantía tan baja y por un error de la administración se afectaran los derechos de la contratista. Por lo que no es dable afirmar que se dio un manejo irresponsable de los recursos de la entidad.

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5

FALLO SEGUNDA INSTANCIA La conducta reprochada no se refiere a la legalización de un hecho cumplido, porque no se ordenó un servicio para el cual no existiera disponibilidad o que sobrepasara la apropiación presupuestal, por el valor de la cuenta, estaríamos en presencia de una irregularidad contractual, porque el gasto contó desde el principio con los requisitos precontractuales y porque cuando se ordenó el pago no se tenía intención dañina, ni se falseó la información. Al igual que el señor Muñoz Vásquez, consideró desproporcionada la sanción impuesta, porque actuó sin dolo y le faltaba experiencia en este tipo de asuntos; por otra parte, no presenta antecedentes disciplinarios, por ello, solicitó que si los argumentos expuestos no eran aceptados para revocar el fallo de primera instancia, se modifique la sanción impuesta por una menos drástica, que se ajuste a la conducta que se le reprocha. Por auto del 31 de octubre de 2006, la Procuraduría Regional de Amazonas concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, interpuesto por los dos investigados, contra la decisión del 19 de octubre del 2006 (folio 173).

8. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA: 8.1 Competencia Conforme al literal c), numeral 1° del artículo 75 del decreto 262 de 2000, le

corresponde conocer en primera instancia a los Procuradores Regionales, los procesos disciplinarios que se adelanten contra los diputados y los servidores públicos del orden departamental, como es el caso de los investigados, Luis Muñoz Vásquez y Deyci Elizalde del Águila en sus condiciones de diputado y Presidente de la Asamblea departamental del Amazonas y Secretaria con funciones de pagadora de la misma corporación. De acuerdo al numeral 4 del artículo 25 del decreto 262 de 2000, le corresponde a las Procuradurías Delegadas conocer en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean competencia de los Procuradores Regionales. Por otra parte, le corresponde asumir esta competencia, a las Procuradurías Delegadas para la contratación, cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, conforme al inciso cuarto del artículo 19 de la resolución 0017 de 2000. 8.2 Hechos probados Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente se encuentran probados los siguientes hechos: - El señor Luis Muñoz Vásquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.885.637 de Leticia fue elegido diputado de la Asamblea Departamental de Amazonas para el periodo 2004-2007, cargo en el cual se posesionó el 2 de enero de 2004. Fue elegido Presidente de la Corporación en reunión del 2 de enero de 2004, según se dejó constancia en el acta No. 001 (folios 31, 34-37).

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 6

FALLO SEGUNDA INSTANCIA - La señora Deyci Elizalde del Águila, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.177.409 de Leticia es funcionaria de la honorable Asamblea departamental del Amazonas y se desempeñó como Secretaria General con funciones de tesorera – pagadora durante el 2004, elegida por la Asamblea en la reunión del 2 de enero de 2004 (folios 32, 34-35). - Certificado de disponibilidad presupuestal No. 011-2004 del 28 de enero de 2004, por $2.000.000, para respaldar la cancelación de servicios generales de los primeros días de enero de 2004 (folio 10). - Orden de servicio No. 006 del 28 de enero de 2004, en la que la Asamblea departamental de Amazonas le solicita a la contratista, María Mercedes Peña Córdoba “PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS DURANTE LOS DÍAS 1, 2, 5, 6, 7 Y 8 DE ENERO DE 2004”, por un valor de $60.000 (folio 9) - Certificación expedida por la Secretaria General de la Asamblea departamental de Amazonas, el 28 de enero de 2004, en la que hace constar que la señora María Mercedes Peña Córdoba, prestó el servicio de aseo y cafetería a la Corporación, durante los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de enero de 2004

• Cuenta de cobro presentada por la señora María Mercedes Peña, ante la Asamblea departamental de Amazonas, en enero de 2004, por valor de $60.000 por concepto de aseo general de las instalaciones de la Asamblea durante los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8, a razón de $10.000 cada día (folio 8). - Comprobante de egreso No. 014 del 28 de enero de 2004 de la Asamblea departamental de Amazonas, expedido para cancelar la orden de servicio No. 006 de la misma fecha, por servicios generales prestados en los primeros días de enero de 2004, por valor de $60.000 (folio 6).

Versión En diligencia de versión el señor Luis Muñoz Vásquez, dijo respecto de la orden de servicios 006 de 2004, que esa orden se elaboró en los primeros días del mes de enero de 2004, el problema se presentó cuando la contratista, María Mercedes Peña se presentó a la Asamblea a cobrar los seis días que se le adeudaban y se dio cuenta que la orden de servicios no había sido firmada por olvido, la firmó, porque el servicio ya se había prestado. Dijo que no se firmó la orden en forma previa a la prestación del servicio porque se iniciaba como Presidente de la Asamblea departamental de Amazonas y se confió en la Secretaria General, pero no puede responsabilizarla porque la responsabilidad la tiene él como Presidente de la Corporación (folios 100-101). 8.3 Análisis de la responsabilidad del disciplinado Se le imputó a los disciplinados haber legalizado un hecho cumplido al suscribir la orden de servicios No. 006 del 28 de enero de 2004 con la señora María Mercedes

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 7

FALLO SEGUNDA INSTANCIA Peña Córdoba y al autorizar (con su firma como pagadora) el pago de $60.000 mediante el comprobante de egreso No. 014 del 28 de enero de 2004, dado que el servicio que se contrataba mediante dicha orden había sido prestado los primeros días del mes de enero de 2004. Evidentemente, está demostrado que la orden de servicios No. 006 del 28 de enero de 2004 fue suscrita en forma posterior a la prestación del servicio contratado, ya que como se dejó constancia en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 011, en la orden No. 006, en el comprobante de egreso No. 014 del 28 de enero de 2004 y en la cuenta de cobro presentada por la contratista, el servicio de aseo había sido prestado por la señora Mercedes Peña, en las instalaciones de la Asamblea departamental del Amazonas los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de enero de 2004. Así, lo reconocen también los disciplinados en sus memoriales de descargos y recursos de apelación, y el señor Muñoz Vásquez en su versión libre; en consecuencia, está establecido que la conducta reprochada indudablemente existió. Ahora bien, en el auto de cargos se establecieron como normas violadas con las conductas reprochadas a los investigados, los artículos 6, 123 y 209 de la Constitución Política, el artículo 71 del decreto 111 de 1996 y los artículos 34 numerales 1º y 21 y 35 numerales1º y 15º de la Ley 734 de 2002.

El artículo 6 de la Constitución Política establece: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”. El artículo 123 de la Constitución Política establece: “(…)Los servidores públicos están al servicio del Estado, ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el reglamento.”. El artículo 209 de la Constitución Política establece: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.”. El artículo 71 del decreto 111 de 1996, establece: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del CONFIS o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados Los numerales 1º y 21 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, establecen como deberes de los servidores públicos: 1º Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones. 21º. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8

FALLO SEGUNDA INSTANCIA de que sean utilizados debida y racionalmente de conformidad con los fines a que han sido destinados. Los numerales 1º y 15 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, establecen como prohibiciones a los servidores públicos: 1º. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones; 15º entre otras cosas, prohíbe efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos. Si bien el artículo 71 del decreto 111 de 1996, dispone que los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos, también establece, que como consecuencia de este mandato, no podrán contraerse obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible. El proyecto de presupuesto que regirá para la vigencia fiscal siguiente, lo debe presentar el gobierno al Congreso durante los primeros diez días de cada legislatura. El Congreso debe aprobar el presupuesto a más tardar a la media noche del 20 de octubre y de no ser así, regirá desde ese momento el proyecto presentado por el Gobierno. De todas formas, el proyecto de presupuesto debe estar aprobado antes del 10 de diciembre del año anterior a su vigencia, porque de no ser así, el Gobierno expedirá el decreto de repetición de que trata el artículo 348 de la Constitución

Nacional Con fundamento en el presupuesto aprobado por el Congreso, el gobierno dicta el decreto de liquidación, en el que se detalla el gasto para el año fiscal siguiente (artículos 51, 59, 64 y 67 del Estatuto orgánico del presupuesto). Las entidades territoriales deben ajustar las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la ley orgánica del presupuesto (artículo 32 ley 225 de 1995, artículo 104 del estatuto orgánico del Presupuesto). En consecuencia los presupuestos de las entidades territoriales deberán ser elaborados, aprobados y liquidados en la vigencia inmediatamente anterior a aquella en que entra en vigencia. Para el caso concreto, se tiene que el servicio de aseo prestado en los primeros días del mes de enero de 2004, por valor de $60.000, sí contaba con apropiación presupuestal y saldo disponible, por las siguientes razones: - El presupuesto a ejecutar por la Asamblea Departamental del Amazonas para la vigencia fiscal de 2004, por norma legal debía estar elaborado, aprobado y liquidado desde el año 2003, conforme lo establece la Constitución y las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, anteriormente mencionadas. - La vigencia fiscal de 2004 apenas comenzaba y la cuantía del servicio era mínima. - Conforme al certificado de disponibilidad presupuestal No. 011-2004 del 28 de enero de 2004, para respaldar la cancelación de servicios generales (código 020202), como el prestado en los primeros días de enero de 2004, por la señora

EXPEDIENTE 097-1772-06– MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 9

FALLO SEGUNDA INSTANCIA María Mercedes Peña Córdoba, se contaba con un saldo apropiado para la vigencia de 2004, de $2.000.000. Además, ha de tenerse en cuenta que los disciplinados en sus argumentos de defensa expusieron que los trámites precontractuales para la prestación del servicio de aseo de las instalaciones de la Asamblea departamental del Amazonas, durante los primeros días de enero de 2004, se adelantaron, pero que por error la orden de servicio no fue firmada por el representante legal de la Corporación y por lo tanto, el número consecutivo que le correspondía no le fue asignado en tiempo oportuno. Así las cosas, no se puede afirmar que los disciplinados contrajeron una obligación sin que existiera apropiación para ello o en exceso del saldo apropiado en el presupuesto para cubrir dicho gasto. Para este despacho, es evidente que al momento en que la señora María Mercedes Peña Córdoba prestó el servicio de aseo, que posteriormente fue legalizado con orden de servicios No. 006 del 28 de enero de 2004, no existía la orden escrita del representante legal de la Asamblea Departamental del Amazonas de que trata el último inciso del parágrafo del artículo 39 de la ley 80 de 1993, según el cual, los bienes, obras, trabajos o servicios objeto de contratos sin formalidades plenas que celebren las entidades estatales deben ser ordenados previamente y por escrito por el jefe o representante legal de la respectiva entidad o por quien tuviera delegada la ordenación del gasto. En consecuencia, la norma sustancial vulnerada por los disciplinados, en el caso que se investiga, sería el inciso final del parágrafo del

artículo 39 de la ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta que entre las normas que se consideraron vulneradas en el pliego de cargos y en el fallo de primera instancia, no fue mencionado el último inciso del parágrafo del artículo 39 de la ley 80 de 1993 y que evidentemente, las normas constitucionales mencionadas (artículos 6º, 123 y 209), así como las disciplinarias (artículos 34 numerales 1º y 21 y 35 numerales 1º y 15), son normas abiertas que deben ser complementadas con normas concretas, y de las cuales se pueda predicar que efectivamente fueron vulneradas por los disciplinados; se concluye que la argumentación normativa del pliego de cargos no es suficiente para acreditar la responsabilidad disciplinaria de los investigados por la conducta investigada. Además, porque, con respecto a la única norma complementaria mencionada, es decir, el artículo 71 del decreto 111 de 1996, no es dable afirmar que los disciplinados comprometieron a la Corporación sin que existiera apropiación presupuestal para ello o en exceso del saldo apropiado para cubrir el respectivo gasto, por las razones ya expuestas; cosa distinta es que hayan expedido el respectivo certificado posteriormente. En consecuencia este despach