PGN - ORDEN LEGITIMA - Efectos de su incumplimiento

Dependencia: Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicado: 076-1143.

Disciplinado: Jairo Amaya Gómez Cargo y entidad: Oficial Operativo II Caja Agraria Oficina Ocaña (Norte de

Santander).

Quejoso: De oficio. Director oficina Caja Agraria Ocaña.

Fecha queja: Febrero 10 de 1999.

Fecha hechos: Septiembre 2 de 1998.

Asunto: Fallo de segunda instancia

RESOLUCIÓN No. 023

Bogotá DC, 13 FEB. 2003 Por medio de la cual falla en segunda instancia un proceso disciplinario LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y CONSIDERANDO: PRIMERO: Agotadas las etapas procesales dispuestas en la legislación vigente, se emite la correspondiente decisión que pone fin al proceso disciplinario, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de oficio del disciplinado JAIRO AMAYA GÓMEZ, contra la providencia 0079 del 26 de agosto de 2002, por medio de la cual la Procuradora Regional de Norte de Santander, lo sancionó con multa de 12 días del salario devengado, en su condición de Oficial Operativo II de la Caja Agraria Oficina Ocaña.

SEGUNDO: En providencia del 19 de febrero de 1999, el Gerente Regional de la Caja Agraria del Norte de Santander ordenó la apertura del proceso disciplinario contra JAIRO AMAYA GÓMEZ y en providencia del 25 de abril del 2001, el

Procurador Regional de Norte de Santander, luego de avocado el conocimiento de la investigación, le formuló cargos en los siguientes términos: "JAIRO AMAYA GÓMEZ identificado con la CC No. 13.362.085 de Ocaña, en su condición de Oficial Operativo II de la Caja Agraria de Ocaña a la época de los hechos investigados, incurrió en irregularidad en el ejercicio de funciones, al negarse a prestar sus servicios en el Área de Ahorros, conforme se le requirió en escrito de septiembre 1 de 1998, en el cual también se le señalaban las funciones que debía desarrollar en la misma, suscrito por LUIS ALBERTO CLAVIJO Q., por ese entonces Director de la Caja Agraria de esa municipalidad, argumentando conforme lo consignó en escrito de septiembre 2 de 1998, que se encontraba pendiente de ubicación y por consiguiente no tenía funciones específicas, desacatando y desconociendo la orden recibida por su superior" (fl. 54). TERCERO. Los descargos. Señala la defensa oficiosa del encartado, que encontrándose AMAYA GÓMEZ pendiente de recibir orden superior en relación con el área de trabajo en la que definitivamente iría a cumplir con sus funciones, recibió la orden del Jefe de la Oficina de la Caja Agraria en Ocaña, para que colaborara en la prestación de sus servicios en la Sección de Ahorros y Lavado de Activos, circunstancia que motivó al parecer la reacción negativa de su representado, en razón a la inestabilidad laboral en que se encontraba y de ahí el escrito que en tal

sentido le envió en señal de protesta y no como rebeldía al cumplimiento de sus deberes. Tal argumentación la respalda en el hecho de que si bien se entiende la situación como desacato a una orden superior, lo cierto es que el investigado se encontraba cumpliendo otras labores como así se demostró, solo que la indefinición e incertidumbre que le generó su situación, seguramente resultó frustrante. Por ello, consideró importante establecer las funciones que a posteriori cumplió su prohijado y tener en cuenta la responsabilidad de la entidad al mantener a los servidores públicos sin asignación de funciones definidas (fls. 70 y 71).

CUARTO: El fallo de primera instancia. El tema de la materialidad de la infracción lo aborda la primera instancia, teniendo en cuenta el escrito que dio lugar a la investigación, en el que el investigado plasmó las razones por las cuales consideró no debía atender el requerimiento de su superior inmediato.

Ese documento y el oficio que previamente le entregó el Director de la Caja Agraria en Ocaña, se consideraron como pruebas suficientes para tener por demostrado el comportamiento irregular reprochado, esto es, el haberse negado a cumplir la orden de su superior en las condiciones establecidas, con la consecuente vulneración de las disposiciones que le fueron citadas en el auto de cargos, el numeral 7 del artículo 69 y el 11 del artículo 73 del Reglamento Interno de la Caja Agraria, las cuales consagran los deberes particulares de los servidores públicos a ella vinculados. Se ocupó el aquo de analizar los argumentos presentados por el apoderado de oficio, consistentes en que la reacción de su defendido estuvo motivada por la inestabilidad

laboral en la que se encontraba por la época de los hechos, como consecuencia de no habérsele asignado expresamente las funciones a cumplir, desestimando tal justificación, pues si bien no desconoció esa especial situación, ello no lo autorizaba para negarse a atender las instrucciones impartidas por el superior, independientemente de la responsabilidad que le podía caber a la entidad por mantener personal sin asignación de funciones. Por ello concluyó, que en su criterio se daban las condiciones procesales y probatorias para encontrar responsable de la conducta investigada de AMAYA GÓMEZ y con las características señaladas en el auto de cargos, haciéndose evidente que la misma se llevó a cabo con pleno conocimiento y voluntad. (fls. 163 a 167). QUINTO. El recurso de apelación. Acepta que si bien se encuentra demostrado en el plenario la voluntad de su defendido para no acatar la orden del superior, también existe información en el sentido de haber cumplido las funciones que le correspondían en su condición de Oficial Operativo 11, por lo que atendiendo la primacía de esta última realidad, debe absolvérsele de los cargos formulados (fl. 143). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA La conducta reprochada se enmarcó en el incumplimiento de los deberes que el servidor público vinculado a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero tenía en su condición de Oficial Operativo II de la Oficina de Ocaña, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 69 del reglamento interno de la Caja Agraria, vigente para el mes de septiembre de 1998, cuando se presentó el hecho motivo de investigación,

así como el numeral 1 del artículo 73 de la misma normatividad, que en su orden imponen a tales servidores, el deber de recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le impartan la Caja o sus representantes según el orden jerárquico establecido. Se afirmó en la providencia recurrida, que la violación de las disposiciones en cita, tuvo su manifestación concreta en el escrito del 2 de septiembre de 1998, con el cual el servidor investigado, respondió al requerimiento de su superior fechado a septiembre 1 de la misma anualidad. Este último documento contiene en efecto una orden del Director de la Oficina de la Caja Agraria en Ocaña, si bien en el y por los términos comedidos utilizados en su redacción, aparentemente lo que se solicita es una colaboración del subalterno en el área de ahorros debido al gran movimiento que se presenta por el flujo de operaciones, en realidad se trata de un requerimiento que debió atender de manera inmediata, máxime cuando estaba de por medio el cumplimiento de uno de los objetivos de la organización, la atención eficiente y oportuna de los clientes, tal como se le expuso en el citado documento.. Es decir, que se trataba de una orden impartida no solamente por quien tenía la facultad de hacerlo, sino que tenía su razón de ser en las circunstancias que allí se adujeron, las cuales eran entendibles, en la medida en que se estaba poniendo de presente la imposibilidad del empleado que tenía asignada la responsabilidad de atender el área de ahorros, de hacerlo oportunamente dado el gran volumen de

operaciones que tenía que manejar. De otra parte, las razones que adujo el investigado para no acatar la orden de su superior, no tienen ninguna justificación. Ellas corresponden clásicamente al hecho de encontrarse pendiente de ubicación y por consiguiente no tener funciones específicas asignadas, como consecuencia de que la entidad no resolvió lo pactado en las comisiones paritarias de personal a que se hace referencia en la convención colectiva de trabajo. Estas razones y las demás circunstancias que se aducen en el escrito del 2 de septiembre de 1998, lo que develan es una actitud de rebeldía, al considerar que con la orden impartida lo que se estaba haciendo era quitarle funciones al empleado a quien le correspondían para pasarlas a otros, en especial aquellos pendientes de ubicación. Sin embargo, independientemente de que se haya tenido o no razón en algunas de las situaciones que ocurrían al interior de la oficina, no existe en realidad ninguna que justifique su proceder, pues el hecho argumentado de encontrarse pendiente de ubicación, no legitima su actuar, pues contrariamente a lo expresado por la defensa, se trataba precisamente de asignarle funciones así haya sido de manera provisional, hasta tanto la entidad tomara una decisión de fondo en torno a su ubicación. Las razones aducidas por el superior inmediato del disciplinado para solicitar de manera comedida su colaboración, se constituyen en un ingrediente más para no entender la posición del subalterno, con la que además se denota la falta de compromiso con la entidad, que en ese momento requería de sus servicios en un área que si bien no era la que le correspondía, se necesitaba su colaboración para

agilizar la atención de los clientes, debido la gran demanda que en ese momento se estaba presentando. No existe duda en consecuencia de la vulneración de los deberes que en su condición de servidor público adscrito a la Caja de Crédito Agrario, le correspondían, ellos traducidos en la trasgresión de la norma disciplinaria citada en el auto de cargos, como quiera que no solamente están dados los elementos materiales del comportamiento, sino que de acuerdo con el examen precedente, las razones alegadas no justifican el comportamiento, deduciéndose de esa manera su responsabilidad en la forma y circunstancias que se describieron, es decir con conciencia de la ilicitud de su comportamiento, que lo hace merecedor a la sanción que le impuso la primera instancia, procediendo en esas condiciones la confirmación de la decisión impugnada. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: Confirmar el fallo de primera instancia contenido en la providencia del 26 de agosto de 2002, por medio del cual la Procuradora Regional de Norte de Santander, sancionó a JAIRO AMAYA GÓMEZ en su condición de Oficial Operativo II de la Oficina de la Caja Agraria en Ocaña, con multa de 12 días del sueldo devengado para la época de los hechos.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, notificar esta decisión conforme lo disponen los artículos 84 y 85 de la Ley 200 de 1995, con la advertencia de no proceder recurso alguno contra esta providencia, quedando agotada la vía gubernativa y enviar las comunicaciones de Ley.

Devolver las diligencias a la oficina de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA LUCÍA ZULUAGA VÁSQUEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.

OLZV-AJGG.

Exp. No. 76-1143. Despacho enero 28 2003.