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Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

E. S. D.

REF.: Recurso de casación interpuesto por el Defensor de Leoncio Cadavid Herrera contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que lo condenó como autor del delito de Falsedad ideológica en documento público.

RAD. No.: 22.320

Honorables Magistrados: El Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío (Antioquia) dictó sentencia el 27 de agosto de 2.003, en la que absolvió a Leoncio Cadavid Herrera del delito de Falsedad Ideológica en documento público.

Este fallo fue apelado por el Ministerio Público y por la Fiscalía General de la Nación y en virtud de dicho recurso el Tribunal Superior de Antioquia el 27 de noviembre de la misma anualidad revocó la sentencia absolutoria proferida. En su lugar, declaró penalmente responsable a Leoncio Cadavid Herrera como la responsable por el concurso homogéneo y sucesivo de falsedades ideológicas en documentos públicos agravadas por el uso, a la pena de seis años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo lapso de la privativa de la libertad. También consideró el Tribunal que Leoncio Cadavid Herrera no era acreedor a la condena de ejecución condicional pero sí a la prisión domiciliaria como sustitutiva. Contra esta sentencia el defensor del procesado presentó un recurso extraordinario de casación. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto del 9 de julio mayo de

2.004 realizó pronunciamiento respecto la admisibilidad de la demanda, ordenando correr traslado a la Procuraduría.

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA

1. HECHOS Leoncio Cadavid Herrera, en su calidad de Alcalde Municipal de Caracolí

(Antioquia), firmó varias órdenes de trabajo o de servicio y de pago a nombre de Sergio Albeiro Guarín, como monitor de danzas de la Casa de la Cultura del municipio, durante el lapso comprendido entre agosto de 1.999 a julio de 2.000, quien nunca cumplió el servicio contratado. Así mismo, los pagos recibidos por Sergio Albeiro Guarín Marín eran entregados a Yenni Alexandra Pulgarín Cadavid, sobrina del alcalde, que sí cumplía la labor de danzas contratada pero como no tenía la afiliación a una Empresa Promotora de Salud (EPS), a contrario de Guarín Marín, se acordó que éste último apareciera en los documentos referidos.

2. ACTUACIÓN PROCESAL El 28 de agosto de 2.000 la Fiscalía 146 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la ciudad de Medellín, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia, abrió indagación preliminar con fundamento en el escrito anónimo allegado en el que se denuncia unas irregularidades de la administración municipal del municipio de Caracolí (Ant.).

El 11 de octubre de 2.000 la Fiscalía ordena la apertura de investigación penal vinculando mediante indagatoria al procesado León Antonio Cadavid Herrera, quien fungía como alcalde del municipio de Caracolí, diligencia que se llevó a cabo

el 12 de diciembre de 2.000. El 20 de diciembre de 2.000 la fiscalía resolvió la situación jurídica al procesado Leoncio Antonio Cadavid Pulgarín, imponiéndole medida de aseguramiento de detención por el concurso de delitos de falsedad ideológica en documento público, agravado por el uso y peculado por apropiación, la que fue sustituida por la detención domiciliaria.

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA En resolución del 21 de febrero de 2.001 la fiscalía vincula mediante indagatoria a Yenny Pulgarín Cadavid y Janed Liliana Múnera Ocampo, directora de la Casa de la Cultura para la época de los hechos. El 2 de abril de 2.001 la instructora cierra parcialmente la investigación en relación con Leoncio Antonio Cadavid Herrera, la que calificó, el 3 de mayo de la misma anualidad, con resolución de acusación en calidad de autor del delito de falsedad ideológica en concurso homogéneo y sucesivo agravado por el uso y preclusión de la instrucción respecto del delito de peculado. La audiencia pública de juzgamiento se celebró el 2 de julio de 2.003; el juzgado emitió sentencia el 27 de noviembre de 2.003 en la que absolvió a Leoncio Antonio Cadavid Herrera del los cargos formulados en la acusación. La Procuraduría y la Fiscalía apelaron la anterior sentencia, la que fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín en fallo del 27 de noviembre de 2.003, en el que se condenó al procesado como autor del concurso de delitos de falsedad

ideológica en documento público agravada por el uso, a la pena de seis años de prisión e interdicción de derechos por el mismo lapso. Contra la sentencia del Tribunal el defensor del procesado interpuso el recurso de casación, objeto de pronunciamiento.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Cargo Único El censor presenta un cargo al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, alegando varios errores de hecho que motivaron la violación indirecta de la norma sustancial.

Esos errores generaron la aplicación indebida de los artículos 22, apartado primero, de la Ley 599 de 2.000, 219 del Código Penal de 1.980 y 232, apartado segundo, del Código de Procedimiento Penal, dejando de aplicar el artículo 7°,

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA inciso segundo de esta normatividad que contempla el principio de In dubio pro persona (sic). En criterio del censor, los errores de hecho enunciados perviven las dudas razonables acerca de si efectivamente el señor Leoncio Antonio Cadavid Herrera actuó dolosamente en la suscripción de los documentos de naturaleza falaz y, por lo tanto, el estado de certeza respecto de su responsabilidad no podía declararse.

Estos se contraen a: (i) Un falso raciocinio, al valorar algunos medios de convicción con vulneración manifiesta de los postulados de la sana crítica, desconociendo elementales reglas de la experiencia; (ii) varios falsos juicios de identidad, en cuanto el Tribunal tergiversó, distorsionó y cercenó la expresión fáctica de algunos medios de convicción y (iii) diferentes falsos juicios de

existencia al haber omitido apreciar algunas pruebas incorporadas legalmente en la actuación. A) Error de hecho por falso juicio de identidad respecto del indicio de mentira Para el demandante el error recae en el hecho indicador por cuanto el Tribunal distorsionó el contenido material de la injurada del procesado Leoncio Antonio Cadavid Herrera, cercenándola en su expresión fáctica, en tanto concluyó que éste manifestó ser desconocedor de la contratación entre el municipio y la joven Jenni Alexandra Pulgarín Cadavid, en calidad de monitora de la Casa de la Cultura, deduciendo de ello un indicio de mentira en contra dado que, en criterio del Tribunal, su actitud demostraba un comportamiento malicioso. El censor considera que dicho indicio no podría constituirse válidamente si se valora en su sola expresión literal, y en su contexto, las intervenciones procesales del procesado que desvirtúan categóricamente ese oculto proceder. B) Error de hecho por falso juicio de identidad respecto a la indagatoria del procesado

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA Para el accionante en casación el error denunciado consiste en la adición que hizo el Tribunal al contenido literal de la injurada del procesado, quien expresó como en la última orden de pago se enteró de la irregularidad y ordenó inmediatamente, en consecuencia, su anulación. Sin embargo, el Tribunal le puso a decir al procesado algo completamente diferente y que va más allá de su contenido intrínseco. Por tanto, según el casacionista, la lectura que hace el Ad quem de la injurada lo llevó a conclusiones que real y objetivamente no se desprenden de ésta en la

medida en que Leoncio Cadavid Herrera jamás señaló haberse enterado de una situación irregular desde el primer pago sino que solo lo vino a advertir con la última orden de pago. Según el censor, el Tribunal descontextualizó en su integridad el contenido objetivo de la injurada en especial el aparte referido a que sólo con la última orden de pago -relacionado específicamente a un monitor de danzasse generaron dudas en el procesado de la real contratación del señor Sergio Guarín Marín, y no antes, porque con precedencia los pagos se hacían como si fuese un monitor rural, circunstancia que hacía imposible saber de quién se trataba debido a que estos monitores rurales eran campesinos. En esas condiciones el Tribunal invocó erradamente la indagatoria para afirmar que el procesado se enteró de varios pagos realizados al señor Guarín Marín pero al tenor literal de dicha injurada sólo menciona un solo pago porque precisamente fue el último el que advirtió de naturaleza irregular y no los demás. En ese sentido el fallador al distorsionar, mediante adición, el exacto sentido de las palabras consignadas en las intervenciones del procesado -injurada y vista públicarespecto del hecho en referencia generó una conclusión equívoca dado que lo puso a decir que conocía las circunstancias anómalas desde un comienzo, infiriendo su pleno conocimiento en el irregular pago y, por ende, dio por demostrada la faz subjetiva de la conducta -dolo-. Si el Tribunal hubiera aceptado las explicaciones de Leoncio Cadavid Herrera, tal como fueron vertidas en la injurada, sin adicionar elemento alguno,

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necesariamente, se habilitaría la duda respecto si éste, efectivamente, tuvo un conocimiento real del acto falsario cuando se dispuso signar las distintas ordenes de pago. C) Falso juicio de existencia por pretermisión del testimonio de la Dra. Elsy Alvery Quiroz Varela y la certificación expedida por la Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano Según el censor el Tribunal dejó de valorar el testimonio de la Dra. Elsy Alvery Quiroz Varela, quien, respecto a la existencia de quejas, objeciones así como de disensos de la comunidad frente a la designación de Yenni Pulgarín Cadavid en calidad de monitora cultural señaló, expresa y categóricamente, la ausencia de las mismas y reconoció como su contratación era un hecho conocido ampliamente por la comunidad. Así mismo, considera que la contratación con la joven Pulgarín Cadavid no fue realizada de forma subrepticia y de espaldas a la comunidad del municipio de Caracolí como se infiere de la certificación expedida por la Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano del Departamento de Antioquia, de fecha 22 de julio de 1.999, mediante la cual se aclara que un contrato de prestación de servicios genera una vinculación contractual y no una relación laboral. Considera el casacionista que de haber sido apreciada dicha deponencia, al igual que la certificación expedida por la Gobernación de Antioquia, no se habría concluido que la devolución de la última cuenta obedecía al hecho de ocultar un episodio que se habría vuelto de carácter público y al cual la comunidad se oponía, razón que llevó al envío del anónimo a los entes de control porque era

evidente según el contenido del testimonio en referencia como dicha contratación no fue un hecho clandestino, la que tuvo el visto bueno de la Gobernación de Antioquia que conceptuó la inexistencia de inhabilidad alguna. D) Falso juicio de existencia por pretermisión de los testimonios rendidos por Jenni Alexandra Pulgarín Cadavid, Sergio Albeiro Guarín Molina y Nelly Mejía Vélez Según el censor de valorarse el contenido testifical ofrecido por los citados declarantes, el fallo de segundo grado, necesariamente habría avalado la

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA sentencia de primera instancia en consideración a que dichos deponentes establecen categóricamente cómo el procesado desconocía el pacto o acuerdo llevado a cabo entre Yenni Pulgarín Cadavid y Sergio Alberto Guarín Molina, lo que demuestra fehacientemente la ajenidad del procesado en el episodio delictivo. El fallador no hizo ninguna reflexión sobre tales medios de prueba porque de haberlos examinado en su justas proporciones necesariamente habría concluido que existían serias y razonables dudas acerca de si efectivamente el procesado pudo conocer el contenido ideológicamente falso de los documentos por él signados, imponiéndose en todo caso la aplicación del In dubio pro reo. E) Error de hecho por falso juicio de identidad que recayó en las ordenes de pago Para el casacionista, el fallador de segunda instancia incurrió en plurales falsos juicios de identidad, en la estimativa que brindó a las distintas ordenes de pago, al trastocar por tergiversación, el contenido documental de dichos pagos, al señalar

que el procesado no actuó de buena fe al momento en que signó las distintas ordenes como quiera que habría advertido la inexistencia de ordenes de pago a favor de su sobrina y, sin embargo, no realizó la respectiva averiguación. Según el censor ninguna orden señala expresamente cuáles personas son las beneficiarias del emolumento pues únicamente se coloca a uno de los beneficiarios y la nota de “otros”, es decir que el pago se hace de forma global, in genere, en colectivo y no se particulariza a cada uno de los contratistas. De allí que no aparezcan expresamente en el documento múltiples monitores que ciertamente prestaron sus servicios y naturalmente recibieron sus pagos, entre otros Carlos Callejas, Ferney Acosta y Patricia Morales. Si el Tribunal no hubiera tergiversado el contenido literal de la orden de pago habría concluido necesariamente que era perfectamente posible que el procesado no se apercibiera desde un comienzo del irregular pago, en tanto, él solo examinaba la orden de pago y procedía a signarlas y en dichas ordenes nunca se registraba pormenorizadamente cada monitor en virtud de que los documentos anexos que avalaban la orden de pago para cada monitor específicamente ya

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA habían sido verificados en su legalidad por tres dependencias internas -secretaría del despacho, tesorería y secretaría de gobierno-. F) Error de hecho por falso juicio de existencia por omisión de un indicio Afirma el censor que el indicio que se omitió a instancias de los falladores es el de la personalidad del sindicado (sic) apareciendo inverosímil que éste pudiese haber buscado favorecer a su sobrina el ahorro de una pingüe suma de dinero a través

de una complicada operación falsaria. La configuración del indicio surge a partir de las declaraciones de Luis Fernando Jaramillo Vélez, Elsy Alveri Quiroz Varela y de la indagatoria del procesado, pruebas que indican que el mismo se ha desempeñado a lo largo de toda su vida en el sector público, con pulcra y proba conducta, imprimiendo a todos sus actos el sello de la excelsitud moral y ética. Esto significa que el procesado tiene un futuro político promisorio de manera que atendiendo a su perfil personal y social, resulta abiertamente imposible moralmente que se decidiera a cometer un delito de la naturaleza por el que fue condenado que no le reportaba beneficio alguno, ni de naturaleza económica y mucho menos personal y si un gran perjuicio para su proyecto existencial. G) Falso juicio de raciocinio en la estimación del indicio derivado de la ausencia de pagos a la joven Jenni Alexandra Pulgarín Cadavid durante los períodos laborados Para el casacionista el error se hace recaer en el razonamiento indiciario, que vincula el hecho indicante con el hecho indicado, en tanto el fallador transgredió una regla de la experiencia al construir la inferencia lógica. En ese sentido el sentenciador estimó que el alcalde debió tener conocimiento del pago irregular desde un comienzo en tanto habría advertido la ausencia de pagos realizados a la joven Jenny Alexandra Pulgarín Cadavid por el periodo en el que ésta prestó sus servicios a la municipalidad, siendo su deber leer detenidamente todos los documentos que en su momento firmaba.

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Según el casacionista una regla de la experiencia común, aceptada por todos, es que un alcalde gobierna todos sus actos por el principio de confianza, del cual se deriva la facultad de delegar en los subalternos el análisis y revisión de la mayoría de sus actuaciones funcionales, lo que le impide apercibirse de manera pormenorizada de lo ocurrido al interior de la administración, lo contrario significaría una parálisis de la gestión pública por ineficiencia de la misma. La regla de la experiencia que debió aplicarse, era reconocer que el modo ordinario de ser y actuar de un alcalde era delegar la revisión de las cuentas y ordenes de pago al personal subalterno. Si bien es cierto que como ordenador del gasto era el nominador en el municipio, ello no significaba que no delegara la búsqueda y escogencia del personal de monitores eventuales en los secretarios de despacho, de allí del por qué no se percatara del pago indebido realizado a Guarín Molina desde un comienzo. El casacionista hace notar que los pagos se realizaban en un solo día, de forma bimestral y en una cantidad que oscilaba entre setenta y cien cuentas, la firma se hacía simultáneamente. Además, manifiesta que los pagos en virtud de contratos de prestación de servicios eran una cantidad considerable (deportes, planeación, cultura y como el alcalde solo estaba en el municipio por tres días, pues el tiempo restante permanecía fuera del municipio, gestionando recursos ante los gobiernos nacional y departamental lo que implicaba una confianza en las certificaciones expedidas por los secretarios, cuya implicación se veía en una flexibilidad en los

controles. Según el demandante el yerro del Tribunal tiene la virtud de derruir todas las bases de la sentencia en lo que tiene que ver con el conocimiento del procesado frente al carácter espúreo de las ordenes de pago y por ello bien puede aceptarse que el procesado se hallaba en un preciso ámbito circunstancial que impedía adquirir esa conciencia, dejándose de aplicar el artículo 7°, inciso segundo, del Código de Procedimiento Penal que contempla el In dubio pro reo. H) Falso juicio de raciocinio en la valoración del testimonio de la señora Janed Liliana Múnera Ocampo

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA Afirma el censor que el Tribunal al valorar la declaración del testimonio de Janed Liliana Múnera Ocampo desconoció una regla de la experiencia de universal aceptación en la critología del testimonio relacionado con el interés del declarante en las resultas del proceso, máxime cuando se trata del testimonio del cosindicado, interés que se hace concreto con la acusación que lanza para buscar una exoneración. Para el demandante la regla de la experiencia que debió aplicarse era la de reconocer la poca credibilidad que ofrecía el testimonio de la coprocesada Múnera Ocampo, quien en virtud de la acusación que lanza en contra de Cadavid Herrera buscaba una exoneración de la responsabilidad. Por tanto, el Tribunal no examinó la logística de un burgomaestre en revisar detalladamente y al dedillo cada orden de pago porque su conducta la guía el principio de delegación, expresión del principio de confianza y por esa razón puede aceptar ser que el procesado se hallaba en un preciso ámbito circunstancial

que le impedía adquirir esa conciencia. Para finalizar, establece en un capítulo aparte un estudio integral sobre todas y cada una de las probanzas en que se fundó la sentencia de cara a lo yerros denunciados y su relevancia en el contenido de justicia del fallo concluyendo que de una lectura en conjunto se puede advertir cómo obraban dentro del expediente testimonios de auténtica sinceridad que desvirtúan categóricamente el elemento de dolo en cabeza del procesado. Para demostrar la anterior afirmación manifiesta que la no valoración de las declaraciones de la señora Nelly Mejía, Yenni Pulgarín Cadavid y Sergio Guarín Molina comportaron la negativa del Tribunal en desconocer la aplicación del in dubio pro reo; considera que la distorsión de la injurada del procesado conllevó a conclusiones equívocas y construcciones indiciarias erróneas; así mismo, la pretermisión de pruebas como el testimonio de la ex-personera municipal y la tergiversación de las ordenes de pago, significó la aplicación de inferencias lógicas ciertamente equívocas. Con fundamento en los errores de hecho denunciados solicitó la casación de la sentencia impugnada en el sentido que las condiciones probatorias no se allanan

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA para emitir un juicio de certeza acerca de la responsabilidad del procesado Leoncio Antonio Cadavid Herrera.

4. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA Con fundamento en la causal primera de casación dirigió el censor el ataque contra la sentencia del Tribunal, advirtiendo una violación indirecta a la ley sustancial por la presencia de varios errores de hecho frente al material probatorio

obrante dentro del proceso. Los yerros evidenciados en la demanda tienen origen en el análisis que realizó el Tribunal respecto de la responsabilidad del procesado. Para el efecto, transcribe, antes de entrar en el desarrollo del cargo, el problema jurídico planteado por el Ad quem concerniente a: “Si Leoncio Antonio Cadavid Herrera tuvo conocimiento de los irregulares pagos que se le hicieron a Sergio Albeiro Guarín; es decir, si al momento de firmar las órdenes de pago y de servicio era consciente que el contratista, Sergio Albeiro Guarín Molina, no tenía ningún vínculo con la Administración Municipal de Caracolí y que sólo era un instrumento utilizado por Jenny Alexandra Pulgarín para cobrar los sueldos por los servicios efectivamente prestados”. De esta forma, de manera clara, el censor identificó el punto central del razonamiento del fallador de segundo grado, al cual se opone, razón por la que toda la argumentación la dirige a la demostración del principio de “In dubio pro reo”, dejado de aplicar, según su criterio, a favor del procesado. Es decir, en consideración del casacionista, el fallo no reconoce la duda, existiendo razón por la que dirige su ataque bajo los lineamientos de la violación indirecta. De esta manera, los errores advertidos tienen una única finalidad. Esta se contrae a la demostración de una idéntica violación de la ley sustancial, en el caso concreto, la ausencia de la certeza para declarar la responsabilidad penal del procesado.

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA Además de lo anterior, en igual sentido, en tres de los errores de hecho denunciados el censor citó la misma fuente probatoria de la que, según su

parecer, el Tribunal, además de extraer el hecho indicador que le sirvió de fundamento al fallo condenatorio, tergiversó su contenido objetivo y desacertó en la aplicación de las reglas de la sana crítica. Esta última apreciación nos indica que técnicamente, en aras de garantizar la posibilidad de éxito de la censura, ha debido atacar en su conjunto el elemento probatorio que le sirvió de base para la enunciación de los yerros a que nos referimos y no fraccionarlo para sacar de sus diferentes partes tres errores independientes, que pudieron agruparse en un solo. Ese método lo llevó a denunciar un error de hecho sin nombrar la fuente de donde deriva el contenido material atacado -literal G) del cargo-. Por consiguiente, la atenta lectura de los argumentos del demandante enseña que su inconformidad radica en el razonamiento que hizo el Ad quem de los elementos de prueba recopilados dentro del proceso, entre ellos, la indagatoria. Sin embargo, al dividir, para efectos de su metodología, los yerros que, a su juicio, contiene la sentencia atacada, incurrió en una imprecisión técnica. Es así como frente a un mismo elemento de prueba, como por ejemplo la indagatoria del procesado, al unísono formuló un falso juicio de identidad y de existencia por omisión1, sin reparar en la exclusión manifiesta en su argumento. No podía aducir, en ese sentido, que una prueba fue desconocida y, en la misma unidad argumentativa, manifestar que fue tergiversada, por más que estudie los errores en párrafos apartes. De este modo, se corrobora, con mayor intensidad, que el censor se aparta de la

valoración que hizo el Ad quem respecto de los medios de prueba que le sirvieron de fundamento para la condena impuesta al procesado Leoncio Cadavid Herrera y, en virtud de ello, rechaza las conclusiones que se derivaron de la misma. 1 Error rotulado con la letra “F”, al tomar la indagatoria como una de las fuentes del vicio que denuncia.

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA Por la tanto, la censura debió proyectarse por la vía del error de hecho por falso raciocinio, agrupando o subsumiendo en este los demás vicios expuestos, con la finalidad de determinar que, en ese proceso intelectual, el Tribunal desconoció las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de la experiencia y declaró una verdad objetiva totalmente contraria a lo que evidencia el proceso. Esto se afirma dado que su inconformidad radica, así se extrae de la demanda, en el análisis al que fue sometido el conjunto de medios de prueba analizados por el fallador en la sentencia atacada pues, como se observa en la sentencia, fueron varios los soportes probatorios en los que se apoyó el Tribunal para afirmar la certeza de responsabilidad penal en cabeza del procesado. Para la construcción de esta conclusión resulta fundamental tener en cuenta el presupuesto del que partió el Tribunal cuando afirmo que: “Ningún cuestionamiento se ha hecho en punto a que los aludidos documentos se consignaron manifestaciones mentirosas, al hacer aparecer a Sergio Guarín Marín como que prestó sus servicios como “monitor cultural” a la Administración Municipal de Caracolí; como tampoco respecto a que Leoncio Cadavid Herrera, en

su condición de Alcalde popular de Caracolí, autorizó las órdenes de servicio y de pago respectivas.” (Pagina No. 5 de la sentencia). Luego lo anterior indica que la labor intelectual del fallador, después de dilucidar el problema jurídico a resolver -sobre la culpabilidad del procesado-, partió del análisis del conjunto de pruebas que lo llevó a oponerse a la tesis de la defensa. Esta se basa en el principio de buena fe del procesado debido a que los servicios que certificó efectivamente se prestaron y que su firma la estampó confiando en sus subalternos. Para el efecto, tenía que oponerse el Tribunal, de igual modo, a la tesis del A quo, que “echó de menos el dolo en el actuar del justiciable o al menos lo encontró dudoso”, en virtud de la cual no fue posible en la investigación desvirtuar la versión suministrada por el procesado y ante la exigencia del dolo en el delito investigado no era posible considerar su conducta como punible.

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA Para fundamentar el contra argumento a tal postura el Tribunal acudió a la sana crítica al manifestar que: “...el conocimiento que Cadavid Herrera tuvo de que su conducta falsaria era vitanda (sic) no se remite a dudas, pues en cabeza de nadie cabe suponer como un hecho lícito la creación de documentos públicos que contienen afirmaciones que no corresponden a la verdad” (pág. 7 de la sentencia). Es por esta razón que el Ad quem no admite que el procesado desconocía por completo que eran irregulares los pagos que él autorizaba dado que el acervo

probatorio desvirtuaba por completo la versión suministrada por él mismo. Esta referencia, evidenciada de la lectura de la sentencia, sirve de marco para reafirmar lo dicho en precedencia: la oposición del censor lo es contra la valoración del conjunto de pruebas efectuada por el Tribunal, razón de más para agrupar en un falso raciocinio los errores advertidos sobre éste tópico. Sin embargo, el censor inició su análisis con la enunciación de un falso juicio de identidad respecto al indicio de mentira, haciendo recaer el mismo en el hecho indicador. Considera el censor que el Tribunal distorsionó el contenido material de la injurada, cercenándola en su expresión fáctica, en tanto le puso a decir que él era desconocedor de la contratación que el municipio hizo de la joven Yenni Alexandra Pulgarín Cadavid, en calidad de monitora de la Casa de la Cultura del municipio, cuando en realidad éste no hizo dicha aserción. En virtud de tal error, considera el censor, el fallador de segunda instancia dedujo un indicio de mentira que demostraba un comportamiento malicioso de su parte. Sea lo primero aclarar que el Tribunal, respecto a la injurada del procesado, no estructuró aisladamente un indicio de mentira sino que simplemente realizó una ponderación de su versión con el resto de material probatorio que lo llevó a concluir dos cosas: uno, la tendencia del procesado a decir en parte o a decir de manera indirecta su conocimiento sobre el asunto investigado; dos, que tenía conocimiento de su ilícito proceder.

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LEONCIO A. CADAVID HERRERA Para ello, el Tribunal considera como malicioso su comportamiento al pretender

hacer creer, en sus intervenciones, que Jenni Alexandra Pulgarín Cadavid no trabajaba en la Casa de la Cultura del municipio, a manera de coartada, en busca de una exculpación de su conducta. Esa intención es la que advierte el Ad quem al analizar y valorar sus intervenciones dentro del proceso - injurada y audiencia pública- . Eso significa que el Tribunal construyó una inferencia lógica a partir de sus manifestaciones, de la que concluyó que el procesado tenía conocimiento de dicha circunstancia. Pero para llegar a tal conclusión se fundamentó no solo en su injurada sino en otros medios de prueba que así lo confirman. Por lo tanto, el hecho indicante -la circunstancia referida al conocimiento de que Yenni Pulgarín Cadavid trabajaba en la Casa de la Cultura-, extraído de la indagatoria, tiene soporte probatorio en las intervenciones del procesado y en las manifestaciones de los testigos Liliana Ocampo Múnera, Diego Alberto Gómez Carmona y Carlos Alberto Muñoz Carmona, entre otros. Además de este hecho indicante, el Ad quem partió, para inferir el conocimiento que tenía sobre la comisión del ilícito investigado,