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Procurador General OBJECIONES PRESIDENCIALES-Su no regulación en el tramite de proyectos de actos legislativos puede generar una omisión legislativa relativa PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-La normas constitucionales no regulan la forma como puede objetarlos el Presidente de la Republica Basta una lectura desprevenida de los artículos 4° y 113 Superiores, para advertir que ninguno de ellos prevé de manera explícita o implícita que el Presidente de la República tenga competencia para objetar proyectos de acto legislativo reformatorio de la Carta. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Su base es el principio de supremacía de la Constitución Política En efecto, si bien en el principio de supremacía de la Constitución Política se funda el control de constitucionalidad, de ello no se sigue per se que el Presidente de la República pueda objetar todas las normas jurídicas, o que sea el único ente responsable de ejercer un control de constitucionalidad de las mismas. Esta tarea también le corresponde, y de manera principal, a la jurisdicción, conforme a las competencias señaladas por la propia Carta. Algo semejante puede decirse del principio de separación funcional del poder público, pues del hecho de que los órganos del poder público tengan competencias separadas no se sigue per se que todo proyecto tramitado en el Congreso de la República pueda ser objetado por el Presidente de la República. Bogotá, D.C., septiembre 7 de 2012 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5 de 1992.

Actor: EVARISTO RAFAEL RODRÍGUEZ FELIZZOLA.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

Expediente D-9209. Concepto 5432 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que presentó en ejercicio de su ciudadanía EVARISTO RAFAEL RODRÍGUEZ FELIZZOLA contra los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5 de 1992, los cuales se citan textualmente: LEY 5 DE 1992 (17 de junio de 1992) Procurador General Concepto 5432 Diario Oficial No. 40.483 de 18 de junio de 1992 "Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes." (…) ARTÍCULO 197. OBJECIONES PRESIDENCIALES. Si el gobierno objetare un proyecto de ley, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen. Si las Cámaras han entrado en receso, deberá el Presidente de la República publicar el proyecto objetado dentro de los términos constitucionales. ARTÍCULO 198. TÉRMINO PARA LA OBJECIÓN. El Gobierno dispondrá de seis (6) días para devolver con objeciones cualquier proyecto, si no consta de más de veinte (20) artículos; de diez (10) días si el proyecto contiene de veintiuno (21) a cincuenta (50) artículos; y hasta de veinte (20) días cuando los artículos sean más de cincuenta (50).

ARTÍCULO 199. CONTENIDO DE LA OBJECIÓN PRESIDENCIAL. La objeción

a un proyecto de ley puede obedecer a razones de inconstitucionalidad o de inconveniencia. 1o. Si fuere por inconstitucionalidad y las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que decida sobre su exequibilidad dentro de los seis (6) días siguientes. Este fallo obliga al Presidente a sancionar la ley y a promulgarla. Pero, si se declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la Corte Constitucional considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga o integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Cumplido este trámite, se remitirá a la Corte el proyecto para su fallo definitivo. 2o. Si fuere por inconveniencia y las Cámaras insistieren, aprobándolo por mayoría absoluta, el Presidente sancionará el proyecto sin poder presentar nuevas objeciones.

1. Planteamiento de la demanda.

El actor considera que las normas demandadas, al regular el trámite de las objeciones presidenciales a los proyectos de ley, vulneran los principios de equilibrio y control de los órganos del poder público y de supremacía de la Constitución, e incurren en una omisión legislativa relativa. Respecto del primer principio, aduce que estas normas no permiten al Presidente de la República objetar proyectos de acto legislativo, como sí lo autoriza el artículo 113 Superior. En sus palabras: Así las cosas, mientras el artículo 113 de la Constitución Política autoriza al

Presidente de la República para objetar los proyectos de actos legislativos, las normas acusadas recortan esa función presidencial, al permitir objetar sólo los proyectos de ley. La norma Superior autoriza ejercer control sobre los actos del Congreso de la República, sin distinción alguna y las normas 2 Procurador General Concepto 5432 legales acusadas restringen esa facultad a los proyectos de ley. Esa dicotomía rompe y quebranta el principio de separación y equilibrio de los poderes públicos que puede conducir, incluso, a la ruptura del Orden Constitucional, con la consecuente sustitución (…). Respecto del segundo principio, arguye que las normas en comento no le permiten al Presidente de la República ejercer una competencia autorizada de manera clara en el artículo 4° Superior para objetar proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso. En sus palabras: En síntesis, el principio de “supremacía constitucional” contemplado en el artículo 4º de la Constitución Política autoriza al Presidente de la República a presentar objeciones a los proyectos de actos legislativos. Por su parte las normas acusadas de inconstitucionales, contenidas en los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5ª de 1992 acusados, niegan esa posibilidad, de donde derivan (sic.) su inconstitucionalidad. De allí que deben ser retiradas del ordenamiento o, al menos, el sentido normativo contrario a la Constitución Política. Respecto de la omisión legislativa relativa, señala que las normas demandadas le impiden al Presidente de la República garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos, como es su deber, al

tenor de lo dispuesto en el artículo 188 Superior. En sus palabras: El artículo 188 de la Constitución establece que “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”, lo que implica que el Presidente de la República tiene los instrumentos necesarios para hacer efectiva (sic.) esas garantías y derechos. El Congreso de la República en las normas acusadas incurrió en una omisión legislativa relativa porque si (sic.) contempló la posibilidad de que el Presidente objete los proyectos de ley y no los proyectos de actos legislativos, lo que hace que los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5ª de 1993 (sic.) resulten inconstitucionales (…).

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5 de 1992, orgánica del reglamento del Congreso de la República, al regular las objeciones presidenciales a los proyectos de ley, su trámite y contenido, vulnera los principios de supremacía de la Constitución Política y de 3 Procurador General Concepto 5432 separación funcional del poder público, o incurre en una omisión legislativa relativa, al no prever la posibilidad de que el Presidente de la República objete proyectos de acto legislativo.

3. Análisis jurídico.

El actor plantea los cargos de su demanda a partir de una singular apreciación subjetiva de varias normas constitucionales. Esta apreciación es desafortunada, pues pretende encontrar contenidos implícitos en normas que no los tienen. Esta circunstancia hace que los cargos no

cumplan con los requisitos mínimos para que la Corte pueda pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de las normas demandadas, como pasa a verse. Al partir de supuestos o deducciones que no corresponden a la realidad constitucional, los cargos planteados en la demanda carecen de certeza. Basta una lectura desprevenida de los artículos 4° y 113 Superiores, para advertir que ninguno de ellos prevé de manera explícita o implícita que el Presidente de la República tenga competencia para objetar proyectos de acto legislativo reformatorio de la Carta. En efecto, si bien en el principio de supremacía de la Constitución Política se funda el control de constitucionalidad, de ello no se sigue per se que el Presidente de la República pueda objetar todas las normas jurídicas, o que sea el único ente responsable de ejercer un control de constitucionalidad de las mismas. Esta tarea también le corresponde, y de manera principal, a la jurisdicción, conforme a las competencias señaladas por la propia Carta. Algo semejante puede decirse del principio de separación funcional del poder público, pues del hecho de que los órganos del poder público tengan competencias separadas no se sigue per se que todo proyecto tramitado en el Congreso de la República pueda ser objetado por el Presidente de la República. 4 Procurador General Concepto 5432 Al plantear el cargo de omisión legislativa relativa, ocurre otro tanto, pues el actor asume que el deber de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, lleva implícita la competencia para objetar los proyectos de acto legislativo, cuando la realidad constitucional señala otra cosa. Además, en su discurso no muestra, y menos demuestra, la

ocurrencia de dicha omisión, y pasa por alto la circunstancia de que los artículos demandados se limitan a reproducir el contenido previsto en los artículos 166 y 167 Superiores respecto de las objeciones presidenciales a proyectos de ley. En vista de las anteriores circunstancias, el Ministerio Público solicitará a la Corte que se inhiba de pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de los artículos demandados, por falta de certeza en la formulación de los cargos planteados en la demanda.

4. Conclusión.

El Ministerio Público solicita a la Corte que se INHIBA de pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5 de 1992, por ineptitud sustancial de la demanda. Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/JD Contreras B. 5