PGN - ORDENAMIENTO JURIDICO - Supervisión de funciones

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 052-07525-2002

Disciplinado: Milton Gabriel Bravo Rojas y Mery Adriana Salas

Cargo y Entidad: Municipio de Villagarzón – Putumayo Quejoso: Rene Quintero Delgado Fecha Queja: 6 de diciembre del 2001

Fecha Hechos: 10 de agosto de 2001

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02)

Bogotá, D.C., agosto 8 de 2006 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra el señor MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.102.326 de Valledupar, en su condición de Alcalde del municipio de Villagarzón, y la señora MERY ADRIANA SALAS RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.470.302 de Santiago, Putumayo, en su condición de Secretaria de Salud de Villagarzón.

1. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el 8 de diciembre del 2001, el señor René Quintero Delgado denunció ante el Procurador Regional del Putumayo, entre otras irregularidades, la siguiente, que, según la queja, se habría presentado en la administración municipal de Villagarzón y sería atribuible al señor MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS (Folios 2-5): (…)3º.)Mediante el contrato de suministro número 007 del 10 de agosto de 2001, se contrató

la entrega de las remesas para los ancianos por un valor total de $7.301.496.oo, en donde igualmente se cometen las siguientes irregularidades: A) en la cláusula primera se dice que existe un concepto previo y favorable del “Comité de Compras del Municipio”, lo cual es completamente falso ya que dicho comité es inexistente; B) conforme a la discriminación de productos y valores consignados en el contrato, a cada uno de los 237 beneficiarios les correspondía una remesa por valor de $30.808.oo pero conforme a la realidad a cada uno de ellos les entregaron remesas por valor de $26.400.oo, es decir, que desapareció como por arte de magia más de UN MILLON DE PESOS; C) la póliza de cumplimiento que dice garantizar el contrato número 006 del 14 de agosto y donde solamente se asegura la suma de $730.149.oo; D)las ofertas que forman parte del referido contrato no corresponden a la realidad ya que esas facturas fueron obtenidas de manera engañosa a sus verdaderos firmantes quienes jamás presentaron dichas ofertas y eso se observa claramente en las mismas facturas las cuales fueron llenas por una misma persona buscando que sean cotizaciones más altas a la presentada por el señor FLAVIO SANDOVAL MALLAMA para que éste sea el favorecido (…) Con fundamento en la queja presentada por el señor René Quintero Delgado, la Procuraduría Regional del Putumayo, el 11 de febrero del 2002, ordenó adelantar indagación preliminar contra funcionarios de la administración municipal de Villagarzón, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 al 140 de la ley

200 de 1995 (Folio 89-90). Mediante auto del 26 de mayo de 2003, la Procuraduría Regional del Putumayo ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el señor MILTON GABRIEL EXPEDIENTE 052-7525 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA BRAVO ROJAS, en su condición de alcalde del municipio de Villagarzón, y MERY ADRIANA SALAS, en su condición de Jefe de la División de Salud del municipio de Villagarzón, entre otros hechos, por las irregularidades denunciadas respecto del contrato de suministro 007 del 10 de agosto de 2001 (Folios 178-186).

2. LOS CARGOS Mediante proveído del 6 de agosto del 2004, la Procuraduría Regional del Putumayo formuló cargos en contra del señor MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.102.326 de Villagarzón, Putumayo, en su condición de alcalde del municipio de Villagarzón y contra la señora MERY ADRIANA SALAS RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.27.470.302 de Santiago Putumayo, en su condición de Secretaria de Salud del municipio de Villagarzón. Al señor BRAVO ROJAS se le imputaron dos cargos; en relación con el primero, se declaró la prescripción de la acción disciplinaria en el fallo de primera instancia. El segundo de los cargos imputado al disciplinado es del siguiente tenor: (Folios 943953)

2. Usted en su condición de alcalde municipal de Villagarzon Putumayo, suscribió el

contrato de suministro No. 007 del 10 de agosto de 2001 con el señor Flavio Anibal Sandoval Mayama, por valor de $7.301.496, con el objeto de suministrar 237 remesas con destino a ancianos indigentes beneficiarios del programa Revivir; para la firma del contrato aparecen dentro del informativo tres cotizaciones presentadas por Supermercado Merquefacil, Autoservicio San Jorge y Cooperativa Multiactiva de Villagarzón Putumayo, aparentemente su contenido fue elaborado por la misma persona (la letra es muy similar), además los propietarios de esos establecimientos comerciales (Ernestina Quintero y Heriberto Ramírez) afirman categóricamente que las firmas que aparecen en las mismas son las suyas pero su contenido no fue elaborado por ellos; es decir, trasgredió el principio de transparencia en la contratación estatal, pues tendrían la única finalidad de presentar propuestas por debajo de la cotización que salio (sic) favorecida (Subrayado fuera de texto). Se dijo que con la conducta descrita el disciplinado trasgredió los numerales 10, 21 y 22 del artículo 40 de la ley 200 de 1995 y que, por ello, podía imputársele responsabilidad disciplinaria, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política. La falta se le atribuyó al disciplinado a título de dolo y se calificó provisionalmente como grave. Por otra parte, a la señora MERY ADRIANA SALAS se le imputó un cargo único, en los siguientes términos: Usted en su condición de Secretaria de Salud del municipio de Villagarzon - Putumayo, el 9 de julio de 2001, recibió tres cotizaciones presentadas por Supermercado Merquefacil,

Autoservicio San Jorge y Cooperativa Multiactiva de Villagarzón Putumayo, y sugirió al señor alcalde contratar con el señor Flavio Sandoval propietario del Supermercado Merquefacil. Las cotizaciones correspondientes al Autoservicio San Jorge y Cooperativa Multiactiva de Villagarzón Putumayo, aparentemente su contenido fue elaborado por la misma persona (la letra es muy similar), además los propietarios de esos establecimientos comerciales (Ernestina Quintero y Heriberto Ramírez) afirman categóricamente que las firmas que aparecen en las mismas son las suyas pero su contenido no fue elaborado por ellos; es decir, trasgredió el principio de transparencia en la contratación estatal, pues tendrían la única finalidad de presentar propuestas por debajo de la cotización que salio (sic) favorecida (Subrayado fuera de texto).

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Se dijo que, con la conducta descrita, la disciplinada trasgredió los numerales 21 y 22 del artículo 40 de la ley 200 de 1995 y que, por ello, podía imputársele responsabilidad disciplinaria, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política. La falta se le atribuyó a la disciplinada a título de dolo y se calificó provisionalmente como grave.

3. DESCARGOS. 3.1 Milton Gabriel Bravo Rojas La apoderada del disciplinado presentó memorial de descargos el 5 de octubre de 2004 (Folios 976-987).

Respecto del segundo cargo, manifestó que su poderdante obró cumpliendo

cabalmente los cometidos estatales y respetando el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. Dijo que el hecho de que las facturas de los tres proponentes estén elaboradas con letra similar hace presumir que éstas fueron elaboradas por cualquiera de los dos disciplinados, por lo que solicitaría la práctica de una prueba grafológica que desvirtuara tal hecho. Hizo mención de los artículos 48, 824, 826, 846 y 847 del Código de Comercio, para indicar que los comerciantes son responsables de sus documentos mercantiles (facturas). Además, que debe tenerse en cuenta que los propietarios del almacén Autoservicio San Jorge y Cooperativa Multiactiva de Villagarzón Putumayo Ltda., proponentes no beneficiados con la adjudicación del contrato 007 de 2001, aceptaron, en sus declaraciones, haber presentado propuestas ante la alcaldía de Villagarzón para suministrar alimentos en el mes de agosto de 2001 y haber expedido las correspondientes facturas. En efecto, no puede la Procuraduría presumir, sin mediar prueba alguna, que, por el hecho de que los proponentes afirmen que la letra de las facturas presentadas no corresponde a las suyas, se comprometa la responsabilidad de su defendido y que éste vulneró el principio de transparencia. Dijo, además, la defensa que, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 92 de la ley 200 de 1995, aplicable en la época de los hechos, hace falta en el auto de cargos la indicación de la prueba en que éstos se fundamentan. Por otra parte, en aplicación del principio de buena fe de que trata el artículo 769 del código civil, dijo que se debe presumir la buena fe, salvo en aquellos casos en que la

ley establece la presunción contraria, y afirmó que su defendido actuó bajo los postulados de este principio. Respecto de la calificación de la falta, dijo que el dolo se define como la conciencia y la intención maliciosa de realizar un resultado, y que no está probado que la conducta hubiese sido realizada por su poderdante (diligenciamiento de las facturas y /o cotizaciones) con el fin de violar el principio de la transparencia en la selección objetiva del contratista, por lo cual solicitó la modificación en la graduación de la culpabilidad.

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA Como prueba, respecto del segundo cargo, solicitó: -Prueba grafológica para demostrar si su poderdante diligenció o no las facturas expedidas por los aspirantes a la contratación cuestionada. 3.2 Mery Adriana Salas Rodríguez La apoderada de la disciplinada presentó memorial de descargos el 5 de octubre del 2004 (Folios 964-974).

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 24 de noviembre de 2004, la Procuraduría Regional de Putumayo ordenó la práctica de las pruebas solicitadas por los disciplinados (Folios 1002-1004).

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 4 de octubre de 2005, la Procuraduría Regional del Putumayo ordenó correr traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión antes del fallo (Folios 1144 -1145).

El 26 de octubre de 2005, el señor MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS presentó

alegatos de conclusión; indicó que la prueba pericial grafológica, ordenada y practicada por la Procuraduría, demostró que la letra de quien diligenció las cotizaciones presentadas para acceder a la adjudicación del contrato 007 del 10 de agosto de 2005 no corresponde a la suya (Folios 1158-1161). También recordó que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Además, invocó la aplicación del debido proceso, el cual es considerado un derecho fundamental, que puede ser vulnerado cuando existe vaguedad o ambigüedad de los cargos, imprecisión en las normas en que se fundamentan los mismos, violación del derecho de defensa o incompetencia del funcionario para fallar. Afirmó el disciplinado que la carga de la prueba le corresponde al Estado y, en el presente caso, no se encuentra probado en el expediente que él haya diligenciado o aportado las facturas o cotizaciones de los oferentes que participaron en el proceso de adjudicación del contrato 007 del 10 de agosto de 2001, con el ánimo de vulnerar el principio de transparencia. Además, recordó que el investigador se encuentra en el deber legal de investigar tanto los hechos y circunstancias favorables, como los desfavorables a los intereses del disciplinado, conforme al principio de imparcialidad de que trata el numeral 6 del artículo 77 del C.D.U. Afirmó que, hasta tanto no se pruebe que él diligenció las facturas y/o cotizaciones cuestionadas en este proceso, con el ánimo de vulnerar el principio de transparencia que rige la contratación estatal, no hay lugar a un fallo sancionatorio en su contra.

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA El 26 de octubre de 2005, presentó alegatos de conclusión la señora MERY ADRIANA SALAS, con los mismos argumentos expuestos por el señor MILTON

GABRIEL BRAVO ROJAS (Folios 1153-1156).

6. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante fallo del 15 de noviembre de 2005, la Procuraduría Regional del Putumayo sancionó al señor MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.102.326 de Villagarzón, en su condición de alcalde del municipio de Villagarzón, y a la señora MERY ADRIANA SALAS RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.470.302 de Santiago, Putumayo, en su condición de Secretaria de Salud del municipio de Villagarzón, con multa equivalente a noventa (90) días de salario devengado en la época de los hechos, por encontrarlos responsables de los cargos formulados (Folios 1165-1173).

A pesar de que en las consideraciones del mencionado fallo se estableció que la acción adelantada en relación con el primer cargo imputado al señor MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS se encontraba prescrita, en la parte resolutiva no se declaró la prescripción respectiva. Dijo el fallador de primera instancia que, conforme a las declaraciones de la señora Ernestina Quintero, propietaria del Autoservicio San Jorge, y del señor Heriberto

Ramírez, quien firmaba los contratos de suministro en representación de la Cooperativa Multiactiva de Villagarzón, las facturas presentadas para acceder a la adjudicación del contrato 007 de 2001 tienen firmas auténticas, pero el contenido de las mismas no fue diligenciado por sus respectivos representantes, de lo cual concluyó que las ofertas que forman parte de la contratación cuestionada no corresponden a la realidad, porque no fueron presentadas por quienes las suscribieron y, por tal razón, existió una trasgresión al principio de transparencia, pues la única finalidad fue presentar propuestas “por debajo” de la cotización que salió favorecida. Además, expuso el a quo que el argumento principal de la defensa de los disciplinados en el sentido de que no se encuentra probado que ellos diligenciaron las facturas y/o cotizaciones cuestionadas, con el ánimo de vulnerar el principio de transparencia, no puede ser acogido. En efecto, expresó que, de la estructura de los cargos imputados a los disciplinados, se aprecia que, en ningún momento, se le endilgó al alcalde, ni a la Secretaria de Salud, que hubieran elaborado las mencionadas cotizaciones, sino que el contenido de las mismas no fue diligenciado por los respectivos propietarios de los almacenes oferentes y que, aparentemente, su contenido fue elaborado por la misma persona. Por lo expuesto, el informe técnico del estudio grafológico, presentado por el grafólogo forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, según el

cual “[n]o se encontró la participación caligráfica de MERY ADRIANA SALAS RODRÍGUEZ en la elaboración manuscritural y las firmas visibles en las facturas cuestionadas que aparecen con membrete de: COOPERATIVA MULTIACTIVA, AUTOSERVICIO SAN JORGE y Supermercado MEQUEFACIL, al menos frente a las muestras que se allegaron a este laboratorio”, no desvirtúa los cargos formulados, EXPEDIENTE 052-7525 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA porque a los disciplinados nunca se les cuestionó haber elaborado las citadas facturas y/o cotizaciones. Indicó el a quo que los disciplinados y su apoderada no atacaron de fondo las pruebas en que se fundamentaron los cargos, es decir, las declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento por la señora Ernestina Quintero y el señor Heriberto Ramírez, pues no las controvirtieron, ni las tacharon de falsas, a pesar de haber tenido la oportunidad procesal para ello. Se le otorgó, entonces, credibilidad a las declaraciones mencionadas, por parte de ese despacho, y se expresó que no existe indicio que permita inferir que se realizaron con el ánimo de producir algún daño; además, los declarantes tenían relaciones comerciales con la administración municipal, es decir, no tenían razones para tergiversar la realidad. Finalmente, expresó el fallador de primera instancia que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección es del representante legal de la entidad, conforme al numeral 5 del artículo 26 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 10 del artículo 40 de la ley 200 de 1995,

para el caso, del señor alcalde MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS. Se calificó la falta en forma definitiva como grave y la culpabilidad se graduó como dolosa, pues “el contenido de las cotizaciones no fueron elaboradas por los propietarios del Autoservicio San Jorge y Cooperativa Multiactiva de Villagarzón Putumayo, es decir, se trasgredió el principio de transparencia en la contratación estatal, situación que nos lleva a inferir que la finalidad de las mismas tenía como objetivo de favorecer a la presentada por el Supermercado Mercafácil”. En el análisis de la culpabilidad, se indicó que los disciplinados son responsables disciplinariamente, porque la conducta a ellos reprochada está tipificada en los numerales 10, 21 y 22 del artículo 40 de la ley 200 de 1995, y que existe ilicitud sustancial, pues aparece un quebrantamiento del deber funcional por “dar cumplimiento” a sus deberes legales. Se consideró que la actuación de aquéllos fue dolosa, dado que el contenido de las cotizaciones no fue elaborado por los propietarios del Autoservicio San Jorge y Cooperativa Multiactiva de Villagarzón, Putumayo; sin embargo, se les dio trámite dentro del proceso de selección del contratista.

7. APELACION El 18 de noviembre de 2005, la señora MERY ADRIANA SALAS presentó recurso de apelación contra el fallo proferido el 15 de noviembre del mismo año, por la Procuraduría Regional del Putumayo (Folios 1182-1189).

El señor MILTON GABRIEL BRAVO ROJAS presentó, el 29 de noviembre de 2005, recurso de apelación contra el fallo proferido por la Procuraduría Regional del

Putumayo, el 15 de noviembre de 2005 (Folios 1193-1197). Expuso los siguientes argumentos: EXPEDIENTE 052-7525 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 6 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - El proceso contractual cuestionado se adelantó teniendo en cuenta las normas vigentes en la época de los hechos, sobre la selección del contratista. Así, una vez convocados los comerciantes, éstos presentaron las cotizaciones a la Secretaría de Salud municipal. Al respecto, se encuentra probado en el expediente que la firma de tales documentos corresponde a la de los propietarios de los establecimientos oferentes, pero, por el hecho de que el contenido no fue diligenciado por los suscriptores, la Procuraduría infirió que se vulneró el principio de transparencia que debe regir la selección del contratista, hecho que no fue probado en el proceso; por tal razón, el fallo sancionatorio desconoce el principio de la presunción de inocencia, según el cual “[t]oda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado culpable”. Este derecho fundamental garantiza que el acusado no tenga que demostrar su inocencia y obliga al Estado a demostrar la culpabilidad del agente. Sin embargo, el ente de control, en vez de presumir su inocencia, presumió su responsabilidad, a tan alto grado, que le imputó dolo, cuando éste ni siquiera se vislumbra en el proceso. - No se encuentra demostrada su responsabilidad disciplinaria, pues el hecho de que las cotizaciones no fuesen diligenciadas por los oferentes que las suscribieron, no indica que existió, por su parte, violación del principio de transparencia, porque no

existe prueba procesal que así lo demuestre. - La Procuraduría Regional del Putumayo no analizó en el auto de cargos la prueba en la que fundamentó la acusación, conforme lo exige el numeral 5 del artículo 163 del C.D.U. - La conducta cuestionada debe hallarse plenamente definida como falta, lo cual no se cumplió en este caso, con desconocimiento del artículo 4 del C.D.U. - En su caso específico, no se investigó si actuó culposa o dolosamente en la ejecución del hecho que se le cuestiona; se le atribuyó un actuar doloso, cuando ni siquiera conoció, ni evaluó, el proceso precontractual, actuación que adelantó la Secretaria de Salud, y fue ella quien recomendó contratar con el establecimiento de comercio favorecido. Se cuestiona el investigado, ¿Cómo se verificó el dolo de su actuar? ¿Cómo se probó que realizó la conducta que se le atribuye como falta? - Indicó que la actuación disciplinaria adelantada en este proceso no se compadece con lo preceptuado en el principio de la verdad procesal, ya que, conforme a este principio, el investigador sólo puede tener por existentes los hechos que aparezcan demostrados en el proceso de manera plena y completa, y solo con base en ellos debe proferir su decisión; sin embargo, no se encuentra probado en este proceso que él haya violado el principio de transparencia, por el solo hecho de que los comerciantes no reconozcan como suyas las letras del contenido de las cotizaciones. Por ello, no se encuentra probada procesalmente la falta que se le atribuye. - Según el principio del debido proceso, “[t]odo servidor público o particular que

ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante el funcionario competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la constitución y en este código”. Dijo que, en EXPEDIENTE 052-7525 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 7 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA su caso, no se respetó el debido proceso, entre otras razones, porque no se probó que personalmente hubiese cometido la falta y, por el contrario, desde un principio, se presumió su culpa, y no su inocencia. - Solicitó que, en caso de que no se desvirtúe lo expuesto en el fallo de primera instancia, se aplique el principio del in dubio pro reo, para que la posible duda que quedase como remanente, se resuelva a su favor. - En su caso, no se respetó el principio de legalidad, pues no se obtuvo certeza sobre la realización de la conducta. Sin embargo, es claro “que se generó de una generalidad, vaguedad e indeterminación que no ofrecen la necesaria certeza requerida para hacer exigible las consecuencias sancionatorias que se derivan de la conducta descrita como falta”. Por lo expuesto, solicitó revocar la decisión tomada en primera instancia, estableciendo que la falta no se cometió o, por lo menos, que no se encuentra procesalmente probada, considerando, además de la razones expuestas, el hecho de haber formulado los cargos sin encontrarse objetivamente probada la falta y sin la existencia de prueba que comprometiera su responsabilidad en calidad de

investigado, como lo exige el artículo 162 del CDU.

8. CONSIDERACIONES 8.1 Competencia En la parte considerativa del fallo de primera instancia, respecto del primer cargo formulado al señor Milton Gabriel Bravo Rojas, se argumentó lo siguiente: En primer termino (sic) es de recordar que el señor Milton Gabriel Bravo Rojas, en el pliego de cargos, se le hicieron dos juicios de reproche el primero de ellos, versó sobre que como Alcalde municipal de Villagarzón Putumayo, omitió dar cumplimiento a los acuerdos expedidos por el Concejo Municipal, No. 004 del 10 de marzo de 2000 por el cual se creó el Concejo Municipal de Paz, y el Acuerdo 016 del 10 de septiembre de 2000 autorizando al Alcalde para legalizar unos bienes inmuebles.

Como se puede observar la acción disciplinaria, por el transcurso del tiempo se encuentra prescrita, pues a la fecha ha trascurrido más de cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la ley 200 de 1995, por lo tanto, no se hará ninguna consideración al respecto Atendiendo lo expuesto por el a quo, respecto del primer cargo formulado al señor Bravo Rojas, y al margen de que no se declaró, en la parte resolutiva, la ocurrencia de la prescripción parcial de la acción disciplinaria, esta delegada entiende que la apelación y, por lo tanto, su competencia para resolverla, se limitan, exclusivamente, al cargo formulado contra la señora Mery Adriana Salas Rodríguez y al segundo cargo imputado al señor Milton Gabriel Bravo Rojas. 8.2 Prescripción Atendiendo a que la conducta imputada a la señora MERY ADRIANA SALAS

RODRÍGUEZ, en su condición de Secretaria de Salud de Villagarzón, Putumayo, EXPEDIENTE 052-7525 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA hace referencia a la recepción de tres cotizaciones presentadas por Supermercado Merquefacil, Autoservicio San Jorge y Cooperativa Multiactiva de Villagarzón Putumayo, a la evaluación de las mismas y al hecho de haber sugerido al alcalde de dicho municipio adjudicar el contrato a Flavio Sandoval y /o Supermercado Merquefacil, hechos que tuvieron lugar el 9 de julio de 2001, observa este despacho que la acción disciplinaria adelantada contra la señora SALAS RODRÍGUEZ se encuentra prescrita. En efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 34 de la ley 200/95, vigente en la época de los hechos, la prescripción de la acción disciplinaria es de cinco (5) años, contados a partir del día de la consumación, para las faltas instantáneas, y desde la realización del último acto, para las de carácter permanente o continuado. Así las cosas, dicha figura jurídica tuvo ocurrencia, en el caso que nos ocupa, por cuanto la conducta imputada a la señora MERY ADRIANA SALAS RODRÍGUEZ, es decir, la vulneración del principio de transparencia en la selección del contratista, para la adjudicación del contrato 007 de 2001, se concretó el 9 de julio de 2001, fecha en la que suscribió el acta de convocatoria y evaluación de las propuestas

presentadas (Folio 51), en la cual se consignó: Que dentro de la convocatoria oficiada el 9 de julio de 2001, se recibió (sic) las propuestas del SUPERMERCADO MERQUEFACIL, AUTOSERVICIO SAN JORGE Y COOPERATIVA MULTIACTIVA, una vez realizada la evaluación, se encuentra que técnicamente y legalmente, es favorable para el Municipio la propuesta presentada por el señor FLAVIO SANDOVAL Y/O SUPERMERCADO MERQUEFACIL Nit. 79601465-8. En consecuencia se sugiere al señor Alcalde contratar al mencionado. Así las cosas, es evidente que, desde la fecha indicada, han transcurrido más de cinco (5) años. Aclarado que sobrevino la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, debe procederse ahora a dar cumplimiento a lo ordenado en la directiva 06/97, proferida por el Despacho del Procurador General y, para el efecto, es necesario analizar el registro histórico del proceso: Las presentes diligencias fueron recibidas en esta Delegada el 8 de marzo del 2006 y fueron repartidas a la funcionaria Martha Lucia Aguilar, el día 21 siguiente. Atendiendo a que la prescripción de la acción disciplinaria tuvo lugar el 9 de julio de 2006, se tiene que el proceso estuvo a cargo de la citada funcionaria durante 3 meses y 17 días. Así, se tiene no puede considerarse que se hubiera presentado mora injustificada en el trámite del expediente por parte de esta funcionaria. Al respecto debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que tuvo a cargo y tramitó, en ese periodo, otras actuaciones, a las que debió dar prioridad.

El siguiente es el reporte histórico del trámite del expediente: - Se presentó la queja el 6 de diciembre de 2001 (Folios 2-5). - El 22 de enero de 2002, se recibió testimonio al quejoso (Folios 79-80) EXPEDIENTE 052-7525 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 9 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - El 11 de febrero de 2002 se ordenó la apertura de indagación preliminar (Folios 8990). - El 9 de agosto de 2002 se practicaron pruebas por parte de la Procuraduría Regional de Putumayo (Folios 91, 95, 103-109, 143-151) - El 26 de mayo de 2003, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria (Folios 178-186). - El 30 mayo de 2003 se remitieron oficios por parte de la Procuraduría Regional del Putumayo (Folios 187-193). - La Personería del municipio de Villagarzón realizó actuaciones los días 12, 26 de junio; 1, 2, 3, 7, 11 de julio de 2003 (Folios 194, 195, 201-203, 215, 218, 214-225, 232-237). - El 28 de julio de 2003, rindió informe la Personería de Villagarzón, ante la Procuraduría Regional de Putumayo (Folios 927-930) - La Procuraduría Regional de Putumayo realizó actuaciones el 11 y el 27 de junio de 2003 (Folios 933, 937). - Se remitió el expediente por parte de la Personería de Villagarzón a la Procuraduría

el 29 de julio de 2003, el cual fue recibido en el ente de control el 5 de agosto de 2003 (Folio 942). - Se formularon cargos el 6 de agosto de 2004 (Folios 943-953). - Las diligencias de notificación fueron realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2004 (Folios 954-962). - El 6 de octubre de 2004 se presentaron descargos (Folios 963, 975). - La Personería de Bogotá realizó las diligencias de notificación en octubre de 2004, y devolvió el expediente a la Procuraduría Regional de Putumayo, en donde fue recibido el 8 de noviembre de 2004 (Folios 990, 993-1001). - Mediante auto del 24 de noviembre de 2004, la Procuraduría Regional del Putumayo decidió sobre las pruebas de descargos (Folios 1002-1004). - La práctica de las pruebas, ordenadas por auto del noviembre de 2004, fue realizada durante los meses de noviembre de 2004 a septiembre de 2005 (Folios 1005-1040, 1064-1076, 1083-1086, 1093, 1133-1142). - Mediante auto del 4 de octubre de 2005, se ordenó correr traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión (Folios 1144-1148). - Los disciplinados presentaron sus respectivos alegatos de conclusión el 26 y 27 de octubre de 2005 (Folios 1153, 1158).

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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - El 15 de noviembre de 2005, la Procuraduría Regional de Putumayo pr