PGN - PENSION DE JUBILACION - Se debe reliquidar con la doceava parte de la bonificación de ser

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que dio cumplimiento a fallo de tutela ordenando reliquidación de pensión de jubilación PENSION DE JUBILACION-Viabilidad del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios como factor salarial de la pensión ENTIDAD ESTATAL-Tiene la facultad de demandar sus propios actos en acción de lesividad según sentencia de la Corte Constitucional COSA JUZGADA-Definición según sentencia de la Corte Constitucional BONIFICACIÓN POR SERVICIOS-Liquidación de esta según regulación legal MEDIDAS CAUTELARES-Procedencia según regulación legal MEDIDAS CAUTELARES-Requisitos para decretarlas según regulación legal SUSPENSIÓN PROVISIONAL-Noción, naturaleza y requisitos según sentencia del Consejo de Estado RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Para que proceda la entidad demandante debe probar que demandada actuó de mala fe Al respecto se debe indicar, que para proceda la pretensión de restablecimiento del derecho, la cual consistía en la devolución de los dineros cancelados, con ocasión a la reliquidación de la pensión con la inclusión del 100% de la prima de servicios, esta Delegada considera que la entidad demandante, debía probar que la señora…., actúo de mala fe, ahora bien, al revisar el expediente no se encontró prueba que permita establecer que la señora….. con su actuar se apartó del postulado de la buena fe…. ENTIDAD ESTATAL-Tiene la facultad de demandar sus propios actos en acción de lesividad De conformidad a lo expuesto, esta Delegada considera que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP,

tenía la facultad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, para demandar su propio acto, a través de una acción de lesividad, con el fin de dejar sin efectos un acto administrativo de carácter particular y concreto. Así las cosas, es válido que la administración demande sus propios actos que reconocen prestaciones periódicas, sin que esto signifique la vulneración de derechos adquiridos, ni el desconocimiento de la “cosa juzgada constitucional”, si se tiene en cuenta que la Entidad acude a mecanismos legales, con el fin que se estudie la legalidad del acto administrativo por parte de la jurisdicción contenciosa Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Beatriz Helena Aguilar Brand

E2019-546914 2 administrativa, la cual es la encargada de verificar si el acto se encuentra ajustado a la ley que rige la materia prestacional. PENSIÓN DE JUBILACIÓN-Se debe reliquidar con la doceava parte de la bonificación de servicios prestados/DEMANDADO-No se demostró que haya actuado de mala fe En cuanto al reconocimiento del 100% de la bonificación de servicios prestados, se debe indicar que tal como lo ha señalado el Consejo de Estado en casos similares, a la señora…. , se le debe reliquidar la pensión con la doceava parte de la bonificación de servicios prestados, por cuanto, este pago por bonificación se efectúa anualmente y la mesada pensional se debe calcular con la proporción mensual de todos los factores salariales. En lo que tiene que ver con la devolución de las sumas canceladas a la demandante, esta Delegada se encuentra de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Administrativo de

Antioquia, al negar esta pretensión, dado que no se demostró que la demandada hubiera actuado de mala fe. MEDIDA CAUTELAR-Debe decretarse en el sub examine Con respecto a la suspensión provisional de la Resolución N°39529, esta Delegada considera, que al haberse liquidado la pensión de vejez de la señora…., con el 100% de la bonificación de servicios prestados, cuando en realidad debía realizarse con la doceava parte, amerita que exista una medida cautelar, consistente en suspender los efectos de la Resolución N° 39529 del 19 de agosto de 2008, para evitar que la administración continúe pagando una suma superior a la que por derecho le corresponde a la demandada, ya que de continuar pagando la suma contenida en la resolución acusada, se podría quebrantar el principio de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

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Demandado: Beatriz Helena Aguilar Brand

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto N° 212 E 2019-546914 Bogotá, D. C., 3 de octubre de 2019 Doctor

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Consejero Ponente Sección Segunda - Subsección “A”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

Referencia: 05001233300020120075501

No. Interno: 4311-2016

Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP)

Demandado: Beatriz Helena Aguilar Brand Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto: Apelación Sentencia – Ley 1437 de 2011

ANTECEDENTES La apoderada de la Caja Nacional de la Previsión Social CAJANAL EICEen liquidación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en modalidad de lesividad, solicitó: 1) Se declare la nulidad de la Resolución N° 39529 de 19 de agosto de 2008, por medio de la cual se dio cumplimiento a un fallo de tutela del 30 de mayo de 2008, proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación por vejez reconocida a la señora Beatriz Helena Aguilar Brand, incluyendo el 100% de los devengado por concepto de bonificación por servicios prestados y no una doceava parte. 2) Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la demandada a que reintegre a CAJANAL la totalidad de las sumas canceladas, en virtud del acto administrativo demandado, por concepto de reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión del 100% de bonificación por servicios prestados, debidamente indexados al momento del pago.

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Demandado: Beatriz Helena Aguilar Brand

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4 3) Se declare que a la señora Beatriz Helena Aguilar Brand, no le asiste el derecho a que su pensión de jubilación, sea reliquidada en los términos ordenados por el fallo de tutela, y por lo tanto, no hay lugar al pago de valor alguno en virtud de la resolución acusada de nulidad. HECHOS El apoderado de la Entidad demandante, funda sus pretensiones en los siguientes hechos: 1) Con Resolución N° 28658 de 21 de septiembre de 2005, la Subdirección General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, reconoce y ordena el pago de pensión de jubilación por vejez a la señora Beatriz Helena Aguilar Brand, en cuantía equivalente al 75% sobre el salario promedio de 9 años y 1 mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que laboró por más de 20 años al servicio de la Rama Judicial. 2) Mediante Resolución N° 38084 de 02 de agosto de 2006, se reliquidó la pensión de vejez de la demandada, por retiro definitivo del servicio. 3) La señora Beatriz Helena Aguilar Brand, interpone acción de tutela, con el fin de que se reliquide la pensión de vejez. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, con fallo de 30 de mayo de 2008, ordena a la entidad a reliquidar la pensión de jubilación, incluyendo el 100% de la bonificación por servicios prestados. 4) Con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela, la Caja Nacional de Previsión Social, profirió la Resolución N° 39529 de 19 de agosto de 2008, y reliquidó la

pensión de la señora Beatriz Helena Aguilar Brand, incluyendo el 100% de la bonificación por servicios prestados. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN La apoderada de la entidad demandante, señaló que el acto administrativo cuya nulidad se pretende, infringió los artículos 1, 2, 6, 121, 128 y 209 de la Carta Política; 6, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971; 34 y 36 de la Ley 100 de 1993. La apoderada indica que CAJANAL EICE en liquidación, al expedir la Resolución N° 39529 de 2008, acató lo ordenado por el juez de tutela y reliquidó con el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios prestados, y no una doceava parte, considera, que la decisión proferida por el juez de tutela, desconoce abiertamente el precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, por cuanto, que el Alto Tribunal, “…ha sostenido en forma reiterada que para el cálculo de las pensiones se debe computar en forma proporcional la bonificación por servicios prestados, pues se trata de una prestación que se va causando mes a mes durante el año laborado…” Señala que al conceder una reliquidación pensional, a quien no tiene derecho y al comprometer los recursos que deben ser destinados al pago de otras pensiones, Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

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E2019-546914 5 desconoce los principios que rigen la actuación administrativa y judicial, como la

defensa del interés general, la moralidad administrativa y la igualdad. Por otro lado, la apoderada solicitó la suspensión provisional del acto acusado, argumentando que la decisión que adoptó la Entidad, en cumplimiento del fallo de tutela, se realizó desconociendo el precedente jurisprudencial desarrollado por el Honorable Consejo de Estado, y que tal decisión no puede mantenerse incólume, pues implica además “…la destinación de recursos públicos para financiar la liquidación de una pensión en términos no acordes a derecho…” CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La señora Beatriz Helena Aguilar Brand, a través de apoderada, se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda, para tal fin señaló, que el Decreto 247 de 1997, creó la bonificación por servicios para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así mismo, expone que “…ni en esa norma, ni en ninguna otra posterior aparece consignada la advertencia de que al momento de la liquidación de la respectiva pensión debe considerarse únicamente una doceava de la bonificación por servicios y todo puede conducir a considerar precisamente lo contrario. Ello en razón a que el ejecutivo en el citado precepto, para evitar en este caso sí que muchos servidores públicos incrementaran desmesuradamente su prestación (en este evento la pensión), concretamente el artículo 2º hizo unas concretas exclusiones, anotando que no percibirán la prestación “los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación”, Si su intención hubiese estado dirigida a colocar un tope a aquellos servidores públicos

que fueron favorecidos con la disposición, así lo habría previsto: las decisiones de los Magistrados del Consejo de Estado citados por la demandante merecen todo el respeto, pero ello no quiere decir que sean infalibles. Todos los fallos judiciales están sometidos al riesgo de la falibilidad y de allí que muchas veces tengan que ser corregidos en otras instancias cuando los reparos y los recursos son interpuestos en términos legales y aquellos no han hecho tránsito a cosa juzgada…” Argumenta que la bonificación por servicios se adquiere por un año de servicios prestados en forma ininterrumpida, y en razón a ello, se concede en un 50% del último sueldo o salario devengado, no en doceavas, así mismo sostiene, que es el 100% de la bonificación por servicio y no la doceava parte, lo que se debe tener en cuenta para la liquidación de la pensión. Señala que al tratarse de un derecho adquirido, al ser reconocido por vía de tutela, y no haber sido seleccionado para revisión por la Corte Constitucional, la decisión hizo tránsito a cosa juzgada, teniendo en cuenta que se agotaron las dos instancias, indica además que se trata de una situación consolidada, de unos derechos adquiridos legalmente y que no pueden ser desconocidos. Así mismo explica, que el fallo de tutela no violó el principio de legalidad, por cuanto, fue emitido en cumplimiento de los Decretos – Leyes 546 de 1971 y 247 de 1997, considera que la decisión del Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales, se apoyó en decisiones jurisprudenciales del mismo Consejo de Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

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E2019-546914 6 Estado, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado y que la Entidad demandante pretende enmendar a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la falta de diligencia, al no haber impugnado el fallo de tutela. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Mediante auto del 26 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia, negó la suspensión provisional, al considerar que el acto demandado se profirió en cumplimiento a un fallo de tutela, así mismo, señala que se debe realizar un análisis de las normas y de las pruebas, con el fin de determinar la forma en que debía liquidarse la bonificación por servicios prestados. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Sentencia del 14 de junio de 2016, declaró la nulidad de la Resolución N° 39529 del 19 de agosto de 2008, emanada de la Caja Nacional de Previsión Social EICE; ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP que realice una nueva liquidación de la pensión de vejez de la señora Beatriz Elena Aguilar, en la que se liquide la bonificación por servicios en una doceava parte, negó las demás pretensiones de la demanda, no condenó en costas. El a quo consideró que el acto administrativo demandado es susceptible de control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, así mismo, indicó que en la ley y la jurisprudencia, la bonificación por servicios prestados debe ser

computada en la pensión de jubilación de manera proporcional, esto es, en una doceava parte, por causarse en forma anual y no en un 100%, como lo determinó el fallo de tutela. Por último, señala que no procede el restablecimiento del derecho, como quiera que se presume la buena fe de la accionada. RECURSO DE APELACIÓN De la parte demandada La apoderada de la señora Beatriz Helena Aguilar Brand, interpuso recurso de alzada contra el fallo de primera instancia, para tal fin argumentó que el fallo que declaró la nulidad, de la resolución mediante la cual se le reconoció el 100% de la bonificación por servicios, no puede estar por encima de la Constitución y la ley, considera que el Tribunal Contencioso Administrativo está desatendiendo un fallo de tutela completamente legal, el cual ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y no podría anular ni total ni parcialmente el acto administrativo, mediante el cual CAJANAL le reconoció a su prohijada el 100% de la bonificación por servicios. Expuso que la decisión adoptada por el Juez Séptimo Penal del Circuito, al estimar que para la liquidación de la pensión debe incluirse el 100% de la Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

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E2019-546914 7 bonificación por servicios, se apoyó en decisión jurisprudencial anterior del mismo Consejo de Estado. Indica que la ley y la jurisprudencia han establecido, las formas mediante las cuales un acto puede violar una norma jurídica, entre las que menciona: la

incompetencia, vicios de forma y procedimiento, desviación de poder, ilegalidad en cuanto al objeto, falsa motivación, y concluye, que de las pruebas que fueron allegadas por la parte actora, no se desvirtúa ninguna de las causales que permita atacar la presunción de legalidad del acto acusado. De la apelación de la parte demandante La apoderada de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP, interpone recurso de apelación, al considerar que los dineros pagados de más, con ocasión al pago erróneo de la Resolución N°39529 del 19 de agosto de 2008, deben ser devueltos a la entidad. Señala que en el momento, en que se concede un derecho pensional en forma irregular, se están comprometiendo recursos públicos, que deben ser destinados al pago de otras pensiones, y se desconocen los principios que rigen la actuación administrativa y judicial. Considera que en este caso, resulta procedente el reintegro de la totalidad de las sumas canceladas, teniendo en cuenta, que los valores que fueron percibidos con ocasión a la reliquidación, no fueron obtenidos de buena fe, por cuanto, la demandada en lugar de acudir al juez natural de la materia, prefirió instaurar acción de tutela. Por otro lado solicita, la suspensión provisional del acto declarado nulo (Resolución N°39529 del 19 de agosto de 2008), en aplicación al artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta, que a la entidad le corresponde continuar con el pago “…de actos administrativos que son contrarios a las normas y que comprometen dineros públicos que si bien puedes (sic) ser destinados al pago de otras

pensiones…” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO La controversia jurídica en el sub lite radica en establecer: i) ¿ Se configura en este caso la cosa juzgada constitucional?, teniendo en cuenta que el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, ordenó a través de fallo de tutela, la reliquidación de la pensión. ii) ¿Es viable el reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios, como factor salarial de la pensión? iii) ¿es viable a título de restablecimiento del derecho la devolución de las sumas de dinero? iv) ¿Es viable la suspensión provisional de la Resolución 39529 del 19 de agosto de 2008?  Cosa juzgada constitucional El artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra sobre la figura de la cosa juzgada, lo siguiente: Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

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E2019-546914 8 “…La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen…” La Corte Constitucional en Sentencia C-774 de 2001, definió la cosa juzgada, así:

“…La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio…” Conforme a lo expuesto, la cosa juzgada constitucional o legal impide hacer un nuevo pronunciamiento sobre el mismo litigio, es decir, que el juez que conoce del litigio debe inhibirse de decidir por tratarse de un asunto que ya ha sido resuelto por la jurisdicción correspondiente. La Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre la cosa juzgada, ha expresado lo siguiente: “La cosa juzgada es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que

persiga igual objeto. Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere identidad de partes , es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada. Identidad de causa , es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento . (Subraya fuera de texto) Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa e identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.” 1 1 Sección Segunda del Consejo de Estado. Sentencia del 12 de mayo de 2014. MP. Alfonso Vargas Rincón. Exp. 25000232500020100111701.

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E2019-546914 9 Ahora bien, la Corte Constitucional2 respecto a la facultad que tienen las entidades públicas, de demandar sus propios actos que reconocen prestaciones periódicas en acción de lesividad, el Alto Tribunal señaló que el juez de tutela no puede limitar dicha potestad: “…A modo de conclusión frente al tema, la Sala considera que el juez de tutela no puede limitar la facultad que tiene la Administración de demandar

en cualquier tiempo sus propios actos mediante los cuales reconoció prestaciones periódicas a un particular, ya que la ley la habilita para incoar la respectiva acción de lesividad en defensa del patrimonio común, con el fin de que sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que los analice y resuelva si los mismos se encuentran ajustados al marco de legalidad que rige la materia prestacional. Con el ejercicio de dicha acción la Administración no incurre en abuso del derecho, en desconocimiento del acto propio o en vulneración de derechos adquiridos, toda vez que somete el estudio del caso a la autoridad judicial, sin desconocer arbitrariamente los derechos que le asisten al particular. Por consiguiente, se debe dejar actuar al juez natural, siendo el proceso judicial el escenario donde las partes expongan sus argumentos para mantener o anular determinado acto administrativo.” Por otra parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 14 de febrero del 20133, precisó que los actos administrativos que dan cumplimiento a las sentencias de tutela, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa por ser de naturaleza diferente; sobre el tema sostuvo lo siguiente: “Aunque resulta probado que la resolución objeto de la controversia tiene la connotación de acto de ejecución, debido a que fue proferida en cumplimiento de una sentencia, es claro que la misma fue impartida en un trámite de tutela, que resulta ser de distinta naturaleza a la acción ordinaria, lo cual hace que sea posible interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contenciosa, quien es competente para estudiar la legalidad de los

actos administrativos. (…). En este mismo sentido esta Corporación se ha pronunciado en sentencia del 25 de octubre de 20114: (…) “Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no.” (…) Este planteamiento se corroboró por la corporación en la sentencia del 09 de febrero de 2017, al diferenciar la acción de tutela con la de nulidad cuando se 2 Sentencia T-120 del 21 de febrero de 2012 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Fecha 14 de febrero de 2013, Radicación 250002325000-2011-00245-01 (2634-11) 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A” Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011) radicación número: 11001-03-15-0002011-01385-00 actor: Caja Nacional de Previsión Social Cajanal - Eice en Liquidación Acción De Tutela.

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E2019-546914 10 pretendan desvirtuar la legalidad de los actos administrativos5, así: “De esta manera, la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el propósito de cada acción o medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub-lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad. Resulta claro entonces, que al definirse una situación concreta en un acto administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control de su juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo, siendo viable la presente demanda tal como lo concluyó el Tribunal de instancia.” Teniendo en cuenta lo expuesto en este caso en particular, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se encuentra facultada para demandar el acto administrativo mediante el cual se daba cumplimiento a un fallo de tutela, en razón a que en este, se ordenó la reliquidación de la pensión de la demandante con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios.  De la liquidación de la bonificación por servicios prestados Los artículos 456, 467 y 47 del Decreto Ley 1042 de 1978, señalaban:

“…ARTÍCULO 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición de este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º. Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles. La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa…” ARTÍCULO 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados será equivalente al veinticinco por ciento de la asignación básica que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla. Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio. 5 Sección Segunda Consejo de Estado. MP. Sandra Lisett Ibarra Vélez. Exp. 050012333000201300343 01 6 Modificado por los Decretos anuales salariales, Art. 10 del Decreto 1011 de 2019 7 Modificado por los Decretos anuales salariales, Art. 10 del Decreto 1011 de 2019

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E2019-546914 11 Cuando el funcionario perciba los incrementos de salario por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto, la bonificación será equivalente al veinticinco por ciento del valor conjunto de la asignación básica y de dichos incrementos. ARTÍCULO 47. Del cómputo de tiempo para la bonificación por servicios prestados. El tiempo de servicios para el primer reconocimiento de la bonificación por servicios prestados se contará así: a) Para los funcionarios que actualmente se hallen vinculados al servicio, desde la fecha de expedición del presente Decreto. b) Para los funcionarios que se vinculen con posterioridad a la vigencia de este Decreto, desde la fecha de su respectiva posesión. Se debe indicar que en principio la bonificación por servicios prestados, se fijó para los trabajadores del orden nacional, sin embargo, a través del Decreto 247 de 1997, esta bonificación fue creada para los servidores de la Rama Judicial, como un factor salarial al que se tendría derecho al cumplir un año continuo de labores, y el cual se debía tener en cuenta para efectos pensionales, en el citado decreto se señaló: “…ARTÍCULO 1º. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicia