PGN - RAMA JUDICIAL - Mora o extemporaneidad en su devolución (1)

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2010 Doctor

ENRIQUE GIL BOTERO

Consejero Ponente – Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 1024

Acción de Reparación Directa Radicado: 76001233100020040368601 (37433)

Actor: Alejandro Trujillo Arsayuz

Demandado: Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada procede a emitir concepto en torno al proceso de la referencia, que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el cual, como se verá, concluye con la solicitud de que se modifique la sentencia impugnada, con fundamento en lo siguiente.

ANTECEDENTES 1-. El señor Alejandro Trujillo Arsayuz, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra La Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se les declare responsable 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/almv IUS-2010-51043 Carrera 10 No. 16-82 Of. 802 Bogotá D.C. Teléfono 5878750 administrativamente y condenen por los perjuicios materiales y morales causados por la defectuosa administración de Justicia al no cumplir los términos para adoptar decisiones contemplado en los artículos 168 y 329 del C.P.P.

Sustenta las pretensiones en los hechos de que la Fiscalía incumplió los términos en los artículos mencionados para proferir la resolución de acusación, en cuyo trámite se demoró cinco años lo que dio lugar a declarar la prescripción de la acción civil adelantada dentro del proceso penal1. 2-. La Rama Judicial, a través de Apoderado, contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones solicitadas en la demanda, argumentando que: “(…) en el momento procesal pertinente, en el referido proceso penal seguido contra el señor Alejandro Trujillo Arsayuz, todas las providencias jurisdiccionales estuvieron soportadas en las normas sustantivas vigentes y por lo tanto no se puede pregonar que existió falla en el servicio de la Administración de Justicia que sea susceptible de indemnización de carácter pecuniario, debido a que el actuar del administrador de justicia obedeció al cumplimiento de la Ley, por lo tanto jamás puede generar daño antijurídico, porque de no ser así se destruiría el espíritu de la función pública, que obligatoriamente cumple y debe cumplir el Estado para proteger a todos sus asociados en su vida, honra y bienes, principios fundamentales que están por encima de los particulares e individuales.

Presentó las excepciones: de inexistencia de perjuicios, cobro de lo no debido, culpa exclusiva de la víctima y la innominada”.

Subsidiariamente solicitó que en caso de ser condenado el Estado por los presuntos perjuicios endilgados en el proceso de la referencia, la condena debe ser cancelada por la Fiscalía General de la Nación en

razón a que posee autonomía tanto presupuestal como administrativa”2. 1 Folios 70-80, cuaderno 1. 2 Folios 98-110 cuaderno 1. 2 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 La Fiscalía General de la Nación, a través de apoderado, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones argumentando que: (…) resulta evidente que frente a la Fiscalía General de la Nación, no podría estructurarse ni la falla del servicio, ni menos aún el nexo de causalidad, ya que, el daño que presuntamente fue causado a la parte actora, no sería atribuible o imputable a una actuación o hecho de la entidad. (...) Lo anterior, porque se resalta que frente a los hechos (…) en relación con la negligencia, omisión y galla que sufrió el señor Alejandro Trujillo Arsayuz, supuestamente generada por la prescripción de la acción penal y por ende la no obtención de la indemnización de perjuicios materiales y morsales (sic) ocasionados por el conductor del bus accidentado no reconocimiento de indemnización alguna por los perjuicios ocasionados con el accidente de tránsito, se configura un error de la propia victima al realizar ninguna actividad legal frente a la Entidad distinta a la solicitud de reconocimiento de parte civil dentro de la investigación penal por el accidente de tránsito en el cual el actor resultó con lesiones personales. En este orden de ideas para que pueda estructurarse responsabilidad patrimonial de un ente público no basta con que exista una falla del servicio, sino que además, es menester que exista un daño antijurídico sufrido por la víctima y que ese daño sea el efecto directo

de la falla. Propuso la excepción genérica, las que se desprendan de los hechos, de las pruebas y las normas legales pertinentes.“3. 3-. El Tribunal a quo acogió las pretensiones de la demanda, con fundamento, entre otras, en las siguientes consideraciones. “(…) En síntesis, para determinar la responsabilidad del Estado por falla del servicio de la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones durante la etapa de Instrucción que va desde la ocurrencia del hecho hasta la Resolución de Acusación, es necesario primero cuantificar el periodo de tiempo y compararlo a la luz de las normas vigentes que regulan la materia. 3 Folios 28-48, cuaderno 1. 3 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 Ahora bien para el caso en concreto entre el 18 de marzo de 1996, fecha en que fue registrado el accidente de transito en que resultó lesionado el demandante Alejandro Trujillo Arsayuz y el 25 de octubre de 2001, momento en el que quedo ejecutoriada la resolución de acusación, transcurrieron cinco (5) años, siete (7) meses y siete (7) días. Por lo tanto y según lo previsto en el Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de los hechos, el máximo límite en tiempo para la etapa de instrucción era de 30 meses. Para mayor claridad se transcribe la norma: (…) De lo anterior se puede inferir que la Fiscalía General de la Nación y Nación – Rama Judicial, se excedieron en el término fijado por la ley hasta en 37,23 meses, es decir, más del doble del tiempo máximo

previsto, lo que efectivamente condujo a que el término de la acción civil prescribiera, dentro del proceso penal, generando con ello el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y esto conllevo a que se le causara un perjuicio al lesionado Alejandro Trujillo Arsayuz. A juicio de la Sala, en el caso en estudio se dio la falla del servicio de la administración de justicia, (…). ”4. En consecuencia, declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la defectuosa prestación del servicio de administración de justicia, y las condenó a pagar por concepto de perjuicios morales cien salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año de 2009, es decir la suma de $49.690.000 y por perjuicios materiales: daño emergente $978.877; lucro cesante $71090.451,44 y lucro cesante futuro, la suma de $46.727.955,72. 4-. La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia: LA RAMA JUDICIAL, argumentó: “(…) Es claro que el punto central de discusión se basa específicamente, en relación a la razonabilidad o no, del tiempo que tomó la Fiscalía General de la Nación, en la etapa de instrucción a la 4 Folios 167-184, cuaderno 9. 4 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 fecha de proferir la Resolución de Acusación, tal como lo plantea, el fallo de lo Contencioso, (…) Y continúa la sentencia, argumentando la responsabilidad de la

entidad Fiscalía General de la Nación, y en ninguno de sus considerando(sic), es puesta en tela de juicio la actuación de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura. (…) la sentencia debe ser aclarada en el sentido de que la responsabilidad deprecada, tal como se demuestra con las pruebas allegadas, durante el trámite procesal, y la propia motivación expuesta por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo, en la sentencia objeto de aclaración y basados en el principio de congruencia, y tal como se solicitó, por parte de los apoderados de la entidad Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura, en las oportunidades procesales pertinentes, debe ser endilgada única y exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación”. LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, expuso “(…) es necesario mencionar que el Código de Procedimiento Penal menciona dentro de la investigación la actuación de los sujetos procesales debiéndose entender como un conjunto de personas que legalmente pueden intervenir en el proceso y participar activamente en él porque la ley les fija derechos y obligaciones. Existen sujetos procesales cuya intervención es obligatoria, en tanto que otros, como la parte civil es facultativa, sin embargo, y tal como lo señala el artículo 48 ibidem. (…) Con lo anterior se quiere señalar que independientemente de lo ordenado por la ley procedimental en punto de la instrucción y el término para llevarla a cabo y dadas las circunstancias de tiempo transcurridas entre la apertura de la instrucción y la resolución de acusación proferidas por la Entidad, la parte civil que representaba los intereses del actor debió actuar con el fin de no permitir la

prescripción, tanto de la acción penal como la civil con las cuales buscaba la indemnización correspondiente no obstante su intervención facultativa dentro de la investigación penal. Ahora bien, algo que no se tuvo en cuenta es que, si bien es cierto los términos existen para cumplirse, no se observó por el Honorable Tribunal del Valle del Cauca, cuando hizo el juicioso estudio del proceso penal, que la mora en la calificación del mérito del sumario 5 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 no se debió a negligencia del funcionario instructor sino, a la cantidad de solicitudes, recursos y demás, los cuales fueron interpuestos por los sujetos procesales, que en este caso son muchos, incluyendo a la parte civil, solicitudes que la Fiscalía Instructora y la de segunda instancia debían atender de manera oportuna, pero que también prolongan los términos para la calificación. (…) El Estado se exonera de toda responsabilidad, cuando demuestra como causas del daño la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor, pues en el fondo lo que acredita es que no hay relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y el daño causado. (…) para el caso concreto, es de precisar y de aclarar, que el apoderado de la parte civil hubiera podido intervenir dentro de la investigación penal por el delito de lesiones personales culposas a efectos de impedir el fenómeno de la prescripción y lograr el cometido, esto es, la indemnización correspondiente. En este orden de ideas, se presenta una situación consolidada

fundamentada de una parte, en el hecho de existir una causal exonerativa de responsabilidad del Estado como es la culpa exclusiva de la víctima, la cual se representa por la no actuación decidida como parte civil dentro de la investigación penal, por lo que se considera que estos hechos permiten exonerar de responsabilidad a la Entidad que represento y que ésta no ha cometido falla alguna, y ello porque la causa de la falla del servicio no puede imputarse a la administración, sino a unos hechos ajenos y exteriores a la actividad o al servicio que supuestamente causó el perjuicio y por el cual no fue resarcido en su oportunidad. (…)” EL CONCEPTO Son dos los asuntos que se deben examinar en el presente proceso, el primero, determinar si existió o no culpa exclusiva de la víctima que de lugar a exonerar la responsabilidad a cargo del Estado por la mora en el trámite del proceso penal que culminó con la declaración de prescripción a favor del procesado y en contra de los intereses de la parte civil constituida en el proceso para reclamar la 6 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 indemnización por el daño; y el segundo, determinar si la Rama Judicial coadyuvó en la producción del daño con sus actuaciones u omisiones. Culpa de la víctima. El material probatorio arrimado al proceso permite concluir que: la prescripción de la acción penal que a su vez conllevó a la prescripción de la acción civil incoada dentro del proceso penal adelantado por las lesiones personales causadas en accidente de tránsito al señor Alejandro Trujillo Arsayuz, el 18 de

marzo de 1996, operó el 18 de marzo de 2001; la norma aplicable para la fecha de los hechos era el Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991, cuya vigencia fue hasta el 23 de julio de 2001, pero el daño efectivamente se configuró en vigencia de la Ley 600 de 2000, en la medida en que la providencia que declaró la prescripción de las acciones penal y civil respecto del delito de lesiones personales, fue proferida el 22 de abril de 2004. La legislación penal ha permitido a las personas perjudicadas con la comisión de un delito buscar a través de la acción civil el resarcimiento del daño moral y material ocasionado con aquel, la cual se puede ejercer dentro del marco del proceso penal en el que se investiga el hecho punible o directamente a través de un proceso civil ante dicha jurisdicción. El señor Trujillo, en ejercicio de esa facultad, a través de apoderado, presentó demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal el 30 de enero de 1998, siendo admitida el 25 de agosto de 1998. Posteriormente, el 28 de enero de 1999, revocó el poder al apoderado por considerar que “no estaba trabajando de manera eficiente”, concediendo uno nuevo a otro abogado. 7 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 El 2 de marzo de 1999, el nuevo abogado presentó demanda de constitución de parte civil, contra el conductor del vehículo que le ocasionó el daño a su

poderdante y los terceros propietarios del vehículo. El 10 de marzo de 1999, el apoderado de la parte civil presentó alegato de conclusión, y el 19 de mayo de 1999, la Fiscalía correspondiente calificó el merito del sumario con resolución de acusación; la cual fue apelada el 21 de junio de 1999, por el apoderado defensor y no por la apoderada de la parte civil. Respecto del recurso presentado por el abogado defensor se ordenó correr traslado a los no recurrentes, etapa durante la cual tampoco participó el apoderado de la parte civil. La segunda instancia confirmó el auto de primera instancia el 5 de abril de 2000 y remite a la Fiscalía de origen, posteriormente se envía el proceso al Juzgado Penal, en donde el 25 de septiembre de 2000, se decreta la nulidad de lo actuado porque no se integró al proceso a los terceros llamados a responder civilmente. El proceso es devuelto a la Fiscalía de primera instancia, en donde se subsana el error, se tramita lo correspondiente a los terceros, mediante providencia de 31 de octubre de 2000, la cual se notificó por estado, en forma personal y por edicto a los sucesores de uno de los terceros llamados a responder civilmente. Una vez notificada el abogado defensor presentó nuevamente recurso de apelación, se le dio traslado a los no apelantes y se remitió el expediente al superior el 16 de julio de 2001. La providencia apelada fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante Tribunal Superior de Valle el 25 de octubre de 2001, y posteriormente devuelto el

8 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 expediente a la Fiscalía de origen y de aquí remitido al Juzgado Penal del Circuito Primero de Palmira Valle, el 6 de noviembre de 2001. Ahora bien, como la prescripción de la acción penal ocurrió durante ese interregno (18 de marzo de 2001), las actuaciones adelantadas por las autoridades con posterioridad a dicha fecha no son trascendentales para determinar si la víctima concurrió con su conducta en la prescripción de la acción civil que a la postre dio con la pérdida de su derecho al resarcimiento por los perjuicios a ella causados. La acción civil de conformidad con la norma vigente para la fecha de los hechos5 se podía ejercer desde la resolución de apertura de la instrucción hasta antes de la sentencia de segunda o única instancia, que para el caso en estudio, el periodo durante el cual se pudo incoar demanda de constitución de parte civil transcurrió desde el 22 de mayo de 1996 hasta el 22 de abril de 2004, fecha esta última en que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga profirió sentencia de segunda instancia. Como ya se expuso la parte actora presentó demanda de constitución de parte civil el 30 de enero de 1998, la cual fue admitida por la Fiscalía el 25 de agosto de 1998, esto es, dentro del término legal estatuido para ello. La Fiscalía ordenó la práctica de pruebas, las cuales fueron recepcionadas durante el mes de septiembre y el 24 de diciembre de 1998, calificó provisionalmente el sumario con medida de aseguramiento.

El 28 de enero de 1999, el señor Trujillo presentó a la Fiscalía memorial revocando el poder al abogado que presentó inicialmente la demanda de 5 Decreto 2700 de 1991. Artículo 45. Oportunidad para la constitución de parte civil. La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento, a partir de la resolución de apertura de instrucción y hasta antes de que se profiera sentencia de segunda o única instancia. 9 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 constitución de parte civil y otorgó uno nuevo a otro apoderado, el 17 de febrero de 1999, y el apoderado en ejercicio de dicho mandato presentó nueva demanda de constitución de parte civil, el 2 de marzo de 1999, después de ordenado el cierre de la investigación el 22 de febrero de 1999. La Fiscalía no profirió, dentro del término de los tres días señalado en el artículo 47 del Decreto 2700 de 1991, una decisión sobre dicha demanda de constitución de parte civil y el apoderado no presentó requerimiento alguno sobre dicha omisión. Posteriormente el apoderado de la Parte Civil presenta alegato de conclusión el 10 de marzo de 1999, y la Fiscalía profiere resolución calificando el mérito del sumario sin realizar pronunciamiento alguno sobre los terceros llamados a responder civilmente. Como la resolución califica el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de JAIR MUÑOZ HIDALGO, el defensor de éste interpone recurso de apelación, pero no así la apoderada de la parte civil frente a la omisión de la

Fiscalía de pronunciarse sobre la demanda presentada y la vinculación de los terceros civilmente responsables. De las actuaciones antes mencionadas se puede señalar sin lugar a dubitación alguna que la parte civil no tuvo una actuación inquisitiva respecto del proceso penal en el que le correspondía ejercer un dinamismo para evitar no sólo la prescripción de las acciones penal y civil sino también la pérdida del derecho al resarcimiento que tenía la víctima lesionada. Esa falta de intervención en el proceso no se puede atribuir a la Fiscalía General de la Nación porque en materia civil que es la parte que se verifica en el sub examine se le aplican las reglas de dicho procedimiento, entre ellas, que le 10 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 compete a las partes una actuación dinámica para imprimirle celeridad al proceso. Las falencias más trascendentales de la parte civil en la intervención en el proceso penal se notan en dos momentos, el primero de ellos cuando presentó una segunda demanda de constitución de parte civil y no hubo pronunciamiento de la Fiscalía que adelantaba la instrucción y, el más palmario, el segundo, cuando el fiscal calificó el merito de sumario el 18 de mayo de 1999 sin un pronunciamiento sobre las peticiones de la parte civil y esta no presentó impugnación alguna frente a dicha omisión. Si en ese momento la parte civil hubiese interpuesto los recursos que la Ley Procesal Penal le concedía, la decisión de segunda instancia se habría pronunciado sobre el tema de los terceros civilmente responsables por ser un tema objeto del recurso de apelación, evitándose de esta forma la nulidad

proferida por el Juez Penal y posiblemente la prescripción de las acciones penal y civil respecto del punible de lesiones personales, ya que la Fiscalía que tramitó el recurso de apelación lo resolvió el 5 de abril de 2000, fecha anterior a la en que operó la prescripción (18 de marzo de 2001). Durante la ocurrencia de los hechos también estaba vigente la Ley 270 de 1996, a la cual se debe acudir como fundamento jurídico para determinar la responsabilidad del Estado en materia jurisdiccional. La parte actora alegó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como causal de responsabilidad del Estado, en la medida en que la Fiscalía no se pronunció antes de que transcurriera el plazo prescriptivo señalado por la Ley penal para las acciones penal y civil. 11 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 La ley 270 de 1996, señala en el artículo 69 de manera residual los eventos que dan lugar al defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, como aquellos que no se pueden tipificar en los artículos 66 y 68 referidos al error jurisdiccional y a la privación de la libertad, pero que a su vez producen un daño antijurídico al ciudadano. La Ley en mención, establece que se entenderá que hay culpa exclusiva de la victima y en consecuencia se exonerara al Estado de responsabilidad cuando la víctima actúe con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. Como ya se expuso el actor, a través de apoderado, se constituyó en parte civil dentro del proceso penal, pero dicho apoderado no actuó con la debida

diligencia y eficiencia dentro del trámite, primero, porque no requirió de las autoridades los pronunciamientos correspondientes respecto de sus peticiones y, segundo, no interpuso los recursos dentro de la oportunidad legal, dando lugar a que los errores cometidos por los funcionarios judiciales requirieran de mayor tiempo para su corrección. Por la no interposición de los recursos legales se podría decir que se configura la causal de exoneración de responsabilidad señalada en la Ley 270 de 1996, no obstante esta Agencia del Ministerio Público no puede desconocer la mora y los yerros en las decisiones en que incurrió la Fiscalía General con los cuales coadyuvó a que operara la prescripción de las acciones penal y civil en relación con el delito de lesiones personales, y en consecuencia, solicitará que se tenga en cuenta para la determinación de la responsabilidad del Estado. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y aún cuando a la Fiscalía General de la Nación sólo se le impuso como función a partir de la vigencia del acto legislativo de 2002 el 12 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 velar por “el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”6 no significa que antes de esa fecha y una vez interpuesta la acción civil por parte del afectado con el punible, la entidad no estuviera obligada a realizar las acciones judiciales tendientes a que las solicitudes del afectado fueran atendidas dentro de los plazos y oportunidades procesales señaladas por

la Ley procesal penal. Como la Fiscalía General de la Nación no atendió las solicitudes de la parte civil al momento de calificar el mérito del sumario, esto es, vincular a los terceros llamados a responder por los perjuicios causados con el ilícito a la parte actora en el sub judice, a juicio de esta Delegada, la entidad debe asumir el 50% de los perjuicios ocasionados a la demandante. Responsabilidad de la Rama Judicial. Durante el periodo en que ocurrió la prescripción de las acciones penal y civil, la Rama Judicial, a través del Juzgado Primero Penal del Circuito Palmira Valle del Cauca, intervino en el trámite del proceso de conformidad con la ritualidad señalada en el Código de Procedimiento Penal decretando la nulidad de lo actuado a partir inclusive de la resolución de acusación a fin de sanear el procedimiento y garantizar el derecho de defensa de los terceros civilmente responsables. Considera la entidad demandada que los argumentos para declarar la responsabilidad son atribuibles solamente a la entidad Fiscalía General de la Nación, en la medida en que ella no incurrió en la mora endilgada como causal del defectuoso funcionamiento del Estado. 6 Constitución Política, art. 250 numeral 6. 13 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 El acervo probatorio permite determinar que: el proceso penal estuvo a cargo de esa entidad desde el 23 de mayo de 2000; una vez recibido se dio traslado a las partes por el término de treinta días para la preparación de la audiencia pública, entró al despacho el 12 de julio de 2000 y el 25 de septiembre de 2000, profirió

el auto declarando nulo lo actuado por la Fiscalía General de la Nación a partir de la resolución de acusación. El Decreto 2700 de 1991, artículo 4477, consagraba que a continuación del traslado de las partes, le correspondía al Juez fijar fecha y hora para la audiencia, dentro del término de diez días hábiles, esto es, que en ese término el juez debió proferir el auto declarando la nulidad antes anotada porque fue en esa etapa procesal que advirtió de oficio la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. El proceso penal ingresó al Despacho del Juez el 12 de julio de 2000, es decir, que el auto debió proferirse el 25 de julio de 2000, (dentro de los diez días hábiles), pero no ocurrió así, si no que por el contrario fue proferido el 25 de septiembre de 2000, o sea, a los 62 días de haber ingresado al Despacho, teniendo una mora en más del cien por ciento del término asignado para realizar tal diligencia. Como se puede observar la Rama Judicial también incurrió en mora en la toma de la decisión que devolvía el proceso a la Fiscalía y por ello también coadyuvó con la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de las acciones penal y civil. 7 decreto 2700 de 1991, artículo Fijación De Fecha Para La Audiencia. Si no se declara la invalidez del proceso, finalizado el término señalado en el artículo anterior, se fijará fecha y hora para la audiencia cuando ésta sea procedente, la cual no podrá exceder de diez días hábiles. En el mismo auto el funcionario decretará las pruebas

que considere procedentes. 14 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043 A juicio de esta Delegada le asiste responsabilidad a la Rama Judicial y en consecuencia no se puede prohijar la tesis argumentada en el recurso de apelación. En este orden de ideas, esta Delegada considera se debe modificar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en consecuencia, disminuir el monto de la condena a cargo de las entidades demandadas en un cincuenta por ciento. Del señor Consejero, atentamente, WILSON RUIZ OREJUELA Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 15 76001233100020040368601 (37433) 5aCdeE/WRO/Almv IUS-2010-51043