PGN - RECLUTAMIENTO - Es un ejercicio legítimo del estado que en sí mismo no genera respon

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Prevención y control de los peligros que puede sufrir el conscripto/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Garantía efectiva de protección y seguridad al conscripto RECLUTAMIENTO-Es un ejercicio legítimo del Estado que en sí mismo no genera responsabilidad patrimonial RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Respecto de los conscriptos Se ha desarrollado un título de imputación especial para los conscriptos, de responsabilidad objetiva, y ha indicado que el demandado sólo se exonera demostrando concurrencia de causa extraña: hecho exclusivo del tercero, hecho exclusivo de la víctima y fuerza mayor. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-El conscripto debe acreditar la relación del daño con la vinculación del servicio Sin embargo, no debe perderse de vista que para que surja el deber del Estado de reparar el daño sufrido por un conscripto es necesario acreditar que el mismo tuvo alguna vinculación con el servicio, porque se produjo por causa o con ocasión del mismo. Para que opere la hipótesis de responsabilidad objetiva se requiere relación de causalidad entre el daño y la vinculación al servicio. PRUEBA DOCUMENTAL-Valor probatorio de las copias simples Los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 CPC. regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original, en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada, ii) cuando

sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 025/2011

Bogotá D. C., 28 de julio de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext:12056

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG Exp. 41085

Ref: Proceso 41085 (68001233100020070039601)

Acción Reparación Directa

Actor: María Susana Suárez Huérfano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional El Ministerio Publico, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES María Susana Suárez Huérfano y Said Torres obrando en nombre propio y en representación de su menor hijo Yonson Yoan Torres Suárez, Fabio Asdrúbal, Víctor Hugo, Yuber Albeiro, Wilson Antonio, Clelia Ibeth, Clara Lucy, Blanca Inés y José Aubín Torres Suárez, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional para que se les declarara administrativamente responsables de la muerte del señor Marco Fidel Torres Suárez en

hechos ocurridos entre el 25 y el 30 de julio de 2005 (fls. 19 a 87 C. 1) 1.2. LA CONTESTACIÓN El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 182 a 186 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y argumentando que en el presente asunto no se encuentra configurada falla del servicio alguna, toda vez que el hecho por cuya indemnización se demanda, esto es el fallecimiento del soldado regular Marco Fidel Torres Suárez, fue ocasionado “por culpa exclusiva de la víctima”. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Santander (fls. 581 a 587 C. Consejo de Estado) negó las súplicas de la demanda al considerar probada la culpa exclusiva de la víctima. 1.4. LA IMPUGNACIÓN La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia (fls. 590 a 618 C. Consejo de Estado). Sostuvo que concluir que se está ante un suicidio sería desconocer el resultado de la autopsia psicológica realizada por el Instituto de Medicina Legal, que el arma utilizada no era la asignada a la víctima, que se contrariaron reglas y máximas de la experiencia militar en cuanto asignación del armamento, que no se tuvo en cuenta el concepto por el técnico de balística: que el disparo se produjo a corta distancia y no a contacto, que la víctima se disparó en un sitio pocas veces escogido para un suicidio y que no se recolectaran elementos probatorios en la escena del

crimen.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG Exp. 41085 En concepto del Ministerio Público la decisión apelada se deberá confirmar. Por tratarse de un proceso que llega a esta instancia por intervención de apelante único el estudio debe concretarse a las inconformidades expresadas por el recurrente. 2.1. PROBLEMA JURIDICO El problema jurídico consiste en determinar si el Ejército Nacional tiene responsabilidad por la muerte del soldado regular Marco Fidel Torres Suárez en hechos ocurridos entre el 25 y el 30 de julio de 2005, si se encuentra obligada a indemnizar a los demandantes o si por el contrario, opera causal que excluye la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional.

2.2. PRECEDENTE

El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN TERCERA, en sentencia de 24 de mayo de 2001. Radicación: 23001-23-31000-1995-6884-01 Expediente 13389, sostuvo: “(…) Por eso se ha dicho que frente a quien se halla en una situación de especial sujeción como la de los conscriptos, el Estado tiene dos tipos de obligaciones: a) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir la persona desde el momento en que se recluta hasta el momento en que es devuelta a la sociedad y b) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que

pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no estén limitados por su especial situación1. En otros términos, el reclutamiento como ejercicio legítimo del poder del Estado que afecta algunos derechos de las personas llamadas, en sí mismo no genera responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a esa actividad, dado que esta es una carga que los ciudadanos deben soportar. Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que el reclutamiento es una actividad que redundan en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos. Sin embargo, no debe perderse de vista que para que surja el deber del Estado de reparar el daño sufrido por un conscripto es necesario acreditar que el mismo tuvo alguna vinculación con el servicio, porque se produjo por causa o con ocasión del mismo. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado un título de imputación especial para los conscriptos, de responsabilidad objetiva, y ha indicado que el 1 (Pie de página de la cita) Al respecto ver por ejemplo, sentencia del 30 de noviembre de 2000, exp: 13.329

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG Exp. 41085 demandado sólo se exonera demostrando concurrencia de causa extraña: hecho exclusivo del tercero, hecho exclusivo de la víctima y fuerza mayor.

Para que opere la hipótesis de responsabilidad objetiva se requiere relación de causalidad entre el daño y la vinculación al servicio. 2.3. CASO CONCRETO 2.3.1. Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos probatorios: (i) Copia del registro civil de defunción del señor Marco Fidel Torres Suárez, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual indica que su muerte se produjo el 30 de julio de 2005, pero no hace referencia al motivo del fallecimiento (fl. 18 C. 1). (ii) A folio 140 del cuaderno 1, el Sargento Mayor Wilson Honorio Nieves Lagos Jefe de Personal del Batallón de Infantería No. 2 Sucre, certificó que el extinto soldado Marco Fidel Torres Suárez, prestaba su servicio militar en la unidad cuando sucedieron los hechos el 25 de julio de 2005. (iii) Copia del informe de soldado herido (fls. 432 y 432 vto C. 1) suscrito por el SS Mauricio Rodríguez Castro, Comandante Furia 10, en el cual consignó las circunstancias en las cuales se lesionó el soldado regular Marco Fidel Torres Suárez, así: “(…) entre los soldados que salieron con el cabo tercero se encontraba el soldado Torrez (sic) Zuarez (sic) Marco Fidel identificado con cedula No. 4.097.941 de Sachica “Boyacá” El soldado pasó por mi lado donde me encontraba adelantando el informe de patrullaje y le pregunté (como le había ido) El me contesto (bien) y

pasó al sitio donde le tenían la comida de la cual según testigos solo comió un pedazo de pollo y una tajada de plátano y dezcanso (sic) un rato, y luego se dirigió donde estaba el centinela, que era en el momento el Soldado Regular Vargas Sánchez Javier con el cual intercambió algunas palabras, le preguntó por el Cabo Tercero “Cortes” luego quedó pensando aproximadamente un minuto en la posición de cuclillas, el soldado Torres le dijo que el recibía el turno a las 15:00 horas, siguió subiendo unos 2º metros y luego pasaron como 5 minutos y luego sucedió el disparo aproximadamente a las 14:15 horas, el centinela reaccionó tomando posición de seguridad y luego el grito “Vargas Me Mate” como en tres ocasiones, corrió el centinela donde él se encontraba y le prestó los primeros auxilios y en seguida llegó el Cabo Tercero Cortes Mejía Diego ¿quien le pregunto que ¿Por qué lo había hecho y el soldado contesto) que por una señora (Nidia García) de igual manera escucharon los soldados Fonceca (sic) Reyes José Elías y el soldado Parra Gómez Jefrit quienes también escucharon que repetía por (Nidia) quien trabajaba en la localidad de Jesús María en una panadería.” (iv) Copia del Informe administrativo por lesiones sobre los hechos acaecidos el 25 de julio de 2005 (fls. 176 y 177 C. 1) suscrito por el TC Jaime de Jesús Henry Fernández, Comandante del Batallón de Infantería No 02 “SUCRE” de Santander, en el cual se consignaron las circunstancias en las cuales se lesionó el soldado regular Marco Fidel

Torres Suárez, donde señaló:

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG Exp. 41085 “A. El día 25 de julio de 2005 a las 14:15 horas, el Soldado Campesino de Combate TORRES SUAREZ MARCO FIDEL Código Militar No. 4097941 integrante del Séptimo Contingente de 2004 de esta Unidad Táctica, cuando se encontraba de regreso del Municipio de Jesús María donde había ido con la Patrulla del C3. CORDERO MESA CARLOS a reclutar personal para la incorporación del nuevo Contingente, el mencionado Soldado se dirigió al SS. RODRIGUEZ CASTRO MAURICIO Comandante del pelotón, el Suboficial le preguntó como le había ido, el respondió Bien, pasó al sitio donde le tenían la comida, descanso un rato, luego se dirigió a donde se encontraba el Centinela SLR. VARGAS SANCHEZ JAVIER, con el cual intercambio algunas palabras y se coloco de cuclillas y le dijo que le recibiría el puesto a las 15:00 horas, camino como 20 metros y se escucho el Disparo, aproximadamente a las 14:15 horas, el Centinela reaccionó tomando la posición de Seguridad y el mencionado le grito Vargas me maté, el Centinela le prestó los primeros auxilios y enseguida el C3. CORTES MEJIA DIEGO el cual le preguntó porque lo hizo? Contesto: Por Nidia García. Según los Compañeros es una Señora que trabaja en una Panadería en

la localidad de Jesús María Santander. “De inmediato fue remitido al Dispensario de la localidad donde se le prestaron los Primeros Auxilios, luego a Puente Nacional donde según Dictamen Medico presentó HERIDA POR ARMA DE FUEGO EN REGION ANTERIOR DEL TORAX DE 1 X 1 CMS ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA CON AREA AXILAR ANTERIOR. Actualmente se encuentra recluido en el Hospital de Tunja Boyacá. “(…) “C. IMPUTABILIDAD. De acuerdo con el Decreto 1796 de 14 de septiembre de 2000 Titulo IV Artículo 24 Literal “d” la lesión ocurrió: EN ACTOS REALIZADOS

CONTRA LA LEY, EL REGLAMENTO O LA ORDEN SUPERIOR.

(v) Copia del Informe administrativo por muerte del Soldado Regular Marco Fidel Torres Suárez ocurrida el 30 julio de 2005 (fl. 179, 203 y 204 C. 1) suscrito por el TC Jaime de Jesús Henry Fernández, Comandante del Batallón de Infantería No 02 “SUCRE” de Boyacá, en el cual se consignó lo siguiente: “A. El día 25 de julio de 2005 a las 14:15 horas, el Soldado Campesino de Combate TORRES SUAREZ MARCO FIDEL Código Militar No. 4097941 integrante del Séptimo Contingente de 2004 de esta Unidad Táctica, cuando se encontraba de regreso del Municipio de Jesús María donde había ido con la Patrulla del C3. CORDERO MESA CARLOS a reclutar personal para la incorporación del nuevo Contingente, el mencionado Soldado se dirigió al SS.

RODRIGUEZ CASTRO MAURICIO Comandante del pelotón, el Suboficial le preguntó como le había ido, el respondió Bien, pasó al sitio donde le tenían la comida, descanso un rato, luego se dirigió a donde se encontraba el Centinela SLR. VARGAS SANCHEZ JAVIER, con el cual intercambio algunas palabras y se coloco de cuclillas y le dijo que le recibiría el puesto a las 15:00 horas, camino como 20 metros y se escucho el Disparo, aproximadamente a las 14:15 horas, el Centinela reaccionó tomando la posición de Seguridad y el mencionado le grito Vargas me maté, el Centinela le prestó los primeros auxilios y enseguida el C3. CORTES MEJIA DIEGO el cual le preguntó porque lo hizo? Contesto: Por Nidia

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG Exp. 41085 García. Según los Compañeros es una Señora que trabaja en una Panadería en la localidad de Jesús María Santander. “De inmediato fue remitido al Dispensario de la localidad donde se le prestaron los Primeros Auxilios, luego a Puente Nacional donde según Dictamen Medico presentó HERIDA POR ARMA DE FUEGO EN REGION ANTERIOR DEL TORAX DE 1 X 1 CMS ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA CON AREA AXILAR ANTERIOR. Posteriormente recluido en el Hospital de Tunja Boyacá y el día 28 de julio de 2005 fue remitido al Hospital Militar Central, donde Falleció el 30 de

julio de 2005 a las 14:15 horas. Causa Muerte Violenta Arma de Fuego. Según Acta Levantamiento del cadáver No. 0260-0095. “(…) “C. IMPUTABILIDAD. De acuerdo con el Decreto 2728/1968 Artículo 8 la muerte

ocurrió: SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD.

En la indagación preliminar adelantada por el Juzgado 41 de Instrucción Penal Militar de Chiquinquirá (Boyacá) (fls. 427 a 500 C. 1), se recaudaron, entre otros, los siguientes elementos probatorios: - Copia del dictamen balístico No. BA 110 realizado por la Sección de Criminalística C.T.I. – Tunja (fls. 479 a 485 C. 1), donde se concluyó: “De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio balístico, se pudo establecer que las prendas correspondientes a la inspección a cadáver 0260-0095 Necropsia BOG-2005-022652, fue blanco de un disparo a corta distancia hasta (1,50m). “Teniendo en cuenta la descripción de trayectorias presente en el citado protocolo de Necropsia, se logró determinar que la boca de fuego del arma se encontraba frente a la víctima y a un nivel horizontal en el terreno. (resalto y subrayo) - Copia de la ampliación del dictamen BA 110 realizado por la Sección de Criminalística C.T.I. – Tunja (fls. 464 a 466 C. 1), donde se señaló: “De acuerdo con los resultados del análisis balístico presentes en el dictamen BA110 teniendo en cuenta las descripciones del protocolo de necropsia 2005-022652

y la materialización grafica de trayectoria anteriormente acotada en el numeral 3.1 del presente dictamen, se logró concluir con una hipótesis que nos indica la posible posición víctima y victimario, esta es: un disparo a corta distancia (no mayor a 20 cm) teniendo en cuenta que el protocolo de necropsia reporta “… halo circular de 4,5 X 5 cm con área apergaminada compatible con el producido por el fogonazo de disparo de arma de fuego…”, este fogonazo normalmente se presenta a esta distancia, con una trayectoria supero-inferior, de izquierda a derecha y anteroposterior, lo que indica que la víctima se encontraba a un nivel inferior al del victimario (probablemente sentado o en semiflexion), pero sobre un mismo nivel horizontal del terreno, (…) “(…)

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG Exp. 41085 “La valoración de la anterior hipótesis se deja a criterio de la autoridad competente, para que sea estudiada junto con las demás pruebas obrantes dentro de la presente investigación. (resalto y subrayo) - Copia de la autopsia psiquiátrica No. 04-2007 realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tunja donde se indicó: “1. De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a lo conocido acerca de el, MARCO FIDEL TORRES SUAREZ no venía padeciendo de un EPISODIO DEPRESIVO/TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR, de acuerdo a los parámetros

establecidos para el diagnostico de trastorno mental, ni tampoco presentaba una cantidad considerable de factores para que indefectiblemente incurriese en conducta de tipo suicida. “2. No obstante, no le corresponde al perito psiquiatra incurrir en impericia profesional para fungir como investigador judicial y aseverar o descartar la posibilidad de la auto eliminación, por ejemplo de tipo accidental por manipulación indebida o juego con el arma. 2.3.2. Las pruebas anteriores resultan suficientes para tener por acreditado el daño por cuya indemnización se reclama, esto es la muerte del soldado campesino Marco Fidel Torres Suárez, ocurrida mientras estaba en servicio activo, portando el respectivo uniforme militar y con un fusil de dotación oficial. La versión según la cual el soldado Marco Fidel Torres Suárez se habría suicidado se funda en algunos apartes del informe de los hechos rendido por el sargento segundo Mauricio Rodríguez Castro, Comandante Furia 10, en el cual indicó “(…), el soldado Torres le dijo que el recibía el turno a las 15:00 horas, siguió subiendo unos 20 metros y luego pasaron como 5 minutos y luego sucedió el disparo aproximadamente a las 14:15 horas, el centinela reaccionó tomando posición de seguridad y luego el grito “Vargas Me Mate” como en tres ocasiones, corrió el centinela donde él se encontraba y le prestó los primeros auxilios y en seguida llegó el Cabo Tercero Cortes Mejía Diego ¿quien le pregunto que ¿Por qué lo había hecho y el soldado contesto) que por una

señora (Nidia García) de igual manera escucharon los soldados Fonceca (sic) Reyes José Elías y el soldado Parra Gómez Jefrit quienes también escucharon que repetía por (Nidia) quien trabajaba en la localidad de Jesús María en una panadería.” El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo señala que a los procesos atribuidos al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil2. Bajo esta perspectiva, es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 CPC.3, los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 CPC. regula el valor probatorio de los documentos aportados en 2 Art. 168 CCA.: “PRUEBAS ADMISIBLES. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.” 3 Art. 253 CPC.: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento.”

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG Exp. 41085 copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original, en los

siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada, ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica. A lo anterior se agrega que el documento público, es decir, el expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención –art. 251 CPC.-, se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 CPC. Con fundamento en lo anterior, los informes allegados por el Ministerio de Defensa (informe de lesiones, informe administrativo de lesiones e informe de muerte) se presumen auténticos, tienen pleno valor probatorio, no fueron tachados de falsos, razón por la que serán valorados. Respecto de casos como el presente, en el cual se le atribuye el daño causado por el suicidio de un soldado conscripto del Ejército Nacional, ha precisado la jurisprudencia que: “En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno psíquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa

circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro. En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida por las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería sólo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración4 (resalto y subrayo) Los presupuestos que refiere la jurisprudencia no se configuran en el caso, toda vez que, por un lado, los compañeros del Batallón del soldado campesino Marco Fidel Torres Suárez no conocieron su intención suicida, pues con anterioridad al hecho nunca hubo de su parte manifestación expresa en ese sentido; de otro lado, tampoco se encuentra acreditado que el referido soldado hubiera sufrido maltrato por parte de sus superiores o demás compañeros, en forma tal que ello hubiere podido incidir en la determinación del soldado Torres Suárez para autoeliminarse. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre del 2000, Exp. 13.329, tesis jurisprudencial reiterada en las sentencias proferidas el 8 de julio de 2009, Expedientes 17.410 y 17.527, entre otras.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094

REOG Exp. 41085 Se puede decir que la posibilidad de un suicidio no podía ser sospechada por sus compañeros ni superiores, porque el soldado Torres Suárez nunca tuvo comportamiento que pudiera tenerse como indicio al respecto. Tampoco se encuentra acreditado que el hecho de atentar contra su vida se pudiera asociar a un padecimiento psicológico, como depresión u otra afectación mental, puesto que obra copia de la autopsia psiquiatrica (fls. 486 a 500 C. 1) según la cual el soldado Torres Suárez no venía padeciendo de episodios o trastornos depresivos, ni tampoco presentaba una cantidad considerable de factores para que incurriese en conducta de tipo suicida. Lo expuesto fuerza concluir que se encuentra plenamente acreditada la configuración de la eximente de responsabilidad consistente en el hecho determinante y exclusivo de la víctima, imprevisible e irresistible para la Administración, circunstancia que impide estructurar la imputación jurídica del daño causado a la entidad pública demandada, elemento éste indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual del Estado. CONCLUSION En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que el fallo recurrido sea confirmado en los términos precisados en este concepto, y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

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