PGN - RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS - Condiciones al momento de la realización de

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

E. S. D.

REF.: Recurso de casación interpuesto por el defensor de Pablo Cibel Daza Alfonso contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal que lo condenó por el delito secuestro extorsivo.

RAD. No.: 18.321

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil en la que condenó a Pablo Cibel Daza Alfonso a las penas principales de veintiseis años de prisión y multa de cien salarios mínimos legales mensuales y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez años y al pago de 200 gramos oro como indemnización del daño moral sufrido por Aurora Gutiérrez Alarcón, al encontrarlo penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo. Apelada la sentencia por el defensor del procesado, desató el recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal mediante el fallo de diecinueve de diciembre de dos mil en el que confirmó integralmente el contenido de la providencia recurrida. Interpuesto el recurso extraordinario de casación por el defensor del procesado contra la sentencia de segunda instancia, lo sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia declaró ajustada a las exigencias formales de ley y de ella se corrió traslado a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal a fin de que emita su concepto sobre la viabilidad de la impugnación.

HECHOS El quince de febrero de mil novecientos de mil novecientos noventa y nueve, aproximadamente a las dos de la tarde, llegaron hasta su finca situada en la vereda Charte del municipio de Yopal, el señor Reinaldo González Calderón y su compañera permanente Aurora Gutiérrez Alarcón en compañía de dos niñas. 2 Hasta allí llegaron también cuatro sujetos, uno de los cuales interrogó a González Calderón por la venta de cerdos y cuando González Calderón le estaba dando la información pertinente, le exigió, a nombre de las autodefensas, la entrega de las llaves y documentos de la camioneta en la que habían llegado hasta la finca, arguyendo que necesitaban el vehículo. Posteriormente, uno de los individuos tomó por el brazo a la señora Aurora Gutiérrez Alarcón, la subió al automotor y luego de manifestar que era ella por quien venían, la condujo con rumbo desconocido. Posteriormente el señor González Calderón recibió una carta manuscrita en el que la señora Gutiérrez le comunicaba que estaba retenida por las autodefensas de Boyacá y Casanare y que debía pagar, por su rescate, la suma de ochenta millones de pesos. La Unidad Investigativa de Policía Judicial del Grupo Gaula Rural Casanare logró retener, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, a Pablo Cibel Daza Alfonso y al menor Omar Aníbal Cisneros Daza cuando hacían una llamada telefónica a la casa de la víctima y con la información que obtuvieron de los aprehendidos se realizó un operativo que permitió el rescate de la secuestrada, aunque los demás partícipes del hecho lograron

emprender la huída. ACTUACION PROCESAL Formulada la denuncia del secuestro por el señor Reinaldo González Calderón, la Fiscalía Décimo Primera Delegada ante el Gaula Rural de Casanare, mediante resolución del dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y nueve ordenó la apertura de una investigación previa y comisionó, para la práctica de diligencias, a la Unidad Investigativa de Policía Judicial. Obtenidos los resultados de esta investigación, la Fiscalía Décimo Primera Delegada de la Dirección Regional de Oriente dispuso la apertura de investigación en resolución del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, providencia en la que dispuso escuchar en indagatoria al capturado Daza Alfonso, diligencia que se cumplió el diecinueve de febrero del mismo año. El mismo diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve se llevó a cabo una diligencia de reconocimiento en fila de personas, en la que la víctima del delito, Aurora Gutiérrez Alarcón, reconoció a Pablo Cibel Daza Alfonso como a una de las personas que participó en su retención. 3 El cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve la Fiscalía Regional de oriente resolvió la situación jurídica de Pablo Cibel Daza Alfonso con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de secuestro extorsivo. Cerrada la investigación y habiendo presentados alegatos previos a la calificación del mérito de la instrucción el Procurador Judicial en lo Penal y el defensor del procesado, la Fiscalía emitió la providencia del siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve en la que profirió resolución de

acusación en contra de Pablo Cibel Daza Alfonso por el delito de secuestro extorsivo y ordenó la compulsa de copias para continuar con la investigación respecto de los demás partícipes en el delito. Ejecutoriada la resolución de acusación, el asunto pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, que abrió el juicio a pruebas con auto del dieciseis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Dentro del término correspondiente el defensor del acusado pidió que se escuchara el testimonio de algunas personas, solicitud a la que accedió parcialmente el juzgado mediante auto del cuatro de enero de dos mil. El veintiocho de marzo de dos mil se llevó a cabo la audiencia pública de juzgamiento, acto en el cual se recibió la declaración de dos de los testigos cuya versión se había ordenado recibir. Cumplidos los trámites procesales pertinentes, el Juez Penal del Circuito Especializado de Yopal condenó a Pablo Cibel Daza Alfonso en los términos que se dejaron reseñados, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal en la que es objeto del recurso extraordinario. SINTESIS DE LA DEMANDA Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, demanda el censor que se case la sentencia acusada y, en su lugar, se profiera fallo absolutorio, porque en la decisión del tribunal se incurrió en un quebranto de la ley sustancial porque en la diligencia de reconocimiento en fila de personas que la víctima del delito hizo del procesado se incurrió en una irregularidad, dado que la señora Aurora Gutiérrez Alarcón había visto al

incriminado en las instalaciones del Gaula antes de hacer dicho reconocimiento. Destaca a continuación el libelista tanto el argumento del tribunal en el que concede credibilidad al reconocimiento cuestionado, así como el contenido 4 del informe de la Policía Judicial que acredita que la víctima del delito vio, antes del reconocimiento, al procesado Daza Alfonso y concluye que en estas condiciones resulta lógico que se haya identificado al pretendido autor del delito. Considera el censor que este procedimiento es vicioso, pues brinda al testigo la oportunidad de identificar a quien se estima autor del reato, a través de su recuerdo próximo a la diligencia y remata diciendo que en este caso el tribunal dio fundamental importancia, como sustento de la condena, a la diligencia cuestionada. Para concluir, aduce el recurrente que al retirar a la prueba el poder de convicción que le concedió el ad quem, quedan sin soporte las incriminaciones hechas en contra del acusado porque su descripción se hizo con rasgos generales que no son suficientes para individualizar a una persona y, por consiguiente, debe darse credibilidad a quienes, dentro del proceso, dijeron que el acusado estaba en la vereda Punto Nuevo el día y a la hora en que se cometió el delito objeto de la sentencia. CONCEPTO DEL PROCURADOR TERCERO DELEGADO PARA LA CASACION PENAL La demanda que se presenta para tratar de romper las presunciones de acierto y legalidad de que viene precedida la sentencia de segunda instancia exhibe una falla trascendental que impide el reconocimiento del error que alega el libelista. En efecto, el defensor aduce que se incurrió en un falso juicio de legalidad

sobre la prueba de reconocimiento en fila de personas que se hiciera con la intervención de la víctima del delito, debido que se permitió a ésta la observación anterior del imputado lo que, en términos del libelista, constituye un error de legalidad en la práctica de la prueba enunciada. Así planteadas las cosas, era deber del casacionista demostrar que la ley que regula la práctica de la diligencia tiene un preciso contenido que no se observó adecuadamente en el momento de formación de la prueba, obligación con la que no cumplió el demandante. La omisión en la demanda, de la norma probatoria que serviría de fundamento a la crítica, parece ser que responde a la necesidad de ocultar la improsperidad del cargo, porque en el texto de los artículos 367 y 368 del Decreto 2700 de 1991 aplicable a este proceso ninguna exigencia se hace, para la validez legal de la prueba, que quien ha de hacer el reconocimiento 5 no haya podido ver, antes de hacerlo, a la persona que será sometida a él y, con ello, es evidente que no se incurrió en un falso juicio de legalidad. Las normas citadas, disponen: Art. 367. Reconocimiento en fila de personas. Todo aquél que incrimine a una persona determinada deberá reconocerla cuando ello sea necesario. Art. 368. Cómo se hace el reconocimiento. Previamente a la formación de la fila quien haya de practicarlo será interrogado para que describa la persona de quien se trata y para que diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen, el reconocimiento deberá hacerse a la mayor brevedad posible aun dentro de la misma declaración del testigo, y a tal acto asistirá el

defensor del sindicado quien podrá dejar constancia de lo ocurrido en la diligencia Si aquél no se hallare en ese momento o no concurriere oportunamente, se nombrará un apoderado de oficio para el reconocimiento. Al imputado se le advertirá el derecho que tiene a escoger el lugar que quiera dentro de la fila. Inmediatamente se practicará la diligencia poniendo a la vista del testigo la persona que haya de ser reconocida, vestida si fuere posible con el mismo traje que llevaba en el momento en que se dice fue cometido el delito, y acompañada de seis o más personas de características morfológicas semejantes. Desde un punto en que no pueda ser visto, el que fuere a hacer el reconocimiento, juramentado de antemano, manifestará si se encuentra entre las personas que forman el grupo aquella a quien se hubiera referido en sus declaraciones y la señalará. En la diligencia se dejarán los nombres de las demás personas integrantes de la fila, y de quien hubiere sido reconocido. De acuerdo con este precepto legal, interpretado en consonancia con el artículo 367 del Decreto 2700 de 1991, son condiciones que deben observarse al momento de la realización de una diligencia de reconocimiento en fila de personas, las siguientes: a. Que la persona que va a ser reconocida esté asistida por su defensor o por un apoderado de oficio. b. Que se advierta al sindicado sobre el derecho que tiene para escoger el lugar que quiera ocupar en la fila y, por consiguiente, que se le permita ejercer ese derecho. 6 c. Que se conforme una fila de la que formen parte la persona que va a ser objeto del reconocimiento y, cuando menos, seis personas más.

d. Que el testigo o persona que va a hacer el reconocimiento, sea juramentado antes de hacerlo. e. Que el testigo haga una descripción de las características físicas del individuo a quien se ha referido al momento de hacer la incriminación. f. Que el testigo sea interrogado para saber si, antes de la diligencia, ha visto a la persona contra quien ha hecho la incriminación y, por consiguiente, quien puede ser objeto del reconocimiento. g. Que el testigo realice el reconocimiento desde un sitio en el que no pueda ser visto por quien es objeto del reconocimiento. h. Que la persona que va a ser objeto de la diligencia sea puesta a la vista del testigo.

1. Que el testigo señale, si la reconoce, a la persona contra quien ha hecho la incriminación.

j. Que en el acta de la diligencia se deje constancia sobre los nombres de las personas que integraron la fila y de quien hubiere sido reconocido. Como fácilmente se advierte del texto del artículo 368, no es condición de legalidad de la diligencia el hecho de que antes de su práctica el testigo no haya visto a quien vaya a ser reconocido y, por el contrario, la disposición admite que esta eventualidad puede presentarse, ya que ordena interrogar al testigo, antes de hacer el reconocimiento, para que manifieste si con anterioridad ha visto personalmente o en imagen a quien será objeto de la identificación, tal como se desprende del requisito marcado con la letra f. de la enumeración anterior. No podría ser de otra forma. La diligencia de reconocimiento se hace con el objeto de que la persona que es sometida a ella pueda ser identificada por el testigo como el mismo individuo contra quien ha hecho una incriminación, esto es, para que la persona pueda ser distinguida de otras por sus rasgos

físicos u otras condiciones semejantes, a fin de afianzar o desvirtuar una imputación que se ha hecho, lo que supone necesariamente la percepción anterior de las características que posee el sujeto a quien se atribuye la realización de un delito o su participación en él y que permitirán el reconocimiento. La legalidad del reconocimiento en fila de personas, entonces, no puede quedar en entredicho por la circunstancia de que el testigo haya visto con anterioridad a él a la persona contra quien se ha hecho la incriminación de haber cometido un delito o participado en él. Es de la esencia de la diligencia la percepción anterior de las características del sujeto incriminado. 7 El hecho de que el testigo haya visto antes del reconocimiento en fila de personas a quien será objeto de la identificación, constituye un factor de credibilidad del resultado, esto es, que según sean las circunstancias de la percepción anterior y las condiciones en las que se hace el reconocimiento, podrá el juez tomar como más cercano a la verdad, o más alejado de ella, el reconocimiento que se ha hecho de una persona. Este criterio, según se ve, responde al juicio valorativo del resultado de la diligencia de reconocimiento, es decir, al poder de convicción que la prueba puede ofrecer al funcionario judicial y, como tal, no se halla en el campo de los falsos juicios de legalidad como el que se ha invocado. En conclusión, no advirtiéndose un falso juicio de legalidad sobre la prueba de reconocimiento en fila de personas, no es procedente retirarla del acervo probatorio y, por contera, permanece incólume todo el fundamento probatorio de la sentencia de segunda instancia.

Debe anotarse, empero, que aun en el caso de que se reconociera la ilegalidad de la diligencia cuestionada carecería de sentido la petición del recurrente porque, a más del citado reconocimiento en fila de personas, el tribunal consideró otros elementos de convicción que lo condujeron a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del acusado. En efecto, el fallo se sustenta también en el hecho de que el procesado Cibel Daza Alfonso fue capturado en compañía del menor Omar Aníbal Cisneros Daza cuando éste hacía una de las llamadas extorsivas desde un teléfono público en Yopal, condición que implicó la consideración de la flagrancia como evidencia procesal; así mismo en la que el sentenciador consideró una inaceptable explicación del acusado sobre el hecho de su aprehensión, y en la coincidencia de las descripciones que del incriminado hizo el funcionario que le recibió indagatoria y la que el denunciante Reynaldo González Calderón hizo en su oportunidad. Junto a estas circunstancias no cuestionadas por el censor, se esgrimieron otras razones que también permanecen incólumes en la demanda y surgen del análisis de los testimonios de Eliécer Maldonado, Carlos de la Ossa, Carolina Tapias, Flor Delia Ramírez y Tirso Cataño, que fueron demeritados por el juzgador al considerarlos como una coartada planteada por la defensa pues, en su criterio no permiten demostrar lo alegado por el defensor ya que los datos suministrados por los testigos inducen a pensar que el implicado no estuvo durante todo el día lejos del lugar en el que se cometió el delito,

sino que pudo haberse desplazado hasta allí para perpetrarlo, a pesar de que sus amigos lo vieron en Punto Nuevo. 8 Lo que se evidencia con esta somera referencia a las pruebas que soportan la sentencia es, entonces, que la diligencia de reconocimiento en fila de personas no es la única prueba que sirve de fundamento a la declaración de responsabilidad penal que se hace en el fallo impugnado, de manera que al no haberse atacado tales fundamentos en la demanda de casación, permanecen inamovibles las presunciones de acierto y legalidad. Por las anteriores consideraciones el cargo no debe prosperar. PETICIÓN Sea lo anterior suficiente para que la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal solicite a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia materia de impugnación. Señores Magistrados,

IVAN GONZALEZ AMADO

Procurador Tercero Delgado en lo Penal. Bogotá D. C., 1 de julio de 2003 Rad. No 18.321