PGN - RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS - Diferencia con el acto de señalamiento (2)

Señores magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos

E. S. D.

REF.: Casación interpuesta por el defensor del procesado Henry Duarte contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que lo condenó por el delito de homicidio agravado.

RAD. No.: 18.113

El Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, D. C., dictó sentencia el dos de junio de mil novecientos noventa y nueve en contra de Henry Duarte a quien condenó a la pena principal de cuarenta años de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez años, como responsable del delito de homicidio agravado. Apelada la decisión por el defensor del procesado, conoció el recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., que lo desató mediante fallo de veinticinco de septiembre de dos mil en el que confirmó integralmente el contenido de la providencia impugnada. En su oportunidad, el defensor del procesado presentó demanda de casación contra la sentencia de segunda instancia, la que fue hallada conforme con las exigencias legales por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde, en consecuencia, al Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal, emitir concepto sobre la viabilidad de la impugnación. HECHOS El veintisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, aproximadamente a la una y treinta de la madrugada, Mario Almario Chala acompañó a su amigo

Edgar Riveros y a dos mujeres que trabajaban para éste en un servicio de acompañantes, hasta el establecimiento comercial Amoblados del Sur. 2 Mientras Riveros entró con una de las mujeres a las residencias, Mario Almario Chala permaneció afuera del establecimiento, dentro del vehículo en el que se desplazaba, en donde también se encontraba Martha Aurora Sánchez dormitando. En algún momento Mario Almario Chala se apeó del vehículo y hasta allí llegaron los propietarios de los Amoblados del Sur, a quienes aquél conocía, y por razones que se ignoran uno de ellos disparó en repetidas oportunidades en contra de Almario Chala, quien falleció en el lugar. Edgar Riveros, asustado, fue a dar aviso de lo ocurrido a las autoridades de policía. ACTUACION PROCESAL Informada la fiscalía sobre el hecho, el Fiscal 293 de la Unidad de Reacción Inmediata ordenó hacer una inspección al cadáver reportado, recibir algunas declaraciones y practicar las primeras diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos. Posteriormente el asunto pasó a la Fiscalía 55 Delegada de la Unidad Quinta Especializada de Vida, que ordenó investigación previa mediante resolución del veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete. Los investigadores del Departamento Administrativo de Seguridad rindieron un informe sobre las actividades investigativas adelantadas, en el cual consignaron que informaciones de inteligencia llegadas a la División de Seguridad Rural, les permiten afirmar que el posible autor del homicidio es el señor Henry Duarte, quien para su comisión utilizó una pistola Pietro Beretta

a la que se planea desaparecer o cambiar el cañón con el fin de encubrir el delito. Con base en esta información, en la declaración del señor Edgar Riveros y las demás pruebas allegadas al informativo, la fiscalía declaró abierta la investigación mediante providencia del catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que se ordenó la captura de Henry Duarte. En diligencia de allanamiento practicada por el Fiscal 315 de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete a la residencia de Henry Duarte ubicada en la carrera 81 número 32-17 de Bogotá, se incautó la pistola de su propiedad, marca Pietro Beretta distinguida con el número F29344N. 3 El mismo día fue capturado el implicado, quien debidamente asistido por su defensor fue escuchado en indagatoria el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete. Su situación jurídica se resolvió con providencia del seis de octubre del citado año que ordenó su detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por el delito de homicidio agravado. Atendiendo una solicitud de la Fiscalía, el Grupo de Balística Forense de la División de Criminalística del Departamento Administrativo de Seguridad, luego de realizar los análisis científicos respectivos, conceptuó que los proyectiles encontrados en el cadáver de Mario Almario Chala fueron disparados por la pistola Pietro Beretta incautada en la residencia del procesado Henry Duarte. Este dictamen fue puesto a disposición de las partes y objetado por el defensor del implicado alegando error grave,

objeción que rechazó la fiscal instructora mediante providencia del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Por virtud del recurso de apelación que se interpusiera contra la decisión que rechazó la objeción al dictamen, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá D. C., con providencia del diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho revocó la determinación del a quo y dispuso surtir el trámite incidental correspondiente. Cerrada la investigación y allegados los alegatos precalificatorios de los sujetos procesales, el veintiseis de enero de mil novecientos noventa y ocho la fiscalía instructora dictó resolución de acusación en contra de Henry Duarte como autor del delito de homicidio agravado. En la fase probatoria del juicio el juzgado ordenó realizar un nuevo dictamen pericial y en razón de ello se produjeron los informes científicos del Instituto Nacional de Medicina Legal (el 21 de julio de 1998) y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (19 de octubre de 1998), en los cuales los peritos opinaron que los proyectiles hallados en el cadáver de Almario Chala no fueron disparados por el arma que se incautara en la casa del acusado. Durante la audiencia pública, que se inició el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho y concluyó el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se practicaron algunas pruebas que fueron solicitadas por los sujetos procesales.

Culminada la vista pública, el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá D. C., condenó a Henry Duarte a cuarenta años de prisión por el delito de homicidio agravado, sentencia que fue apelada por el defensor del 4 condenado y confirmada en su integridad por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. en la sentencia que es objeto de esta acción de casación. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION Con fundamento en la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, el defensor del acusado presenta tres cargos contra la sentencia de segunda instancia, a la que considera violatoria del artículo 445 del Código de Procedimiento Penal aplicable al caso, debido a varios errores en la apreciación de las pruebas. PRIMER CARGO Aduce el libelista que el sentenciador incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad, al tergiversar el contenido de los testimonios rendidos por José Elascar Holguín Gordillo, Carlos Suetonio Hernández Cuervo, Alfonso Serrano Ariza y Eurípides Velasco Pardo, declaraciones que en criterio del tribunal no ofrecen credibilidad porque fueron rendidas mucho tiempo después de iniciada la investigación y no son exactas en cuanto a la fecha en que supuestamente los testigos vieron al acusado en el municipio de Güepsa. Luego de transcribir extensos apartes de las pruebas que se reputan mal apreciadas, el censor afirma que de su texto se desprende, sin duda, que los testigos vieron al procesado en el municipio de Güepsa el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, cerca de la una y media de la mañana,

razón por la cual al desconocer el sentenciador este hecho, incurre en un yerro que distorsiona el contenido de tales declaraciones y conduce a restarles credibilidad. De haberse tenido en cuenta los testimonios en su exacto contenido, agrega, se habría llegado a la conclusión de que las pruebas no ofrecen la credibilidad suficiente para sustentar una condena. SEGUNDO CARGO En esta ocasión el casacionista denuncia un error de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de los dictámenes de balística rendidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, al distorsionar estas pruebas negándoles la verdad que ellas ofrecen. 5 Siguiendo el mismo procedimiento que en el cargo anterior, el libelista transcribe el pasaje de la sentencia impugnada en donde se hace referencia a las pruebas que reputa distorsionadas y luego los contenidos de los dictámenes periciales que fueron mal aprehendidos por el tribunal, destacando las afirmaciones de los expertos según las cuales los proyectiles encontrados en el cadáver de Almario Chala no fueron disparados por el arma que se remitió para su confrontación y que corresponde a la que es de propiedad del acusado. El tribunal, no obstante la contundencia de estas conclusiones, desfiguró la identidad de las pruebas al rechazar su poder de convicción arguyendo que algunas partes del arma sometida a estudio pudieron ser cambiadas, circunstancia que es apenas una probabilidad que no cuenta con medio de demostración alguno dentro del expediente. Si el sentenciador no hubiera negado la verdad objetiva que surge de las

pruebas periciales aludidas, necesariamente habría tenido que declarar que existe una duda sobre la responsabilidad del acusado, surgida de la comparación de aquellas con el peritaje rendido por el Departamento Administrativo de Seguridad al que el tribunal le concede credibilidad. TERCER CARGO En éste se denuncia un error de derecho por falso juicio de legalidad, surgido de la circunstancia de haber reconocido, en la sentencia, valor como prueba al reconocimiento que en el curso de la audiencia pública de juzgamiento hiciera el testigo Edgar Riveros del imputado Henry Duarte como el autor del homicidio de Almario Chala. Transcribe el censor el aparte de la sentencia que se refiere a la prueba cuestionada así como de la declaración rendida por el testigo en la audiencia pública y, luego, el texto de los artículos 367 y 368 del Código de Procedimiento Penal que regulan la prueba de reconocimiento en fila de personas; el artículo 29 constitucional y los artículos 246 y 250 del Código de Procedimiento Penal. Con esta base, sostiene el recurrente que el reconocimiento aludido no cumplió con las exigencias previstas en la ley para ser tenido como prueba, ya que no se ordenó previamente y en su desarrollo no se observaron las formalidades prescritas en la ley. El testigo, sin otra exigencia, identificó a Henry Duarte como el autor del homicidio, después de haber visto que el guardián que lo condujo a la sede del juzgado le quitaba las esposas y, por consiguiente, era la persona a quien acusaban del homicidio. 6 Si el tribunal no le hubiera concedido credibilidad a esta prueba –concluye el censorha debido aplicar a favor del acusado el contenido del artículo 445

del Código de Procedimiento Penal y absolver al incriminado. Para finalizar su demanda el recurrente hace una somera evaluación de las pruebas aportadas a la investigación y, luego de su confrontación, aduce que se impone la absolución del implicado en aplicación del principio in dubio pro reo ante la carencia de certeza absoluta sobre la responsabilidad de Henry Duarte en el delito que se le imputa. Pide, en consecuencia, casar la sentencia y dictar fallo de sustitución en el que se absuelva a Henry Duarte de los cargos que le fueron formulados por el delito de homicidio.

CONCEPTO DEL PROCURADOR TERCERO DELEGADO PARA LA

CASACION PENAL PRIMER CARGO En este primer cargo el libelista, a partir de la escasa fuerza de convicción que al sentenciador le ofrecieron los testimonios de José Elascar Holguín Gordillo, Carlos Suetonio Hernández Cuervo, Alfonso Serrano Ariza y Eurípides Velasco Pardo, pretende argumentar una distorsión de sus contenidos en una forma que, si bien podría resultar lógica dentro del curso del pensamiento común, no es consistente con la particular lógica que impone la ley cuando de analizar las pruebas se trata. En el proceso penal la actividad probatoria está regulada en sus diferentes fases, de manera que tanto para el descubrimiento de los medios de convicción, como para su incorporación al proceso, para su práctica y para su evaluación, existen algunas reglas mínimas que procuran garantizar que la función del juez discurra dentro de los cauces que le imponen el estado democrático de derecho, la naturaleza del proceso penal y los principios y

garantías que lo rigen. Esta múltiple reglamentación, si bien abarca todas las acciones que se cumplen alrededor de las pruebas, delimitan también un proceso en el que un paso o actividad debe preceder a otro, respetando las conclusiones que se puedan derivar del anterior. Dejando de lado los problemas que puedan presentarse en relación con la actividad relacionada con la solicitud y práctica de pruebas, que no es objeto 7 de crítica en este cargo, se puede decir que, por ejemplo, cuando el juez se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión, lo primero que debe examinar es si las pruebas que le servirán de apoyo fueron legalmente decretadas, pues solamente podrá tomar en consideración aquellas que, según las reglas de procedimiento, se ordenaron incorporar a la actuación. Acto seguido, el juez examinará si las pruebas se practicaron según los ritos previstos en la ley y, eventualmente, si las formalidades omitidas son esenciales a la naturaleza de la prueba, en cuyo caso debe rechazar aquellas que no cumplan con las exigencias mínimas y tener en cuenta solamente aquellas que se realizaron con apego a los requisitos legales pero, entonces también, las que fueron previamente ordenadas. Establecida esta legalidad de la prueba, el juez pasará a la aprehensión e interpretación de aquellas previamente ordenadas y practicadas con respeto a los ritos legales, procesos con los cuales, mediante el examen objetivo del medio de convicción y su confrontación con las demás evidencias aportadas, el funcionario encargado de tomar la decisión fijará el contenido de cada una de las pruebas y, por consiguiente, los hechos que de ellas se desprenden.

Finalmente, mediante un análisis racional en el que se consideren las reglas de experiencia, las estructuras lógicas, los conocimientos científicos, las circunstancias sociológicas que influyan en los medios de prueba, así como los cuerpos de doctrina y jurisprudencia que se hayan producido sobre cada medio de prueba en particular, y sobre todos ellos en general, el juez debe determinar el poder de convicción que cada una de las pruebas debidamente ordenadas, practicadas y aprehendidas le ofrece y la certeza que el conjunto probatorio le aporta. Este último proceso, que es en sí mismo el correspondiente a la valoración, en tanto que con su mediación el juez sopesa las pruebas para formar su convencimiento acerca de los hechos que ellas demuestran, e implica necesariamente rechazar aquellas que no le ofrecen credibilidad al juzgador y, por consiguiente, quedan excluidas de los fundamentos probatorios que conducen a declarar demostrado un hecho determinado. Esta decisión de rechazar algunas pruebas –por ejemplo, porque el juez no las considera creíblesno implica distorsionar el contenido de los medios de convicción que no se tienen en cuenta para fundamentar un hecho, como al parecer lo entiende el demandante. Lo que sucede es que, si se examina nuevamente el hecho que se declaró probado por el juzgador, pero en esta ocasión dando credibilidad a la prueba 8 rechazada, se encontrará que ésta conduce a aceptar como ocurrido otro suceso y, por lo tanto, parecería que se distorsionó su contenido. Pero, en todo caso, sigue siendo el asunto un problema de credibilidad de la prueba. Aplicando esta tesis al caso en estudio se podrá ver el tema en una

dimensión más simple. El juez –tanto en primera, como en segunda instanciaconsideró que los testimonios a los que se refiere la demanda no contenían la verdad sobre la permanencia del implicado en el municipio de Güepsa el día veintisiete de abril de mil novecientos noventa y siete y, por las razones expuestas en las sentencias, fueron rechazados como prueba suficiente para determinar que efectivamente el inculpado estaba allí. Se valió el juez, entonces, de otras pruebas tales como los testimonios de las personas que estaban en el sitio del homicidio cuando este fue cometido, y con fundamento en ellas declaró que Henry Duarte estaba en Bogotá para la fecha indicada. Esta declaración, evidentemente, es contraria al contenido de las pruebas citadas por el libelista, pero no constituye una distorsión de los testimonios sino un suceso probado distinto. De hecho, para su valoración los jueces de instancias aprehendieron las actas de dichas declaraciones en su exacta dimensión: que Duarte estaba en Güepsa en horas de la madrugada del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, según se desprende del siguiente párrafo: Igual acontece con los testimonios aportados por el procesado y la defensa, a través de los cuales tratan de demostrar que Henry Duarte se encontraba para la época de los acontecimientos en Güepsa (Santander), aducidos mucho después de haber sido vinculado a la investigación, como si desde un principio no hubiere tenido la oportunidad de citarlos. Entonces, además de no ser creíbles, tampoco son exactos en cuanto a la fecha en que supuestamente vieron a Duarte en el municipio santandereano, por lo que sopesados

con la verdad aportada por los testigos presenciales se presentan como débiles y han de ser rechazados. Nótese cómo el tribunal parte del hecho que se pretendió probar con los testimonios referidos: que Duarte estaba en Güepsa, pero llega a una conclusión contraria, no por virtud de una deficiente aprehensión del contenido de las actas respectivas, sino en razón del rechazo de estas pruebas y su manifiesta preferencia por otras que estimó ajustadas a la verdad, con lo que se pone de presente que no existe un error manifiesto de hecho de los alegables en sede extraordinaria. 9 El censor, entonces, para tratar de demostrar la distorsión del contenido material de las pruebas, acude a cuestionar una de las razones por las que el sentenciador no creyó las versiones de los amigos del procesado, basándose para ello en la ligereza de las afirmaciones del tribunal, porque si el sentenciador dijo que los testigos tampoco son exactos en cuanto a la fecha que supuestamente vieron a Duarte en el municipio santandereano, esta aseveración puede derrumbarse con la simple verificación de las actas, en las que se observa que todos los declarantes narraron haber compartido con el procesado la noche o la madrugada del veintiseis de abril de mil novecientos noventa y siete. Lo cuestionable, entonces, no es la distorsión de los testimonios –que no existe-, sino las razones invocadas por el tribunal para afirmar que ellos no se ajustan a la verdad. Sin embargo, este asunto no se resuelve como una modificación del contenido de las pruebas, sino auscultando los motivos que en la sentencia se tuvieron para tachar de mentirosas las versiones de los

testigos. A este respecto, se tiene que la sentencia impugnada ratificó las tesis del a quo en cuento a la mendacidad de los declarantes, lo que autoriza a examinar las dos decisiones de instancias como unidad inescindible. Los criterios que en ellas se tuvieron en cuenta para sostener que los testigos faltaron a la verdad, pueden identificarse de la siguiente forma: a. La contraposición entre las versiones dadas los testigos cuyas versiones se estimaron contrarias a la verdad (Holguín Gordillo, Hernández Cuervo, Serrano Ariza y Velasco Pardo), con las aseveraciones hechas por los testigos presenciales del homicidio (Edgar Riveros y Martha Aurora Sánchez) que dieron cuenta de la presencia de un campero (vehículo similar al que era de propiedad del acusado) en el lugar del hecho, así como la identificación que de Duarte hizo Edgar Riveros en el curso de la audiencia pública, como el autor de los disparos. b. El retrato hablado que los organismos de investigación hicieron del agresor, y su coincidencia con las características físicas de Henry Duarte, quien suministró la información para la elaboración del dibujo y no conocía al acusado. c. Algunos testigos de los citados por el acusado (Jorge Ernel Ruiz Ruiz y Eurípides Velasco Pardo) dijeron no saber con exactitud el día cuando estuvo el acusado en Güepsa en el mes de abril de mil novecientos noventa y siete. 10 d. El alcalde de Güepsa, Milton Forero Mora, fue evasivo en sus respuestas y no relató las actividades políticas que, según los dijera Duarte, éste se hallaba cumpliendo en la población para el día del homicidio.

e. La mención de los testigos que informaron sobre la presencia de Duarte en el municipio de Güepsa no se hizo en el momento de la vinculación procesal de Duarte, sino mucho tiempo después, circunstancia que hace inferir al juzgador que aquellas declaraciones son una coartada para enfrentar la acusación. De estas varias razones, el censor solamente menciona como fundamento de su alegato –improcedente, como se demostró- la pretendida falta de exactitud de los declarantes, dejando, por lo tanto, subsistentes los demás motivos para rechazar la credibilidad de los declarantes, de manera que si – hipotéticamentepudiera aceptarse que el cargo fue correctamente formulado, tampoco procedería su anulación porque se contaría con elementos suficientes no desvirtuados para respaldar la tesis del sentenciador. El cargo debe ser desestimado. SEGUNDO CARGO Tampoco en este segundo cargo el demandante logra la demostración de un error manifiesto de hecho por tergiversación del contenido de los dictámenes periciales, pues –al igual que en el anteriorcuestiona simplemente las razones que el juzgador tuvo para considerar como contrarias a la verdad objetiva las opiniones de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, dada la posibilidad de que el arma analizada hubiera sido modificada y algunas otras condiciones relacionadas con el contenido de los peritajes (que más adelante se mencionarán). Para el censor, las conclusiones de los dictámenes citados son inobjetables y conducen, por lo mismo, a declarar probado que el arma de propiedad de

Henry Duarte no disparó los proyectiles que fueron encontrados en su cuerpo al momento de la necropsia. Para el sentenciador, por el contrario, otro peritaje (realizado por el Departamento Administrativo de Seguridad) es totalmente ajustado a la verdad objetiva: que el arma de Henry Duarte disparó los proyectiles que causaron la muerte de Almario Chala. Al igual que lo que sucede en el cargo anterior, el enfrentamiento entre los dos hechos mencionados no se produce por la modificación del contenido 11 material de las pruebas (es decir, no constituye un error de hecho por falso juicio de identidad), sino porque demandante y tribunal se apoyan –con criterios racionales ambosen pruebas distintas y rechazan las que, correlativamente, tienden a comprobar el suceso diverso. Se advierte, según estos términos, que el ataque contra la sentencia se hace sobre la base de lo que antiguamente se conocía como un falso juicio de convicción y que, en términos de las recientes normas probatorias y procesales, reclamaría demostrar que el juzgador contrarió en forma manifiesta las reglas de la sana crítica en el análisis de los peritajes y, a consecuencia de ello, declaró probados hechos que no se desprenden del análisis conjunto de los medios técnicos de prueba. Esta situación, empero, no se desprende del examen desapasionado de la sentencia impugnada, porque en ella se expusieron los criterios racionales por los cuales el tribunal –como así también lo hizo el a quocreyó el primer experticio y rechazó como ciertas las conclusiones de los dos subsiguientes. Dijo al respecto el sentenciador ad quem: Desde luego la prueba pericial como los demás medios probatorios

deben analizarse de acuerdo con los principios de la sana crítica y para esta Corporación al igual que lo fue para el juzgador de instancia, es el primer experticio el realizado por el DAS al que se le da total credibilidad, no solo porque fue realizado a los pocos meses de ocurrido el hecho, octubre de 1997, sino por la certeza de la cadena de custodia de los elementos analizados y del estudio de las fotografías tomadas que facilitan para los operadores jurídicos su credibilidad. Se apoya la Sala para llegar a esta conclusión, en el dicho del propio perito del DAS, que realizó el primer experticio, llamado a aclarar el inicial dictamen, en la audiencia pública, quien consideró que el segundo dictamen adolecía de precisiones fundamentales, que curiosamente, se dedicaba a buscar diferencias entre los elementos a estudio, cuando en estos casos se detectan son coincidencias, además que las siete similitudes por él encontradas entre los proyectiles dubitados y los patrones, son suficientes para pregonar la uniprocedencia. Como se ve, el tribunal razona bajo patrones lógicos que lo conducen a creer en el resultado de la primera prueba porque en ella no estuvo cuestionada la cadena de custodia de los elementos analizados, como sí – aun cuando no expresa las razonesentiende debilitada esa cadena de custodia para las pruebas posteriores, pero, además, para juzgar la 12 credibilidad de los resultados contempla la posibilidad de que el arma, en la segunda ocasión, hubiera sido modificada, a más que considera que la prueba más creíble es aquella practicada más cerca (temporalmente hablando) a la fecha de ocurrencia del delito y que los segundos peritajes

contrariaron el procedimiento de comparación balística al basarse no en identidades sino en diferencias y, finalmente, que las identidades halladas por el primero de los expertos son suficientes para determinar la procedencia de los proyectiles hallados en el cuerpo de la víctima, que según concluye es el arma del procesado, tesis que fue defendida por el perito en la audiencia pública. Estas razones, como se dijo, son racionalmente admisibles y por ello no se apartan de las reglas de la sana crítica, de manera que no se encuentra, en lo planteado, una causal para declarar la contrariedad del procedimiento de valoración probatoria con las reglas que lo rigen. Respecto de la alegada violación al principio in dubio pro reo, simplemente anota el Procurador Delegado que la demanda no hace esfuerzo alguno por demostrarla, pues se afianza en la diferencia que existe entre el primer dictamen pericial y en los dos subsiguientes para reclamar credibilidad plena a estos últimos –lo que ha debido llevar al demandante a pedir la absolución del procesado por haberse probado que no realizó el delitoy asumir que esa diferencia de hechos genera dudas que deben resolverse a favor del acusado. En este discurrir omitió el defensor el examen de la sentencia impugnada en lo que se refiere a las dudas planteadas en el libelo, que no fueron tales para el sentenciador porque éste, con criterios adecuados según se reseñó, despejó las contradicciones y rechazó la veracidad de aquellas pruebas que al censor le generan del estado de incertidumbre. La duda que debe resolverse a favor del sindicado, según los postulados

legales, es aquella que existe al momento de tomar una decisión judicial, es decir, la que no puede solucionarse mediante el análisis racional de las pruebas que conduzca a declarar probado, con certeza, un hecho condicionante de la aplicación de una norma de derecho sustancial. En el caso en estudio es obvio que ella no existió, pues el tribunal razonadamente tomó partido por lo que demostraba el primer peritaje: que los proyectiles que causaron la muerte a Almario Chala fueron disparados por la pistola de propiedad del acusado. 13 Correspondía, por consiguiente, al demandante, demostrar que debido a errores en la apreciación de las pruebas, no se advirtió la oposición entre los diferentes hechos que ellas demuestran. Sin embargo, en la demanda no se hace esfuerzo alguno a este respecto, ni la incertidumbre surge manifiestamente de las pruebas aportadas, razón por la que el cargo merece ser desestimado. TERCER CARGO En criterio del Procurador Delegado el cargo que en esta ocasión se aduce en contra de la sentencia de segunda instancia parte de un presupuesto equivocado, pues cuestiona la legalidad de un acto procesal que el defensor identifica como prueba, cuando en realidad no es más que una parte del contenido de otra especie de los medios de convicción, según los siguientes planteamientos. Ocurrió, en efecto, que en el curso de la audiencia pública y previa petición de las partes y orden correlativa del conductor del proceso, se recibió el testimonio de Edgar Riveros, testigo presencial del momento en el que se le causó la muerte a Almario Chala, quien en un momento de su intervención

fue cuestionado y respondió de la siguiente manera: PREGUNTADO: Sírvase Decir si Ud. Reconoció a la persona que le estaba apuntando con el arma a Mario Almario y si lo puede describir, en caso afirmativo. CONTESTO: Habían (sic) dos señores en ese momento. Uno gordo y aquí el señor que está al lado mío (señala al procesado Henry Duarte), no lo conocía. PREGUNTADO: Sírvase decir si la persona que está presente y que acaba de señalar, estaba en el lugar de los hechos? CONTESTO: Sí, sí, él estaba.

PREGUNTADO: Recuerda Ud. qué persona le estaba apuntando con el arma a Almario. Contesto: Sí. El señor (vuelve y señala a Henry Duarte) porque el el (sic) otro que estaba quedó quieto, quedó neutro. ... Embriagado yo no, me estaba con mis trafos (sic), pero estaba cuerdo,