PGN - RECONOCIMIENTO SANCION MORATORIA - Respecto al pago extemporáneo de cesantías (2)

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que establece sanción moratoria por pago extemporáneo de cesantías CESANTÍAS-Concepto Las cesantías son una prestación social a que tienen derecho los empleados públicos, entre ellos los del orden territorial. Las cesantías definitivas, como su nombre lo indica, son las que se reconocen y pagan cuando se rompe el vínculo entre la administración y el funcionario, es decir cuando éste se retira del servicio, y, por tal motivo, queda cesante. CESANTÍAS-Marco Normativo CESANTÍAS-Regímenes de liquidación En consecuencia, existen actualmente tres (3) regímenes de cesantías, a) Pago de cesantías con liquidación anual, que se caracteriza por la liquidación de las cesantías de manera anual, cancelando los intereses sobre el valor anual (Ley 50 de 1990); b) Régimen de cesantías con liquidación retroactiva, que se realiza, en principio, al final de la relación laboral con el último sueldo devengado y no contempla el pago sobre intereses a las cesantías (Ley 6ª de 1945); y c) El sistema del FNA .el cual rige para los servidores que a él se afilien y contempla la liquidación anual de cesantía, pago de intereses y fondo de protección contra la pérdida del poder adquisitivo. SANCIÓN MORATORIA-Respecto al pago extemporáneo de cesantías Respecto al pago de sanción moratoria por la inoportuna consignación de las cesantías liquidadas de los años 2007 a 2009 –para el evento en estudio -, a la luz de la Ley 50 de 1990, artículo 99, la providencia de mérito apelada examinó el

tema en concreto, concluyendo que efectivamente una vez se liquida, y vencidos los plazos legales para su pago, sin la satisfacción correspondiente y debida de consignarlas al 15 de febrero del año subsiguiente al de su liquidación, es procedente el reconocimiento del castigo económico a favor del trabajador. SANCIÓN MORATORIA-Objeto La sanción moratoria a que se refiere la 3ª característica plasmada en el artículo 99 de la Ley 50/90, ha de entenderse, entonces, como una indemnización, una multa al empleador y a favor del servidor, establecida con el fin de resarcirle los daños que se le causan –por aquello de la desvalorización monetaria, fenómeno propio de economías inflacionarias como la nuestra -, con el incumplimiento parcial –por el retardo - en el pago de la liquidación anual del auxilio de cesantía en los términos de la citada ley y reglamento, por lo que de los artículos transcritos se deduce que si se trata de la consignación del auxilio de cesantía, la entidad pública obligada a efectuarla dispone hasta el día quince (15) de febrero del año siguiente al de su causación y respectiva liquidación, para ejecutar la pertinente actuación administrativa de depositarla en el fondo de pensiones escogido por el beneficiario actor. CESANTÍAS-Deber del empleador de justificar las circunstancias que imposibiliten su pago Es de concluir, indefectiblemente, que el acervo probatorio no deja duda del incumplimiento –parcial, por la consignación extemporánea – del ente demandado, razón por la cual se hace acreedor de la pena económica a reconocerle al servidor

el día de salario por cada uno de los días de retraso, sin que sea posible acoger el planteamiento defensivo de la buena fe expuesto en el recurso de apelación, pues, inclusive, las citas jurisprudenciales en las que se fundamenta, precisan que el dicho valor constitucional debe demostrarse “por razones atendibles que justifiquen la omisión”, y, en el presente evento, a más que el ente accionado soporta en su contra el indicio grave por la no contestación de la demanda (art. 95 C. P. C.), sólo enunció el principio de la buena fe sin que demostrara las circunstancias que le imposibilitaran el cumplimiento cabal de la obligación. CESANTÍAS-Sanción por no consignación oportuna para empleados del orden territorial/CESANTÍAS-Sanción por no pago al momento del retiro CESANTÍAS-Procede la indexación sobre el valor de la sanción por no consignación oportuna

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 151 / 2014 23 – V - 2014

SIAF: 2014 - 162904

S e ñ o r e s

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: VARGAS RINCÓN

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. No. 080012331000201000978 01

(R. I: 3329 - 2013)

ACTOR : ANTONIO JOSÉ BLANCO ARONNA

C. C. 7.447.305 Barranquilla

DEMANDADO : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIO AMBIENTE Y

DISTRITO BARRANQUILLA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL SEGUNDA INSTANCIA Tema : Sanción moratoria pago cesantías

I. INTRODUCCIÓN Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en virtud del recurso de alzada interpuesto por la parte oficial –ente ambiental barranquillero - demandado en contra de la sentencia de primera instancia proferida el día primero (1°) de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico (fls. 105 a 114), por intermedio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda del Sr. ANTONIO JOSÉ BLANCO ARONNA.

II. PROBLEMA JURÍDICO El debate en el presente proceso se circunscribe a establecer si al actor, en su condición de Profesional Universitario Código 219, Grado 02 del

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (de aquí para allá, DAMAB), le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, de que trata la Ley 50 de 1990, artículo 90, por incumplimiento en el pago oportuno de su cesantías correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009.

III. LA CUESTIÓN DEBATIDA 3. 1. Lo que se demandó a) Como petición de invalidez El citado Sr. BLANCO ARONNA, actuando a través de apoderado judicial

especial, en ejercicio de la acción contenciosa subjetiva contemplada en el artículo 85 del C. C. A., presentó el día veintinueve (29) de octubre de 2010 (fl. 12)1, demanda en contra del DAMAB para que, previa la citación y controversia defensiva de la parte contraria, se declarara la nulidad “del acto administrativo ficto o presunto, producto del silencio administrativo con efectos negativos, por medio del cual EL DAMAB, negó las peticiones que la actora (sic) le formuló mediante memorial presentado el día 16 de junio de 2010, radicado bajo el No. 05166”. b) Como apetencia económica Como restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria equivalente a un día de salario, sumas debidamente indexadas, y a cumplir en los términos dispuestos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo; lo anterior, sin perjuicio de la condena en costes procesales. 3. 2. Base fáctica Como hechos que fundamentan las pretensiones, la parte actora afirma que labora, desde el día diecisiete (17) de febrero de 2005, en el citado organismo de gestión y control ambiental y en el ya mentado cargo de Profesional Universitario 219-02; que las cesantías correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009 se le cancelaron tardíamente (“…Liquidación Moratoria de los meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2008, las cuales debieron ser canceladas el 16 de Febrero de 2008…Liquidación Moratoria de los Meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,

Noviembre y Diciembre de 2009 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio. Julio hasta el 13 de Agosto de 2010,las cuales debieron ser canceladas el 16 de Febrero de 2009…Liquidación Moratoria de los meses, Febrero, Marzo, Abril, Mayo Junio, Julio hasta el 13 de Agosto , las cuales debieron ser canceladas el 16 de Febrero de 2010…”), generando la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 3. 3. Normas invocadas como infringidas y explicación de ello Citó el interviniente activo, como normas vulneradas los artículos 53 del Estatuto Superior y 13 de la Ley 344 de 1996; 1° del su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y 99 de la Ley 50 de 1990, e indicó como concepto de la violación que: “...En ese orden de ideas se puede concluir que el régimen de cesantías señalados por la Ley 50 de 1990, es el mismo para los funcionarios o servidores públicos del orden territorial; en consecuencia le es aplicable cuando el patrono no consigna las cesantías el 15 de febrero del año inmediatamente siguiente, por lo que al trabajador se le debe pagar por concepto de mora un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las mismas...El acto administrativo emanado del DAMAB también viola normas rectoras como es el artículo 53 de la Constitución Política, pues ésta es la que 1 Por esta calenda es que se debe estar a la norma adjetiva del Decreto 2304/89, con lo cual se acata

lo dispuesto en el artículo 308 del Copaca. garantiza los derechos mínimos de los trabajadores para que no sean vulnerados por la acción u omisión del funcionario público que por mandato constitucional estaba en la obligación de cumplirlo al tenor de lo dispuesto en el artículo 2° con el fin de garantizarle al ciudadano dichos derechos tutelados por normas constitucionales, los actos del cual se solicita la nulidad ni siquiera se ajusta a lo legal pues si se tiene en cuenta la vinculación debieron consignar las cesantías correspondientes los años 2007, 2008 y 2009, pues desconocer este derecho es como se puede observar que el demandado quiere evadir a través de los actos administrativos la responsabilidad de los derechos que se reclaman sin justificación alguna, con el fin de evadir posibles responsabilidades por su omisión en hacer cumplir las normas sobre consignación de cesantías de los trabajadores o empleados públicos”. (fls.1 a 7). A la demanda se acompañó el poder judicial especial (fl. 8); el agotamiento de la vía gubernativa del dieciséis (16) de junio de 2010 (fl. 9); la constancia de función desempeñada y tiempo de servicio –al quince (15) de junio de 2010 – (fl. 10 9); y, la constancia del Procurador II Judicial 118 Administrativo sobre diligencia de conciliación prejudicial en derecho –fallida – y, por lo tanto, de tener por cumplido el requisito de procedibilidad para accionar por ante la jurisdicción contenciosa administrativa (fl. 11). La parte demandante alegó de conclusión iterando la prosperidad de las

pretensiones (fls. 58 a 68).

IV. CONTESTACIÓN NO LA HUBO, como tampoco alegó de conclusión.

V. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la providencia calendada al día primero (1°) de marzo de 2013 (fls. 105 a 114) anuló el censurado acto ficto –presunto negativo -, y, con soporte jurisprudencial2, accedió a las pretensiones impetradas al considerar que el DAMAB estaba obligado a consignar oportunamente –léase 15 de febrero del año siguiente a su causación - el valor de la cesantía liquidado a 31 de diciembre precedente, y que, al haberlo hecho de manera extemporánea, ha lugar a la sanción moratoria de que trata el ordinal 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Concluyó la Corporación a - quo: “…Así pues, de acuerdo con el razonamiento de la Sección Segunda del Consejo de Estado se esclarece la diferencia que hay entre la no consignación de las cesantías, a la luz de la normatividad aplicable a la actora (sic) la cual le acarrea a la administración la sanción de que trata el numeral 3° (sic) del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (un día de salario por cada día de retardo, a partir del 15 de febrero del año siguiente de aquél en que se causaron las cesantías) y el no pago de las cesantías que, en cambio, es el hecho generador 2 Sentencia Sección 2ª. del 5 de agosto de 2010 - Rad. 1521-2009. C. P. ALVARADO ARDILA.

de la indemnización establecida en la Ley 244 de 1995, la cual surge siempre que se reúnan las demás condiciones señaladas en dicha ley, esto es, la existencia previa del acto administrativo que reconozca y liquide las cesantías definitivas y la no efectividad en el pago de la misma dentro del plazo de 45 días contados a partir de la fecha en la cual quede en firme el respectivo acto. Cabe precisar que la primera de las indemnizaciones se causa a partir del 15 de febrero (día siguiente a la fecha límite con que cuenta la entidad pública para efectuar la consignación de las cesantías); y no es necesaria la desvinculación laboral del servidor para que se estructure la sanción. Igualmente, es oportuno aclarar que la falta de consignación de una anualidad origina mora hasta el momento en que ocurra la satisfacción de esa parte de la prestación, aún cuando las anualidades posteriores sean depositadas en el fondo, y el incumplimiento de varias anualidades se causa desde la insatisfacción de la primera consignación con la base salarial que debió tomarse para calcular la cesantía dejada de consignarse, al incumplirse por segunda vez, el monto sigue causándose con base en el nuevo salario vigente en el año en que se causó la cesantía dejada de consignar, y así sucesivamente, sin que por esa forma de liquidación haya lugar a tantas sanciones como anualidades de mora…”.

VI. ALZADA El DAMAB recurre argumentando que por su crítica situación financiera le fue imposible cubrir oportunamente la obligación de consignar los respectivos valores liquidados de las cesantías, circunstancia que la ubica en la situación de un actuar amparado por la buena fe, y, que por lo tanto, le

exonera del cubrimiento de la indemnización ordenada por el fallo impugnado (fls. 116 a 119).

VII. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 7. 1. Criterio genérico Considera esta Agencia del Ministerio Público que la sentencia apelada debe ser CONFIRMADA, por las siguientes razones: 7. 2. Caso sometido a debate El asunto a dilucidar se contrae a determinar3 si el DAMAB no es responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías del accionante ANTONIO JOSÉ BLANCO ARONNA, porque según su hermenéutica, en su caso, la exoneración se basa en su actuar de buena fe, amparado en la grave crisis financiera por la que atravesaba. 7. 3. Análisis 7. 3. 1. De las cesantías 3 Artículo 357 C. P. C., fija el marco de la impugnación vertical, el cual no debe desbordar lo discutido en la sede gubernativa y en la primera instancia, para dar aplicación a la justicia rogada.

Las cesantías son una prestación social4 a que tienen derecho los empleados públicos, entre ellos los del orden territorial. Las cesantías definitivas, como su nombre lo indica, son las que se reconocen y pagan cuando se rompe el vínculo entre la administración y el funcionario, es decir cuando éste se retira del servicio, y, por tal motivo, queda cesante. El auxilio de cesantía, en general, ha tenido, el siguiente marco normativo: a) Por medio de la Ley 10 de 1934 a favor de trabajadores particulares en caso de despido injustificado, b) La ley 61 de 1939 para los empleados

oficiales de la construcción; c) La ley 3ª de 1943 lo creó para los obreros de las carreteras nacionales; ch.) La Ley 6ª de 19 de febrero 1945 que en su artículo 17 estableció el auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios; d) El artículo 1° de la ley 65 de 1946, que dispuso que todos los asalariados de carácter permanente al servicio de la Nación o en cualquiera de las ramas del poder público tiene derecho a partir del 1 de enero de 1942 al auxilio de la cesantía por todo el tiempo trabajado, sin importar la causa del retiro; e) El artículo 6o. del Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947, por el cual se modificaron disposiciones sobre la base para liquidar el monto de las cesantías de los asalariados nacionales, departamentales, intendencia les, municipales y particulares; f) El Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro, en su artículo 27 estableció las liquidaciones anuales y con carácter definitivo a partir del 1 de enero de 1969 para los trabajadores de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado; g) En el artículo 33 de la referida norma se establecieron intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que al 31 de diciembre figuraban a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3° de la Ley 41 de 1975; h) Con la expedición del Decreto 3118

de 1968 empieza en el sector público, el desmonte de la retroactividad de la cesantía, para dar paso a su liquidación anual, y previo el pago de intereses de la misma con cargo al Fondo Nacional del Ahorro; i) La Ley 41 de 1975 dispuso el abono anual de los intereses a las cesantías en las cuentas del FNA, sobre las cantidades que le figuren al empleado al 31 de diciembre de cada año inclusive sobre la parte de cesantías que se encuentren en poder de establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47 del Decreto 3118 de 1968; j) El Decreto 1045 de 1978, fijó reglas generales para la administración pública del orden nacional sobre prestaciones sociales y señaló los factores sobre los cuales debe liquidarse el auxilio de cesantía; k) La ley 91 de 28 de diciembre de 1989 creó el Fondo Nacional del Magisterio, y en su artículo 5° dispuso que las prestaciones sociales de personal nacional causadas hasta la fecha deben pagarse según los Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978; h) Con la Ley 344 de 1996 se dispuso un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil cinco (2005). Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01910-01(4656-03), Actor: JOSE ROLANDO ALVAREZ, aplicable a partir de 1997, con corte a 31 de diciembre de cada año para los

servidores públicos vinculados o que se vinculen a los órganos y entidades del Estado, cualquiera que sea su nivel; l) Finalmente, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, creó un nuevo régimen especial del auxilio de cesantía. En consecuencia, existen actualmente tres (3) regímenes de cesantías, a) Pago de cesantías con liquidación anual, que se caracteriza por la liquidación de las cesantías de manera anual, cancelando los intereses sobre el valor anual (Ley 50 de 1990); b) Régimen de cesantías con liquidación retroactiva, que se realiza, en principio, al final de la relación laboral con el último sueldo devengado y no contempla el pago sobre intereses a las cesantías (Ley 6ª de 1945); y c) El sistema del FNA .el cual rige para los servidores que a él se afilien y contempla la liquidación anual de cesantía, pago de intereses y fondo de protección contra la pérdida del poder adquisitivo 7. 3. 2. Sanción Moratoria Respecto al pago de sanción moratoria por la inoportuna consignación de las cesantías liquidadas de los años 2007 a 2009 –para el evento en estudio -, a la luz de la Ley 50 de 19905, artículo 99, la providencia de mérito apelada examinó el tema en concreto, concluyendo que efectivamente una vez se liquida, y vencidos los plazos legales para su pago, sin la satisfacción correspondiente y debida de consignarlas al 15 de febrero del año subsiguiente al de su liquidación, es procedente el reconocimiento del

castigo económico a favor del trabajador.

Prevé la disposición en cita: “ARTÍCULO 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1ª) El treinta y uno (31) de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que debe efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2ª) El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3ª) El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del quince (15) de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleado que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”. (Sin negrillas en el texto consultado). 5 “Por la cual se introducen reformas al CST y se dictan otras disposiciones”.

El anterior dispositivo ha de integrarse a lo previsto en los artículos 13, literal a) de la Ley 344 de 19966 y 1° del Decreto 1582 de 19827, que al punto debatido, disponen: “ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los órganos y Entidades del Estado, tendrán el siguiente

régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral...” “ARTÍCULO 1°. El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102 y 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al FNA será el establecido en el artículo 5° y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998...”. Como se ve, se distinguen dos momentos diferentes que obedecen a situaciones distintas: Uno es el momento de la liquidación del auxilio –a 31 de diciembre - y otro es el momento de pago –que en la práctica se confunde con el de consignación en el fondo - del mismo, que ha de efectuarse, máxime, el día quince (15) de febrero del año siguiente. La sanción moratoria a que se refiere la 3ª característica plasmada en el artículo 99 de la Ley 50/90, ha de entenderse, entonces, como una indemnización, una multa al empleador y a favor del servidor, establecida con el fin de resarcirle los daños que se le causan –por aquello de la desvalorización monetaria, fenómeno propio de economías inflacionarias

como la nuestra -, con el incumplimiento parcial –por el retardo - en el pago de la liquidación anual del auxilio de cesantía en los términos de la citada ley y reglamento, por lo que de los artículos transcritos se deduce que si se trata de la consignación del auxilio de cesantía, la entidad pública obligada a efectuarla dispone hasta el día quince (15) de febrero del año siguiente al de su causación y respectiva liquidación, para ejecutar la pertinente actuación administrativa de depositarla en el fondo de pensiones escogido por el beneficiario actor. 7. 3. 3. El caso concreto . El actor es servidor territorial. Al respecto, no hay duda de ello. 6 “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones” D. O. No. 42.951 -27 diciembre7 “Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”. D. O. No. 43.358 -10 agosto - . Su fecha de vinculación -17 de febrero de 2005, fl. 10 -, lo ubica en el dispositivo consagrado en el artículo 1° del Decreto 1582/98, que, a su vez, lo reenvía a ser destinatario de las consecuencias plasmadas en el artículo 99 de la Ley 50/90. . Se encuentra afiliado al fondo privado de pensiones Porvenir y los valores de cesantías correspondientes a los años 2007 a 2009, se le depositaron

tardíamente, tal cual da razón la documental que corre de los folios 84 a 103. Es de concluir, indefectiblemente, que el acervo probatorio no deja duda del incumplimiento –parcial, por la consignación extemporánea – del ente demandado DAMAB, razón por la cual se hace acreedor de la pena económica a reconocerle al PU 219-02 ANTONIO JOSÉ BLANCO ARONNA el día de salario por cada uno de los días de retraso, sin que sea posible acoger el planteamiento defensivo de la buena fe expuesto en el recurso de apelación, pues, inclusive, las citas jurisprudenciales en las que se fundamenta, precisan que el dicho valor constitucional debe demostrarse “por razones atendibles que justifiquen la omisión”, y, en el presente evento, a más que el ente accionado soporta en su contra el indicio grave por la no contestación de la demanda (art. 95 C. P. C.), sólo enunció el principio de la buena fe sin que demostrara las circunstancias que le imposibilitaran el cumplimiento cabal de la obligación. Así las cosas, es factible la condena en contra del ente ambiental del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, demandado. Precedente jurisprudencial Haciendo eco del aparte consignado en la sentencia, también se ha sostenido por la jurisdicción contenciosa administrativa8: “ “Así las cosas, a pesar de la naturaleza sancionatoria de una y otra indemnización, las situaciones que gobiernan son distintas, la del artículo 99 de

la Ley 50 de 1990 aplicable a los empleados territoriales por expreso mandato del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998 se genera por la no consignación oportuna de la cesantía que se paga anualizada, y la segunda, la prevista en la Ley 244 de 1995 se genera por el no pago de la cesantía al momento del retiro del servicio. Es decir, que la segunda de las sanciones será pagadera hasta el momento en que el trabajador se retira del servicio, pues a partir de este instante la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía en un fondo, sino la de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que tenga derecho. “Ahora bien, la indexación procede únicamente sobre el valor de la sanción por no consignación oportuna de la cesantías, en los términos ordenados por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 extensivo a las entidades territoriales en virtud 8 VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 08001-23-31-000-2008-00394-01(1521-09) Actor: AMINTA ELENA GALVIS BALDOVINO Demandado: DISTRITO DE BARRANQUILLA - PERSONERIA DISTRITAL del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, y no frente a la indemnización moratoria de la Ley 244 de 1995. “...”. CONCEPTO Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría Delegada le solicita

respetuosamente al CE – Sección Segunda – Subsección “A” -, que CONFIRME la sentencia apelada que declaró la nulidad del acto ficto, por silencio administrativo negativo, acusado, motivo por el cual procede la CONDENA en contra del DAMAB, para que pague, indexadamente, el valor de la sanción moratoria por la cancelación extemporánea de las cesantías al Sr. ANTONIO JOSÉ BLANCO ARONNA y en la forma descrita en el fallo recurrido, a efectos de no causar un enriquecimiento indebido y consecuencial empobrecimiento correlativo. De los señores consejeros,

CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado

CGS / MDC