PGN - RECURSO DE APELACION - Competencia del superior cuando hay apelante único (1)

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 018 – 2.005 19 – I – 05

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “ B ”

CONSEJERO PONENTE : Dr. ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE N° 2386 – 2.004

ACTOR : JESÚS ALFONSO COCOMÁ LOZANO

DEMANDADO : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN DISTRITAL BOGOTÁ D.C.

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL 2ª INSTANCIA Esta Agencia del Ministerio Público, en oportunidad legal, conceptúa en el referido proceso que, a instancias del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, contra la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, el día 27 de noviembre de 2.003 desestimatoria de las súplicas incoadas en el libelo introductorio, conoce la Sección Segunda, Subsección “B”, de la jurisdicción contenciosa administrativa.

1. ANTECEDENTES Los elementos de juicio, fácticos y probatorios, sustento de las reivindicaciones de legalidad y patrimoniales propuestas por el demandante, se encuentran desarrollados y expuestos en el texto de la demanda visible de los folios 2 a 8, y, de los folios 59 a 61, en su

corrección, los cuales, de conformidad con lo reglado por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989, fueron literalmente asentidos por el juzgador de 2 primera instancia dentro del cuerpo de su sentencia visible a los folios 752 a 760, que, oportuna y debidamente recurrida y sustentada por la parte interviniente activa, es objeto del presente concepto, previo el traslado especial de que trata el artículo 212 del Decreto 01 de 1984, modificado por el inciso 5° del artículo 51 del Decreto Ley 2304 de 1989. En suma, pretendió el actor JESÚS ALFONSO COCOMÁ LOZANO, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con solicitud de suspensión provisional, sin siquiera mencionar la regla legal que la estipula y la desarrolla, la declaratoria de nulidad de la comunicación emanada del Subdirector Corporativo del Departamento Administrativo de Planeación Distrital calendada al 12 de diciembre de 1995, que le enteró “que el cargo Profesional Especializado Grado 16 – Arquitecto …ha sido suprimido con efectividad 15 de diciembre del año en curso”, cuyo sustento jurídico es el Decreto N° 800 del citado día 12: “Por el cual se modifica la estructura administrativa y sus funciones, se establece la planta global de cargos y se incorpora al Personal del Departamento Administrativo de Planeación Distrital”, y de la Resolución N° 2101 del 28 de la misma mensualidad y anualidad, proferida por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital: “Por la cual se indemnizan unos funcionarios en el

Departamento Administrativo de Planeación Distrital”. 3 A título de restablecimiento del derecho, solicitó el actor, de manera indexada y además con reconocimiento de intereses, en cuanto toca con el resarcimiento patrimonial: “(…) se ordene a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., Departamento Administrativo de Planeación Distrital, reintegrar al mismo grado, …a pagar por perjuicios salariales y prestacionales, así como los estipendios propios de su retribución salarial y convencional, desde la fecha de la resolución objeto de esta demanda, hasta su restitución efectiva,…a pagar toda clase de daños y perjuicios, el salario, el aumento que se haya presentado desde el cese de sus actividades hasta el momento en que se produzca su reintegro, las bonificaciones, primas y demás prestaciones que se causen con motivo de su relación laboral, las cuales deberán ser tasadas en el fallo, cuantificando el daño emergente y el lucro cesante, según lo establecido en los artículos 1613 y 1614 del Código Civil Colombiano (sic), por haberse vulnerado las garantías fundamentales y en especial el principio de legalidad y el Ordenamiento Jurídico.” 4 Así mismo pidió el apoderado, del accionante, indemnización en cuantía igual a 1.000 gramos oro “o su equivalente en pesos colombianos al momento de proferir la sentencia”, considerando que con la actuación verificada a través de los actos atacados, “que declaró la supresión de cargo, transgrede el debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y al derecho al trabajo protegidos en nuestros ordenamiento constitucional y de aplicación

inmediata al tenor del art. 85 de la C. P. Siendo además las conductas de los funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación Distrital violatorias de un Conjunto de normas consagradas en nuestro ordenamiento Legal y especialmente en el C. C. A., la ley 200 de 1995 y la ley 190 de 1995. Al respecto la Corte Constitucional en un conjunto de fallos ha establecido la obligatoriedad de las actuaciones de los servidores públicos, las cuales deben estar regidas por el cumplimiento de la Constitución y la ley…”Una decisión de la autoridad no es constitucional por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley. (C.P. Art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la DISCRECIONALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, quienes en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas o pena (sic) de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho, contrarias al estado de derecho que les da su legitimidad. La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico, encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad, al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por la Ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no, es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (C. P. Art. 123) y

el cumplimiento de sus funciones deben ser consientes de que (sic) los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución (C.P. Art. 2). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (C.P. Art. 82) la conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos, debe 5 ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración general la responsabilidad patrimonial del Estado, así es como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (C.P. Art. 90). La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P. Art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (C.P. Art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (C.P. Art. 228). En caso de demostrarse su ocurrencia…” (C. Cont. Feb. 26/92)”.

2. DECISIÓN SOBRE LIBELO Y RESPECTO DE LA MEDID CAUTELAR IMPETRADA Por intermedio de auto calendado al 20 de febrero de 1.997 se admitió el escrito demandatorio, pero en cuanto a la suspensión provisional deprecada, se denegó, habida consideración a que: “(…) en este caso no se dan a plenitud los presupuestos exigidos para su prosperidad en el artículo 152 del C.C.A. y la Jurisprudencia y la Doctrina Nacional. En efecto es norma que guía el procedimiento para la Suspensión Provisional,

que tiene sentada tanto el H. Consejo de Estado como esta Corporación para que pueda decretarse la medida provisional, que el quebranto de la norma o normas superiores sea directo por parte del acto acusado o actos acusados, sin que sea menester hacer profundos estudios y análisis, exámenes indirectos o acudir a un encadenamiento de disposiciones. Que la transgresión surja espontánea y clara como producto del simple cotejo o sencilla comparación entre el acto acusado y las normas presuntamente lesionadas, o, del examen de los documentos públicos aportados con la solicitud. Y en el evento de acción distinta a la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al demandante. Además la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha considerado y reiterado que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional es una sustentación especial y diferente al concepto de violación que debe contener la demanda de manera que en el capítulo correspondiente a ella o en escrito 6 separado en el que se solicita se debe cumplir a cabalidad con el requisito de invocar la norma que el acto impugnado infringe y expresar los términos en que ocurre la alegada transgresión. En el caso que se examina, ni se señaló en el capítulo correspondiente la norma que se considera infringida con los actos administrativos demandados, ni por lo consiguiente, se expuso el concepto de violación especial con el que se fundamenta concretamente la medida provisional solicitada…”. (fls. 72 a

78). La admisión de la demanda no contó con la unanimidad de la Sala de Conocimiento (Sección Segunda –Subsección D-), pues a través de escrito del 4 de abril de 1.997, uno de sus miembros salvó el voto, argumentando, en síntesis, que. “ (…) 4A. Examinada la resolución 2101 de 28 de diciembre de 1995 (Fls. 67 a 68) se tiene que por medio de ella se liquidó la indemnización de algunos empleados de la entidad accionada por la supresión de sus empleos, ordenada por ésta disposición. En estas condiciones el acto acusado no es el que establece la reestructuración de la entidad y no coincide con las pretensiones de la demanda, por lo que considero que debió, antes de admitirse la demanda, ordenar la corrección de la misma para que se pusiera a tono integralmente. De otra parte, si se aceptara que el actor está impugnado el acto de supresión de empleos, he expuesto mi criterio en el sentido que contra dichos actos no procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino la se simple nulidad, y de instaurase existiría una indebida acumulación de pretensiones que no podría admitirse porque conllevaría a una decisión inhibitoria.” (fls. 80 a 82).

3. ADICIONES DE LA DEMANDA Mediante escrito del 26 de septiembre de 1.997, dentro del término de fijación en lista, se adicionó el petitum pero sólo en relación con el acápite probatorio, como se verifica a los folios 86 y 87; y, al día 4 de noviembre 7 de 1.999, según memorial visible a los folios 174 a 183, el nuevo

apoderado del actor adiciona extemporáneamente la demanda en referencia, igualmente, en referencia con solicitud de pruebas (Inspección Judicial, Testimonios, Informe Juramentado del Alcalde Mayor, Oficios a terceros y Documentales.), bajo el entendimiento que: “ (…) Es importante señalar, que las pruebas pedidas van encaminadas a demostrar que le asiste razón legal de hecho y de derecho al demandante, por existir Falsa Motivación en el Acto impugnado, porque con la nueva planta se aumentó el número de cargos Profesional Especializado Grado 17 – Arquitecto, de la antigua planta de personal establecida en el Decreto 615 del 29 de septiembre de 1.994, no fue incorporado, no obstante que, de los nueve (9) cargos solo tres funcionarios fueron reincorporados y los seis restantes quedaron vacantes, manifestándole posteriormente a la administración mediante escrito de fecha 12 de Diciembre de 1.995, que el cargo profesional por usted desempeñado ha sido suprimido con efectividad el 15 de Diciembre del año en curso, no siendo entonces su contenido jurídico ni fácticamente cierto. Por lo tanto, la falsa motivación, se ve en el acto acusado en una forma contundente, y por ende, la decisión tomada por la entidad demandada no corresponde a la realidad, porque lo indicado en la notificación que se le hizo al actor de la Resolución que se le separó del servicio es falso, por inexistencia material de los motivos allí esgrimidos. En los anteriores términos corrijo la demanda, por lo tanto solicito de esa Alta Corporación, se ordene la práctica de las pruebas

pedidas.” Nuevamente, mediante memorial de 14 de junio de 2.000 se corrige la demanda “en relación con el nombre de la entidad demandada, con el contenido de las pretensiones, hechos, el concepto de violación y el señalamiento de nuevos elementos probatorios.” (fls. 223 a 234)..

4. CONTESTACION A DEMANDA Y A LA SEGUNDA Y TERCERA ADICIÓN El Distrito Capital concurrió al proceso el 27 de octubre de 1.997 (fl. 97 vto), y solicitó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en cuanto se 8 vinculó al Director de Planeación Distrital, desconociendo que el Departamento Administrativo es un organismo adscrito a la rama central del Distrito, esto es, a la Alcaldía, por lo que debía ser llamado a juicio el Alcalde Mayor como representante de la entidad territorial. De otra parte, para el 29 de noviembre de 1.999, nuevamente concurre a la contienda, pero esta vez para controvertir la segunda adición de la demanda, para lo cual se opuso a las nuevas pretensiones expuestas por el libelista actor y, en guarda de la legalidad de su actuación, expuso que el demandante, por

estar inscrito en carrera administrativa, fue sometido, ante la supresión del cargo que desempeñaba de Profesional Especializado Grado 16 – Arquitecto, al tratamiento preferencial que preceptuaba el artículo 3° del Decreto 1223 de 1.993, habiendo optado, de manera libre, como se prueba con el oficio de diciembre 13 de 1.995, por la indemnización; que la

causa de retiro se avenía con lo normado por el artículo 7° de la Ley 27 de 1.992 (desarrollaba el artículo 125 del Estatuto Superior), en cuanto la supresión de cargos es legal; cuestión, que, para el caso del Distrito Capital, se encuentra contemplado en el artículo 38 – 9 del su Estatuto Orgánico, bajo la responsabilidad del burgomaestre mayor, sin que sea necesario el consenso del cuerpo edilicio, en tanto la entidad – Departamento Administrativo de Planeación Distrital -, no fue suprimida, sino reestructurada su planta de personal (Decreto 800 de 1.995); y, que “el derecho al trabajo como tal, está protegido por el Estado, es así, que por el hecho de desvincular a un funcionario, no se está vulnerando o infringiendo ningún precepto, ya que se puede acceder a otro empleo. El Estado garantiza el derecho al trabajo, pero no puede generar o asegurar empleos a todo el lo necesita o solicita, esta situación depende exclusivamente de aspectos sociales, económicos y políticos del mismo Estado”. Puntualiza, por lo demás, y, equivocadamente en la identificación del acto atacado, que: “(…) En cuanto al acto administrativo demandado, Resolución 0643 de 1996, (sic) goza de la presunción de legalidad, al ser expedido por autoridad competente, en uso de las facultades que le otorga la ley, y ante el hecho de haberse reducido la planta de personal del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en cuanto aciertos 9 cargos, no puede decirse que existió falsa motivación ni desviación de poder.” (fls. 210 a 215).

Sobre la tercera corrección o adición, igualmente se opone a la declaratoria probatoria porque resulta improcedente, incongruente e inoportuna, en razón a que la copia de la hoja de vida ya reposa en el expediente, y porque el Alcalde no puede rendir informe sobre actos emanados de Planeación Distrital. (fls. 276 y 277).

5. DECISIÓN SOBRE LA TERCERA ADICIÓN Por auto del 8 de agosto de 2.000, observable a la página 279, no se consideró el memorial que la contenía, dado que el artículo 208 del Código Contencioso Administrativo sólo otorga el derecho a aclarar o corregir la demanda por una sola vez, la cual se surtió con el escrito que corre a los folios 174 a 182.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 6. 1. Procuraduría Judicial. Expone que se acreditó que el accionante, al momento del retiro, ocupaba realmente el cargo de Profesional Especializado, Grado 16; como también, que desde el 12 de febrero de

1.992 se encontraba inscrito en carrera administrativa en el empleo de Profesional Universitario IX – B, grado 17Arquitecto, sin que el registro de inscripción en carrera administrativa se hubiera actualizado respecto del cargo que desempeñaba a tiempo de la separación del servicio, por lo que en su concepto propugna por el despacho negativo a las reclamaciones planteadas por el actor en cuanto éste pese a no ser aforado relativo conforme al último empleo, optó por la indemnización. Precedente a verter dicho criterio, para la representante de la sociedad, la

demanda se corrigió en tiempo y la última corrección o adición, estuvo 10 bien desechada por el magistrado ponente, por lo que ha de entenderse que la entidad demandada es la Alcaldía Distrital. (fls. 745 a 748). 6. 2. Partes demandante y demandada. Guardaron silencio. Constancia en dicho sentido se lee en la página 749.

7. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda, Subsección D, a través de su fallo calendado al 27 de noviembre de 2.003, consideró que conforme a los artículos 7° y 8 ° de la Ley 27 de 1.992, normas vigentes y aplicables al evento objeto de controversia, que regulan, respectivamente, la separación del servicio por supresión de empleos y el tratamiento preferencial para aquellos servidores públicos aforados relativamente, por encontrase inscritos en el

sistema técnico de administración de personal conocido como carrera administrativa, de que se les reconozca y pague la indemnización o se les reintegro, atendiendo las circunstancias temporal y de existencia de cargo equivalente, por lo cual, el demandante, habiendo decidido la indemnización, se sometió a dicha disposición, sin que le hubiera sido posible desvirtuar la presunción de legalidad que amparaba a los actos acusados. En lo pertinente, razonó el Tribunal: “ (…) De manera que la supresión del empleo es causal de retiro del servicio de los empleados de carrera, como se desprende de los artículos antes citados. Por otra parte, si bien el demandante se encontraba inscrito en el escalafón de carrera

administrativa, y por tanto, ese hecho le garantizaba su estabilidad en el cargo, esto no implica que adquiera el derecho incondicional de permanecer en él. Pero debido a ese status, cuando por razones de interés general se requiera su remoción se debe proceder al respectivo resarcimiento, dándole al demandante la oportunidad de optar por alguna de las dos prerrogativas mencionadas en la carta del 12 de diciembre de 1995, a saber: la indemnización de que trata el numeral 1° del artículo 8 11 de la ley 27 de 1992, en los términos señalados en los artículos 10 y 11 del Decreto 1223 de 1993 o la reubicación en un cargo de carrera equivalente a la nueva planta de personal dentro de los seis (6) meses siguientes. En el caso que nos ocupa, el demandante optó por la primera alternativa, es decir, la indemnización, por lo tanto es claro que no existe vulneración alguna respecto de las normas que regulan la carrera administrativa. Sobre lo anterior, ha dicho la Corte Constitucional, mediante sentencia D-613 del 18 de noviembre de 1994 que: “…Para determinar la procedencia o no de la indemnización en caso de supresión de cargos públicos es necesario distinguir entre los empleados de libre nombramiento y remoción y empleados de carrera. Para quienes eran de libre nombramiento y remoción, no es constitucional el restablecimiento de la indemnización…Por el contrario, con respecto a los empleados retirados del servicio pero que estaban protegidos por la carrera, no hay la menor duda que se ha ocasionado un daño que debe ser reparado. En efecto, si bien es cierto que el daño puede catalogarse como legítimo porque el

Estado puede en función de la protección del interés general determinar la cantidad de sus funcionarios (arts. 150 – 7 y 189 – 14 de la C. P.), esto no implica que el trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga específica de la adecuación del Estado, que debe ser asumida por toda la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas específicas (C. P. art. 13). Los derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no puede ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58 – 1 de la C. P.). Además, las autoridades de la República están obligadas a protegerlos. (art. 2 C. P.). Esto armoniza con una de las finalidades del Estado: es la vigencia de un orden social justo (Preámbulo de la Carta). Por ello “se trata de una indemnización reparatoria fundamental en el reconocimiento que se hace a los derechos adquiridos en materia laboral…”. (fls. 752 a 760).

8. IMPUGNACIÓN La parte demandante impugna con los mismos argumentos esgrimidos en la tercera corrección de la demanda, como se aprecia a los folios 761 a 763, vale reiterar, que el retiro del servicio, al estar autorizado por la ley 12 cuando de supresión de cargos públicos se trata, debe corresponder a la realidad de que las funciones oficiales varíen y, no simplemente al aumento de grados y consecuencial alza de salarios. En este sentido aboga que: “(…) Si es bien cierto que se aprecian algunas diferencias en los nuevos cargos con un grado superior, como es el de los salarios; ello no evidencia que el cargo que tenía el Señor JESUS ALONSO COCOMA

LOZANO, tenga asignaciones disímiles, sino por el contrario, es claro, que el uno y el otro manual de funciones, son concidentes (sic) y conservan los rasgos propios de la naturaleza inspirados básicamente en la programación, tareas, asignaciones, desarrollo, mantenimiento, implementación de los procedimientos sistematizados de la entidad demandada….”.

9. ESCRITO PARTE DEMANDADA El Distrito Capital alude a la competencia del Alcalde Mayor para proferir los actos cuestionados; que éstos se fundamentaron en un estudio técnico que determinó su viabilidad; que al demandante se le respetaron los

derechos provenientes del hecho de encontrarse escalafonado en carrera administrativa y, que él libremente optó por la indemnización, la cual, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se ajusta a derecho; y, que, ante la situación de supresión de cargos y el consecuente retiro de algunos de los empleados, pero que subsista la posibilidad de reenganche, la Administración goza de poder discrecional para escoger a quien bien estime, sin que se le pueda oponer que debe ser determinada persona, sin perjuicio que en casos como este deba prevalecer el interés general del buen servicio público. (fls. 776 a 780).

10. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA Estima la Procuraduría Tercera Delegada que la apelada providencia debe ser REVOCADA, y en su lugar dictar FALLO INHIBITORIO en atención a las precisiones jurídicas que más adelante se expondrán. 13 10. 1. Asunto Sub examine. Se circunscribe el presente caso a dilucidar sí el Decreto N° 800 de diciembre 12 de 1.995, proferido por el Alcalde

Mayor de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, hoy, Bogotá, Distrito Capital, no suprimió el cargo de Profesional Especializado, Grado 16 Arquitecto, que el actor JESÚS ALONSO COCOMA LOZANO, fungía en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, sino que simplemente se le aumentaron los grados y la remuneración a la citada nomenclatura, más las funciones permanecieron iguales, y, por ende, se tornan prósperas las reclamaciones incoadas a través de la acción contenciosa subjetiva de que da cuenta este plenario. Ese y no otro, es el único contenido de la alzada, como se precisó en el acápite rotulado al número 8., de este concepto, y titulado impugnación. 10. 2. Análisis. Con el acendrado conocimiento que emana de la prolija jurisprudencia, es el contenido del recurso de alzada el que establece la competencia del ad - quem, siempre y cuando la apelación tenga estrecha relación con los extremos propuestos en el libelo introductorio; entendido y extendido éste, a la aclaración o corrección que le se haya efectuado, hasta el último día de fijación en lista; con el respectivo debate en primera instancia, y con las decisiones que se hayan adoptado respecto de las excepciones propuestas o ventiladas oficiosamente. En ese orden de ideas, al resolver el recurso de apelación, el superior puede seguir uno de tres caminos, a saber. 1) Confirmar la decisión del inferior; 2) Modificarla, es decir, variar algunos de sus aspectos, dejando iguales los otros, que serán materia de confirmación; o 3) Revocarla en su

totalidad, en cuyo caso debe proferir la decisión de reemplazo, para lo cual es menester estudiar y analizar los puntos del recurso que controviertan los argumentos de la decisión impugnada, con los cuales se está en desacuerdo siempre y cuando guarden relación con los hechos y fundamentos jurídicos de la demanda. 14 Lo dicho primeramente contiene los presupuestos para, conforme a lo anotado en el párrafo precedente, decidir regularmente una apelación normal, esto es, aquélla que los consulte integralmente; pero ellos no pueden ser atendidos, ni la resolución se puede proferir, cuando el recurso involucra asuntos no expuestos oportunamente y, por lo tanto, incontrovertibles en la primera instancia, como acaeció en el presente caso que, a continuación, pasa a examinarse. 10. 2. 1. Actuación procesal. El decurso de las ritualidades propias del procedimiento ordinario, que regula esta acción contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho, en lo pertinente, se precisó en los ítems “1. Antecedentes” y “3. Adiciones de la demanda”, de este concepto, dejándose expuesto, de una parte, que la primitiva pretensión anulatoria se encaminó, única y exclusivamente, dentro del cuerpo de las pretensiones del libelo demandatorio a: “I) Que se declare la nulidad de carta de resolución del 12 de diciembre y la Resolución N° 2101 del 28 de diciembre de 1.995, mediante la cual se suprimió, el cargo…” (fl. 2); y, de otra, que la adición de la demanda versó, también de manera única y

exclusiva, sobre un pedimento probatorio, más no respecto de un nuevo acto administrativo, para solicitar su nulidad junto con los anteriores, o, a cambio de ellos. (fl. 86, memorial de septiembre 26 de 1.997, folio 87). Así las cosas, es de resumir y concluir que los “actos” demandados sólo lo fueron la comunicación que informaba la supresión del cargo del accionante, con el consecuencial retiro del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, y el que determinaba el monto de la indemnización a reconocerle y pagarle, por ser sujeto de inamovilidad relativa, al encontrarse escalafonado e inscrito en carrera administrativa. Con todo, es de reiterar y puntualizar, que el nuevo y último apoderado del actor volvió, al cabo de pasados 2 años (4 de noviembre de 1.999, folios 174 a 182), en una primera oportunidad, a “corregir” el petitum, persistiendo en un vasto recaudo probatorio, y, posteriormente, esto es, mediante memorial presentado el 14 de junio de 2.000 (fls. 223 a 234), el abogado expuso: “corrijo la demanda en el término de fijación en lista,… 15 B.- Las pretensiones de la demanda presentada inicialmente quedarán así: PRIMERA.- Que se declare Nulo el Decreto 800 del doce (12) de Diciembre de 1.995, expedido por el Alcalde Mayor de Santafe de Bogotá, Distrito Capital,….”. 10. 2. 2. Oportunidad para aclarar o corregir la demanda. Con arreglo a

lo normado por el artículo 208 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 47 del Decreto 2304 de 1.989, por una sola vez, se podrá aclarar o corregir la demanda. Dispone el primer inciso de la citada regla de derecho: “Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez…”. La fijación en lista se sitúa dentro del artículo 207 ibídem (Auto admisorio de la demanda), modificado por el artículo 46 del precitado Decreto Ley 2304 de 1989, a través de su numeral 5° que, así mismo, fue modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998: “5°) Que se fije en lista, por el término de diez (10) días, para que los demandados puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.” Deviene, entonces, que la aclaración o corrección del libelo introductorio, entendido éste como el instrumento que puso en marcha a la jurisdicción, porque ya ha sido admitido por ésta, es una oportunidad procesal que debe utilizarse por una sola vez, en el preciso y único término del de fijación en lista del respectivo negocio para traslado, por lo que no debe confundirse con la corrección, que se desprende de la falta de algún requisito formal de la demanda, la cual se rechazaría, sino no se subsana dentro del término de cinco (5) días. (art. 143, inc. 2° ib.).

Así las cosas, y como lo resolvió el tribunal, la tercera adición, aclaración o corrección no se tuvo en cuenta, por preclusión del término. Da cuenta de lo pertinente lo desarrollado en el numeral 5., de este concepto, y a él se remite el Despacho de la Agencia Fiscal, pues no corresponde al querer o 16 talante del demandante la variación de las reglas de orden público, que, como sabido es, los son las procesales. La doctrina, en referencia al punto que se discute, ha precisado: “ (…) d) La demanda y su corrección. Hasta el último día de la fijación en lista, reza el art. 208 del c.c.a., podrá aclararse o corregirse la demanda por el actor. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación del art. 207 ibídem; pero del derecho a variar la demanda podrá hacerse uso por una sola vez. Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener directo en el resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá directamente con éste. Como lo d