PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Concurso de méritos nulidad y restablecimiento del derecho

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto mediante el cual el demandante fue inadmitido en el concurso de méritos para la designación de curadores urbanos del municipio CONCURSO DE MÉRITOS-Reglas para la designación o redesignación de Curadores urbanos CONVOCATORIA PÚBLICA-Mediante Resolución el alcalde la abre para la designación de dos plazas der curador urbano En cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 73 el Alcalde del Municipio de Itagüí Expidió la Resolución No. 2801 del 4 de octubre de 2006, por medio de la cual se abre convocatoria pública para la designación de dos plazas de curador urbano para el municipio de Itagüí y se establecen las bases del concurso. En la resolución mencionada, además de establecer los requisitos y calidades que deben ostentar los aspirantes al cargo de curador urbano del municipio de Itagüí (Antioquia), que valga decir, son los mismos contemplados en el Decreto 564 de 2006, se reprodujo el artículo 77 del decreto referido en su artículo quinto, esto es, lo relacionado con la presentación de documentos. RECURSO DE APELACIÓN-El actor invoca que la documentación por la cual fue inadmitido no se encontraba en forma expresa en la normatividad que reglamentó el concurso/DEMANDANTE-No cumplió con los requisitos para ser admitido en el mencionado concurso o por lo menos no los acreditó Como ya quedó establecido, el actor invoca en el recurso de apelación que el tema objeto de debate no es lo que en criterio de la entidad se pretende acreditar con los

documentos que debían presentar los aspirantes, sino que la documentación por la cual fue inadmitido el actor, no se encontraba en forma expresa en la normatividad que reglamentó el concurso para designar o redesignar curador del Municipio de Itagüí. En primer lugar, considera esta Agencia del Ministerio público que contrario a lo manifestado por el demandante en el escrito de apelación, no es posible efectuar un estudio de los documentos enlistados en la resolución demandada por sí solo, toda vez que, la finalidad de exigir una serie de documentos dentro del curso de un proceso de selección a través de concurso de méritos, es la de acreditar que los aspirantes cumplan con las calidades tanto personales como laborales para ostentar el cargo para el cual se inscribieron, en este caso particular, para desempeñar el cargo de Curador Urbano del Municipio de Itagüí. De la simple comparación entre los artículos 75 y 77 del Decreto 564 de 2006, arriba trascritos, que fueron reproducidos en la Resolución No. 2801 del 4 de octubre de 2006, por medio de la cual se abrió convocatoria pública y se establecieron las bases del concurso, entre otros, los requisitos y los documentos que debían presentar los aspirantes, se observa que el demandante no cumplió con los requisitos para ser admitido en el mencionado concurso o por lo menos no los acreditó, por lo siguiente: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES-Único documento para acreditar que se está en pleno goce de los derechos civiles/CERTIFICADO DE 2 ANTECEDENTES PENALES-Requisito que estaba expresamente consagrado en las normas que reglamentaron el concurso

El artículo 75 del Decreto por el cual se reglamentó el concurso público para designar curadores urbanos, establece como uno de los requisitos para poder ostentar el mencionado cargo el de “Ser ciudadano colombiano en ejercicio, no mayor de sesenta y cinco (65) años y estar en pleno goce de sus derechos civiles”. En el documento que para la época de los hechos era expedido por el DAS, se encontraba la información relacionada con los antecedentes penales de los colombianos, esto es, que cuando alguna persona había sido condenada penalmente dicha información se registraba en el mismo. En consecuencia, al tener una condena de orden penal vigente de privación de la libertad, implícitamente se suspende el ejercicio de los derechos civiles, razón por la cual, en criterio de esta Agencia del Ministerio Público el único documento para acreditar que se está “en pleno goce de los derechos civiles” es el certificado que echó de menos la entidad demandada, requisito que como ya se dijo estaba expresamente consagrado en las normas que reglamentaron el concurso. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS-Documento idóneo para acreditar que no se está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad En el numeral 5° del Decreto 564 de 2006, consagra lo siguiente: “No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad”. Al respecto esta delegada coincide con lo establecido por el a quo, en cuanto señaló que era el documento idóneo para acreditar que no se está incurso en ninguna de estas situaciones. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 174 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) establece:…

Así entonces, es claro que tampoco cumplió con la presentación del documento que acreditaba no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad, el cual estaba expresamente señalando en la norma. CURADOR URBANO-El actor no acreditó que hiciera parte de un grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor como tal,/CURADOR URBANO-El equipo interdisciplinario es necesario y obligatorio para quien quiera optar por ser designado como tal Así las cosas, no es cierto que no se hayan solicitado en forma expresa los documentos referidos, pues como se puede observar, el equipo interdisciplinario es necesario y obligatorio para quien quiera optar por ser designado como curador urbano y la única forma de acreditar que dentro del grupo que lo conforma hay profesionales en las disciplinas de abogados, arquitectos e ingenieros civiles, es con los diplomas o actas de grado expedidos por las facultades donde realizaron sus estudios debidamente reconocidas, certificadas y acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional. 3

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO 88

IUS 2016-52012 Bogotá D. C. 25 de febrero de 2016 Señores Consejeros

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”

C. P. Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

E. S. D.

REF: 050012331000200700333-01

No. Interno: 3208-2015

ACTOR: JHON JAIRO ACOSTA HURTADO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE ITAGUI

(ANTIOQUIA)

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - APELACIÓN _______________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir concepto en el proceso de la referencia. ANTECEDENTES Jhon Jairo Acosta Hurtado, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó del Tribunal Administrativo de Antioquia la nulidad del artículo segundo de la Resolución No. 2944 del 23 de octubre de 2006, expedida por el Alcalde del Municipio de Itagüí, en cuanto lo inadmitió para el concurso de méritos para la designación o redesignación de curadores urbanos del referido 4 municipio. Solicita igualmente que se declare la nulidad de la Resolución No. 3002 del 31 de octubre de 2006, mediante la cual se confirmó la Resolución No. 2944 del 23 de octubre de 2006, por haber sido expedidas con violación a las normas en las cuales debería fundarse la decisión. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene al Municipio de Itagüí a pagar la suma de $ 642.374 por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante. Adicionalmente, que se condene al ente demandado a indemnizar por los perjuicios morales ocasionados, tasados en 500 salarios mínimos mensuales vigentes, que a la fecha de presentación de la demanda asciende a la suma de $ 216.000.000.

Que se condene en costas a la parte demandada y que las sumas que resulten de este proceso, sean actualizadas a la fecha del pago teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor. Que se dé cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. HECHOS Fundamenta sus pretensiones, en los siguientes hechos: 5 El señor Jhon Jairo Acosta Hurtado fue designado Curador Primero del Municipio de Itagüí el 26 de diciembre de 1996 y se posesionó en dicho cargo el 31 de diciembre de 1996. El día 16 de noviembre de 2001 fue reelegido para un segundo periodo que venció el 31 de diciembre de 2006. En el mes de octubre de 2006 el señor Jhon Jairo Acosta fue sometido a un proceso de evaluación y calificación por parte del Municipio demandado, proceso que tuvo un resultado satisfactorio, pues fue calificado con un puntaje de 952 puntos de 1000 posibles, situación que lo habilitaba para aspirar a su redesignación de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del Decreto 564 de 2006. El Municipio de Itagüí decidió realizar una convocatoria pública para la designación de las plazas de curadores urbanos, mediante Resolución No. 2801 del 4 de octubre de 2006. En la citada resolución se dispuso lo siguiente con respecto a las calidades y requisitos para aspirar al cargo de curador urbano: “… 1. Presentar solicitud de inscripción en la forma y en los términos previstos en el Decreto 564 de 2006.

2. Ser ciudadano Colombiano en ejercicio, no mayor de

sesenta y cinco (65) años y estar en pleno goce de sus derechos civiles.

3. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o postgrado de urbanismo o planificación regional o urbana.

4. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez (10) años en el ejercicio de actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana.

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5. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

6. No haber ejercido como servidor público con jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa en el municipio de Itagüí, dentro del año anterior a la fecha de cierre de la convocatoria.

7. Acreditar un grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador urbano (…)

8. Acreditar la existencia de equipos, sistemas y programas que utilizará en el evento de ser designado curador. (…)” Atendiendo a las condiciones fijadas en la Resolución 2801 de 2006, el actor se presentó a la convocatoria y entregó la totalidad de documentos enlistados en el artículo 5 del referido decreto.

Una vez presentados los documentos, el municipio procedió a hacer la evaluación de los mismos y expidió la Resolución No. 2944 del 23 de octubre de 2006 por la cual fue inadmitido, justificando su decisión en lo siguiente: “JHON JAIRO ACOSTA HURTADO no cumple con los siguientes requisitos: - Presentar el certificado del DAS, el cual lo acreditaría como ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles. - No presentó certificado de antecedentes a la Procuraduría General de la Nación, lo que acreditaría no

estar incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad. - No presentó documento en el cual se acredite la vigencia de la tarjeta profesional expedida por la facultad respectiva. - No acredita diploma o acta de grado de la doctora Isabel Zuluaga Arango como ingeniero civil. - El doctor Carlos Mario Martínez Hincapié, no acredita diploma o acta de grado como especializada en estructuras. - Ninguno de los profesionales presentados acredita experiencia.” 7 Ninguno de los documentos mencionados fue exigido de manera expresa en la Resolución No. 2801 de 2006 que fue aquella a través de la cual se hizo la convocatoria. Contra la resolución anterior, interpuso recurso de reposición que fue resuelto desfavorablemente en Resolución No. 3002 del 31 de octubre de 2006, en la que señaló que no era necesario que en la convocatoria se hubiera hecho una relación de los documentos que posteriormente se exigieron en la Resolución No. 2944 del 23 de octubre de 2006. Pone de presente que durante los últimos 12 meses de ejercicio de la función de curador, el actor obtuvo unas utilidades de $110.788.793 de acuerdo con el estado de resultados a diciembre 31 de 2006 que anexa, utilidades que son el resultado de una gestión que le reportaba ingresos operacionales por valor de $345.976.000 al año y que le permitían costear unos gastos al año de $226’329.173. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN-  Constitución Política: artículos 29, 83 y 209.  Decreto Reglamentario 564 de 2006: artículo 73.

 Resolución No. 2801 del 4 de octubre de 2006. De conformidad con lo establecido en el Decreto 564 de 2006 8 (artículo 73), es el Alcalde Municipal quien debe determinar en forma clara y expresa la forma de acreditar los requisitos exigidos en el concurso de méritos, lo cual es indispensable para darle trasparencia al referido concurso. En el presente caso, el municipio de Itagüí, luego de expedida la convocatoria y una vez conocidos los documentos entregados por los participantes y desconociendo los principios de trasparencia y publicidad, decidió que estos debieron haber entregado documentos como el certificado judicial, certificado de antecedentes disciplinarios, certificados de vigencia de tarjeta profesional, diplomas de grado o certificados de experiencia, documentos que no figuraban de manera expresa en la convocatoria y no podía exigírsele al participante que previera que el ente territorial los considerara como idóneos para acreditar los requisitos. En la Resolución No. 2801 de 2006, no aparecen mencionados los documentos cuya omisión se predica ahora como fundamento para descalificar la participación del actor. Una sencilla comparación entre los documentos que se mencionan en el artículo 5 y los documentos con base en los cuales lo están desclasificando, permite concluir que estos últimos jamás fueron previstos como necesarios para acreditar requisitos. CONTESTACIÓN Mediante escrito que obra a folio 120 del expediente, obra contestación a la demanda en los siguientes términos: 9 Contrario a lo manifestado por la parte demandante, el concurso de méritos para la designación de Curadores urbanos, es un

procedimiento autónomo y reglado y no le resultan aplicables ni guarda relación alguna con las normas establecidas para los procesos de contratación. Lo anterior, toda vez que de conformidad con la naturaleza de la función del curador urbano, definida legalmente en el artículo 66 del Decreto 564 de 2006 en los siguientes términos: “(…) ejerce una función pública para la verificación de del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción” El artículo 67 de la misma norma, señala “(…) el curador urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responsable fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios que causen los usuarios, a terceros o al administración pública en el ejercicio de sus función pública”. Por tanto, el curador urbano es un particular que cumple una función pública y el sistema de selección se asemeja más al concurso público de méritos para el acceso a cargos públicos establecidos para los empleados del sector público. En consecuencia, cuando la norma expresamente exige la acreditación y el cumplimiento de ciertas calidades y requisitos no basta con hacer la manifestación sino que es fundamental probar tales calidades mediante documentos idóneos 10 establecidos por la ley para tal efecto. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 8 de abril de 2015, negó las súplicas de la demanda, con fundamento en lo siguiente: En materia urbanística y con ocasión de las facultades otorgadas por la Constitución Política, en el sentido de poder delegar en particulares el ejercicio de la función pública, el legislador previó

la creación de las Curadurías Urbanas, las cuales prestan un servicio público a los administrados, siguiendo los principios de la función pública enunciados en el artículo 209 de la Carta Política. Fue así como el Gobierno expidió el Decreto Ley 2150 de 1995, por el cual, en los artículos 49 y 50 introdujo la figura del curador urbano y mediante el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 9° de la Ley 810 de 2003, fue definido como un particular que ejerce funciones públicas. Lo anterior significa que los curadores cumplen funciones públicas y se les aplican los principios inherentes a esta, enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política. Además, los actos que expidan en función de las licencias urbanísticas serán actos administrativos que deben expedirse con fundamento en normas urbanísticas vigentes y en el Código Contencioso Administrativo, razón por la cual son susceptibles de control 11 jurisdiccional por parte del Juez Administrativo. En lo que respecta al régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas, es el Legislador quien determina las condiciones en que tales particulares puede acceder a la función pública, esto es, que para el caso de los Curadores Urbanos su vinculación sería de a través de concurso de méritos. La finalidad del concurso de méritos, es la selección del mejor aspirante a ejercer un cargo público, sobre la base del cumplimiento estricto de las reglas o normas del concurso, la publicidad de la convocatoria, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades para quienes participan en el mismo. De igual forma se debe tener en cuenta que las reglas

determinadas en la convocatoria en su etapa inicial constituyen las leyes del concurso, las cuales son inmodificables, salvo que sean contrarias a la constitución. Del análisis de los documentos enlistados en la resolución demandada, los cuales, según el municipio no presentó, concluyó el a quo en relación con la cédula de ciudadanía constituye el instrumento de identificación de las personas, así como la acreditación de la mayoría de edad (18 años), edad que a su vez supone el pleno ejercicio de los derechos y obligaciones civiles y en esas condiciones, no es el certificado de antecedentes judiciales que expedía el DAS el documento idóneo para probar que se está en ejercicio pleno de derechos y obligaciones civiles. 12 En lo que tiene que ver con el certificado de antecedentes disciplinarios, señaló el tribunal que sí es el documento con el cual se acredita que no se está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad alguna. Sobre la obligación de acreditar la profesión, encontró que no se puede entender que es solo por parte de quien aspira a Curador Urbano, como lo sostiene la parte actora, sino que también aplica para todo el grupo interdisciplinario en tanto para las personas que lo conforman, se exige una específica calidad profesional que también debe ser probada. En consecuencia, a pesar de que algunos de los documentos echados de menos por el Municipio de Itagüí en la inscripción del demandante no resultaban exigibles, subsisten algunos que eran necesarios para ser admitido en el concurso de méritos, razón por la cual, los actos demandados son válidos. RECURSO DE APELACIÓN En escrito obrante a folio 501 del expediente, obra el recurso de

apelación interpuesto por la parte demandante, con fundamento en lo siguiente: Atendiendo a lo exigido en la Resolución No. 2801 de 2006 (por la cual se fijaron las condiciones para ser curador urbano, el actor procedió a entregar la documentación exigida expresamente en el artículo quinto de la mencionada resolución 13 pero la entidad, en vez de ceñirse al listado allí previsto, pidió requisitos adicionales no previstos expresamente y procedió a inadmitir su postulación, con el argumento de que faltaban unos documentos. La documentación requerida por parte de la entidad, no estaba incluida como causal de eliminación al momento de inscribirse al concurso y su inclusión como causal de eliminación fue como producto de una interpretación subjetiva del alcalde municipal con lo que significa que se cambiaron las reglas de participación con posterioridad a la convocatoria realizada. A pesar de que el Tribunal considere que esos documentos eran idóneos para acreditar ciertos requisitos, lo cierto es que los mismos no fueron mencionados expresamente en la resolución a través de la cual se realizó la convocatoria, incumpliendo lo señalado en el artículo 73 del Decreto 564 de 2006, según el cual “corresponde a los alcalde o sus delegados determinar la forma de acreditar los requisitos (…) lo cual se indicará mediante la convocatoria pública” En consecuencia, el problema radica en que los documentos citados como justificación para eliminar al demandante, no fueron exigidos expresamente en el artículo 5 de la Resolución No. 2801 de 2006. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO En los términos del recurso de apelación interpuesto, el problema

jurídico consiste en establecer si los documentos señalados en la 14 resolución acusada, por los cuales el demandante fue inadmitido del concurso para designar o redesignar curador Urbano del Municipio de Itagüí, se encontraban señalados en la Resolución No. 2801 de 2006, mediante la cual se abrió la convocatoria del referido concurso. Mediante el Decreto 564 del 24 de febrero de 2006, “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones” se reguló en su artículo 73 el concurso de méritos para la designación o redesignación de Curadores urbanos. Concretamente, dispuso lo siguiente: El concurso de méritos para la designación o redesignación del curador urbano se regirá por las siguientes reglas:

1. El alcalde municipal o distrital, o quien este delegue para el efecto, adelantará los trámites para la realización del concurso, el cual se efectuará con entidades públicas o privadas expertas en selección de personal y con capacidad para realizar el proceso de selección, en todo de conformidad con las condiciones y términos que se establecen en el presente decreto.

Estas entidades serán las encargadas de elaborar y calificar los cuestionarios sobre las normas municipales, distritales o nacionales en materia de desarrollo y planificación urbana y territorial que se realizarán a los aspirantes, y también deberán elaborar la lista de elegibles de acuerdo a los mayores

puntajes obtenidos durante el proceso de selección.

2. El concurso será abierto mediante convocatoria pública y quienes aspiren a ser designados como curadores urbanos deberán inscribirse en la oportunidad y lugar que señale la misma.

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3. El concurso de méritos contemplará el análisis y la evaluación de la experiencia demostrada de los aspirantes en actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana, la docencia y los estudios de posgrado en temas relacionados con la arquitectura, la ingeniería civil y la legislación urbanística.

4. Los concursos incluirán, además, entrevistas personales y exámenes escritos sobre conocimientos de las normas municipales, distritales y nacionales en materia de desarrollo y planificación urbana y territorial.

Parágrafo 1°. Corresponde a los alcaldes o sus delegados, determinar la forma de acreditar los requisitos, la fecha del concurso, el lugar de realización y el cronograma respectivo, todo lo cual se indicará mediante la convocatoria pública, la cual se ajustará en todo a las disposiciones del presente decreto. (…)” Por su parte, el artículo 75 de la misma norma, estableció los requisitos que debían ostentar las personas que quisieran concursar, en los siguientes términos: Los aspirantes, en el término de inscripción, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Presentar solicitud de inscripción en la forma y dentro de los términos previstos en el presente decreto.

2. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, no mayor de sesenta y cinco (65) años y estar en pleno goce de

sus derechos civiles.

3. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o postgrado de urbanismo o planificación regional o urbana.

4. Acreditar una experiencia laboral mínima de diez (10) años en el ejercicio de actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana.

5. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

6. No haber ejercido como servidores públicos con jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa 16 en el respectivo municipio o distrito dentro del año anterior a la fecha de cierre de la convocatoria.

7. Acreditar un grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador urbano, como mínimo en materia jurídica, arquitectónica y de la ingeniería civil especializada en estructuras.

8. Acreditar la existencia de equipos, sistemas y programas que utilizará en caso de ser designado curador, los cuales deberán ser compatibles con los equipos, sistemas y programas de la administración municipal o distrital.

El artículo 77 ibídem, señaló los documentos que debían allegar los aspirantes, junto con el formulario de inscripción, cuales eran:

1. Formato único de hoja de vida de que trata la Ley 190 de 1995 debidamente diligenciado.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

3. Fotocopia de la tarjeta profesional vigente para aquellas profesiones cuyo ejercicio la exija.

4. Fotocopia del acta de grado o del diploma que lo acredite como profesional y del posgrado de urbanismo o planificación regional o urbana, cuando a ello hubiere lugar.

5. Certificados de experiencia específica en entidades públicas o privadas, en el ejercicio de actividades

relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana, en los cuales se establezcan las fechas (día, mes y año) de ingreso y de retiro del cargo, dedicación y actividades cumplidas. Quienes hayan ejercido de manera independiente la profesión en áreas relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, deberán anexar certificaciones de las entidades públicas o privadas en las que hubiere prestado servicios profesionales y en las que se indiquen la duración del contrato y la actividad desarrollada.

6. Certificaciones del ejercicio de la docencia en áreas de arquitectura, ingeniería o en actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, expedidas por instituciones de educación superior oficialmente reconocidas en las que consten 17 la cátedra o cátedras dictadas, fechas de vinculación, retiro y dedicación.

En cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 73 el Alcalde del Municipio de Itagüí Expidió la Resolución No. 2801 del 4 de octubre de 2006, por medio de la cual se abre convocatoria pública para la designación de dos plazas de curador urbano para el municipio de Itagüí y se establecen las bases del concurso. En la resolución mencionada, además de establecer los requisitos y calidades que deben ostentar los aspirantes al cargo de curador urbano del municipio de Itagüí (Antioquia), que valga decir, son los mismos contemplados en el Decreto 564 de 2006, se reprodujo el artículo 77 del decreto referido en su artículo quinto, esto es, lo relacionado con la presentación de documentos. Finalmente, en el artículo sexto dispuso sobre la verificación de

requisitos mínimos, lo siguiente: “ (..) Una vez la entidad encargada de la realización del concurso de méritos haya verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos anteriores, el alcalde o a quien este delegue para el efecto, decidirá mediante acto administrativo, sobre la admisión o inadmisión al concurso, indicando en esta última circunstancia los motivos que dieron lugar a la decisión (…)” En el presente asunto, la inconformidad radica en el contenido de la Resolución No. 2944 del 23 de octubre de 2006, por medio de la cual fue inadmitido en el concurso para designar o re designar al curador urbano del Municipio de Itagüí. 18 En la citada resolución, tal como lo establece el artículo sexto transcrito, se le informó en forma clara cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a esta decisión, así: “que el concursante Jhon Mario acosta Hurtado (…) fueron INADMITIDOS al concurso de méritos para la designación de o redesignación de los curadores urbanos en el municipio de Itagüí por las siguientes razones:  Presentar el certificado del DAS, el cual lo acreditaría como ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles.  No presentó certificación de antecedentes de la procuraduría general de la nación, lo que acreditaría no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.  No presentó documento en el cual se acredite la vigencia de la tarjeta profesional expedida por la facultad respectiva.  No acredita diploma o acta de grado de la doctora

Isabel Zuluaga Arango como ingeniera civil.  El doctor Carlos Mario Martínez Hincapié, ni acredita diploma o acta de grado como especializado en estructuras.  Ninguno de los profesionales acredita experiencia. (…)” Como ya quedó establecido, el actor invoca en el recurso de apelación que el tema objeto de debate no es lo que en criterio de la entidad se pretende acreditar con los documentos que debían presentar los aspirantes, sino que la documentación por la cual fue inadmitido el actor, no se encontraba en forma expresa en la normatividad que reglamentó el concurso para designar o redesignar curador del Municipio de Itagüí. En primer lugar, considera esta Agencia del Ministerio público que contrario a lo manifestado por el demandante en el escrito de 19 apelación, no es posible efectuar un estudio de los documentos enlistados en la resolución demandada por sí solo, toda vez que, la finalidad de exigir una serie de documentos dentro del curso de un proceso de selección a través de concurso de méritos, es la de acreditar que los aspirantes cumplan con las calidades tanto personales como laborales para ostentar el cargo para el cual se inscribieron, en este caso particular, para desempeñar el cargo de Curador Urbano del Municipio de Itagüí. De la simple comparación entre los artí