PGN - RECURSO DE APELACION - Condiciones de procedibilidad (1)

SALA DISCIPLINARIA Bogotá, julio diez (10) de dos mil ocho (2008). Aprobado en Acta de Sala No. 27.

Radicación No: 161-3823(016-162996/2007)

Disciplinado: MARIA CLARA CORREA PISCIOTTI

Entidad y Cargo: Procuradora 295 Judicial Penal I Quejoso: MARIO LEONEL MUÑOZ BUITRAGO Fecha queja: 30 de Mayo de 2007

Fecha hechos: Mayo 30 y 31 de 2007

Asunto: Apelación auto de Archivo P.D. PONENTE: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 procede la Sala a resolver lo pertinente en relación con el recurso de apelación propuesto por el quejoso y que fue concedido por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, contra la providencia del 6 de diciembre de 2007, mediante la cual se declaró la Terminación del Procedimiento y se ordenó el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada contra la doctora MARIA CLARA CORREA PISCIOTTI, en su condición de Procuradora 295 Judicial Penal I. (fls. 35 a 39 c.o).

ANTECEDENTES PROCESALES Estas diligencias se iniciaron por queja del 31 de mayo de 2007, mediante la cual el doctor Mario Leonel Muñoz Buitrago en su calidad de Juez 190 de Instrucción Penal Militar de la ciudad de Bucaramanga, solicitó investigación contra la doctora Maria

Clara Correa Pisciotti, Procuradora 295 Judicial Penal I, quien ejerce el Ministerio Público en el despacho judicial, del cual es titular, por no actuar con el decoro adecuado a su investidura y sí con prevenciones hacia el quejoso en hechos sucedidos entre el 30 y el 31 de mayo de 2007 al asumir actitudes inadecuadas ante su despacho, apoyando comportamientos irrespetuosos de la secretaria de ese Juzgado de Instrucción Penal Militar, a quien a su turno se le investiga por los informes que refieren irregularidades que el quejoso, igual ha cursado en su contra, sobre el particular relata, que: 1.- “El día de ayer, 30 de mayo, se presento la Doctora MARIA CLARA, en este instructor y encontrándome presente, se dispone a tratar con la señora secretaria, los Rad.161-3823 temas relacionados con las diligencias que aquí se desarrollan, en mi presencia, pero en voz baja, situación por la que a pesar de acercarme a su lado continúo hasta que le solicité tratar los temas del despacho con el funcionario, manifestando no retirar nada, que el día siguiente regresaría….” 2.- “…y cuando le ofrezco disculpas al Ministerio Público por lo que se me esta diciendo, y ella esta escuchando manifiesta la señora procuradora: “ese no es mi problema, a mi páseme las diligencias que yo vengo es a revisar las actuaciones de este despacho”; acto seguido al cuestionarse las actuaciones que esta revisando, trato de explicar lo sucedido, pero se me desatiende o me manifiesta: “yo no vengo a pedir explicaciones”...”

Por lo anterior, solicitó investigar a la doctora Maria Clara Correa Pisciotti en su calidad de Procuradora 295 Judicial I, toda vez que en sentir del señor Juez de Instrucción Penal Militar, la Procuradora, pues lo anterior revela una presunta actitud prevenida en contra de su despacho, permaneciendo “impávida” frente a ciertas diferencias interpersonales y conductas irrespetuosas asumidas por la secretaria del juzgado respecto del quejoso. Finaliza su escrito instando al señor Procurador Provincial de Santander para que sea designado otro Procurador para su despacho que no tenga prevenciones con él, y que a su vez proceda a efectuar una revisión en forma integral de los asuntos y archivos del juzgado (fl. 5). La Procuraduría Provincial de Santander, mediante auto del 20 de junio de 2007, remitió la queja antes reseñada a la Coordinación de Procuradores Judiciales con sede en Bucaramanga, y esta oficina a su turno mediante oficio No. 0325 del 6 de julio de 2007, lo envío a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, precisando que en relación con la servidora Victoria Rodríguez Mejía, secretaria de ese despacho judicial militar se esta adelantando el proceso radicado con el número 1388237-07 por parte de la Procuraduría Provincial. (fl. 12) La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales el 26 de septiembre de 2007, abrió indagación preliminar contra la doctora María Clara Correa Pisciotti, en su condición de Procuradora 295 Judicial en lo Penal I, (fls. 14 y

15); auto que fue notificado personalmente a la funcionaria involucrada por funcionario comisionado, el día 22 de octubre de 2007 (fol.23). La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, el 6 de diciembre de 2007 al examinar la pruebas recogidas en la indagación preliminar concluyó que los hechos denunciados no están previstos en la ley como falta disciplinaria, y por lo tanto, declaró la terminación del proceso disciplinario y ordenó el archivo definitivo de las diligencias (fls. 35 a 39), el 15 de enero de 2008, esta decisión fue notificada personalmente a la doctora Correa Pisciotti por la Procuradora 51 Judicial Penal de Bucaramanga, funcionario comisionado en la ciudad de Bucaramanga. (fl. 53). Asimismo, la funcionaria comisionada, mediante el oficio 009 de enero 16 de los corrientes comunicó al quejoso Mario Leonel Muñoz Buitrago, la decisión de archivo definitivo, al tiempo que le informó sobre la procedencia del recurso de apelación, Esta comunicación, según anotación visible en la esquina inferior derecha de la misma, fue recibida en la sede del Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar el 17 de enero de 2008 (fl. 55). 2 Rad.161-3823 Enterado de la decisión de archivo, el doctor Mario Leonel Muñoz Buitrago, el 29 de enero de 2008, presentó un escrito que por haber sido allegado dentro de los términos de ley para recurrir, fue tomado por la Procuraduría Delegada para el

Ministerio Público en Asuntos Penales como recurso de apelación, y mediante auto del 13 de febrero de 2008 se procedió a conceder el mismo, en el efecto suspensivo (fls. 41 a 44 y 56). PROVIDENCIA RECURRIDA Como viene de ser registrado, el 6 de diciembre de 2007 la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales procedió a valorar la indagación preliminar adelantada en contra de la doctora Maria Clara Correa Pisciotti, considerando que estaban dados los presupuestos para archivar la misma, por cuanto del acervo probatorio se podía inferir con claridad que en los hechos propuestos a investigación, la funcionaria investigada actuó acorde con sus deberes funcionales previstos en la Constitución, la ley y los reglamentos, dentro de los cuales está precisamente la facultad de pedir y conocer los expedientes de los despachos asignados para su intervención, y en lo atinente a mantenerse “impávida” frente a ciertos actos o comportamientos indebidos, asumidos por la secretaria del Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar en los hechos sucedidos entre mayo 30 y 31 de 2007, se estimó que no se le podía exigir otra conducta, porque si bien en principio a la funcionaria le corresponde informar sobre las irregularidades que tenga conocimiento, del mismo informe del señor Juez se desprende que mientras la escena ocurría, él elaboró informe sobre tal situación para el Procurador Provincial (Fols.35 a 39). RECURSO DE APELACIÓN Una vez le fue comunicado el contenido de la decisión tomada por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, el doctor Mario Leonel

Muñoz Buitrago en su calidad de quejoso, el 29 de enero de 2008 hizo llegar a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público, Unidad Disciplinaria, documento que referencia como recurso de apelación (Fols. 42 a 44), el cual por ser presentado dentro del plazo legal previsto para interponer recursos, fue asumido como apelación y se remitió a esta instancia. El escrito por medio del cual el doctor Muñoz Buitrago solicita “sea considerado el asunto” y se tramite el recurso, se resume de la siguiente manera: Que la conducta asumida por la Procuradora Judicial, y denunciada por él, es censurable, toda vez que raya con las mínimas normas de comportamiento entre seres humanos que desempeñan funciones públicas, cuando las mismas deben estar enmarcadas dentro de la cordialidad, respeto y altura. Siendo que en el evento 3 Rad.161-3823 informado la servidora que actúa como Ministerio Público se comportó de forma contraria a tales postulados. Teniendo en cuenta que la dignidad humana es un derecho fundamental de rango constitucional que se exige de manera especial y permanente a todos los servidores públicos, resulta reprochable desde todo punto de vista, el comportamiento ajeno a su condición de Ministerio Público asumido por la doctora Maria Clara Correa Pisciotti, frente a los funcionarios del despacho y respecto del mismo apelante, constituyéndose tal proceder en el motivo de denuncia y de reclamo de parte del quejoso, al igual que lo es el simple hecho de advertirle de investigaciones en contra de este sin que exista motivo, todo lo cual la hace estar inmersa en violación de

deberes, tales como el de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que se tenga relación por razón del servicio. Y en abuso de los derechos o extralimitación de funciones. Finaliza su escrito el quejoso, enunciando que si el funcionario instructor estima que no se pudo establecer que el comportamiento de la doctora Correa Pisciotti constituyera ilícito de carácter disciplinario, ello es así porque no se adelantó una investigación integral, toda vez que a la llegada del descanso por vacaciones se encontró con que ha sido citado en condición de testigo ante la Procuraduría 51 Judicial Penal, por un proceso disciplinario que se adelanta allí en contra de la doctora Maria Clara Correa Pisciotti, por supuesto acoso laboral según denuncia que hiciera la propia asistente de esta, Isabel Luna Tarazona, por un trato desmedido, desbordado e indigno semejante al denunciado en otra oportunidad en un asunto ya fallado, por el patrullero Manuel Antonio Ibáñez Niño. Elementos con los cuales se puede avanzar en la búsqueda de la verdad. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con las facultades legales establecidas en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, en principio la Sala sería competente para revisar la providencia del 6 de diciembre de 2007, emitida por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, mediante la cual se declaró la TERMINACION de la actuación y el consecuente ARCHIVO del expediente, en las diligencias adelantadas contra de la doctora MARIA CLARA CORREA PISCIOTTI, en su condición de Procuradora 295 Judicial I Penal de la

ciudad de Bucaramanga. En tales condiciones, la Sala Disciplinara procederá a examinar, si procedía o no conceder el recurso de apelación interpuesto por el doctor Mario Leonel Muñoz Buitrago y contenido en el escrito visible a folios 42 a 44 de la actuación disciplinaria, en los términos del artículo 112 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior por cuanto de la revisión del mentado escrito se desprende que de manera clara y expresa no se interpuso y sustentó el recurso de apelación, sino que el mismo al haber sido enviado y recibido dentro del término legal que tenía el quejoso para impugnar la decisión de archivo, se tuvo como tal por el a-quo, aún cuando no se reunían los requisito de fondo para ello, toda vez que en el cuerpo del texto referido la única alusión que se hace a la providencia mediante la cual se da 4 Rad.161-3823 por terminada la actuación disciplinaria es la que dice: “ …si su despacho considera que en la presente preliminar no se pudo establecer “que el comportamiento de la Doctora MARIA CLARA CORREA PISCIOTTI, no puede constituir ilícito disciplinario”, ello obedece a que no se adelantó una investigación integral,…” y más adelante la siguiente: “…encuentro que si existen elementos que permitan ahondar en la búsqueda de la verdad..,”; sin que se presenten de manera alguna cuáles son las razones de hecho y de derecho que fundamentan tales aseveraciones o enunciaciones de discenso. Si bien es cierto que el recurso de apelación tiene como su fundamento o razón de ser la falibilidad del juicio humano, y la consiguiente conveniencia de reexaminar, las

decisiones de las autoridades administrativas o judiciales para que en medida posible, se adecuen a las exigencias de la justicia. No menos lo es, que para que ese nuevo estudio de los elementos de juicio proceda en segunda instancia, se hace necesario que el sujeto procesal no solo interponga el recurso ante el juez de primera instancia en tiempo, sino que además funde su apelación mediante un análisis crítico de la resolución o auto atacado, explicando o fundando las razones que lo llevan a considerar que el funcionario de primera se equivocó en las valoraciones que hizo. Ab initio la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la justicia ordinaria ha venido decantando lo que significa y conlleva presentar un recurso de apelación en contra de una providencia, precisando al respecto que: "...Ia apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión esta derivada de la voz latina Impugnare, que significa combatir, contradecir, refutar, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar explicaciones por escrito de la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito con el cual, se acusa la providencia recurrida, a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación..." (Auto de agosto 30 de 1984,

M.P. doctor HUMBERTO MURCIA BALLEN).

En el presente asunto, de una lectura del escrito rotulado como recurso de apelación se tiene que contrario a su deber como apelante, el quejoso, expone de forma

lacónica y confusa las siguientes ideas: La primera, en la cual se expresa, lo que en criterio del quejoso es el deber ser de las relaciones entre funcionario públicos; y se hace un contradictorio señalamiento de lo censurable que le parece un comportamiento supuestamente ajeno a sus deberes y frente a sus semejantes asumido por la doctora Correa Pisciotti. Una segunda parte en la que aunque se transcribe una conclusión del auto atacado, para alegar que si no se pudo establecer “ …que el comportamiento de la Doctora MARIA CLARA CORREA PISCIOTTI, no puede constituir ilícito disciplinario”, es porque no se adelantó una investigación integral…”, sin más, es decir, sin refutar tal aserto del a-quo, para lo cual debió presentar las razones de hecho y de derecho que la hacen equivocada, pues solo se limitó a transcribir el primer inciso del artículo 35 y del artículo 34 el numeral 6, ambos de ley 734 de 2002, y después a informar como es testigo en otra investigación disciplinaria contra la misma funcionaria que se le sigue por supuesto acoso laboral. 5 Rad.161-3823 Como puede colegirse sin hesitación alguna de la simple lectura del escrito presentado por doctor Muñoz Buitrago en su condición de Juez 190 de Instrucción Penal Militar, emerge que el mismo no constituye sustentación del recurso que se interpuso, por cuanto no se manifiesta respecto de la providencia que recurre las razones de hecho o de derecho por las cuales se está en desacuerdo con la decisión proferida, siendo lo anterior una obligación o carga procesal para el apelante por disposición expresa del artículo 112 de la Ley 734 de 2002 cuando ordena:

Sustentación de los recursos “Art.112.- Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar. Cuando la decisión haya sido proferida en estrado la sustentación se hará verbalmente en audiencia, o en la respectiva sesión, según el caso.” La argumentación o sustentación del recurso de apelación, por el aspecto indicado y conforme la norma arriba transcrita, se convierte así en un acto trascendental o condición de procedibilidad, pues no basta el simple hecho de afirmar una inconformidad general frente a la providencia que se recurre, sino que por disposición legal resulta imperativo concretar aquello de lo que se disiente con argumentos de hecho y de derecho que lo respalden. Es decir, no se trata simplemente de indicar que no se esta de acuerdo con la decisión tomada, o que no se acreditó que la conducta denunciada no constituyera ilícito disciplinario, o que la conducta de un funcionario per se es reprochable; sino que por el contrario se deben sustentar las razones de tales asertos. Sustentar indebidamente, en consecuencia, es como no hacerlo, y corolario de semejante omisión es que el recurso se deba declarar desierto conforme las voces del artículo 112 de la Ley disciplinaria antes citado. Es tal la importancia y necesidad de la carga del recurrente en dicho sentido, que conforme al parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el funcionario que conoce en segunda instancia, adquiere

competencia para estudiar y valorar los aspectos concretos materia de la apelación, y sólo le es posible extenderla a aquellas materias inescindiblemente ligadas al núcleo de la impugnación. De lo antes expuesto se desprende que la sustentación de la apelación tiene una doble e importante connotación, a saber: ser una carga del impugnante, y la otra que a su vez constituye un acto condición para acceder a la segunda instancia, de la importancia y trascendencia tal, que cuando se cumple dicho requisito, dicha fundamentación, en tanto identifica la pretensión del recurrente, adquiere la característica de convertirse en límite o marco de la competencia del superior, en consideración a que a éste sólo se le permite revisar los aspectos impugnados y los que hagan parte de su núcleo esencial, tal y como lo establece claramente el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002. El fundamento de esa doble connotación que tiene la carga de sustentar las impugnaciones en debida forma, radica precisamente en que si el funcionario de 6 Rad.161-3823 primera instancia tiene la obligación de motivar sus providencias analizando y valorando las pruebas bajo el tamiz de la sana crítica, para poder decidir acorde a derecho, lo justo es que si los sujetos procesales consideran que incurrió en equivocación al hacerlo, también deban hacer un ejercicio de análisis ordenado para llegar a conclusiones producto de razonamientos de hecho y de derecho, en un ejercicio dialéctico, que correctamente presentado tiene el alcance de permitirle al funcionario de segunda instancia saber en qué se esta en desacuerdo, con

fundamento en qué y por qué, para así poder entrar a responder y dar la razón a uno o a otro. En el escrito que dio pábulo a esta instancia, contrario a efectuar una sustentación del recurso de apelación, el doctor Muñoz Buitrago quien actúo como Juez 190 de Instrucción Penal Militar, se dio a la tarea de hacer apreciaciones personales sobre el ideal de las relaciones interpersonales entre funcionarios públicos, de forma confusa y contradictoria, y traer a colación como argumentos hechos nuevos de los cuales se enteró después de emitida la decisión de archivo, y que nada tienen que ver con las consideraciones de la providencia recurrida y menos aún con el asunto investigado, en cuanto hacen referencia al inicio de otras diligencias disciplinarias en contra de la doctora Maria Clara Correa Pisciotti por la supuesta comisión de una conducta de acoso laboral en contra de una subalterna. Cuando los argumentos debían estar dirigidos, en primer lugar, a procurar una decisión del superior para favorecer la decisión en lo que no se comparte o quedó deficiente. Y en segundo lugar, a que el superior resuelva sobre el punto que no quedó decidido por el a – quo, habiéndose solicitado y probado en el proceso. Así las cosas, y como quiera que tal exigencia de índole legal no fue satisfecha por el apelante en el presente caso, no existiendo en consecuencia el marco de examen requerido para el pronunciamiento de esta instancia, huelga concluir que como el escrito visible a folios 42 a 44 suscrito por el doctor Mario Muñoz Buitrago no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 112 de la Ley 734 de 2002, es procedente entonces, declarar desierta la apelación interpuesta a través del mismo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la providencia del 6 de diciembre de 2007, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, dispuso declarar la TERMINACIÓN de la indagación preliminar adelantada contra la doctora MARIA CLARA CORREA PISCIOTTI, identificada con la C.C. No. 63365.111 de Bucaramanga, en su condición de Procuradora 295 Judicial Penal I, y ordenó EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias, conforme lo expuesto en precedencia. 7 Rad.161-3823

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria COMUNICAR el contenido de la presente decisión al quejoso, doctor MARIO LEONEL MUÑOZ BUITRAGO, quien

se localiza en el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar, calle 41 No.11-44 de Bucaramanga (Santander), y a la doctora MARIA CLARA CORREA PISCIOTTI, a la calle 35 No. 17-56 piso 14 del Edificio Davivienda, Bucaramanga (Santander); haciéndoles saber que contra la misma no procede ningún recurso por hallarse agotada la vía gubernativa.

TERCERO: DEVOLVER las diligencias a la Oficina de origen, una vez realizadas las anotaciones pertinentes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ

Procuradora Segunda Delegada

Presidenta de la Sala Disciplinaria.

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Primero Delegado

Proyectó: Dra. Liliana Guzmán L.

Exp. No. 161-3823(016-162996/07) 8