PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Convocatoria pública concurso de meritos

ACCIÒN ELECTORAL-Para definir sobre la legalidad del de elección de personero municipal de santiago de cali para el periodo 2020-2024 CONVOCATORIA PÙBLICA-Como ley del concurso y la posibilidad de modificar sus reglas CONCURSO DE MÉRITOS-Para ocupar una posición pública tienen derecho a que se preserven las reglas con las que se iniciaron las oposiciones En la Sentencia C-1040 de 2007, al analizar las objeciones presidenciales a un proyecto de ley, en donde varias normas modificaban las reglas bajo las cuales se estaba realizando, en ese instante, un concurso público, reconoció que la potestad de configuración del legislador lo habilitaba para determinar la forma y método con que debe diseñarse el concurso para proveer los cargos, no obstante, esa potestad no podía desconocer derechos de los aspirantes y, por esa vía, afectar principios constitucionales íntimamente ligados a esos derechos. Por ello, la Corte aceptó que, en términos generales, las normas estudiadas no quebrantan la Constitución, pero de aplicarse al concurso que se celebraba irían en detrimento de quienes estaban participando, señalando que una de las consecuencias que se deriva del haz de garantías es que las bases del concurso deben respetarse de principio a fin; luego, la modificación de los criterios de calificación transforma las reglas aplicables al concurso que son las que deben regir hasta el momento de su culminación. CONCURSO DE MÉRITOS DE PERSONEROS MUNICIPALES Y DISTRITALESPara ocupar una posición pública tienen derecho a que se preserven las reglas con las que se iniciaron las oposiciones

CONCURSO PÚBLICO DE MÈRITO-El fundamento constitucional de la proscripción de la modificabilidad del cambio de las reglas de juego de los concursos para provisión de cargos públicos es múltiple En 2009, mediante la Sentencia SU-913, la Corte reitera que las reglas señaladas para las convocatorias además de ser las leyes del concurso son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales, recordando, que esta línea jurisprudencial que viene desde las Sentencias T-256 de 1995, SU-133 de 1998 T-730 de 2002 y C-131 de 2004 fue retomada, a propósito del concurso notarial en la C-1040 de 2007, antes referenciada. Así mismo, en 2011 en la Sentencia SU 446 de 2011 (concurso de la Fiscalía General de la Nación), luego de reiterar las anteriores reglas, señaló que es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular En la Sentencia T-090 de 2013, en donde, se debatía si la CNSC y la Universidad de San Buenaventura violaban los derechos fundamentales invocados al negar la reprogramación de las fechas de entrevistas dentro de una convocatoria a pesar de que se adujera una Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 1 situación administrativa, a manera de síntesis, concluyó el Tribunal constitucional, que en caso de que la entidad organizadora incumpla las etapas y procedimientos consignados en la convocatoria, incurre en una violación del derecho fundamental al debido proceso que les asiste a los administrados partícipes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria.

CONCURSO DE MÉRITOS DE PERSONEROS MUNICIPALES Y DISTRITALESDistanciamiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar planteadas en la demanda y el análisis que realizó el a quo RECURSO DE APELACIÒN-El juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de impugnación/RECURSO DE APELACIÒN-No puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni la sentencia estudió/RECURSO DE APELACIÒN-Incongruencia Pues bien, en cuanto a la indebida apreciación del alcance del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, mientras para el Juez de instancia, si bien, se incumplió con el plazo, dicha

situación, no relevaba a la Corporación de culminar el proceso, pues, el Legislador les asignó a los concejos que inician su periodo institucional, la función de elegir a los personeros, mientras que para el recurrente el anterior aserto es equivocado, porque la propia ley exige que se elija personero, y que el fin, no justifica cualquier medio, mucho menos el de actuar por fuera de los términos legales. En criterio de esta Delegada, no le asiste razón al recurrente, como quiera que confunde la noción de plazo perentorio con la de plazo preclusivo; luego, el error conceptual, no le permite dilucidar con exactitud el alcance de la competencia temporal que ostentaba el Concejo Distrital de Cali. Ciertamente, la jurisprudencia de la Sala Contenciosa Administrativa, ha expuesto que i) en general, los términos que tiene el Estado para proferir las decisiones son de tipo perentorio pero no necesariamente preclusivos, ii) vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo que el legislador expresamente haya consagrado lo contrario, iii) el vencimiento de los plazos meramente perentorios puede implicar la responsabilidad personal del agente que se ha demorado en tomar la decisión pero no afecta la validez de la decisión misma, iv) en general, las normas de competencia temporal, deben interpretarse a favor de la competencia misma, v) solo cuando está expresamente previsto otro efecto, el vencimiento del plazo no comporta siempre y necesariamente un caso de silencio administrativo positivo y mucho menos de nulidad de los actos administrativos PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Garantía del derecho fundamental al debido

proceso, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han expresado, al unísono, que el principio de congruencia, se erige, como una verdadera garantía del derecho fundamental Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 al debido proceso, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido

(petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión. En criterio de lo expuesto, esta Delegada, la Sala Electoral, debe efectuar el análisis no realizado por el a quo, en virtud del parágrafo del artículo 133 del CGP habida cuenta, que expresamente el recurrente en el apartado 3.7 de la alzada, impugna tal omisión, la que caracteriza como “decisión sin motivación”, y respecto de la cual, nos referimos, ulteriormente, como quiera que este aspecto, es materia, asimismo, de reproches subsiguientes. Por otra parte, en cuanto al desconocimiento de la validez y supremacía de la fase objetiva del concurso, que puede sintetizarse en que el nuevo Concejo solo le

correspondía actuar en la fase subjetiva, no asumir el rol de juez de la fase objetiva, para satisfacer presuntamente el capricho del alcalde, en criterio de esta Delegada al tener relación con el anterior reproche, se diferirá su examen. Con todo, en cuanto a lo que esgrime el recurrente que todo se dio por “satisfacer presuntamente el capricho del alcalde”, deviene, sin duda, en un aspecto de connotación subjetiva, no pasible de análisis, habida consideración que no fue objeto de probanzas en el trámite de primer grado. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2021 Concepto No. 2021-09-NE-184 Doctor

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado Ponente Sección Quinta.

E. S. D.

RADICACIÓN: 76001-23-33-000-2020-00895-03 76001-23-33-000-2020-00835-01 (ACUMULADO)

ACTOR: JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO Y OTRO

DEMANDADO: HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE

(PERSONERO DE CALI – PERIODO 2020-2024) ACCIÓN: NULIDAD ELECTORAL TEMA: Corrección de la actuación administrativa (art. 41 Ley 1437 de 2011) Respetado9 Magistrado :

Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO y YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS, en ejercicio del Medio de Control de nulidad electoral, deprecaron la anulación del acto de elección de HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE, como Personero Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2020-2024, contenido en el Acta 21.2.1.1041 de la sesión plenaria del 27 de febrero de 2020 del Concejo Distrital de Cali.

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Página 4 1.1. Hechos 1.1.1. El Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió la Resolución 21.2.22-534 del 30 de octubre de 2019, por medio de la cual se efectúa la convocatoria y se reglamenta el concurso público de méritos para la elección del personero distrital, para el periodo constitucional 1º de marzo de 2020 al 29 de febrero del 2024. 1.1.3. Transcurrido el 90% de las etapas del concurso, y encontrándose a la espera de la calificación a los entrevistados para consolidar la calificación definitiva y elegir Personero, la Corporación recibe comunicación1 de la

Procuraduría Regional del Valle2, resaltando una presunta “falta de idoneidad” de la Fundación Universidad del Valle, con quien el Concejo había celebrado el contrato de consultoría para el acompañamiento del proceso de selección. 1.1.3. En virtud de lo anterior, el Concejo, pese a haber dado su aval a la precitada Fundación, decidió, mediante la Resolución 21.2.22-032 del 10 de enero de 2020, dejar sin efectos todos los actos de trámite o preparatorios, incluyendo la inscripción de los candidatos y todos los demás que se hubiesen surtido en virtud de la Convocatoria inicial. 1.1.4. Para la emisión de dicho acto administrativo, se indica, no se solicitó el consentimiento de ninguno de los afectados quienes habían destinado gran parte de su tiempo y sus esfuerzos personales a participar en el concurso. 1.1.5. El Concejo Distrital, procedidó a suscribir el Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Universidad del Valle para el acompañamiento de dicho proceso de selección3, recalcando en los estudios y documentos previos que sustentaban el convenio, sobre la idoneidad de dicha Universidad, y señalando que esta, a través de su 1 Oficio 006 del 7 de enero de 2020. 2 En desarrollo de un procedimiento ordinario preventivo. 3 No. 21.1.8.1.1-2020. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 5 Instituto de Prospectiva y Psicología contaba con experiencia suficiente para cumplir con el objeto contractual; es decir, la realización de procesos de evaluación de personal para entidades del sector público y privado a nivel regional y nacional. 1.1.6. Se indica que el Concejo omitió revisar si el precitado instituto, estaba legalmente constituido; es decir, si tenía o no capacidad legal o jurídica para asumir delegaciones y responsabilidades administrativas atribuidas directamente a la Universidad del Valle, mediante el Convenio Interadministrativo de Cooperación supra indicado. 1.1.7. El 20 de enero de 2020, mediante la Resolución 21.2.22.-050, el Concejo, convocó públicamente para un nuevo proceso para la elección del personero de Santiago de Cali, fijándose la nueva elección para el 27 de febrero de 2020, llegando a la recta final, José Ignacio Arango con 96 puntos, quien renunció; Harold Cortes Laverde, con 92 puntos; y Noralba García con 79, quien también renunció. En consecuencia, en dicha fecha, se indica, la coalición del alcalde, con 17 votos, votó por el doctor Harold Cortes Laverde, único en la lista final. 1.1.8. De otro lado, se indica que la decisión contenida en la Resolución 21.2.22-032 del 10 de enero de 2020, que revocó el concurso anterior, fue tomada por la mesa directiva del Concejo, con violación de las reglas de competencia temporal, pues el 16 de enero de 2020, a las doce de la noche (12:00 a.m.), vencía el plazo de 10 días que tenía dicha Corporación,

conforme las normas superiores4, para ejercer su competencia de calificar y elegir a los miembros de la lista de elegibles. 4 Ley 1551 de 2012, título 27 del Decreto 1083 de 2015, y la Resolución administrativa 21.2.22 – 534 del 30 de octubre de 2019, ley del concurso. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 1.2. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de julio de 2021, NEGÓ las pretensiones de las demandas acumuladas contra el acto de elección enjuiciado.

En la audiencia inicial virtual de marzo 16 de 2021, se fijó el litigio en los siguientes términos: “CONTROVERSIA JURÍDICA. Para definir sobre la legalidad del acto administrativo demandado, es decir, el acto de elección de Personero Municipal de Santiago de Cali para el periodo 2020-2024, debe establecer la Sala si el desconocimiento del término temporal contenido en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 para efectuar la referida elección acarrea su nulidad en virtud del vicio de falta de competencia funcional de Concejo Distrital, dado que su escogencia se dio el 27 de febrero de 2020 tal como consta en el acto impugnado. Para el efecto deben desarrollarse los siguientes aspectos:

1. Si el Concejo Distrital entrante tenía competencia para desarrollar la etapa

objetiva del concurso público de méritos para la elección del Personero Distrital (reclutamiento, pruebas, antecedentes y resultados).

2. Si para expedir el acto administrativo que dejó sin efecto todos los actos surtidos a partir de Convocatoria reglamentaria del concurso público de méritos para elegir Personero para el periodo institucional 2020-2024, contenida en la Resolución No. 21.2.22-534 del 30 de octubre de 2019, debió́ hacerse a través del Concejo Distrital en pleno, y no a través de su

Mesa Directiva.

3. Si de acuerdo con la naturaleza de los actos derivados de la Convocatoria Pública que reglamenta el aludido concurso, en el caso en concreto, para su revocatoria, debe necesariamente contarse con el previo y expreso consentimiento de los participantes del concurso inicial, lo que supone la determinación de los posibles derechos que aquellos les podía asistir.

4. Si el Concejo Distrital en desarrollo de la facultad de saneamiento, prevista en el artículo 41 del CPACA, podía apoyarse en la presunta falta de idoneidad de la Fundación Universidad del Valle, para dejar sin efecto los actos derivados de la Convocatoria inicial para la elección del Personero

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Página 7 Distrital. La anterior definición implica que deba determinarse si la falta de idoneidad de la Institución educativa para realizar y gestionar el proceso de

selección dentro del marco del concurso para la elección de Personero Municipal, constituye una irregularidad que vicia de nulidad la actuación administrativa y por ende afectaría la legalidad del acto de elección.

5. Si el contrato interadministrativo celebrado entre el Concejo Distrital con la Universidad del Valle, para el acompañamiento y apoyo para la selección del Personero Distrital para el periodo 2020-2024, podía ejecutarse válidamente a través de una de sus unidades académicas, como es el Instituto de Prospectiva, y en caso negativo, esa situación afectaría de validez el concurso realizado y por ende el acto de elección producido”.

Se debe precisar, que en el fallo impugnado, el conflicto jurídico se desató en los siguientes aspectos5: “1. Si el desconocimiento del término temporal contenido en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 para efectuar la referida elección acarrea su nulidad en virtud del vicio de falta de competencia de Concejo Distrital, dado que su escogencia se dio el 27 de febrero de 2020 tal como consta en el acto impugnado.

2. Si el Concejo Distrital entrante tenía competencia para desarrollar la etapa objetiva del concurso público de méritos para la elección del Personero Distrital

(reclutamiento, pruebas, antecedentes y resultados).

3. Si para expedir el acto administrativo que dejó sin efecto todos los actos surtidos con posterioridad a la Convocatoria reglamentaria del concurso público de méritos para elegir Personero para el periodo institucional 2020-2024, contenida en la Resolución No. 21.2.22-534 del 30 de octubre de 2019, debió́ hacerse a

través del Concejo Distrital en pleno, y no a través de su Mesa Directiva.

4. Si de acuerdo con la naturaleza de los actos derivados de la Convocatoria Pública que reglamenta el aludido concurso, para su revocación, debía necesariamente contarse con el previo y expreso consentimiento de los participantes del concurso inicial, lo que supone la determinación de posibles derechos que aquellos les podía asistir .

5 Pág. 11 del fallo recurrido. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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5. Si el Concejo Distrital, en desarrollo de la facultad de saneamiento, prevista en el artículo 41 del CPACA, podía apoyarse en la falta de idoneidad de la Fundación Universidad del Valle, para dejar sin efecto los actos derivados de la Convocatoria inicial para la elección del Personero Distrital. La anterior definición implica que deba determinarse si la falta de idoneidad de una Institución que realiza y gestiona el proceso de selección dentro del marco del concurso para la elección de Personero Municipal o Distrital, constituye una irregularidad que vicia de nulidad la actuación administrativa y por ende afectaría la legalidad del acto de elección.

6. Si el contrato interadministrativo celebrado entre el Concejo Distrital con la Universidad del Valle, para el acompañamiento y apoyo en el concurso publico de méritos para la selección del Personero Distrital para el periodo 2020-2024, podía

ejecutarse válidamente a través de una de sus unidades académicas, como es el Instituto de Prospectiva, y en caso negativo, esa situación afectaría de validez el concurso realizado y por ende el acto de elección producido”. Para la definición de la anterior controversia, el a quo abordó los siguientes temas generales: i) Competencia de los Concejos Municipales o Distritales para elegir Personero; ii) Etapas del concurso público de méritos para la elección del Personero Municipal o Distrital. Entrando al caso concreto, sobre el primer problema jurídico, concluye que no prosperaba, pues, si bien se incumplió con el plazo previsto para la elección; sin embargo, dicha situación no relevaba a la Corporación de culminar el proceso, dado que el Legislador les otorgó a los concejos la función pública de elegir los personeros, lo cual, constituye un imperativo legal irrenunciable. En otras palabras, la competencia de los Concejos para cumplir con la función legal asignada, no resulta disminuida o cercenada por la circunstancia de no haber terminado con el procedimiento de elección en las fechas establecidas en la Ley 1551 de 2012; por tanto, una designación realizada con posterioridad, no se traduce en la nulidad del acto de elección. Cosa diferente, es que, una actuación que pueda calificarse como una dilación injustificada, acarrée consecuencias disciplinarias para los miembros del Concejo, pero de ninguna manera afecta la legalidad del acto de elección. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 9 Sin perjuicio de lo expuesto, destaca que, aunque el Concejo, a través de su Mesa Directiva, al iniciar el actual periodo institucional, ordenó mediante actos administrativos6, sanear el anterior procedimiento, dicha situación se justificó en la necesidad de subsanar el proceso en virtud de las observaciones, advertencias o recomendaciones del Ministerio Público por una presunta falta de idoneidad de la Fundación Universidad del Valle para adelantar procesos de selección. En relación al segundo problema jurídico; esto es, determinar si el Concejo que inició el periodo institucional tenía competencia funcional para desarrollar la etapa objetiva del concurso, expuso que los actuales concejos podrían llevar a cabo las fases de convocatoria y de reclutamiento, que son objetivas, las cuales no se ven afectadas porque las realice la corporación saliente o la entrante. Por el contrario, los concejos que inician periodo el 1º de enero del próximo año, deberán tener reservados para ellos el componente subjetivo (entrevista) y la elección, de manera que se respete la competencia que les asigna la ley. En virtud de lo anterior, concluyó que el Concejo es la corporación competente para elegir, mediante concurso de méritos al Personero del respectivo municipio, y por tanto, es el llamado para estructurar y adelantar dicho proceso; en consecuencia, si los miembros salientes no alcanzan a concluir su fase objetiva o dicha etapa adolece de vicios, le corresponderá al Concejo que inicia el periodo

institucional, adelantar todas las gestiones necesarias para tramitar, sanear y culminar dicho proceso. El tercer problema jurídico sobre la incompetencia de la Mesa Directiva, expuso su no prosperidad, pues, los miembros directivos del nuevo Concejo tenían plena autorización de la plenaria de la Corporación, para sanear el proceso y modificar la convocatoria que reglamentó el concurso público de méritos de conformidad con las previsiones del Decreto 1083 de 2015. Sobre el cuarto problema jurídico; esto es, consentimiento, previo y expreso de los participantes del concurso, en su entender, bajo los parámetros jurisprudenciales vigentes, es claro que para poder afirmar que una persona que 6 Resolución No. 21.2.22-032 del 10 de enero de 2020, aclarada por la Resolución No. 21.2.22.046 del 17 de enero de 2020. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 participe en un concurso público tenga una situación jurídica consolidada, es menester que el trámite haya finalizado, y haya adquirido firmeza la correspondiente lista de elegibles.

Señala el a quo que no se vulnera el derecho al debido proceso de los participantes, dado que si bien al momento en que la Mesa Directiva, determinó dejar sin efectos todos los actos de trámite y actuaciones surtidas con posterioridad a la Convocatoria, hasta que fuera contratada una universidad o

institución de educación superior especializada en procesos de selección, se había agotado el 90% de las etapas del concurso que conformaba el componente objetivo; sin embargo, no se había conformado la lista de elegibles, que constituye el acto definido dentro de dicha actuación administrativa; pues no se concretó la etapa subjetiva del concurso, correspondiente a la entrevista. Es decir, no se había finalizado el trámite. Igualmente, advirtió que la Sección Quinta en el auto del 12 de noviembre de 20207, determinó que la Mesa Directiva, no acudió a la figura de la Revocatoria Directa contra los actos dictados en desarrollo del concurso, dado que estaba claro que apeló expresamente al mecanismo de corrección de las irregularidad previsto en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, el cual se trata de una modalidad de saneamiento de los errores en que haya podido incurrir la actuación administrativa para ajustarla a la legalidad y procurar la expedición de un acto definitivo que esté acorde al derecho, lo cual hace que en sus precisos alcances no pueda asimilarse a la Revocatoria Directa. En este sentido, expone el a quo que el artículo 97 del CPACA, no aplica, tal como lo pretende la parte demandante, pues se repite, una vez el Concejo, a través de su Mesa Directiva, dejó sin efecto todos los actos surtidos con posterioridad a la convocatoria, y en consecuencia modificó y ajustó la misma, aún no había culminado el proceso, pues, no se había conformado la lista de elegibles, la cual, es la que constituye el acto administrativo definitivo, pues crea situaciones jurídicas particulares y concretas respecto de quienes la conforman.

7 Mediante esta providencia se confirma el auto que no accede la suspensión provisional. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 11 Ahora resulta pertinente indicar, esboza el a quo, que no se advierte que con las modificaciones, se hubiera afectado el derecho al debido proceso y el principio de confianza legítima de los concursantes, pues la parte demandante no probó que dichas modificaciones no hubieran sido publicitadas o conocidas plenamente por éstos; por el contrario, se advierte que en la Resolución por medio del cual se corrige y ajusta la Convocatoria inicial, se dispuso que el cronograma del proceso empezaba con su publicación, lo que por demás también se verifica en la página oficial del Concejo Distrital de Cali. Sobre el quinto problema jurídico; esto es, si en desarrollo de la facultad de saneamiento prevista en el artículo 41 del CPACA, podía el Concejo apoyarse en la falta de idoneidad del operador, para dejar sin efecto la convocatoria anterior, recuerda que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 prevé la posibilidad para que las entidades públicas de oficio y antes de que culmine el procedimiento administrativo, corrijan las irregularidades presentadas a fin de evitar la configuración de una situación contraria a derecho, en garantía del principio de legalidad. En el presente caso, se señala, la Mesa Directiva saneó el procedimiento, por la

advertencia y recomendaciones del Procurador Regional del Valle del Cauca, sobre el trámite del concurso, por una presunta falta de idoneidad del operador8 y la revisión de sus estatutos, permitió establecer, que si bien contaba con la capacidad jurídica de celebrar contratos y con la experiencia específica en selección de personal, su objeto social y estatutos no expresaban de forma literal sobre el desarrollo de procesos de selección de personal, existiendo un evento de fuerza mayor, lo que hacía necesario corregir la actuación administrativa y ajustarla a derecho con fundamento en el artículo 41 del CPACA en procura de prevenir un daño antijurídico. Visto todo lo anterior, señala el a quo que el Concejo podía acudir a la figura de corrección de irregularidades en las actuaciones administrativas contemplada en el precitado artículo para sanear el trámite que se había surtido en desarrollo del concurso público por falta de idoneidad y capacidad jurídica del operador para 8 Fundación Universidad del Valle. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 efectuar dicho proceso de selección, con el fin de evitar una decisión definitiva, -en este caso la conformación lista de elegibles-, que no se ajustara a derecho.

Señaló además, que era claro que si el trámite del concurso se efectúa, a través de una entidad carente de facultad para llevar a cabo dicho proceso, en virtud de que su objeto social o los documentos de su constitución no determinan la

realización, apoyo o gestión a procesos de selección de personal, puede viciar el acto de elección de Personero; pues dicha irregularidad, tiene la potencialidad de alterar el resultado del concurso y por tanto la lista de elegibles. Sin perjuicio de lo anterior, resalta, que si bien, sólo debía analizar la legalidad del acto acusado, bajo el estudio de los actos preparatorios y de trámite que precedieron dicha designación, y no sobre la idoneidad de la Fundación Universidad del Valle, pues el trámite surtido por dicha Fundación fue dejado sin efectos, en su entender, resultaba pertinente señalar que de acuerdo a sus estatutos y el certificado de existencia y representación, no podía considerarse como una entidad especializada en procesos de selección de personal, pues su objeto social u objetivos específicos no contienen la realización, apoyo o gestión a dichos procesos. Sobre el sexto problema jurídico, encontró acreditado que, según los Estatutos Generales de la Universidad del Valle, esta es un ente u