PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Derecho disciplinario conducta atipica

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirma la sanción que declaró responsable al rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y le impuso suspensión por el término de un mes RECURSO DE APELACIÓN-Contra fallo de primera que sancionó con suspensión al rector de la institución universitaria politécnico jaime isaza Cadavid SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO-Competencia De conformidad con el numeral 2 literal b) del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, a la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento se le asignó, entre otras funciones, la competencia para conocer de los recursos de apelación que se presenten en los procesos de conocimiento de las procuradurías delegadas de juzgamiento, excepto en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular. RECURSO DE APELACIÓN-Para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación CONDUCTA ATÍPICA-Desprovista de ilicitud sustancial y culpabilidad/CONDUCTA TÍPICA-Ilicitud sustancial y culpabilidad Según los fines de la investigación disciplinaria, el propósito de la presente actuación consistió en verificar las presuntas irregularidades cometidas por el disciplinable en su condición de rector de la Institución Educativa Jaime Isaza Cadavid al efectuar pagos de cervezas, propinas, y plumas o estilógrafos de marca con los recursos del presupuesto de la entidad, utilizando la tarjeta de crédito que estaba bajo su cargo. El cargo único

formulado fue el siguiente: [E]n su condición de Rector de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid “PCJIC”, para la época de los hechos, posiblemente incumplió el artículo 10 del capítulo IV <<FIESTAS, AGAZAJOS y CONMEMORACIONES>> de la Resolución Rectoral No. 201200000633 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se adoptan medidas de austeridad y eficiencia en el gasto; cuando efectuó pagos por concepto de cervezas, propinas y compra de plumas o estilógrafos de marca, con la tarjeta de crédito MasterCard Bancolombia No. 53037341776143-09 de la institución (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid), que no se ajustan a los objetivos y fines establecidos por la misma entidad, para el uso de la tarjeta de crédito asignada a la rectoría y para la austeridad en el gasto. Y de esta manera al parecer, no utilizó debida y racionalmente los bienes, ni los salvaguardó para los fines destinados. DERECHO DISCIPLINARIO-Finalidad Sobre la finalidad del derecho disciplinario en el Estado colombiano, la Corte Constitucional en Sentencia 030 del 01 de febrero 2012, M.P Luis Ernesto Vargas Silva, señaló lo siguiente:…El derecho disciplinario constituye un derecho-deber que comprende el conjunto de normas, sustanciales y procedimentales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia Radicación N° 161-8384

de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. Su finalidad, en consecuencia, es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos, y es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables… ANTIJURIDICIDAD-En el derecho disciplinario/ANTIJURIDICIDAD-Del ilícito disciplinario De otra parte, la antijuridicidad en el derecho disciplinario, conforme al artículo 5° de la Ley 734 de 2002, siempre deberá observarse acorde con la conducta del servidor público, aun cuando no produzca un resultado concreto; pero en todo caso debe ser contraria o desconocer un deber funcional que atente contra el buen funcionamiento del Estado o los fines que este persigue, siempre y cuando se demuestre que no actuó bajo alguna de las causales excluyentes de responsabilidad disciplinaria señaladas en el artículo 28 ibidem. En cuanto a la antijuridicidad del ilícito disciplinario, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente: FALTA DISCIPLINARIA-La afectación del deber funcional que le asiste de acatar La Sala destaca que la tarjeta de crédito utilizada con cargo al presupuesto de la institución era para uso exclusivo de asuntos relacionados con actividades propias de su

misión y en beneficio de la comunidad académica, de allí su actuar contrario a los fines y propósitos de la función, y como fue demostrado, no solo se hicieron pagos para la compra de plumas o estilógrafos de marca, como lo aseguró la defensa, sino que también fueron realizados gastos ajenos al propósito educativo, como lo fueron los pagos por concepto de cervezas y propinas, que no corresponden a los objetivos sociales de la institución. Ahora, si bien es cierto que parte del valor gastado fue reintegrado en la suma de $914.753 por concepto de consumos, costos de plumas y bolígrafos destinados, según la defensa, para la firma de numerosos diplomas y actas referente a la funcionalidad de la rectoría y otras dependencias administrativas, para la Sala no resulta justificado el actuar del disciplinable, teniendo en cuenta que no se necesitaba de bolígrafos de marcas especiales para estampar una firma. En efecto, un bolígrafo de bajo costo cumple esa misma finalidad, ello, siempre y cuando fuese el único gasto realizado PRINCIPIO DE TIPICIDAD-Jurisprudencia Sobre el principio de tipicidad, la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2012 señaló:…La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; y (ii) la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse; aspecto éste que se orienta a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder

sancionatorio que le es propio… Conforme a lo anterior, para esta Sala resulta más que acertado la conclusión a la que llegó el a quo tras concluir que está probado que el investigado incumplió el artículo 10 de la Resolución rectoral No. 201200000633 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se adoptaron medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, cuando decidió efectuar 2 Radicación N° 161-8384 pagos por concepto de cervezas, propinas y plumas o estilógrafos de marca con cargo a la tarjeta de crédito MasterCard Bancolombia No. 53037341776143-09 a nombre de la institución educativa Jaime Isaza Cadavid de la cual era su rector. ADECUACIÓN TÍPICA-Incumplimiento de lo previsto en la Resolución rectoral En efecto, la conducta del disciplinable se adecuó de manera acertada en el incumplimiento del deber descrito en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (hoy recogido en el artículo 38, numeral 1 de la Ley 1952 de 2019), por incumplimiento de lo previsto en la Resolución rectoral n.° 201200000633 del 28 de septiembre de 2012, quedando por descartado el argumento de apelación referido a la atipicidad de la conducta. A su vez, esta resultó sustancialmente ilícita, en la medida en que con el incumplimiento del deber o función que el cargo le imponía se vulneraron los principios de moralidad y responsabilidad de la función pública, tal y como fue considerado por la Delegada a quo. IMPUTACIÓN SUBJETIVA-Se confirma a título de culpa grave

Finalmente, la Sala confirma la imputación subjetiva a título de culpa grave, dado el actuar negligente del implicado en el uso de los recursos de la entidad, pues siendo el rector el represente legal y responsable de la dirección de la institución educativa inobservó el cuidado necesario que le exigía su cargo para advertir que los gastos efectuados por concepto de propinas, cervezas y bolígrafos de marca, no se corresponden con las medidas de austeridad y eficiencia de los recursos, consagradas en la normativa interna de la propia institución. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN-Resulta proporcional aquella impuesta al disciplinable 3 Radicación N° 161-8384 Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintidós (2022) Aprobado en Acta de Sala N° 14 Radicación N° IUS-2014-178281 - IUCD-2016-21-795491 (161-8384)

Disciplinado: GILBERTO DE JESÚS GIRALDO BUITRAGO.

Rector de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime

Cargo y Entidad: Isaza Cadavid.

Martha Cecilia Lasso Peña – Vicerrectora Institución Universitaria

Quejoso: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Fecha Hechos: Vigencia de 2012 a 2014

Resuelve recurso de apelación contra el fallo sancionatorio - Confirma Asunto: decisión.

P.D. Ponente: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO PARA TRATAR La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento decide el recurso de apelación1 interpuesto por el defensor de Gilberto de Jesús Giraldo

Buitrago, contra el fallo de primera instancia mediante el cual la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública con funciones de juzgamiento, el 20 de enero de 2022 lo sancionó con suspensión de un (1) mes, como rector de la Institución Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

II. HECHOS INVESTIGADOS La indagación se inició con ocasión del escrito presentado el 9 de abril de 2015, por la doctora Martha Cecilia Lasso Peña, vicerrectora de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, quien dio cuenta de la comisión de posibles irregularidades en gastos efectuados con la tarjeta de crédito institucional avalados por Gilberto de Jesús Giraldo Buitrago, rector de ese claustro académico y Erika María Tobón Rivera, quien para la época era contratista de prestación de servicios profesionales.

III. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto del 27 de julio de 2016, la Procuraduría Regional de Antioquia adelantó indagación preliminar2 y con decisión del 3 de marzo de 2017 ordenó la apertura de investigación disciplinaria3 en contra de Gilberto 1 Folios 38 a 40 del Cuaderno Principal 3. 2 Folios 105 Cuaderno Principal 1. 3 Véanse folios 182 al 188 Cuaderno Principal 2.

4 Radicación N° 161-8384 de Jesús Giraldo Buitrago, rector de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y decretó la terminación y archivo de la actuación en favor de Erika María Tobón Rivera tras demostrarse que no

estaba en cumplimiento de funciones públicas. Luego de practicarse las pruebas ordenadas, y vencido el término de la investigación con auto del 18 de mayo de 2021 se dispuso el cierre4. Con decisión de mayo 24 del mismo mes y año se profieren cargos en contra de Gilberto de Jesús Giraldo Buitrago, así: [E]n su condición de Rector de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid “PCJIC”, para la época de los hechos, posiblemente incumplió el artículo 10 del capítulo IV <<FIESTAS, AGAZAJOS y CONMEMORACIONES>> de la Resolución Rectoral No. 201200000633 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se adoptan medidas de austeridad y eficiencia en el gasto; cuando efectuó pagos por concepto de cervezas, propinas y compra de plumas o estilógrafos de marca, con la tarjeta de crédito MasterCard Bancolombia No. 53037341776143-09 de la institución (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid), que no se ajustan a los objetivos y fines establecidos por la misma entidad, para el uso de la tarjeta de crédito asignada a la rectoría y para la austeridad en el gasto. Y de esta manera al parecer, no utilizó debida y racionalmente los bienes, ni los salvaguardó para los fines destinados. Las circunstancias de modo y de lugar quedaron mencionadas: El presunto hecho censurable disciplinariamente, consistente en la conducta que acaba de indicarse, ocurrió entre la vigencia 2012 y 2014 (en esta fecha se hizo

los pagos), (tiempo); en la ciudad de Medellín – Antioquia (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid), (lugar). Frente a los cargos reprochados, la defensa presentó descargos, realizando peticiones probatorias5, y mediante decisión del 11 de junio de 2021 fueron autorizadas las pruebas solicitadas6. Al superarse la etapa de cargos y realizar su notificación, con auto del 19 de julio de 20217 el proceso fue remitido por la Procuraduría Regional de Antioquia al reparto de las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario, conforme a lo previsto en la Resolución n.° 217 del 14 de julio de 2021. El asunto le correspondió a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública con funciones de juzgamiento, donde mediante auto del 28 de septiembre del 20218 se avocó el conocimiento y corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión. Por parte de la defensa del disciplinable se presentaron los alegatos conclusivos previos al fallo de primera instancia9, y mediante auto del 20 de 4 Folios 205 ídem. 5 Folios 223 a 225 ídem. 6 Folios 239 a 240 ídem. 7 Folio 250 ídem. 8 Folio 1 cuaderno principal 3 9 Folios 6 a 10 ídem 5 Radicación N° 161-8384 enero de 2022 el procurador delegado para la moralidad pública dictó el fallo de primera instancia10 mediante el cual sancionó al disciplinable con suspensión por el término de un (1) mes convertida a salarios.

La defensa presentó el recurso de apelación11 contra la decisión sancionatoria, el cual se concedió mediante auto del 02 de febrero de 202212. El expediente fue recibido en esta Sala Ordinaria de Juzgamiento, según constancia secretarial del 09 de febrero de 2022.13

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO PRIMARIO Mediante decisión del 20 de enero de 2022, el procurador delegado para la moralidad pública luego de valorar el asunto conforme a las pruebas allegadas, decidió sancionar al disciplinable Gilberto de Jesús Giraldo Buitrago en calidad de rector de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para la época de los sucesos investigados, al demostrarse que durante las vigencias de los años 2012, 2013 y 2014 realizó pagos con la tarjeta de crédito y presupuesto de la entidad en asuntos ajenos a la finalidad educativa, consistentes en pagos de cerveza, vinos, propinas y la compra de plumas o estilógrafos de marca.

Sobre el cargo formulado, la falta fue calificada como grave conforme al artículo 34, numerales 1, 4 y 21 del C.D.U, y se atribuyó a título de culpa grave, por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime en sus actuaciones (art. 44 idem), teniendo como referente la Resolución Rectoral No. 201200000633 del 28 de septiembre de 2012, norma que rige para esa institución educativa sobre medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, que dispone: ARTÍCULO DÉCIMO: Celebraciones. Queda prohibida la realización de

reuniones, recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, con cargo a los recursos de la institución que no tenga por objeto el cumplimiento de la misión institucional. Los programas de Bienestar Laboral incluirán en sus actividades reuniones que permitan la lúdica, recreación o integración de los servidores públicos, o de estos y de sus familias y estudiantes.

PARÁGRAFO: Se exceptúan de esta disposición los gastos que efectúe el Rector por relaciones públicas, siempre y cuando se relacionen con el objetivo social de la institución, con criterios de racionalidad en el gasto.

Se podrán realizar gastos en actividades tales como la jornada politécnica, actos de graduación, actos de distinciones y reconocimientos a quienes por su labor enaltezcan o hayan enaltecido el nombre de la institución, estas actividades serán aprobadas por el Rector. 10 Véanse los folios 12 al 23 ídem. 11 Folios 38 a 40 ídem. 12 Folio 41 ídem. 13 Folios 48 ídem. 6 Radicación N° 161-8384 El a quo consideró que aunque en las declaraciones rendidas, incluso en la versión del disciplinable, se adujo que la compra de estilógrafos de marca fue para la firma de los diplomas y actas, ello no justifica la adquisición de artículos suntuosos, pues resulta contrario a los criterios de racionalidad del gasto contenidos en la mentada resolución rectoral; destacando que el encargado del buen uso de la tarjeta de crédito institucional ha debido comprar esferos de menor valor. Sostuvo que de acuerdo con las labores investigativas realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de esta entidad se

demostró que los gastos relacionados por concepto de propinas y compra de plumas o estilógrafos de marca no se ajustan a los objetivos y fines establecidos, cuya suma ascendió a un total de $2.427.326. Ahora, si bien es cierto se constató que el disciplinable reintegró dineros por valor de $914.753, por concepto de pagos de cervezas, vino, propinas y compras de plumas, a juicio de la Delegada, ello no se ajusta a los objetivos y fines establecidos para el uso de la tarjeta de crédito institucional. Además, porque se detectó un faltante final por la suma de $1.512.573. En cuanto al análisis de la ilicitud sustancial se precisó que el ámbito de protección del derecho disciplinario es el cumplimiento de los deberes funcionales impuestos a los servidores públicos por razón del ejercicio de la función pública, condicionada a su imperativo cumplimiento por virtud de la subordinación del servidor con el Estado (Art. 6°, 123 y 209 superior), explicando su quebrantamiento formal y material. El a quo concluyó que el disciplinable se apartó de la norma subjetiva de determinación sin justa causa, desconociendo el cumplimiento de sus obligaciones misionales y funcionales, es decir, las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, al efectuar pagos por concepto de propinas y compra de estilógrafos que no se ajustan a los objetivos y fines establecidos por la institución en la Resolución No.201220000633 del 28 de septiembre de 2012. Por último, destacó que la responsabilidad disciplinaria es independiente del juicio fiscal, pues ambas entidades persiguen fines distintos; ello según la

petición de archivo del defensor, apoyado en su conclusión de que no hubo detrimento patrimonial.

V. ARGUMENTOS DEL RECURSO El defensor del sancionado presentó recurso de apelación dentro de la oportunidad procesal, pidiendo revocar la sentencia de primer grado, y en su lugar, absolver a su representado.

Destacó que el a quo al realizar el análisis sobre la inexistencia de la tipicidad en la conducta por él pregonada, determinó que no se probó la 7 Radicación N° 161-8384 existencia de gastos enmarcados en consumo de cerveza y propinas, cargas probatorias atribuidas al ente investigador, lo que desemboca, según su juicio, que frente a la imputación no se determina una conducta típica desde el punto de vista disciplinario. Manifiesta que en las pruebas testimoniales practicadas quedó claro que su prohijado utilizó de manera correcta y con austeridad los recursos de la institución educativa, en especial, dio estricto cumplimiento al artículo 10 de la mentada resolución rectoral. Pide que se verifique que la compra de lapiceros o plumas con la tarjeta de crédito institucional está relacionada con el objeto social de la entidad, como lo es la educación superior pública, sin que existan sobrecostos en su adquisición, mucho menos, que fueran de carácter suntuario o desproporcionado de acuerdo con el mercado. Señala que el a quo hizo un ejercicio de carácter subjetivo bajo el supuesto alto costo de las plumas o bolígrafos al indicar que las adquiridas eran de carácter suntuoso y desmedido frente al gasto, cuando dijo que debió

comprarse unas de menor valor. Indicó que ese análisis no es suficiente para tipificar la conducta, mucho menos la responsabilidad y culpabilidad de su representado, porque la compra se enmarca en la excepción de la mentada resolución, y mantener como típica la conducta que se reprocha por la compra de plumas no debe ser lo determinante para imponer la sanción. Asevera que las excepciones del parágrafo de la Resolución rectoral señalan que los gastos deben estar relacionados con el objeto social de la institución, y nada más tiene relación con dicho objeto que la misma compra de plumas o bolígrafos. Advierte que los precios pagados se ajustan al medio comercial sin que resulten suntuarias o exageradamente onerosas, máxime que los gastos que justifican la compra de bienes muebles son de carácter enunciativo y no taxativo cuando se indica: “…se podrán realizar gastos en actividades tales…”. Si ello es así, no solo se deben hacer las compras incluidas en el parágrafo, sino todas aquellas que estén en relación con ellas y es desde esa óptica que habrá de entenderse que la conducta desplegada es atípica. Destacó que, no está demostrado que su cliente haya hecho compras distintas a la adquisición de plumas, y ajenas al acto administrativo que él mismo expidió sobre la austeridad del gasto, por lo que solicita su absolución. Dijo que la conducta no debe ser reprochable porque el actuar del rector estuvo conforme al ordenamiento jurídico, y en especial, a las limitaciones que él mismo estableció frente a la austeridad del gasto institucional. 8

Radicación N° 161-8384

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA

DE JUZGAMIENTO.

6.1 Competencia. De conformidad con el numeral 2 literal b) del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 200014, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, a la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento se le asignó, entre otras funciones, la competencia para conocer de los recursos de apelación que se presenten en los procesos de conocimiento de las procuradurías delegadas de juzgamiento, excepto en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular. Hecha la anterior precisión se estudiará el recurso interpuesto aclarando que a la luz del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esta colegiatura es competente para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. 6.2 Caso concreto. Tras estudiar la decisión primaria sobre la sanción que pretende la defensa sea revocada, la Sala centrará su análisis en determinar si se encuentra ajustada frente a los hechos reprochados o, por el contrario, si la conducta es atípica, está desprovista de ilicitud sustancial y culpabilidad, conforme lo manifiesta el recurrente, veamos: Según los fines de la investigación disciplinaria, el propósito de la presente actuación consistió en verificar las presuntas irregularidades cometidas por el disciplinable en su condición de rector de la Institución Educativa Jaime Isaza Cadavid al efectuar pagos de cervezas, propinas, y plumas o

estilógrafos de marca con los recursos del presupuesto de la entidad, utilizando la tarjeta de crédito que estaba bajo su cargo. El cargo único formulado fue el siguiente: [E]n su condición de Rector de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid “PCJIC”, para la época de los hechos, posiblemente incumplió el artículo 10 del capítulo IV <<FIESTAS, AGAZAJOS y CONMEMORACIONES>> de la Resolución Rectoral No. 201200000633 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se adoptan medidas de austeridad y eficiencia en el gasto; cuando efectuó pagos por concepto de cervezas, propinas y compra de plumas o estilógrafos de marca, con la tarjeta de crédito MasterCard Bancolombia No. 53037341776143-09 de la institución (Politécnico Colombiano Jaime 14 Decreto Ley 262 de 2000. ARTÍCULO 22. COMPETENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021. Entra a regir el 29 de marzo de 2022. […]

2. Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento tiene las siguientes

competencias: […] b) Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten en los procesos de conocimiento de las procuradurías delegadas de juzgamiento, excepto en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular. […]. 9 Radicación N° 161-8384

Isaza Cadavid), que no se ajustan a los objetivos y fines establecidos por la misma entidad, para el uso de la tarjeta de crédito asignada a la rectoría y para la austeridad en el gasto. Y de esta manera al parecer, no utilizó debida y racionalmente los bienes, ni los salvaguardó para los fines destinados. Las circunstancias de modo y de lugar quedaron mencionadas: El presunto hecho censurable disciplinariamente, consistente en la conducta que acaba de indicarse, ocurrió entre la vigencia 2012 y 2014 (en esta fecha se hizo los pagos), (tiempo); en la ciudad de Medellín – Antioquia (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid), (lugar). Sea lo primero precisar que nuestro ordenamiento jurídico prevé un sistema de responsabilidad personal e individual aplicable a todos los servidores públicos, y aquellos sujetos que cumplen funciones públicas de carácter permanente o transitorio. Siendo ello así, quienes se encuentren al servicio del Estado están obligados a observar los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, atender las funciones y servicios inherentes a su cargo, actuar acorde con los principios que rigen el buen ejercicio de la función pública (art. 209 de la Constitución Política y art. 22 de la Ley 734 de 2002) con respeto por los derechos y garantías frente a los asociados, y responder por sus acciones, omisiones o extralimitaciones cometidas en el ejercicio de las funciones encargadas por el Estado (art. 6 de la Constitución). Sobre la finalidad del derecho disciplinario en el Estado colombiano, la Corte Constitucional en Sentencia 030 del 01 de febrero 2012, M.P Luis

Ernesto Vargas Silva, señaló lo siguiente: …El derecho disciplinario constituye un derecho-deber que comprende el conjunto de normas, sustanciales y procedimentales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. Su finalidad, en consecuencia, es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos, y es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables… De otra parte, la antijuridicidad en el derecho disciplinario, conforme al artículo 5° de la Ley 734 de 2002, siempre deberá observarse acorde con la conducta del servidor público, aun cuando no produzca un resultado concreto; pero en todo caso debe ser contraria o desconocer un deber funcional que atente contra el buen funcionamiento del Estado o los fines que este persigue, siempre y cuando se demuestre que no actuó bajo alguna de las causales excluyentes de responsabilidad disciplinaria señaladas en el artículo 28 ibidem. 10 Radicación N° 161-8384 En cuanto a la antijuridicidad del ilícito disciplinario, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente: 15

…ésta se concreta en la infracción del deber funcional de donde surge la responsabilidad del servidor público mediante la demostración de su acción u omisión que afecte el ejercicio de las funciones asignadas por la Constitución, la Ley o el reglamento, precisando que, en el derecho disciplinario lo contrario a derecho no se predica de bienes jurídicos como sucede en el derecho penal, sino de la actividad estatal afectada por la falta... Por lo tanto, cuando un servidor público en ejercicio o por razón del cargo realiza un comportamiento contrario a derecho en forma injustificada, comete falta disciplinaria, pues se trata de la afectación del deber funcional que le asiste de acatar, obedecer, respetar sobre el ejercicio del cargo o función que realiza para el Estado. Al analizar el caso, se demostró que el disciplinable Gilberto de Jesús Giraldo Buitrago, en su condición de rector de la Institución Educativa Jaime Isaza Cadavid, al realizar pagos con la tarjeta de crédito con cargo al presupuesto de dicho plantel educativo y por fuera de los fines netamente académicos, actuó contrario a la resolución rectoral que reglamentó las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, por lo que se logró verificar que no utilizó debida y racionalmente los bienes que estaban bajo su cargo. Por el contrario, los usó para propósitos totalmente distintos a los fines de la entidad. La Sala destaca que la tarjeta de crédito utilizada con cargo al presupuesto de la institución era para uso exclusivo de asuntos relacionados con actividades propias de su misión y en beneficio de la comunidad académica, de allí su actuar contrario a los fines y propósitos de la función, y como fue

demostrado, no solo se hicieron pagos para la compra de plumas o estilógrafos de marca, como lo aseguró la defensa, sino que también fueron realizados gastos ajenos al propósito educativo, como lo fueron los pagos por concepto de cervezas y propinas, que no corresponden a los objetivos sociales de la institución. Al respecto, la Dirección Financiera de la institución educativa arrimó al proceso todos los soportes y avales realizados con la tarjeta de crédito a cargo del Rector para gastos relacionados con su funcionamiento y no para que el responsable de su uso la utilizara en la compra de cervezas y propinas que nada tienen que ver con los fines misionales, contrariando así las medidas de austeridad y eficiencia sobre el gasto educativo. En ese orden de ideas, el rector como máxima autoridad del plantel educativo desatendió el deber que le exigía el cargo al malgastar los recursos de la entidad de una manera desproporcionada y por fuera de los propósitos educ