PGN - RECURSO DE APELACION - El accionante debe hacer mención de los argumentos planteados

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que ordena retiro del servicio por supresión del cargo SUPRESIÓN DE CARGO-Por reestructuración de planta de personal SUPRESIÓN DE CARGO-Derechos del empleado de carrera administrativa PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Concepto/RECURSO DE APELACIÓNFinalidad RECURSO DE APELACIÓN-El accionante debe hacer mención de los argumentos planteados en primera instancia Ante la contundente evidencia de ello, es claro que no se infiere la nulidad de la actuación administrativa de reestructuración, vía modificación de la planta de personal, llevada a cabo por le municipio, como lo pretende el recurrente. Con todo, menester se hace puntualizar que este particular ataque sólo viene a hacer presencia en la alzada interpuesta contra el fallo de primera instancia, ya que ni en la oportunidad primigenia de presentación de la demanda (fls. 26 a 42), ni en el de fijación en lista (fl. 53), el accionante hizo mención de esa presunta causal de invalidez, y, así las cosas, no es atendible un argumento tardío y/o extemporáneo porque iría en contra de los derechos al debido proceso de la contraparte contra quien se esgrime, a más que constituiría, en la práctica, la fijación de una nueva etapa procesal no prevista para las ritualidades del ordinario por el Código Contencioso Administrativo. RECURSO DE APELACIÓN-Revisión en segunda instancia con análisis ponderado y juicio jurídico Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 204 – 2014 13 – VI - 1014

SIAF: 2014-190031

S e ñ o r e s

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERA PONENTE: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ de PÁEZ

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. 680012331000200201142 01

(R. I. 4658/2013)

ACTOR : CIPRIANO SANDOVAL MENDOZA C. C.

91.341.542

DEMANDADO : MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO

ASUNTO : Concepto del Ministerio Público 2ª Instancia

TEMA : SUPRESIÓN CARGO

I. INTRODUCCIÓN La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, en oportunidad legal, conceptúa en el referido proceso, que conoce la Sección Segunda, Subsección “B”, con ocasión de la alzada interpuesta por la parte demandante contra la providencia de primera instancia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander -Sala de Descongestión-, el día veintidós (22) de agosto de 2013, mediante la cual denegó las súplicas propuestas, a través de apoderada judicial especial, ex servidor del ente

local demandado, señor CIPRIANO SANDOVAL MENDOZA.

II. ANTECEDENTES La parte accionante, mediante apoderada judicial especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, (art. 85 C.C.A.)1, formuló demanda, el día seis (6) de mayo de 2002 (fl. 43, al respaldo) ante el citado tribunal, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: 2. 1. Proclamas “1. Que se declare la Nulidad Parcial del Decreto No. 0087 del 21 de diciembre de 2001, expedido por el Alcalde Municipal de Piedecuesta, por el cual se establece la nueva planta de personal de la Administración Central Municipal de la Alcaldía de Piedecuesta y se dictan otras disposiciones, nulidad que se depreca solo en su “Artículo 5°: TRANSITORIO” en lo que hace referencia a la supresión condicionada del cargo de CIPRIANO SANDOVAL MENDOZA, CÓDIGO 605, GRADO 01, mientras se levanta su fuero sindical”. 2. Que se inaplique, por vía de excepción, el Decreto 082 del 1 Preceptiva adjetiva a tener en cuenta por la fecha de presentación de la demanda y en acatamiento a lo normado por el artículo 308 del Copaca –Ley 1437/11. -18 eneroProc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta 21 de diciembre de 2001, expedido por el Alcalde Municipal de Piedecuesta, por el cual se adopta el estudio técnico de la reestructuración administrativa de la Administración central de Municipio de Piedecuesta, inaplicación que se solicita especialmente respecto de su artículo primero cuya parte pertinente a continuación se transcribe: “ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el estudio técnico de la Reestructuración Administrativa de la Administración Central de Piedecuesta, con todos sus anexos, los cuales hacen parte integral del presente estudio”. 3. Que se declare la Nulidad Parcial de la Resolución No. 00551 del 21 de diciembre de 2001, expedida por el Alcalde Municipal de Piedecuesta, “Por la cual se hace la incorporación de funcionarios a la nueva planta de cargos de la Administración Central del Municipio de Piedecuesta”, nulidad que se depreca solo en lo concerniente a la no incorporación del Actor, en un cargo de Auxiliar de Servicios Generales de igual nomenclatura que existe en dicha planta de personal, que por disposición legal le corresponde en razón de los derechos de carrera”. 2. 2. Reparación A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de lo formulado en precedencia, la parte demandante deprecó el reintegro, sin solución de continuidad y al pago, indexado y en los términos establecidos en el artículo 176 y siguientes, del Código Contencioso Administrativo, de “los sueldos, primas, vacaciones y demás emolumentos, dejados de percibir, inherentes al Cargo de “Auxiliar de Servicios Generales”, Código 605, Grado

01, con retroactividad a la fecha de la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reincorporada, incluyendo el porcentaje de aumento salarial aplicado a los empleos de esta naturaleza en el Municipio de Piedecuesta”. 2. 3. Preceptiva transgredida y el concepto del quebrantamiento Si bien es cierto, el libelista diferenció la nulidad de los actos de supresión de la del acto de incorporación, mencionó como causales comunes las de infracción de norma superior, desvío de poder y expedición irregular -pero en ésta también argumentó la de falta de motivación-, mas para el tema de incorporación agregó la de violación del debido proceso, y respecto de cada uno de ellos desarrolló el criterio de violación, manifestando, en lo pertinente: “...En desarrollo del principio de legalidad, presupuesto natural de todo Estado Social de Derecho, el Municipio de Piedecuesta estaba obligado a ajustar su conducta a la estructura normativa jerárquicamente dispuesta, en virtud a que los Actos Administrativos están condicionados por el precepto inmediatamente superior, como lo es la ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios. En este punto debo ser enfática, al no contener la totalidad de los requisitos exigidos por la normatividad de la Carrera Administrativa para la modificación de las Plantas de Personal, se incurre en la VIOLACIÓN DE UNA NORMA DE CARÁCTER SUSTANCIAL, toda vez que la omisión del Estudio Técnico, para el caso específico, vulnera el ordenamiento jurídico que informa la materia y tiene la virtualidad de afectar la validez de los actos administrativos (...) El Municipio de Piedecuesta, no podía limitar ni

constreñir el libre ejercicio del derecho de asociación, tal como lo dispone el artículo 1 de la ley 443 de 1998, no obstante, en el caso de marras, se evidencia que el fin previsto en la ley, es opuesto al fin determinante que Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01 4

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta condujo la conducta del servidor público, que expidió los actos administrativos demandados. Efectivamente, la reestructuración administrativa adelantada por el Municipio, se encauso (sic) arbitrariamente a menoscabar el derecho de asociación sindical, mediante la supresión de los cargos de empleados con fuero sindical. Olvido (sic) el Alcalde, que con su proceder violentaba el derecho de sindicalización, que para el Constituyente de 1991, es un derecho fundamental, como quiera que es un elemento indispensable del Estado (...) Se evidencia el vicio de carácter formal que emana de los actos acusados, al pretermitir la etapa previa del Estudio Técnico conforme las exigencias de ley, formalidad que hace parte de la sustancia del acto, pues, si el Estudio se hubiere efectuado, la decisión administrativa hubiese variado, esto es, no se hubiera registrado en dicho acto la supresión del empleo aquí demandado. Esta omisión de las formalidades legales vigentes, lesiona los derechos protegidos legalmente a

mi Poderdante; al respecto, es importante precisar que el Artículo 9 del Decreto No. 2504 de 1998, exige que los estudios que soportan las modificaciones de la Planta de Personal, deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos: A. Análisis de los procesos técnicos, misionales y de apoyo. B. Evaluación de la prestación de servicios. C. Evaluación de las funciones asignadas, perfil y las cargas de los empleos. Adicionalmente, los actos que se impugnan fueron expedidos irregularmente, porque la Administración no plasmó en ellos las razones de orden legal o los motivos que tuvo para suprimirle el cargo y separar del servicio a mi representado; dichos actos carecen de motivación, tal como se observa en el número 40 de la Gaceta Provincial del 31 de diciembre de 2001, fecha en la que se publicaron las normas que aquí se demandan, cuyas copias se anexan a la presente demanda. La falta de motivación de estos actos administrativos implica que estos han sido expedidos irregularmente y que de la misma forma se está violando el derecho de defensa porque no se le da al particular afectado la posibilidad de conocer las razones específicas que lo separan del cargo y por ende de defenderse (...) La institución del Debido Proceso, es un Derecho de Orden Constitucional que es definido por la doctrina como la garantía que comprende el derecho material de la Ley preexistente y el procedimiento adecuado ante el funcionario investido de competencia. Ciertamente, el Debido Proceso se centra en el cumplimiento de la exigencia

que el orden jurídico impone a los órganos del Estado, en relación con los administrados, dentro de la noción de legalidad; una de estas exigencias radica en la debida fundamentación de los Actos Administrativos, máxime si afecta derechos de los particulares. Cuando el Municipio se abstiene de consignar los motivos por los que adopta la decisión de desvincular un funcionario que se encuentra en un cargo de carrera administrativa, inhibe el adecuado ejercicio de control de legalidad sobre la conducta administrativa del mismo. Con este proceder además de vulnerar flagrantemente el principio constitucional de publicidad que impone a la Entidad la obligación de consignar en el Acto Administrativo los motivos que determinaron la decisión, menoscaba el Derecho de Defensa...”. 2. 4. De los hechos Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01 5

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta Relató el memorialista, como hecho relevante a la causa incoada, que ingresó a laborar al citado ente territorial el día veintiocho (28) de junio de 1993 y fue retirado, con ocasión de la reestructuración de que dan cuenta los actos cuestionados, del empleo de Auxiliar de Servicios Generales 605-01 el veintiséis (26) de diciembre de 2001, por los motivos y las circunstancias destacados en el concepto de violación (fls. 26 a 42).

La foliatura que precede al escrito demandatorio dá cuenta del poder judicial especial (fl. 1); de la comunicación del 26 de diciembre de 2001, librada al demandante por la que el alcalde municipal le informa que, a raíz de la crisis financiera, el cargo que desempeñaba fue suprimido, pero por pertenecer a carrera administrativa tenía las opciones de solicitar reincorporación o acogerse a la indemnización de ley (fl. 2); constancia salarial: tiempo de servicio y sueldo devengado a nombre del Sr. SANDOVAL MENDOZA (fl. 3); la Resolución No. 086 de 1999 -18 de enero - : “POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UNA ASIMILACIÓN DEL CARGO” -De Auxiliar de Servicios Generales Grado 01 a Auxiliar de Servicios Generales Grado 01, Código 605, Nivel Operativo- (fl. 4); la Resolución Alcaldía Municipal Piedecuesta No. 234/93 -28 junio -: “POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD” (fl. 5); la Resolución Alcaldía Municipal Piedecuesta No. 2035/94 -28 de diciembre -: “POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA” (fl. 6); Acta de posesión calendada al veintidós (22) de 1993 (fl. 7); la Resolución No. 775/95 -13 de julio – del DAFP: por la cual se inscribe en el escalafón de la Carrera Administrativa a un empleado del Estado” (fl. 8); la Gaceta Provincial No. 0080 del 31 de diciembre de 2001 (fls. 9 a 12); apartes del Manual de

Funciones de la municipalidad (fls. 13 a 16); Resolución No. 00551 de 200121 diciembre -: “POR LA CUAL SE HACE LA INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA NUEVA PLANTA DE CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA” (fls. 17 a 21); el acta de visita especial practicada por la Personería Municipal el día 24 de enero de 2002 a la Secretaría de Hacienda Municipal y al Sisben (fl. 22); y, el acta de inspección practicada por la Inspección de Trabajo a la Alcaldía Municipal el día catorce (14) de febrero de 2002 relacionada con la reestructuración (fls. 23 a 25). La demanda se admitió por auto del treinta y uno (31) de marzo de 2003 (fls.44 - 43). El actor alegó de conclusión reiterando el argumento de prosperidad de sus súplicas y haciendo hincapié en el hecho de que ante la no contestación de la demanda ha de operar en contra de la municipalidad accionada el indicio en su contra (art.- 145 C. P. C.), como se observa a los folios 299 a 306.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El municipio de Piedecuesta, en efecto, NO respondió el libelo introductorio

(Constancia en dicho sentido, obra al folio 53), pero SÍ registró escrito de cierre, oportunidad procesal en la que se opuso a las pretensiones indicando que el proceso de reestructuración se adelantó con arreglo a lo dispuesto por la Ley 617 de 2001, y obedeció al déficit fiscal que se presentaba en mas

de un punto, tanto sus ingresos corrientes como los de libre destinación. Al Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01 6

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta referirse al caso particular de la demandante, indicó que ña reestructuración se apoyó en los respectivos estudios técnicos, como se designó en un cargo similar del que fue retirada la accionante no a un empleado afecto a carrera administrativa, como ella, sino a uno de libre nombramiento y remoción; circunstancia por la cual es de entender que la naturaleza jurídica de los empleos lo permitía; y, que la motivación viene dada por lo analizado en el estudio técnico previo que se tuvo en cuenta para sacar avante la necesaria modificación de la planta de personal que pasó de 123 servidores a 46 (fls. 290 a 293).

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Santander Sala de Descongestiónmediante providencia de fondo calendada al veintidós (22) de agosto de 2013, adoptada unánimemente, decidió resolver negativamente el fondo de la controversia, considerando, en lo sustancial, que: (i) se plasmó la razón objetiva de la reestructuración, a través del estudio técnico, y la jurisdicción contenciosa no es competente para debatir el alcance del fuero sindical, razones que sustentan la no violación de norma superior; (ii) la causa legal

de reforma de la planta de personal, consagrada en la regulación de saneamiento fiscal, es habilitante para efectuarla, por tanto, el vicio de desvío de poder, queda descartado; y (iii) la motivación, como arriba se analizó, se halla ínsita en el estudio técnico. Adujo para cada uno de tales ítems: “...se tiene que el Decreto Municipal No. 0087 de 2001 se fundamentó en la adopción que se hiciera del estudio técnico elaborado para el proceso de reestructuración de la entidad a través del Decreto Municipal No. 0082 de

2001. El mencionado estudio técnico junto con sus anexos obra en el expediente en cuaderno separado y consta que fue elaborado por el Comité Interdisciplinario conformado para esta especial función, documento en el que se incluyeron, entre otros, los siguientes puntos: “5. 3. 7. Análisis de Cargas de Trabajo...”. Además, dicho Comité señaló en el aparte denominado “CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO”, entre otros aspectos, lo siguiente: (...). Encuentra la Sala que en los estudios aportados se contempló una metodología y se definieron unos objetivos que se desarrollaron a través de un diagnóstico institucional, financiero y económico, en el que se hizo un análisis de la estructura orgánica y funcional atribuida a cada una de las dependencias del ente municipal, así como de las cargas de trabajo, del perfil de los cargos y de los alcances de la problemática fiscal que atravesaba en esa época la entidad accionada, planteando reducir la planta de personal de la administración municipal como consecuencia directa de la difícil situación económica, en aplicación de las

políticas de saneamiento fiscal exigidas por la Ley 617 de 2000 (...) En estas condiciones, no le asiste razón a la parte actora -en relación con las falencias que endilga a los estudios técnicos y a la supresión de su cargo -, por cuanto –tal como se extrajo de los mismos -, en su análisis se tuvieron en cuenta los procesos técnico-misionales y de apoyo y una evaluación de las funciones asignadas, perfiles y cargas de trabajo de los empleos, conforme a lo indicado por la norma que regula su contenido material. Sobre el desconocimiento de los derechos de carrera que alega por no ser Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01 7

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta incorporado en el cargo similar que permaneció en la planta de personal –sin manifestar en debida forma los motivos de tal decisión -, es necesario señalar que los hechos probados y el material probatorio examinado permiten acreditar, de una parte, que la incorporación de algunos funcionarios a la nueva planta de personal de la entidad accionada – efectuada a través de la Resolución No. 0551 de 2001 – se hizo en cargos distintos al desempeñado por el accionante en el momento de las supresiones, y de otra, el accionante no demostró tener mejor derecho para la incorporación con respecto a los funcionarios vinculados, puesto que no allegó prueba alguna que indique la falta de idoneidad y mérito de los

empleados que fueron nombrados. Tampoco se evidenció el incumplimiento de los requisitos necesarios para ocupar los cargos por parte de los funcionarios que se vincularon (...) Además, destaca la Sala los planteamientos hechos en los párrafos precedentes respecto a la forma cómo la entidad accionada garantizó la permanencia del demandante en la planta de personal del Municipio de Piedecuesta, el cual se mantuvo sin solución de continuidad hasta el momento de su incorporación al Departamento de Santander; por tal motivo, no puede ser de recibo que se pretenda desconocer la realidad fáctica que demuestra la inexistencia de un rompimiento definitivo de la relación jurídica que se reclama. No sobra precisar que si el demandante consideraba desconocida por la accionada su condición de aforado, ha debido acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para iniciar la acción pertinente en los términos del Código Procesal del Trabajo, pues la jurisdicción contenciosa administrativa no es competente para conocer de la acción de reintegro (...) Solo se tiene certeza, que de los 50 cargos suprimidos -según se lee del artículo 1° del Decreto 087 de 2001 - 36 eran ocupados por empleados y trabajadores con fuero sindical – artículo 5° del Decreto 087 de 2001 -, a quienes la entidad accionada dispuso tener vinculados hasta tanto se cumpliera el término de dicho fuero, o hasta tanto la autoridad judicial competente se pronunciara sobre el proceso del levantamiento, garantizando con ello la estabilidad laboral de la cual gozaban en virtud de su asociación al sindicato; en el caso particular del demandante, se le mantuvo vinculado hasta la época de su incorporación al

Departamento de Santander. Respecto del segundo argumento, se tiene que el Decreto Municipal No. 087 de 2001 no suprimió en su totalidad los empleos de Auxiliar de Servicios Generales, Código 605, Grado 01, que existían en la planta de personal, pues, se mantuvo uno de ellos en la nueva planta de personal, sin que se encuentre probado que el accionante haya tenido mejor derecho a ser incorporado en este cargo que permaneció vigente, ni allegó material probatorio que permitiera entrever la falta de idoneidad de los funcionarios que fueron vinculados; carga probatoria que le era atribuible en virtud de lo contemplado en el artículo 177 del C. P. C. (...) Sobre el particular, enfatiza la Sala, que el Decreto Municipal No. 087 de 2001 –por el cual se establece la nueva planta de personal de la administración central del Municipio de Piedecuesta -, tuvo como fundamento el Decreto Municipal No. 082 de 2001 –mediante el cual se adoptó el estudio técnico de reestructuración de personal-, y que dentro de este último se exponen expresamente las razones que conllevaron al proceso de modificación de la planta de personal y a la supresión de unos cargos, razón por la cual no se evidencia la falta de motivación que se endilga a los actos enjuiciados. Por tanto, no prospera el cargo de falta de motivación. En cuanto a la vulneración del debido proceso del accionante, Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01 8

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta debe precisarse que el material probatorio obrante en el expediente, permite establecer que la entidad demandada notificó en debida forma los actos impugnados y en particular comunicó al interesado sobre la supresión de su cargo –en virtud de lo contemplado en el artículo 5° transitorio del decreto municipal No. 0087 de 2001-, informándole en dicha oportunidad las razones que llevaron a la administración municipal a adoptar tal decisión, dándole a conocer la posibilidad de optar por la indemnización o la reincorporación a un cargo equivalente. Igualmente, se dio contestación a los escritos que dirigió a la entidad, teniendo la oportunidad de conocer el contenido de los actos y evaluar sus decisiones, para posteriormente incoar la presente acción...” (fls. 337 a 344).

V. RECURSO DE APELACIÓN El apoderado del extremo activo centró la impugnación indicando, básicamente, que a su mandante CIPRIANO SANDOVAL MENDOZA, por el hecho de pertenecer al sistema técnico de administración de personal de la

carrera administrativa “...no se le brindó las opciones de reincorporación e indemnización...” (sic. Fls. 348 a 350). La parte oficial accionada alegó de conclusión solicitando la confirmación de la recurrida sentencia, como se lee a las páginas 376 - 378.

VI. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 6. 1. Planteamiento general Considera la Procuraduría Tercera Delegada que la recurrida sentencia debe ser CONFIRMADA, pero en atención a la precisión jurídica que pasa a

desarrollarse. 6. 2. El debate Respetando el marco que le impone a esta instancia el recurso de apelación interpuesto, según, como se sabe, por lo normado por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil2, para esta Agencia del Ministerio Público el problema jurídico en el sub examine y, en esta sede de la segunda instancia, se traduce en determinar si formalmente no se le anunciaron al Sr. CIPRIANO SANDOVAL MENDOZA, como aforado relativo por pertenecer a la carrera administrativa3, las opciones legales a que se contrae la Ley 443 de 1998 y su D. R. 1752 de 1998. 6. 3. Análisis 2 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla...”. 3 Acreditada por la Resolución No. 775/1995 -13 de julio – del DAFP (fl. 8) y por la actitud, al respecto, adoptada a lo extenso de la controversia por la entidad territorial demandada. Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01 9

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta 6. 3. 1. Retiro del servicio El artículo 39 de la Ley 443 de 1998 -11 de junio -:” por la cual se expiden

normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”, dispone: “Artículo 39.- Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional...”. Se reglamentó por la previsión del artículo 135 del Decreto 1752 de 1998 que estipuló: “ARTICULO 135. Artículo modificado por el artículo 6o. del Decreto 2504 de 1998. Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades o dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra o de modificación de planta, tendrán derecho a optar por ser incorporados a empleos equivalentes conforme con las reglas de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, para lo cual debe surtirse el trámite que legalmente se adopte o por recibir la indemnización de que trata el artículo 137 de este decreto. “Mientras se produce la incorporación el registro de inscripción en carrera del ex empleado continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha incorporación a éste le será actualizada la inscripción y continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión del empleo. De no ser posible la

incorporación dentro del término señalado en la ley, el ex empleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del Registro Público de Carrera. “PARÁGRAFO. Producida la incorporación, el tiempo servido antes de la supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de aquélla, para efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales”. 6. 3. 2. El asunto en concreto Aconteció, contrario a lo aducido por el censor, que al Sr. CIPRIANO SANDOVAL MENDOZA –actor -, sí se le informó debidamente, dentro del texto de la comunicación del veintiséis (26) de diciembre de 2001, por intermedio de la cual se le puso de presente que el empleo que desempeñaba de Auxiliar de Servicios Generales, nomenclatura 605-01 había sido suprimido, de las opciones de “recibir una indemnización u optar por el derecho preferencial a ser incorporado a un cargo equivalente” (fl. 2); Proc. 3ª ante Consejo de Estado Concepto minpúblico No. 204 de 2014 Exp. No. 680012331000200201142 01 10

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Contencioso subjetivo de Cipriano Sandoval Mendoza VS. Municipio de Piedecuesta prerrogativas de los afectos a carrera administrativa tal cual lo dispusieron las disposiciones atrás transcritas. Ante la contundente evidencia de ello, es claro que no se infiere la nulidad de la actuación administrativa de reestructuración, vía modificación de la

planta de personal, llevada a cabo por le municipio de Piedecuesta, como lo pretende el recurrente. Con todo, menester se hace puntualizar que este particular ataque sólo viene a hacer presencia en la alzada interpuesta contra el fallo de primera instancia, ya que ni en la oportunidad primigenia de presentación de la demanda (fls. 26 a 42), ni en el de fijación en lista (fl. 53), el accionante hizo mención de esa presunta causal de invalidez, y, así las cosas, no es atendible un argumento tardío y/o extemporáneo porque iría en contra de los derechos al debido proceso de la contraparte contra quien se esgrime, a más que constituiría, en la práctica, la fijación de una nueva etapa procesal no prevista para las ritualidades del ordinario por el Código Contencioso Administrativo. Precedente jurisprudencial “... “SENTENCIA - Contenido. Aplicación del principio de congruencia. Finalidad / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIAAcepciones. Congruencia externa e interna / RECURSO DE APELACION - Objeto y Finalidad. No constituye una instancia para modificar y o enmendar los vacíos de la demanda ni para plantear aspectos ajenos al debate y que no fueron estudiados en la sentencia, pues ello vulnera el deber de lealtad entre las partes, el debido proceso y el derecho de defensa / SENTENCIA y RECURSO DE APELACION - Enmarcan la decisión de segunda instancia “En virtud de los requisitos previstos en los numerales 2 y 4 del artículo 137 del Decreto 01 de 1984 (lo que se demanda, la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de

violación), y en orden a que el f