PGN - RECURSO DE APELACION EN PROCESO DISCIPLINARIO - Otorga competencia para revisar únic

PROCESO DISCIPLINARIO-Incumplimiento de fallo de tutela e incidente de desacato del Gobernador del Chocó APELACION FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Contra decisión de archivo de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial COMPETENCIA DISCIPLINARIA-De la Sala Disciplinaria para conocer en segunda instancia procesos que adelanten en primera los procuradores delegados/RECURSO DE APELACION EN PROCESO DISCIPLINARIO-Otorga competencia para revisar únicamente aspectos impugnados FALLO DE TUTELA-Autoridad responsable de su incumplimiento Para esta instancia es factible concluir que, si la Gobernación del Chocó no es la entidad que tiene la obligación de pagar las acreencias laborales al señor…, por las razones esbozadas a lo largo de esta providencia, el gobernador de esa entidad territorial tampoco incurrió en irregularidad por no dar cumplimiento al fallo de tutela n.° 030 del 27 de marzo de 2006, toda vez que el acreedor a quien debe reclamar su pago es a la Asamblea Departamental del Chocó, entidad que tiene autonomía administrativa y presupuestal Entonces, lo adecuado es confirmar la decisión de archivar el proceso disciplinario, concretamente respecto de quien se instauró el recurso de apelación, el gobernador…, pero no por que carezca de la función de ordenar el pago de las acreencias, como se indicó por el a quo en la decisión de archivo, sino porque la entidad que administra no es la responsable de pagarla FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirmatorio Radicación n.° 161 – 7535

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) Aprobada en Acta de Sala No. 61 Radicación No 161– 7535 (IUS-E-2017– 635115/IUC-2017-977728)

Disciplinado JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA.

Entidad y cargo Gobernador del Chocó. Quejoso GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA Fecha queja 28 de febrero de 2017 Fecha hechos 2016 a 2019. Asunto Resolver recurso de apelación contra auto de archivo.

P.D. PONENTE: Dr. SILVANO GÓMEZ STRAUCH.

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala Disciplinaria resolverá el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA, en contra de la decisión de archivo proferida por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, el 28 de enero de 2019, en favor de JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS, en su calidad de Gobernador del Chocó, en ejercicio de la competencia contemplada en el artículo 22, numeral 1, del Decreto Ley 262 de 2000.

II. HECHOS El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó en el fallo de tutela n.° 030 del 27 de marzo de 2006 ordenó al gobernador del Chocó pagar todas las acreencias laborales adeudadas al señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA, al haberse desempeñado como diputado de la

Asamblea del Chocó en el periodo comprendido del 11 de marzo al 30 de septiembre de 1999, las cuales habían sido reconocidas mediante Resoluciones 432 del 28 de diciembre de 1999, 681 del 9 de noviembre de 2000 y 711 del 16 de noviembre de 2000. El último acuerdo de pago que suscribió con la Gobernación del Chocó fue en el año 2014, por la suma de $1.888.819.238 de pesos, como consecuencia de un incidente de desacato, pero solamente se pagó la suma de $249’944.689, y no se ha dado cumplimiento en su totalidad el fallo de tutela.

III. RECUENTO PROCESAL

2 Radicación n.° 161 – 7535 El 28 de febrero de 2017, el señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA, presentó queja contra la Gobernación del Chocó por incumplir el fallo de tutela n.° 030 del 27 de marzo de 2006.1 El 22 de noviembre de 2017, la Procuraduría Regional del Chocó ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de los gobernadores del Chocó

JULIO IBARGUEN MOSQUERA, JESÚS ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, EFRÉN

PALACIOS SERNA y JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS.2

El 27 de junio de 2018, la Procuraduría Regional del Chocó ordenó remitir el proceso a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y

Judicial.3 El 28 de enero de 2019, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial emitió auto de archivo definitivo de la investigación disciplinaria en favor de los gobernadores del Chocó JULIO IBARGUEN

MOSQUERA, JESÚS ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, EFRÉN PALACIOS SERNA y

JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS.4

El quejoso instauró recurso de apelación en contra de la decisión de archivo proferida el 20 de febrero de 2019, en favor de JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA, gobernador del Chocó.5 El recurso fue concedido el 22 de abril de 2019 para ante la Sala Disciplinaria,6 despacho en el que se recibió el proceso el 30 de abril de 2019.7

IV. DECISIÓN DE ARCHIVO IMPUGNADA La decisión de archivo de la indagación preliminar adelantada en contra de

los gobernadores del Chocó JULIO IBARGUEN MOSQUERA, JESÚS ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, EFRÉN PALACIOS SERNA y JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS se fundamentó en los siguientes argumentos: Se indicó que respecto de los gobernadores del Chocó JULIO IBARGUEN MOSQUERA y JESÚS ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ no era viable haber iniciado la acción disciplinaria porque había transcurrido más de cinco años desde el momento en que habían culminado sus respectivos periodos como gobernadores del Chocó, es decir, había operado el fenómeno de la prescripción. 1 Confrontar folios 14 y 15 del cuaderno 1.

2 Confrontar folios 37 a 40 del cuaderno 1. 3 Confrontar folios 87 y 89 del cuaderno 1 4 Confrontar folios 111 a 119 del cuaderno 1. 5 Confrontar folio 123 y 124 del cuaderno 1. 6 Confrontar folios 154 y 155 del cuaderno 1. 7 Confrontar folios 161 y 162 del cuaderno 1. 3 Radicación n.° 161 – 7535 Respecto de EFRÉN PALACIOS SERNA, gobernador del Chocó electo para el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2105, y JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA, quien ha ejercido el mismo cargo en el periodo 2016 a 2019, indicó que se trataba de una presunta falta disciplinaria continua en el tiempo, no obstante que en virtud del Decreto 2691 de 1991, artículo 27 es la obligación de la autoridad responsable de cumplir el fallo sin demora, deber que ha sido reafirmado por la Corte Constitucional, para lo cual, el juez cuenta con instrumentos oficiosos o por solicitud de parte como es el incidente de desacato, regulado por el artículo 52 de la misma norma. Señaló que, en el caso concreto, el incidente de desacato respecto del fallo de tutela n.° 030 del 27 de marzo de 2006 se decidió por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó, mediante auto del 28 de agosto de 2007, y, como consecuencia, el gobernador de la época celebró un acuerdo

de pago que no fue pagado en su totalidad. Se indicó que, según el manual de funciones, al tesorero le correspondía realizar el pago de las obligaciones a cargo del departamento de acuerdo con las normas aplicables y no al gobernador, en virtud de la distribución de funciones al interior del ente territorial, debido a lo cual se ordenó la terminación de la acción disciplinaria respecto de los gobernadores del Chocó, EFRÉN PALACIOS SERNA y JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA, y se ordenó expedir copias de lo actuado a la Procuraduría Regional del Chocó para que adelantara la acción disciplinaria contra el tesorero del Departamento del Chocó.

V. RECURSO DE APELACIÓN El quejoso, GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA, instauró recurso de apelación en contra de la decisión de archivo emitido el 28 de enero de 2019, en favor del gobernador del Chocó, JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS, con fundamento en los siguientes argumentos:8

Indicó que la Gobernación departamental es una sola y el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la autoridad responsable del agravio, en este caso el gobernador, debe cumplir sin demora y, si no lo hiciere dentro de las 48 horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario en contra de aquel, pasadas las 48 horas ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal 8 Confrontar folios 123 y 124 del cuaderno original.

4 Radicación n.° 161 – 7535 cumplimiento del mismo, y el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. La providencia ordenó que se continúe la acción disciplinaria en contra del tesorero del departamento del Chocó, lo cual considera un desacierto por que, afirma, que es de conocimiento público, que el tesorero del departamento del Chocó no es el ordenador del gasto, pues quien lo ordena a través de un acto administrativo es el gobernador del departamento del Chocó; el tesorero lo único que hace es cumplir y pagar lo que mediante acto administrativo ordena el gobernador, de allí que es un absurdo sancionar disciplinariamente al tesorero del departamento del Chocó por no haber cumplido el fallo de tutela n.° 030 del 27 de marzo de 2006. Considera que no se está administrando justicia y es corrupción declarar la terminación de la indagación disciplinaria en contra del gobernador JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA, sin razón para ello, quien a la fecha no ha cumplido totalmente el fallo de tutela. En un escrito, allegado el 21 de junio de 2019, que referencia también como recurso, dirigido al despacho del procurador general de la Nación, el quejoso reitera la solicitud de revocar el auto de archivo, requiere el desarchivo del proceso disciplinario seguido en contra del actual gobernador del Chocó, JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA, para que se resuelva de fondo el caso disciplinario por la negligencia en cumplir el fallo

de tutela 030 del 27 de marzo de 2006. Señaló que ante la reiterada negligencia de la Gobernación del Chocó de cumplir el fallo de tutela 030 del 27 de marzo de 2006, el día 13 de mayo de 2019 interpuso en su contra incidente de desacato ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó, por el incumplimiento al fallo de tutela emitido por el mismo despacho judicial.9 Indicó que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó, admitió el incidente el 22 de mayo de 2019, ordenó correr traslado a la parte demandada, pero mediante auto interlocutorio n.° 494 del 10 de junio de 2019, resolvió abstenerse de imponer sanción al gobernador del Chocó y ordenó la terminación y archivo del incidente, por considerar que no había negligencia de su parte para cumplir el fallo de tutela 030 del 27 de marzo de 2006. Agregó que ante el mencionado juzgado de tutela ha presentado más de cuatro incidentes de desacato en contra de la gobernación del departamento del Chocó por incumplir el fallo de tutela 030 del 27 de marzo de 2006, que se ha abstenido de tramitar e imponer sanción al gobernador del Chocó a sabiendas que está comprobada su negligencia al no cumplir el fallo de tutela en los 42 meses que lleva de su gobierno, y no le ha hecho un 9 Confrontar folios 167 a 170 del cuaderno original. 5 Radicación n.° 161 – 7535 solo requerimiento para que lo cumpla, con lo cual, el juez está omitiendo

observar el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Solicitó que se adelante acción disciplinaria en contra del Juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó, doctor CLAUDIO ENRIQUE TORRES DÍAZ, por abstenerse de tramitar los incidentes de desacato que se le han radicado en contra de la Gobernación del Departamento del Chocó. Adjuntó copia del incidente de desacato interpuesto, a través de apoderado, por el señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA, el 13 de mayo de 2019, contra el departamento del Chocó, ante el Juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó, por incumplimiento del fallo de tutela n.° 030 del 27 de marzo de 2006; auto del 22 de mayo de 2019 por el cual se admitió el incidente,10 y la decisión que lo resolvió el 10 de junio de 2019;11 así como copia de una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial en un proceso ejecutivo laboral adelantado contra el departamento del Chocó.12

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Para abordar el estudio del presente proceso se tratarán los siguientes temas: I) competencia; II) objeto de la indagación; III) antecedentes; IV) hechos ocurridos durante el desempeño como Gobernador del Chocó del señor JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS; V) del caso en concreto; y VI) otras decisiones.

VI.1 Competencia La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por el quejoso,

según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, que establece que le corresponde conocer en segunda instancia los procesos que adelanten en primera los procuradores delegados y el veedor, salvo los que sean de competencia del viceprocurador general de la Nación, toda vez que la decisión de archivo fue proferida por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, el 28 de enero de 2019. En el recurso de apelación interpuesto por el señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA expuso su inconformidad sobre la decisión que ordenó la terminación del proceso y el archivo del proceso disciplinario en favor de uno de los investigados, el señor JHOANNY CARLOS ALBERTO 10 Confrontar folios 174 a 180 del cuaderno original. 11 Confrontar folios 189 a 196 del cuaderno original. 12 Confrontar folios 182 a 188 del cuaderno original. 6 Radicación n.° 161 – 7535 PALACIOS MOSQUERA, como gobernador del Chocó, por lo cual, en virtud del parágrafo artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y los inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. 6.2. Objeto de la indagación 6.2.1 La queja La queja interpuesta por el señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA se refirió al incumplimiento del Gobernador del fallo de tutela n.° 030 del 27

de marzo de 2006, expedido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó, en el cual se ordenó pagar todas las acreencias laborales que se le adeudaban al haberse desempeñado como diputado de la Asamblea del Chocó, durante el periodo comprendido del 11 de marzo al 30 de septiembre de 1999, que fueron reconocidas en las Resoluciones 432 del 28 de diciembre de 1999, 681 del 9 de noviembre de 2000 y 711 del 16 de noviembre de 2000. El último acuerdo de pago que suscribió con la Gobernación del Chocó fue en el año 2014, una vez actualizadas las acreencias mediante Resolución 568 del 14 de marzo del citado año, por la suma de $1.888.819.238 de pesos, como consecuencia de un incidente de desacato. El tesorero y pagador del Departamento del Chocó, el 6 de abril de 2017, informó que al señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA se le había efectuado un pago de $249.944.689, en cumplimiento del señalado fallo de tutela. Indicó el quejoso que, contrario a lo señalado el 10 de enero de 2018 por la coordinadora del grupo de talento humano, NELLY MARGOT RÍOS MARTÍNEZ, la Gobernación del Chocó aún no había dado cumplimiento total al fallo de tutela. 6.2.2 Indagación preliminar El 22 de noviembre de 2017, la Procuraduría Regional del Chocó ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de los gobernadores del Chocó

JULIO IBARGUEN MOSQUERA, JESÚS ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, EFRÉN PALACIOS SERNA y JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS,13 en su calidad de gobernadores del Chocó, por la comisión de presuntas conductas de connotación disciplinaria que pudieron culminar en un presunto detrimento 13 Confrontar folios 37 a 40, 93 a 96 del cuaderno original. 7 Radicación n.° 161 – 7535 patrimonial al tener que pagar acreencias de manera extemporánea, mediante sentencia judicial. 6.3 Acuerdos de reestructuración de pasivos La Ley 550 del 30 de diciembre de 1999, por la cual se estableció el régimen que promueve y facilita la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas, estableció, en su artículo 58, que a las entidades territoriales se les aplica las disposiciones que regulan los acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención y que a los acuerdos de reestructuración de pasivos de las entidades territoriales se les aplicará reglas especiales, entre otras, las siguientes:

4. Serán ineficaces los actos o contratos que constituyan incumplimiento de las reglas previstas en el acuerdo de reestructuración y por ello no generarán obligación alguna a cargo de la entidad.

[…]

6. Con posterioridad a la celebración del acuerdo no podrán celebrarse nuevas operaciones de Crédito Público sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo señalado por la

Ley 358 de 1997.

7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial y con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que suscriba la entidad territorial, se establecerá el siguiente orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad territorial, conforme con los montos que para el efecto se prevean en el mismo acuerdo: a) Mesadas pensionales; b) Servicios personales; c) Transferencias de nómina; d) Gastos generales; e) Otras transferencias; f) Intereses de deuda; g) Amortizaciones de deuda; h) Financiación del déficit de vigencias anteriores; i) Inversión.

[…]

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.

8 Radicación n.° 161 – 7535 Según el artículo 35 de la Ley 550 de 1999, el acuerdo de reestructuración se da por terminado de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, si ocurren los eventos allí descritos, dentro de los cuales se encuentran, en los numerales 3, 5 y 6, por diferentes situaciones de incumplimiento del acuerdo, así:

3. Por la ocurrencia de un evento de incumplimiento en forma que no pueda

remediarse de conformidad con lo previsto en el acuerdo. […]

5. Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, y el acreedor no reciba el pago dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento, o no acepte la fórmula de pago que le sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una reunión de acreedores.

6. Cuando el incumplimiento del acuerdo tenga su causa en el incumplimiento grave del código de conducta empresarial, o en el incumplimiento grave del empresario en la celebración o ejecución de actos previstos en el acuerdo y que dependan del funcionamiento y decisión o autorización favorable de sus órganos internos. Se entenderán como graves los incumplimientos previstos como tales en forma expresa en el acuerdo de reestructuración.

Según el artículo 36, numeral 4, de la Ley 550 de 1999, en caso de la terminación del acuerdo de reestructuración, en los supuesto previstos en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 35, se determinó que se dará aplicación a la remisión prevista en el numeral 3 del artículo 34 (por incumplimiento del acuerdo se restablecen, de pleno derecho, la exigibilidad de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias que se habían suspendido durante la vigencia del acuerdo), «[y] en tales supuestos, se podrán reanudar de inmediato todos los procesos que hayan sido suspendidos con ocasión de la iniciación de la negociación». 6.4 Antecedentes 6.4.1. De las acreencias que la Asamblea Departamental del Chocó adeudaba al señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA

El señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA, al haberse desempeñado como diputado de la Asamblea Departamental del Chocó, le fueron reconocidas por la Mesa Directiva de esa entidad las siguientes prestaciones sociales, las cuales no le fueron pagadas: - Por Resolución 432 del 28 de diciembre de 1999, se ordenó el pago de prima de navidad del año 1999, a quienes se desempeñaban como diputados.14 14 Confrontar folio 16 del cuaderno original. 9 Radicación n.° 161 – 7535 - Por Resolución 681 del 9 de noviembre de 2000 se ordenó el pago de cesantías definitivas, por el periodo comprendido entre el 11 de mayo al 30 de septiembre de 1999, por el valor total de $3’062.049.15 - Por Resolución 711 del 16 de noviembre de 2000, se reconoce el pago de una sanción moratoria en el pago de las cesantías, por el valor de $254.182 diarios. 16 6.4.2 Del fallo de tutela n.° 030 del 2006 proferido por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Quibdó El juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó – Chocó, FRANCISCO ANTONIO MENA CASTILLO, el 27 de marzo de 2006, falló la acción de tutela instaurada por el señor GREGORIO GONZALO GUTIÉRREZ MOSQUERA, en contra de la Asamblea y el Departamento del Chocó, reconociendo el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, ordenando al entonces al gobernador del Chocó o quien hiciera sus veces,

para que dentro del término de 48 horas cancelara al accionante, debidamente indexadas, todas las acreencias adeudadas y «si no dispusiere de los recursos económicos suficientes para ello, contará con el término anteriormente señalado para iniciar las gestiones tendientes a la obtención de los mismos, que le permitan cumplir en su totalidad con el pago de las obligaciones pendientes con el actor, para lo cual dispondría de un plazo máximo de treinta (30) días».17 Según la misma providencia, los hechos que dieron origen a la acción de tutela consistieron en que el accionante se desempeñó como diputado de la Asamblea Departamental del Chocó, durante el período comprendido entre el 11 de mayo al 30 de septiembre de 1999, y mediante las Resoluciones 681 del 9 de noviembre de 2000 y 711 del noviembre de 2000, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Chocó le reconoció y autorizó el pago de sus cesantías definitivas y sanción moratoria, respectivamente; además, que las autoridades tuteladas le estaban adeudando la prima de navidad del año 1999, la cual fue reconocida mediante Resolución 432 del 28 de diciembre de 1999, por valor de $2.885.313. Se dijo que el accionante instauró una demanda ejecutiva laboral, pero la misma no se hizo efectiva ante el sometimiento de la administración al proceso de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999; y que no era justo que, a su edad, 76 años para el 2006, tuviera que esperar para lograr la efectividad de sus derechos, dada la difícil situación por la que

atravesaba no tenía una vida digna. 15 Confrontar folios 17 y 18 del cuaderno original. 16 Confrontar folios 19 y 20 del cuaderno original. 17 Confrontar folios 22 a 25 del cuaderno original. 10 Radicación n.° 161 – 7535 Se consignó, que en la contestación de la tutela la Gobernación del Chocó informó que las acreencias reclamadas se encontraban incluidas en el proceso de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999, y estaban sujetas a un orden y método para su pago, y que no se habían pagado por una serie de dificultades económicas. No obstante, se fundamentó la procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales, en los eventos en los cuales se busca evitar un perjuicio irremediable, porque no se contaba con otros medios de defensa judicial o porque fuesen ineficaces para la protección de los derechos fundamentales afectados. También se consideró que es deber del Estado proteger a las personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, pues podían sufrir daños o amenazas cuando los demás no, lo cual justificaba un tratamiento preferencial positivo que ampliaba el ámbito de sus derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela; y que, en el caso de las personas de la tercera edad, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado de manera más amplia y desde una doble perspectiva. Se tuvo en cuenta que el accionante era ex diputado de la Asamblea Departamental del Chocó, que dicha corporación le adeudaba unas acreencias laborales que se encontraban debidamente reconocidas por la

administración departamental y que fueron reclamadas a través de la vía ejecutiva laboral, pero que fue suspendida la ejecución ante el sometimiento de la entidad demandada a la Ley 550 de 1999. Finalmente se dijo que, dicha acreencia, era el único ingreso económico con el que contaba el peticionario, porque su edad le impedía otra fuente de ingresos que le permitiera sufragar los gastos de su manutención y la de su familia, lo cual lo ubicaba en una situación especial que justificaba su protección excepcional. 6.4.3 Proceso de reestructuración de pasivos al que se acogió el departamento del Chocó Consta en un informe rendido por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras de la Contraloría General de la República, denominado Política de Saneamiento Fiscal y Financiero de los Entes Territoriales,18 del 9 de febrero de 2009, que la fecha en que el departamento del Chocó inició el proceso de reestructuración de pasivos fue el 29 de marzo de 2001 y el acuerdo se suscribió en junio de 2002. 18 https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452108/Pol %C3%ADtica+de+saneamiento+fiscal+y+financiero+de+los+entes+territoriales.pdf/9b5a47f7-93d04f31-824a-022f070baac8?version=1.0 14/11/2019 3:43 p.m. 11 Radicación n.° 161 – 7535 Entre otros entes territoriales, el Departamento del Chocó fracasó en la ejecución del acuerdo por situaciones como fallos de tutela para asumir

mesadas pensionales que impidieron la utilización de los recursos disponibles para la financiación de las acreencias reestructuradas e iniciación de procesos ejecutivos y embargos contra las rentas del ente territorial, obligándolo a cancelar obligaciones que afectaban las condiciones pactadas en el acuerdo, contra expresa prohibición legal. Se indicó que la prohibición de iniciar procesos de ejecución y embargos a activos y recursos de la entidad, durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, y la suspensión de los que se hallaran en curso, se aplicaba a los créditos causados y exigibles con anterioridad a la iniciación de la misma. Se refirió en el informe que no siempre los jueces tuvieron en cuenta que la entidad territorial estaba en un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y procedieron a fallar las demandas con embargos, en contravía de sentencias de la Corte Constitucional19 que ha reiterado que la Acción de Tutela no procede para obtener el pago de obligaciones contractuales a cargo de las Entidades Territoriales que hayan suscrito Acuerdos de Reestructuración de Pasivos bajo la Ley 550 de 1999, así como el Consejo de Estado.20 Agregó que los fallos judiciales además ocasionaron mayores costos para los entes territoriales, ya que ordenaron el pago de intereses, costas e indexaciones que se hubieran evitado si las acreencias productos de los fallos estuviesen contempladas en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, para lo cual podía efectuarse una modificación del acuerdo, como lo establece el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 550 de 1999. Se expresó que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público ofició a los jueces para que dentro de los términos constitucionales y legales contribuyeran con el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 550 de 1999, pero la situación continuó igual, generando las siguientes consecuencias: - Violación de la prelación pactada en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos para el pago de las obligaciones de acuerdo con los grupos establecidos. 19 Corte Constitucional. Sentencia C-493 de 2002. Al declarar la exequibilidad del numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, afirmó que no es una forma de extinción de las obligaciones a cargo de los departamentos, distritos y municipios sino un mecanismo para poder cumplir con ellas, no se vulnera el derecho a la igualdad, no se incumplen las obligaciones del Estado ni se desconocen los derechos adquiridos de los extrabajadores, pues son medidas razonables y proporcionadas, coherentes con la finalidad de la Ley 550 y con la necesidad de recuperación institucional de las entidades territoriales, encargadas de garantizar la atención de las necesidades básicas de la población. 20 Consejo de Estado. Fallo del 5 de mayo de 2005. 12 Radicación n.° 161 – 7535 - Violación del principio de igualdad de los demás acreedores que hacen parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, ya que en el Acuerdo se determina el momento en el cual se iniciaron los pagos de los grupos establecidos. - Riesgo de terminación del Acuerdo debido a que los recursos de rentas reorientadas destinadas a cumplir con el Acuerdo de Reestructuración de

Pasivos, son embargadas y deben ser destinadas al cumplimiento de los fallos judiciales proferidos. - Riesgo en la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a los recursos del SGP comprometidos con medidas cautelares adoptadas por las autoridades judiciales. En el mismo informe se afirmó que hubo incumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos en el Departamento de Chocó. En un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dijo que se admitió el inicio del acuerdo de reestructuración el 29 de marzo de 2001,21 en el cual el departamento del Chocó asumió las deudas de sus entidades descentralizadas y de la Asamblea del Chocó, que habían sido reconocidas con anterioridad a abril de 2001,22 así mismo que mediante el Decreto Departamental 575 del 11 de agosto de 2009 se terminó el acuerdo, por lo cual de ahí en adelante exclusivamente asumiría sus obligaciones. 23 Posteriormente, en otra sentencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,24 al referirse a las obligaciones incluidas en el acuerdo