PGN - RECURSO DE APELACION - Fallo que absolvió al alcalde de Santa Marta por

Radicación 161-7665 RECURSO DE APELACION-Fallo que absolvió al alcalde de Santa Marta por presunto acoso laboral ejercido en contra de Secretaria General de ente territorial COMPETENCIA DISCIPLINARIA-De la Sala Disciplinaria para conocer en segunda instancia procesos que adelantan en primera los Procuradores Delegados ACOSO LABORAL-Definición según regulación legal ACOSO LABORAL-Constituye práctica por la que de manera concurrente se ejercen actos de violencia psicológica, según pronunciamiento de la Corte Constitucional RENUNCIA DEL CARGO-Requisitos respecto de su presentación según jurisprudencia de la Corte Constitucional PRUEBAS OBRANTES-Al ser analizadas en su conjunto arrojan que el motivo de renuncia fue para poder adelantar viaje al exterior por razones médicas Para la Sala Disciplinaria, la prueba analizada en su conjunto, como lo demanda el artículo 141 de la Ley 734 de 2002 y no como lo pretende la quejosa, esto es, en forma fraccionada e insular, conlleva a concluir que el verdadero motivo de la renuncia, con efectos a partir del 30 de septiembre de 2014, fue el que se expuso en el mismo documento, esto es, “poder adelantar un viaje hacia el exterior por razones médicas”, motivo que se advierte, obedeció a su propia voluntad. PRUEBA TESTIMONIAL-Desvirtúa cualquier tipo de conducta ejecutada por el disciplinado que pudiera constituir acoso laboral en contra de quejosa ACOSO LABORAL-No existen elementos probatorios que determinen conductas que lo constituyan y que hubieren sido ejercidas por alcalde investigado contra

quejosa ….De ninguna manera evidencia el proceso, que la queja que había instaurado la señora… en contra del entonces alcalde….. haya sido la causa directa o indirecta de su renuncia, pues como ha quedado demostrado, no existen elementos probatorios que determinen conductas de acoso laboral ejercidas por éste en su contra. Para esta colegiatura la falencia de elementos que permitieran darle crédito al dicho de la recurrente, lleva infranqueablemente a mantener incólume la determinación de primera instancia. FALLO ABSOLUTORIO-Fue confirmado en sub exámine 1 Radicación 161-7665

Radicación No: 161-7665 (IUS-2014-333799 IUC-D2014-787-724496)

Disciplinado: Carlos Eduardo Caicedo Omar

Cargo: Alcalde del Distrito de Santa Marta Quejoso: De oficio Fecha queja: 10 y 19 de septiembre de 2014

Fecha hechos: Junio de 2013 a 16 de septiembre de

2014

Asunto: Apelación fallo de primera instancia

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinte (2020) Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No. 22

P.D. PONENTE: JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ

I. TEMA POR TRATAR En virtud del recurso de apelación interpuesto por la quejosa VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES, revisa la Sala Disciplinaria la decisión del 26 de agosto de 2019, mediante la cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa absolvió de responsabilidad disciplinaria al señor CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR en su condición de alcalde distrital de Santa Marta.

II. HECHOS Los resume el fallador de instancia, así1: Conoció este despacho por traslado que realizara la Consejería presidencial para la equidad de la mujer el 17 de septiembre de 2014, de la queja presentada ante esa Consejería vía correo electrónico el día 10 de septiembre de 2014 por VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES en contra del otrora Alcalde de Santa Marta, distrito cultural, histórico y turístico, CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, y otros miembros del gabinete distrital por hechos de presunto acoso laboral ejercido en su contra entre junio de 2013 y septiembre de 2014 (…), no obstante que en dicho período había estado embarazada, nacido su bebé y acontecido el período de lactancia, recibiendo además presiones para que presentara su renuncia.

De igual manera, la Defensoría del pueblo (sic) regional Magdalena, con oficio del 25 de septiembre de 2014 (…) trasladó la queja realizada verbalmente por la señora BERMÚDEZ LLANES el 19 de 1 Folio 716 C.O.4 2 Radicación 161-7665 septiembre de 2014, la cual igualmente refería diferentes situaciones de maltrato, irrespeto y persecución y la solicitud reiterada de su renuncia incluida la entrega a través de la doctora VIRNA JOHNSON de una carta de dimisión en blanco. En esta comunicación el Defensor regional informó que < (…) se

remitió la presente queja a la Alcaldía Distrital de Santa Marta, Oficina de Trabajo de esta ciudad, y a la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario del Distrito de Santa Marta, mediante oficios DPRM 5011, 7027, 7030 y 7031del fecha 25 de septiembre del año en curso, respectivamente, para lo de sus competencias.>

III. ANTECEDENTES Con fundamento en lo anterior, mediante auto del 24 de noviembre de 20142, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó adelantar la respectiva indagación preliminar, luego de lo cual, en auto del 2 de junio de 20153 dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, en su condición de alcalde distrital de Santa Marta, fase procesal que fue cerrada, según auto del 3 de junio de 20164.

Mediante auto del 18 de agosto de 20165, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa le formuló cargos al investigado, así: Usted, CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, en su condición de Alcalde distrital de Santa Marta presuntamente cometió acto de acoso laboral, concerniente en el despido indirecto de la señora VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES del cargo de Secretaria general de la entidad territorial, al haber aceptado mediante el Decreto N° (sic) 163 del 15 de octubre de 2014 la dimisión presentada por aquella el 16 de septiembre de 2014, aun cuando la misma presumiblemente no era la manifestación espontánea, voluntaria, unilateral y libre de la

decisión de apartarse del cargo de Secretara general que ostentaba tornándola en una renuncia aparente; no obstante que los hechos que desvirtuaban la existencia de aquellos requisitos para la validez de la renuncia eran conocidos por usted desde el 18 de septiembre de 2014 producto de la radicación ante su Despacho del escrito de objeciones de la señora BERMÚDEZ LLANES frente a la suspensión provisional y del traslado efectuado por la Defensoría del Pueblo – regional Magdalena el 25 del mismo mes y año, de la queja verbal por acoso laboral realizada en contra suya. La conducta imputada fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo, con la que se pudo haber desatendido la siguiente normatividad: artículos 1 y 25 de la Constitución Política y, artículos 2.2. y 10.1 de la Ley 1010 de 2006. 2 Folio 6 C.O.1 3 Folio 135 C.O.1 4 Folio 288 C.O.2 5 Folio 316 C.O.2 3 Radicación 161-7665 Presentados los respectivos descargos, en auto del 13 de febrero de 20176 se resolvió sobre las pruebas solicitadas y, como quiera que se apeló la decisión, la Sala Disciplinaria en auto del 20 de junio de 20177 resolvió la impugnación, luego de lo cual, agotada la fase probatoria, en auto del 31 de enero de 20198, se corrió traslado para alegar de conclusión. El 26 de agosto de 20199, la Procuraduría Primera Delegada para la

Vigilancia Administrativa profirió fallo absolutorio, el cual fue apelado por la quejosa10.

IV. PROVIDENCIA RECURRIDA Mediante decisión proferida el 26 de agosto de 2019, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa absolvió de responsabilidad disciplinaria al otrora alcalde distrital de Santa Marta CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, bajo las siguientes consideraciones: Precisó que, conforme al cargo formulado, lo que se debe demostrar es si la renuncia presentada el 16 de septiembre de 2014 por la señora VANESSA MILENA BERMÚDEZ, como secretaria general de la Alcaldía Distrital de Santa, correspondió o no a una proforma entregada con espacios en blanco por parte de la administración distrital y si no contó con las condiciones de libertad, unilateralidad y espontaneidad que la ley exige para desvirtuar posibles presiones en la dimisión que puedan llegar a configurar el despido indirecto imputado provisionalmente al disciplinado.

En ese orden, consideró que del análisis de la literalidad y redacción de la copia del escrito de renuncia presentado por la quejosa, se evidencia que no responde a una proforma con espacios en blanco a ser diligenciados por exigencia del nominador, por el contrario, responde a la expresión de una decisión voluntaria de la quejosa, en la que no sólo refirió las circunstancias netamente personales que la impulsaban a apartarse de su cargo, esto es, la necesidad de viajar al exterior para atender asuntos médicos, sino que, además, en un lenguaje amable le agradece al alcalde la oportunidad de

haber hecho parte de su equipo de gobierno, sin que se pueda inferir conflicto alguno entre ellos. Por lo tanto, la renuncia presentada y su aceptación, no contempla irregularidad, abuso o desvío de poder alguno por parte del disciplinado, frente a un empleo que, además, tiene la calidad de libre nombramiento y remoción, lo que conlleva a desvirtuar el cargo formulado.

V. RECURSO DE APELACIÓN 6 Folio 364 C.O.2 7 Folio 611 C.O.4 8 Folio 675 C.O.4 9 Folio 716 C.O.4 10 Folio 736 C.O.4

4 Radicación 161-7665 La quejosa VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES apeló la decisión de primera instancia, al tenor de las siguientes consideraciones11: Dijo que la conducta constitutiva de acoso no fue la aceptación de la renuncia, sino que ésta fue el resultado de haber sido vencida por el agotamiento psicológico debido a la presión a la que fue sometida para desmotivarla y así abandonar el cargo, agregando que no plasmó todas las razones de hecho que la llevaron a renunciar, precisamente por el agotamiento emocional, físico y psicológico. Aseguró que la falladora desestimó sus afirmaciones a partir de los testimonios rendidos por personas que dependen y dependían políticamente de CARLOS CAICEDO, sin darle mayor peso al testimonio de ALEJANDRA PERTUZ, quien presenció el episodio en el que RAFAEL MARTÍNEZ solicitó a los demás miembros del gabinete firmar un escrito en el que le pedían a la

quejosa la renuncia y jamás hubo una oposición de parte del alcalde. Afirmó que también pasó por alto la falladora la evidencia de la práctica cuestionable de poner a los miembros del gabinete a firmar renuncias con fecha abierta y que la misma señora PERTUZ firmó una, siendo sencillo inferir que a la apelante también se le hubiese querido llevar a firmar esa suerte de formato. Recalcó que el testimonio de PERTUZ es clave para inferir la clara intención que tuvo el alcalde de encontrar a toda costa motivos para dar por terminada la relación laboral y para acercarse al modus operandi frente a las personas contra las cuales desarrollaba su animadversión. Trajo a colación lo dicho por la Corte Constitucional en el sentido de que el acoso laboral constituye una práctica mediante la cual de manera recurrente o sistemática se ejercen contra un trabajador actos de violencia sicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o autoestima y, que en su caso, basta ver los testimonios de los colaboradores más cercanos al proyecto político del ex alcalde, para interpretar la intención de desvirtuar la queja mediante la sugerencia de incompetencia de su parte como Secretaria General de la Alcaldía. Señaló cómo el señor JORGE GUEVARA FRAGOZO, quien dirigía la contratación, a través de un sabotaje a su labor, contribuía a minar su reputación, pues todo el flujo de trabajo de la Secretaría General se estancaba en dicha área. Manifestó que el a quo desconoció su historia clínica en la que se refleja la afectación sicológica a la que fue sometida durante el estado de embarazo

lo que generó incapacidad laboral por su estrés laboral. 11 Folio 736 C.O.4 5 Radicación 161-7665 Por lo expuesto, solicita que se revoque la decisión del 26 de agosto de 2019 y se señale la responsabilidad del ex alcalde en la comisión de conductas constitutivas de acoso laboral “y ejecutadas a través de sus colaboradores de mayor confianza”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 6.1 Competencia De conformidad con las facultades previstas en el artículo 22.1 del Decreto 262 de 2000, la Sala Disciplinaria es competente para resolver el recurso de apelación instaurado por la señora VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES, contra la decisión del 26 de agosto de 2019, mediante la cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa absolvió de responsabilidad disciplinaria al señor CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR en su condición de alcalde distrital de Santa Marta.

6.2 Precisiones Conceptuales. De manera previa a ahondar la situación específica que compromete al servidor público denunciado, a fin de establecer en consonancia con las pruebas allegadas, si es procedente revocar la providencia recurrida conforme a los argumentos de impugnación, o si por el contrario, se debe confirmar la decisión de primera instancia, es preciso hacer una breve síntesis de los parámetros normativos que deben tenerse en cuenta para encauzar disciplinariamente la conducta denominada «acoso laboral» prevista en la Ley 1010 de 2006, en virtud de la cual se adoptaron las

medidas para prevenir, corregir y sancionar esta clase de comportamientos y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. El artículo 2.º de la Ley 1010 de 2006 define el acoso laboral como una conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, temor y angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo de la Ley 1010 de 2006, el acoso laboral puede darse, entre otras, en las siguientes modalidades12: 6.2.1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre 12 Sobre el tema se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-780 del 26 de septiembre de 2007. 6 Radicación 161-7665 de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 6.2.2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la

renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 6.2.3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.13 6.2.4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 6.2.5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 6.2.6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. De igual modo, el artículo 7.º de la referida Ley consagra un listado de conductas que, de acreditarse su ocurrencia de manera repetida, pública y demostrable, llevan a presumir el acoso laboral, entre las que cabe mencionar: I. los actos de agresión física; II. las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona; III. las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede

demostrada por el resultado de los respectivos procesos; IV. el trato notoriamente discriminatorio respecto de los demás empleados, en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales o imposición de esa clase deberes; V. la negativa claramente injustificada de conceder permisos, licencias por enfermedad u ordinarias, o vacaciones, no obstante que se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para solicitarlos. Así como los anteriores parámetros normativos enuncian las conductas constitutivas de acoso laboral, la Ley 1010 de 2006, en el artículo 8.º, también contempla una serie de comportamientos que no encajan en esa definición, entre los que cabe mencionar, para tener en cuenta en el 13 Corresponde al nuevo texto previsto en el artículo 74 de la Ley 1622 de 2013. 7 Radicación 161-7665 presente análisis: I. la exigencia de órdenes para mantener la disciplina; II. los actos destinados a la potestad disciplinaria; III. la formulación de circulares o memorandos encaminados a solicitar exigencias técnicas o para mejorar la eficiencia laboral; IV. la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la entidad cuando sean necesarias y V. los requerimientos razonables de fidelidad o lealtad institucional. 6.3. Caso concreto La Ley 1010 de 2006 en su artículo 2, numeral 2, prevé como una de las modalidades del acoso laboral, lo que se conoce como persecución laboral, siendo definida como: “toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del

empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva del trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral”. La mencionada modalidad de acoso laboral se trae a colación bajo el entendido que el cargo que se le formuló al ex alcalde del Distrito de Santa Marta CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, se enmarcó dentro de dicha modalidad, por presuntamente haber despedido en forma indirecta a la señora VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES del cargo de Secretaria General, al haber aceptado mediante el Decreto n.° 163 del 15 de octubre de 2014 la renuncia presentada por aquella, a pesar de que la misma no obedecía a un acto de manifestación espontánea, voluntaria, unilateral y libre. La Corte Constitucional sintetiza en la siguiente providencia los requisitos que han sido validados por la jurisprudencia respecto de la presentación de una renuncia: “El ordenamiento jurídico vigente ha contemplado ciertos lineamientos para que una renuncia pueda surtir efectos, estos son, que: (i) haya sido presentada de manera escrita; (ii) sea producto de una decisión libre de coacción por parte de quien la solicita; (iii) sea aceptada por el nominador dentro de los 30 días siguientes a su presentación, so pena de que, en el evento en el que la solicitud no sea resuelta, el trabajador se encuentre habilitado para ausentarse libremente de su puesto de trabajo; (iv) no se configure alguna de las prohibiciones legales, como lo son, a) renuncia en blanco, b) sin fecha determinada y c) que ponga en manos del nominador la suerte del empleado; y (v) finalmente, el empleador

podrá solicitar, en una única ocasión, su retiro en los eventos en que considere que se configuran motivos de conveniencia pública, pero, en el evento en el que el trabajador insista en ella, ésta deberá ser aceptada”.14 El fragmento en cita encaja en este examen, toda vez que el supuesto fáctico del que se desprende la conducta atribuida al mandatario distrital, tiene precisamente que ver con la aceptación de una renuncia que en sentir de la recurrente fue provocada y promovida por una serie de presiones. Es diáfana la observación del alto tribunal, en el sentido que la misma debió haberse presentado libre de coacción y en el recaudo probatorio, es 14 Corte Constitucional Sentencia T-168 de 2019. Exp. T 7-007-371. MP. Dr. Alberto Rojas Ríos. 8 Radicación 161-7665 precisamente a dicha conclusión a la que se arriba, comoquiera que de la generalidad de los testimonios no puede inferirse que haya tenido lugar algún tipo de apremio o coerción. Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto por el a quo en su decisión del 26 de agosto de 2019 y lo alegado por la señora VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES, la Sala Disciplinaria considera lo siguiente: Siendo que las partes inmersas en la conducta denunciada ostentaban cargos en la cúpula de gobierno del Distrito de Santa Marta, uno como presunto acosador en su condición de alcalde y, la otra, como presunta víctima en su condición de secretaria general, era lo indicado desde el punto de vista probatorio corroborar cuáles eran las conductas laborales y de trato

entre la quejosa y alcalde distrital. En esa medida, de forma acertada se acudió por vía de la prueba testimonial, a personas que tuvieran un vínculo común con ellos y que hacían parte de la misma administración, tales como LEONEL CONCEPCIÓN MORRÓN MAIGUEL, director administrativo de control interno disciplinario; RAFAEL ALEJANDRO MARTÍNEZ, secretario de gobierno; VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO, gerente del sistema de transporte público; JOSÉ FERNANDO MEJÍA VILLANUEVA, director de control interno; JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZO, asesor del alcalde; INGRIS MIRELDA PADILLA GARCÍA, secretaria de educación, personas todas coincidentes en el hecho de desvirtuar cualquier tipo de conducta ejecutada por el disciplinado CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, que pudiera constituir acoso laboral en contra de la señora VANESSA

MILENA BERMÚDEZ LLANES.

Gran parte del desacuerdo con la decisión de primera instancia, lo centra la quejosa en el desconocimiento de las afirmaciones de la señora ALEJANDRA MILENA PERTUZ BRITO, de cuyo dicho se inferiría la clara intención que tenía el alcalde de terminar su relación laboral, debido a la animadversión que le tenía. Sobre lo dicho en precedencia, hay que precisar que ALEJANDRA MILENA PERTUZ BRITO ocupaba el cargo de secretaria privada para la época de los hechos y estuvo encargada de secretaria general entre el 2 de abril y el 3 de

junio de 2014, durante la licencia de maternidad de la quejosa. La señora PERTUZ BRITO, en declaración rendida el 8 de octubre de 201515, si bien es cierto afirmó que el alcalde no le dirigía la palabra a la quejosa y siempre formulaba reproches por el trabajo que ésta realizaba, también lo es que tal afirmación no encuentra respaldo probatorio en el dicho de los demás servidores públicos que rindieron testimonio, siendo relevante advertir que esta misma declarante fue muy elocuente al precisar que no observó malos tratos, gritos o improperios en su contra y, lo más importante, es que tampoco le consta que le hubiera solicitado la renuncia. 15 Folio 523 A 1 C.2 9 Radicación 161-7665 No desconoce la Sala que la señora PERTUZ BRITO, también aseveró que en uno de los consejos de gobierno el señor RAFAEL MARTÍNEZ, habría puesto en consideración de los miembros del consejo distrital la solicitud de requerir la carta de renuncia a la quejosa y ninguno de los presentes, incluido el alcalde, se habría opuesto a la propuesta, sin embargo, tal afirmación tampoco se encuentra corroborada dentro de la investigación. Igualmente y en relación con la misma declarante, también dijo haber recibido instrucciones verbales del alcalde para apoyar el área de control interno disciplinario en las investigaciones que se seguían contra la quejosa, sin embargo, el mismo director administrativo de control interno de la alcaldía distrital de Santa Marta, LEONEL CONCEPCIÓN MORRÓN MAIGUEL16,

descartó haber recibido alguna sugerencia, presión o recomendación de parte del alcalde en relación con las investigaciones que cursaban contra la quejosa, investigaciones en las que en desarrollo del presente proceso disciplinario, no se observó irregularidad alguna en su trámite, a tal punto que en la investigación con radicación 091-2013, la Viceprocuraduría General de la Nación en auto del 9 de abril de 201417, se abstuvo de ejercer el poder disciplinario preferente, proceso que posteriormente culminaría con decisión de archivo. De otra parte, tampoco se encuentra demostrado que el señor JORGE GUEVARA FRAGOZO, quien dirigía la contratación en el distrito de Santa Marta, haya contribuido a minar la reputación laboral de la quejosa y menos que en ello hubiese tenido algún tipo de participación el alcalde, como para predicar algún nexo directo o indirecto con el acto de su renuncia. Igualmente, al revisar la historia clínica de la quejosa, hecho que alega ésta en su apelación al subrayar que no se tuvo en cuenta la afectación sicológica a la que fue sometida en estado de embarazo (lo que le habría generado una incapacidad laboral), la Sala advierte que si bien obra una incapacidad de cuatro (4) días que le fue otorgada el 25 de octubre de 201318 - en pleno estado de gravidez - tal incapacidad no fue exclusiva por el estado de estrés en que se encontraba, lo que allí se dijo es que tenía “7 días de evolución con dolor cervico-craneo-facial derecho, aumenta con el estrés, no ha recibido tratamiento, asociado insomnio. FUM 29/06/2013

actualmente 16 semanas de embarazo”. No obstante lo anterior, tampoco se puede predicar que el estrés allí referido, haya sido consecuencia de algún tipo de conducta constitutiva de acoso laboral ejercida por el investigado, pues ello no se encuentra demostrado y mucho menos que la renuncia presentada once meses después, el 16 de septiembre de 2014, tenga algún tipo de cimiento en ese presunto estrés al que alude la quejosa. 16 Folio 87 A 1 C.1 17 Folio 170 18 Folio 512 C.O.3 10 Radicación 161-7665 Lo objetivo y cierto es que el escrito contentivo de la renuncia19, como bien lo decretó el a quo, no corresponde a una proforma con espacios en blanco que pudiesen ser llenados por el nominador, es más, la misma quejosa acepta en su escrito de apelación, haberla elaborado, según ella, como producto de haber sido vencida sicológicamente por la presión a la que había sido sometida, argumentación que para la Sala no es de recibo por todo lo hasta ahora explicitado. Como bien lo ilustra el profesor Parra Quijano “las reglas de la sana crítica, son reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”20. Esta autoridad disciplinaria estima que la apreciación integral de los declarantes, debilita los reproches formulados por la quejosa y en consecuencia es inexorable restarle crédito a sus apreciaciones. El Honorable Consejo de Estado categóricamente ha sentenciado: “…Es que

entre las reglas probatorias que rigen el proceso judicial, en el tema de la apreciación de las pruebas, impera en su generalidad, salvo contadas excepciones, el sistema de la sana crítica en el cual el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”21. Así las cosas, los testimonios ya comentados no permiten entender que una persona sometida a supuestas condiciones de presión, atropello y agresión, en su carta de renuncia, se dirija a su victimario agradeciéndole la oportunidad de haberlo conocido y haber trabajado juntos “deseándole éxitos en sus proyectos para la ciudad y sabiduría de Dios para tomar sensatas decisiones”. Para esta colegiatura la connotación del proceder desplegado por la quejosa, dejaron entrever notablemente un sentimiento de gratitud que desdice de sus posteriores cuestionamientos. Para la Sala Disciplinaria, la prueba analizada en su conjunto, como lo demanda el artículo 141 de la Ley 734 de 2002 y no como lo pretende la quejosa, esto es, en forma fraccionada e insular, conlleva a concluir que el verdadero motivo de la renuncia, con efectos a partir del 30 de septiembre de 2014, fue el que se expuso en el mismo documento, esto es, “poder adelantar un viaje hacia el exterior por razones médicas”, motivo que se advierte, obedeció a su propia voluntad. De ninguna manera evidencia el proceso, que la queja que había instaurado

la señora VANESSA MILENA BERMÚDEZ LLANES en contra del entonces alcalde 19 Folio 442 C.O.3 20 Cfr. Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 6 ed. Bogotá, 2007, pag. 101. Cfr. También. Estudios de Derecho Procesal Civil. Editorial Sociedad Anónima Editores, Buenos Aires, 1949. pag. 195. Eduardo Couture. 21 Sentencia del 10 de marzo de 2005. Rad. Nº 11001-03-26-000-2004-00028-00(27946). Demandado: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. CP. Dra. María Elena Giraldo G. Consejo de Estado. 11 Radicación 161-7665 CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, haya sido la causa directa o indirecta de su renuncia, pues como ha quedado demostrado, no existen elementos probatorios que determinen conductas de acoso laboral ejercidas por éste en su contra. Para esta colegiatura la falencia de elementos que permitieran darle crédito al dicho de la recurrente, lleva infranqueablemente a mantener incólume la determinación de primera instancia. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 26 de agosto de 2019, mediante la cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa absolvió del cargo formulado al señor CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, identificado con la C.C. 85.448.338, en su condición de alcalde distrital de

San