PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Impuso a la investigada sanción principal de Destitución de

Dependencia: Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación: 72-3940-2000

Disciplinado: Gloria Galvis Plazas

Cargo y entidad: Directora Reclusión de Mujeres Bucaramanga

Quejoso: Anónimo

Fecha Queja: 25-10-00

Fecha Hechos: 31-05-00

Asunto: Violación Régimen de inhabilidades

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2004 No evidenciándose causal de nulidad que afecte el presente proceso, procede el despacho de conformidad con la competencia señalada en el numeral cuarto del artículo 25 del Decreto 262 de 2002, a resolver el recurso de apelación contra la Resolución N° 144 del 9 de octubre de 2003 mediante la cual la Procuraduría Regional de Santander impuso a la investigada sanción principal de Destitución del cargo señalado y accesoria de tres (3) años de inhabilidad para desempeñar funciones públicas. CARGO Mediante auto del 20 de febrero de 2002, se vinculó al proceso disciplinario a la disciplinada en los siguientes términos: (fls. 235 a 242) “ En su condición de Directora del Establecimiento Carcelario Código 2220, grado 12 de la Reclusión Nacional de Mujeres de Bucaramanga, presuntamente pudo haber incurrido en falta disciplinaria por incumplimiento de sus deberes que como servidora pública estaba obligada a respetar y acatar, al haber celebrado por interpuesta persona (OMAIRA RAMÍREZ DE GOMEZ) con la Directora de la Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga (LILIANA MARIA SAAVEDRA MURILLO), el contrato de

alimentación para suministrar diez (10) almuerzos y diez (10) comidas diariamente al personal de internos de la Cárcel Modelo (...) el 30 de mayo de 2000 por valor de $ 6.075.000 con un plazo de ciento treinta y cinco (135) días hábiles de lunes a viernes (..) pues esta demostrado que usted elaboró los documentos de inscripción de Registro ante la Cámara de Comercio, que los almuerzos se elaboraron en su casa por Omaira Ramírez quien recibía la suma de cien mil pesos como pago por la elaboración, (..) usted elaboró las facturas de cobro correspondientes a los meses de junio y agosto del año 2000” como lo dice el dictamen grafológico de la Fiscalía General de la Nación y los testimonios de la propia OMAIRA RAMÍREZ y el teniente Henry Mayorga Meléndez”. “Derivó evidente e indebido provecho patrimonial con el contrato que ejecutó” Le fueron citadas como normas violadas, sustento jurídico del pliego de cargos el artículo 8 numeral 1 literal f) de la ley 80 de 1993, artículos 25 numerales 1 y 10 40 numerales 1 y 21 de la Ley 200 de 1995. Página 1 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co Mediante memorial presentado el 9 de abril de 2002, la disciplinada por intermedio de apoderado sustento los descargos. (fls. 249 a 266)

FALLO RECURRIDO La Procuraduría Regional de Santander impuso a la investigada GLORIA GALVIS PLAZAS sanción disciplinaria de destitución del cargo y la inhabilito para el desempeño de cargos públicos por el término de tres (3) años. Como sustento de la determinación, el fallador de instancia precisó que estaba demostrado que mediante los Convenios Interadministrativos N° 05 del 22 de abril y 013 del 15 de julio de 1999 el municipio de Bucaramanga se comprometió a suministrar a los dos centros carcelarios de la localidad recursos para el suministro de alimentación y transporte de los internos con sentencia condenatoria ejecutoriada que se dediquen a trabajos comunitarios de mantenimiento de obras públicas etc., en tal virtud la Dirección de la Cárcel Modelo suscribió contrato de suministro de alimentación con OMAIRA RAMÍREZ DE GÓMEZ por valor de $ 6.075.000.oo con un plazo de 131 días hábiles. Se afirma, que de la declaración de OMAIRA RAMÍREZ DE GÓMEZ se infiere que la disciplinada GALVIS PLAZAS fue quien contrató por interpuesta persona para el suministro de alimentos objeto del contrato que se examina toda vez que manifestó que los alimentos inicialmente los elaboraba en su casa y se enviaban a los internos en taxi, pero desde junio y hasta octubre cuando se enfermó lo hizo desde la casa de la Directora ubicada en el Parque Real de Álamos, luego contrato a MIREYA para que lo hiciera, reiteró que prestó su nombre y firma para vender el almuerzo, y

realmente quien contrató fue la hoy investigada y que por la “hechura” de los almuerzos le pagaba $100.000.oo, además hacía la factura, reclamaba el cheque, lo cobraba y le entregaba el dinero a GLORIA GALVIS, y que la firma obrante a folio 18 donde se envía la cotización no es suya. Se aseguró por la instancia que lo narrado por OMAIRA RAMÍREZ fue corroborado por MIREYA TAMMI BONILLA al manifestar que trabajó para Gloria Galvis y desde octubre de 2000 preparó los almuerzos y las comidas que se enviaban a los muchachos a la Pedregosa y Plaza Satélite; que POMPILIO JAIME ORTIZ y JOSE HERRERA, empleados del Inpec informaron que una señora de Cañaveral mandaba la alimentación en un taxi que recogía los potas en el taller del municipio. (fls. 11 y 12) Además Graciela Carreño, recepcionista del Conjunto Álamos Parque informó que la Dra. Gloria Galvis reside en la casa 119 a la que acudía una señora de unos cuarenta años quien ingresaba a las 8 a.m. y se retiraba a las 4.p.m. y sacaba en dos canastas comida y la entregaba a un taxi, situación que confirmó el vigilante Pablo Durán. Se hizo alusión al acta suscrita por funcionarios de la Procuraduría en la que dejan constancia sobre el resultado del seguimiento que se realizó al vehículo de placas XUL 373 afiliados a Taxis del Sur, el que fue abordado en el Conjunto Álamos Parque por una señora con recipientes plásticos comprobándose que se trataba de

Página 2 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co OMAIRA RAMÍREZ, quien llevaba la comida para los internos de la Cárcel Modelo que realizaban trabajos comunitarios (fl. 60) Resaltó el experticio grafológico practicado por la Fiscalía donde se indicó que “la firma dubitada de Omaira Ramírez de Gómez obrante en la misiva dirigida al Teniente David Rodríguez Madero no corresponde con el desenvolvimiento grafológico de la misma, es apócrifa” y los textos “manuscriturales del lleno de los formatos de la solicitud de matrícula a Cámara de Comercio de Bucaramanga (fl. 4), del formato de solicitud de nombre comercial (fl. 1) y en las facturas de ventas N° 03 y 04 de Domicilios y Almuerzos Doña Omaira, presentan las características propias del gesto gráfico de GLORIA GALVIS PLAZAS. Las pruebas referidas permitieron al a-quo inferir que la conducta se tipificó deduciéndose que Gloria Isabel Galvis Plazas celebró por interpuesta persona contrato de alimentación para suministrar almuerzos y comidas diarias al personal de internos de la cárcel Modelo que se encontraban desarrollando trabajo comunitario, incurriendo en el régimen de inhabilidades ya que esta previsto que un servidor público no puede contratar con el Estado y al considerar la falta como gravísima le impuso la sanción de destitución y la inhabilidad para ejercicio de función pública por

el término de tres años. APELACION En memorial presentado dentro el término legal el abogado Luis Roa Castellanos resaltó el hecho que la investigación fuera tan expedita en el presente evento cuando por lo general la Procuraduría se toma muchos años, advierte que las declaraciones rendidas por OMAIRA RAMÍREZ DE GÓMEZ son contradictorias como en el evento donde manifiesta que los cheques los cambio el señor Gabriel, esposo de la Dra. Gloria, lo que es falso ya que ésta es viuda y Gabriel González es amigo de la familia. Aseguró que el contrato fue firmado por Omaira Ramírez de Gómez como obra a folios 7 y 8, así como la cotización y las facturas de venta y a folio 10 se advierte el certificado de matricula mercantil donde se señala como la dueña y representante legal del negocio. Que su patrocinada no tuvo participación directa en el contrato de marras y que la queja instaurada por Henry Mayorga funcionario del INPEC en asocio con Omaira Ramírez lo que han querido es enlodar el nombre de la Directora de la Reclusión de la Cárcel de mujeres y que existe un marcado interés en hacerle daño y prueba de ello, sostiene el memorialista, es que en la investigación se presentó en dos oportunidades con su defendida para ser oída y no fue escuchada, violándose el debido proceso y el derecho de defensa consagrado en el art. 29 constitucional y solo se llevó a cabo la diligencia de versión cuando ya había sido calificada su conducta. Que la mala intención de la investigación se reiteró al permitir que a OMAIRA RAMÍREZ se le permitiera adicionar su versión obrante a folios 51 y 52 la que en su

criterio fue con posterioridad a la fecha en que la rindió originalmente, y el “marcado interés” por parte del quejoso de hacer daño a su prohijada cuando el 15 de Página 3 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co noviembre de 2000 envió comunicación al Procurador Bernal Cuellar solicitando acceder a la suspensión temporal de la investigada Directora de la Reclusión de Mujeres, solicitada por la investigadora de la Procuraduría Carmen Torres Sánchez. Cuestionó las firmas de Omaira Sánchez y Henry Mayorga por ello consideró oportuno investigar las firmas de éste último en el proceso que adelantó la Fiscalía por los mismos hechos y a Omaira por la firma registrada en la adición antes referida. Sobre las normas citadas como infringidas, señaló que el artículo 8 literal f) de la ley 80 de 1993 no pudo ser violado por su prohijada ya que no existe prueba que indique que el contrato que se examina hubiere sido suscrito por Gloria Isabel Galvis, y en tal sentido no puede existir desconocimiento por parte de la investigada del principio de responsabilidad ( 26 ejusdem) si ella no tenía la calidad de contratante para estar pendiente del cumplimiento del contrato y como no tenía la condición de contratista ni de contratante no pudo incurrir en desconocimiento de los numerales 2 y 5 del artículo 26 y 29 y 30 del estatuto contractual vigente.

Aseguró que el pliego de cargos es ley del proceso y a ella debe ceñirse el juzgador por tanto ni las normas ni la conducta le pueden ser reprochadas a la investigada y finalizó indicando que a la luz de la culpabilidad se supone que su defendida actúo con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria como lo señala el artículo 23.4 del CDU como causal de justificación, por tanto no correspondía formularle cargos ni imponerle sanción disciplinaria y en orden a los establecido en el artículo 115 ordenar el archivo de las diligencias y al tenor de los dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política se debe predicar la buena fe en el actuar de las personas. (fls. 337 a 345) NULIDAD Corresponde inicialmente, examinar los argumentos en relación con la presunta violación constitucional referida por el memorialista por constituir un asunto que, eventualmente, impediría resolver la apelación interpuesta contra el fallo sancionatorio. El artículo 143 de la ley 734 de 2002, establece como causales 2 y 3 de nulidad la violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Revisada la actuación disciplinaria se advierte que mediante comunicación surtida el 20 de octubre y 20 de noviembre de 2000, La Procuraduría Regional de Santander citó a la investigada para adelantar diligencia de versión libre ordenada en providencia del 10 de noviembre de 2000 mediante la cual se ordenó la investigación , la que efectivamente se llevó a efecto el 27 de noviembre de 2000 como obra a

folios 100 a 103 donde se dejó constancia de las dos veces en que se hizo presente pero estaba la funcionaria encargada de practicar la prueba, situación que no pude calificarse de irregular como lo pretende hacer creer la defensa ya que efectivamente la diligencia se llevó a efecto, garantizándole su derecho constitucional. Ahora bien, la calificación provisional de la falta hace parte integral del pliego de cargos, pieza procesal angular del procedimiento disciplinario que vincula en forma Página 4 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co directa al servidor público a la investigación por violación de deberes y prohibiciones y en sede del régimen de inhabilidades e incompatibilidades el legislador consideró como gravísima en la ley 200 de 1995, art. 25 numeral 10 la incursión en esta clase de faltas , luego en gracia de discusión, ésta no corresponde calificarla al operador jurídico disciplinario, las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en el código disciplinario, de tal suerte que si al momento de recepcionar la versión de GLORIA GLAVIS PLAZAS, en la etapa de investigación se hizo mención a la gravedad , ello no genera en absoluto violación al derecho de defensa. Otra es la responsabilidad subjetiva con que actúo la investigada, y deriva del análisis de la prueba que milita en el expediente valoración que se lleva a efecto al momento de la formulación de cargos de conformidad con los criterios señalados en

el artículo 43 del CDU. Resulta evidente que se formuló una acusación derivada de una prohibición legal y el comportamiento reprochado se sustentó en el hecho fáctico que GLORIA GALVIS PLAZAS en su condición de servidor público no podía contratar con el estado por interpuesta persona de conformidad con norma expresa al respecto. En efecto, el artículo 8 numeral 1 literal f) de la ley 80 de 1993 prescribe que los servidores públicos son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales y en tal sentido con los documentos obrantes a folios 125 a 129 que acreditan la calidad de Director de Establecimiento Carcelario de GLORIA GALVIS PLAZAS y por tanto le estaba prohibido contratar con entidades estatales por sí o interpuesta persona, además, también se contó como prueba de cargo la versión de OMAIRA RAMÍREZ DE GOMEZ, quien suscribió el contrato de alimentación obrante a folios 7 y 8 quien prestaba los servicios de empleada del servicio de la investigada quien manifestó bajo la gravedad del juramento que firmó el contrato en nombre de la investigada, así como la prueba técnica grafológica practicada por la Fiscalía General y referida por el a-quo, de donde se infiere que la que implicada conocía de la inhabilidad y en tal sentido desplegó una actividad tendiente a procurar el contrato utilizando a un tercero y en beneficio suyo, para no tipificar la incursión en la falta. En criterio del despacho resultan infundadas las apreciaciones del defensor referidas a la presunta violación del derecho de defensa, no se vulneró en absoluto la posibilidad de defensa de la encartada, dispuso de los medios oportunos y legales y

fueron utilizados por lo tanto no prospera la nulidad planteada por el recurrente. CONSIDERACIONES Los argumentos presentados por el apoderado de la sancionada, estuvieron dirigidos fundamentalmente a resaltar la persecución de que fue víctima por Henry Mayorga Meléndez funcionario del INPEC quien presentó el memorial queja que originó la investigación coadyuvado por OMAIRA RAMÍREZ DE GÓMEZ, predicando presunta falsedad en las firmas de los documentos que hacen parte de los procesos penal y disciplinario, para finalizar acudiendo al artículo 23 causal 4 de la ley 200 de 1995, manifestando que la investigada actúo “Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria “. Página 5 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co Bastaría mencionar que probada plenamente la calidad de servidora pública de la investigada, cotejada con la norma que en materia contractual le impide contratar con entidades estatales y calificada la trasgresión como falta gravísima tanto en la anterior codificación disciplinaria, artículo 25.10 de la ley 200 de 1995 como en la actual, artículo 48 numeral 17 de la ley 734 de 2002, no es posible acceder a la petición del memorialista en el sentido de intentar demostrar la inocencia de su prohijada, bajo los supuestos jurídicos por él predicados.

En efecto, el reproche se formuló en atención al comportamiento realizado por GLORIA GALVIS PLAZAS, Directora de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga al realizar conducta contraria al ordenamiento contractual estatal vigente, referida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en razón de la contratación realizada por interpuesta persona con la Directora de la Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga para el suministro de alimentos de los reclusos que desarrollaban trabajo comunitario, impedimento que en razón a su condición de servidor público la hizo incursa en falta disciplinaria. Un análisis integral de los medios de prueba aportados legal y oportunamente al expediente no pueden conducir a una conclusión diferente a la que arribó el a quo en la decisión sancionatoria que se debate, partiendo del hecho fáctico de la firma del contrato suscrito entre OMAIRA RAMÍREZ DE GOMEZ y LILIANA SAAVEDRA MURILLO, el 31 de mayo de 2000 (fls. 7 y 8) No existe razón probatoria suficiente para tachar la versión de OMAIRA como mendaz, al aclararle a la Procuraduría las circunstancias en que suscribió el contrato de alimentos, y las condiciones en que lo hizo destacando el hecho que el trámite de la vinculación con el centro carcelario lo adelantó personalmente GALVIS PLAZAS, quien le pagaba por la “hechura de los almuerzos” (sic) la suma de $100.000 mensuales, resulta evidente que la beneficiada con el contrato de marras fue la investigada directora de la cárcel de mujeres. Permanecen vigentes igualmente el experticio técnico rendido por el Area de

Documentación y Grafología Forense la Fiscalía donde se indicó que la oferta presentada el 26 de mayo de 2000 al teniente Alberto Rodríguez Madero , Asesor de la Dirección de la Cárcel del Distrito Judicial, para el suministro de almuerzos y comidas y presuntamente firmado por OMAIRA RAMÍREZ; los textos manuscritos para la solicitud de matrícula de Domicilios y Almuerzos Doña Omaira, ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga y las dos facturas de venta 03 y 04 no corresponden al desenvolvimiento caligráfico de ésta, “presentan las características propias del gesto grafico de la señora GLORIA ISABEL GALVIS PLAZAS y por ende fueron confeccionados por la mencionada”. (fls. 180 a 183) Sirve igualmente de confirmación de la censura elevada a GLORIA GALVIS, el testimonio rendido por MIREYA TAMI BONILLA, quien reemplazo a OMAIRA en la preparación de los alimentos objeto del contrato que se le cuestiona a la investigada quien informó que trabajó para la investigada que le cancelaba un sueldo de $150.000 como empleada del servicio y que igualmente preparaba los almuerzos y las comidas que antes lo hacía OMAIRA y se despachaban en un taxi. (fls. 5 y 6) Página 6 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co Las demás pruebas referidas por el a quo permanecen vigentes e ilustran al

despacho del proceder irregular de la investigada y los métodos utilizados para obtener el contrato de marras, sin que ella apareciera involucrada, dando lugar a la convicción que sabía de su inhabilidad para contratar con el estado, y consiguió la participación de OMAIRA quien se encontraba en situación económica lamentable para que firmara el contrato como así se hizo, reconociéndole un precio por la preparación de los alimentos y obteniendo las ganancias del contrato ella, en consecuencia tuvo el conocimiento suficiente para intervenir en la contratación por interpuesta persona como se le llamó a responder el pliego de cargos, afectando el deber funcional de su ejercicio como servidor público y originando desconfianza para con los administrados con su irregular actuación. Como se ha indicado, éste despacho ratifica la sanción impuesta por la Procuraduría Regional de Santander en razón a que si bien es cierto GLORIA GALVIS no aparece firmando el contrato del 31 de mayo de 2000, como lo aprecia el abogado defensor para predicar que en tal virtud no actúo en su doble condición de contratante o contratista y de tal suerte no se le podía censurar y menos aún citar como normas violadas las relativas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se debe entender que actualizó lo normado en el artículo 8 literal f de la ley 80 de 1993 y lo hizo a través de un tercero y con los elementos indiciarios obrantes al plenario tal situación quedó plenamente demostrado. En tal virtud la pretendida causal de justificación señalada en el numeral 4 del artículo 23 de la ley 200 de 1995, invocada por el memorialista, no guarda relación

directa y exacta ni con los hechos ni con las pruebas que lo demuestran y determinan como una acción conciente y deliberada con unos resultados conseguidos. En criterio del despacho no existió error o ignorancia en la conducta llevada a efecto por la disciplinada funcionaria del INPEC, ya que el primero implica un concepto equivocado o falso sobre algo y en tanto la segunda consiste esencialmente en falta de conocimiento sobre el hecho de que se trata, factores que efectivamente no militan a favor de ésta pues como se ha manifestado el comportamiento de la Abogada GLORIA GALVIS estuvo encaminado a formalizar un contrato de alimentación con la Cárcel del Distrito Judicial sin que apareciera su nombre como contratista y para tal fin utilizó las maniobras que han quedado plenamente demostradas. No puede afirmarse que una profesional del derecho desconozca las elementales prohibiciones que en su condición de servidora pública le es imperativo conocer y más aún cuando se advierte por parte del defensor que el servicio prestado a la administración pública supera los 15 años, ella como abogada y veterana en la administración no podía ignorarlo, en tal sentido no es exacto lo esgrimido por la defensa en sede de la causal propuesta. Ahora bien, la ley disciplinaria no solo ha previsto situaciones de los servidores públicos inherentes a las actividades propias de su cargo, pues persigue disciplinar las actuaciones irregulares ejecutadas por aquellas personas que ostentan tal condición así escapen a las atribuciones y facultades asignadas, ese es el sentido del Código Único Disciplinario que deriva de las disposiciones del artículo 40.

Página 7 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co “ART. 40: Los deberes. Son deberes de los servidores públicos

1. Cumplir y hacer que se cumpla la constitución...las leyes.” En efecto, el quebrantamiento del deber citado en el pliego de cargos no impone, en manera alguna, que el proceder que condujo a ello sea provocado, únicamente, en desarrollo de un acto propio de sus funciones, simplemente prevé como deber el cumplimiento de la constitución y la ley, cuya inobservancia puede generar una falta disciplinaria. Hay que destacar que el referido numeral se encarga de ubicar el comportamiento de los servidores públicos en distintos órdenes, por ello refiere, específicamente, el acatamiento de “los reglamentos, los manuales de funciones , los estatutos de la entidad”, para involucrar los asuntos propios de su actividad laboral, sin que ello signifique la imposibilidad de disciplinar en asuntos ajenos a sus funciones, pues el mismo texto del deber así lo indica cuando obliga al respeto de la constitución y la ley , entre otros.

Igualmente, la prohibición contemplada en el artículo 8 numeral 1 literal f) de la ley 80 de 1993 fue infringida por la investigada, resultando claro que si es responsable de la conducta imputada. Existió el suficiente señalamiento y análisis integral de las pruebas en que se fundamentó el cargo, medios de convicción que lo acreditan que no fue otro que

como “servidora pública“ celebró contrato por interpuesta persona con la Cárcel del Distrito Judicial , desatendiendo la inhabilidad para contratar prevista en la norma en cita que prohíbe a los servidores públicos establecer relaciones contractuales con entidades del estado, y que a su vez desarrolla el artículo 6 constitucional que los responsabiliza por infringir la constitución y las leyes y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, aspectos estos que fueron los que precisamente infringió la sancionado con su conducta al concurrir al acuerdo contractual referido conducta que el artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995 califica como gravísima. El capitulo de los cargos como la providencia que lo contiene debe apreciarse en su contexto sin que exista la posibilidad de inferir que no se adecuo el cargo en forma concreta, ciertamente, se hizo mención de las pruebas de cargo y de las situaciones particulares del hecho imputado. El artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995 consideraba gravísima la conducta imputada en relación con las inhabilidades e impedimentos, la nueva codificación disciplinaria, el artículo 48 de la ley 734 de 2002 señala entre las faltas gravísimas la conducta contenida en el numeral 17 “Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”, reproduciendo en tal sentido el querer del legislador de 1995. La Procuraduría Regional de Santander señaló radicalmente que la conducta ejecutada por GLAVIS PLAZAS debe calificarse como gravísima hecho que supone

un comportamiento doloso pues no correspondería con tal determinación de la falta suponer que se imputa un acontecimiento a título de culpa, luego de calificarse como una de las más graves que previó y prevé el actual ordenamiento disciplinario. Página 8 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co El reproche se formuló en atención al comportamiento realizado por la investigada razón por la cual este despacho llega a la convicción que la sancionada sabía de su inhabilidad para contratar con el estado, en consecuencia tuvo el conocimiento suficiente para intervenir en la contratación en los términos referidos, razón por la que se confirmara la sanción impuesta. En mérito de lo expuesto el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal en uso de facultades legales y constitucionales.

RESUELVE PRIMERO: No ACCEDER a la solicitud de nulidad solicitada por el abogado de la investigada, por las razones expuestas.

SEGUNDO: CONFIRMAR integralmente la decisión sancionatoria impuesta por la Procuraduría Regional de Santander a GLORIA ISABEL GALVIS PLAZAS identificada con C.C. N° 37.824.721 de Bucaramanga, en su condición de Directora de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga.

SEGUNDO: Devolver las diligencias a la Procuraduría Regional de Santander a quien se comisiona para que notifique la decisión a la interesada o a su apoderado y

proceda a comunicar a las autoridades respectivas para dar pleno cumplimiento a la sanción.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora remitir copia a la División de Registro y Control de la entidad.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

BENJAMÍN HERRERA BARBOSA

Procurador Primero Delegado Henry O. Lopez Página 9 de 9 Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dcontrata@procuraduria.gov.co Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o Tel. 3360011 – 3520066 Ext.: 11110 www.procuraduria.gov.co