PGN - RECURSO DE APELACION - La delegada solicita se confirme la decisión de primera insta

ACCIÓN POPULAR-Utilizar como sitios de atención al público edificaciones que no reúnen todas las exigencias de ley ACCIONES POPULARES-Normatividad aplicable ACCIÓN POPULAR-Finalidad ACCIÓN POPULAR-Supuestos sustanciales para que proceda RECURSO DE APELACIÓN-Objeto RECURSO DE APELACIÓN-Se debe entender interpuesto en lo desfavorable/RECURSO DE APELACIÓN-En el caso en estudio “Ahora bien, se tiene que “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. Así mismo, el recurso se debe entender interpuesto en lo desfavorable, por lo tanto se creería entonces que habiendo prosperado la pretensión deprecada en ejercicio de la acción popular siendo acogidas las pretensiones propuestas no existiría objeto del recurso y por lo mismo no debería ser considerado. En el caso en estudio el apelante es el actor quien manifiesta que apela la decisión del aquo pero no expone argumentos contra la decisión, es decir, no sustenta el recurso de alzada; ahora bien, como las pretensiones le fueron decididas de manera favorable y como quiera que el recurso solo le otorga competencia al ad-quem para resolver sobre lo desfavorable y al no ser expuestas razones en contra de la decisión se entendería que el actor tácitamente acoge la decisión, vale decir, que en relación con las pretensiones que le han sido acogidas la decisión haría tránsito a cosa juzgada y por lo mismo no podría existir pronunciamiento alguno sobre estos asuntos, es decir, no hay lugar a decisión en

segunda instancia. RECURSO DE APLACIÓN-LA Delegada solicita se confirme la decisión de primera instancia por tratarse de un hecho superado No obstante lo anterior, y en aras de garantizarle al actor el derecho que tiene de acceder a la justicia y de lograr de estas decisiones con carácter definitivo, esta Delegada considerará el recurso que se propone y desde ya solicita a la H. Corporación que confirme la decisión de primera instancia en cuanto que en ella se decidió que se presentaba un hecho superado toda vez que la entidad demandada – Registraduría Nacional del Estado Civil – Manizales no está vulnerando los derechos colectivos cuya protección se depreca dado que se efectuaron las remodelaciones que se exigían para adecuar y permitirle el uso de los servicios sanitarios a personas discapacitadas. Pues bien, como quedó indicado los supuestos fácticos estudiados en el concepto que se dejó transcrito son similares a los que ahora se estudian por cuanto que el actor no solo solicitó la protección de los mismos derechos que ahora reclama sean amparados sino que se trata de la misma situación, vale decir, que las baterías sanitarias existentes no le permitían a las personas en discapacidad acceder a las mismas como tampoco existía una ventanilla de atención preferencial para estas personas, empero, demostrado como está que las mismas se construyeron y se dieron al servicio pues el supuesto del hecho superado se presenta y en ese entendido la decisión objeto de apelación ha de ser confirmada.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. 30 marzo de 2016 Concepto Número 019 Señores

H. Consejo de Estado

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

E. S. D.  Referencia: Expediente número: 17001 23 31 000 2012 00300 02

Radicado interno: 2012 – 00300 02

Actor: Javier Elías Arias Idárraga  Asunto: Apelación de la providencia del 22 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda y sus pretensiones El ciudadano a que se alude en la referencia como actor en el presente asunto, actuando en su propio nombre y representación, formuló acción popular ante el Tribunal Administrativo de Caldas contra el municipio de La Dorada (Caldas) y la Superintendencia de Notariado y Registro, considerando para el efecto que las entidades vulneran derechos colectivos al utilizar como sitios de atención al público edificaciones que no reúnen todas las exigencias de ley en concreto por cuanto que “ En el inmueble en donde presta sus servicios al público la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos existen servicios sanitarios para el uso de la

ciudadanía, pero no cuentan con los requisitos mínimos que exige la Ley, para prestar un servicio adecuado a las personas con discapacidades físicas que se movilicen en silla de ruedas. Igualmente manifiesta que se viola el cumplimiento a las leyes 1091 de 2006, artículo 9 y ley 1171 de 2007, artículo 9, referentes a la implementación de ventanillas preferentes” . Las pretensiones de la acción, señaladas en el acápite de la demanda titulado “Pretensiones” se propusieron de la siguiente manera:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co “1. Declárase que el accionado, es decir, el Municipio de accionado, representado por el señor Alcalde, o por quien haga sus veces al momento de ser notificado y Gerente ORIP, han vulnerado y están vulnerando los derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes y el derecho colectivo a la seguridad de todas las personas por la grave omisión al no construir las unidades sanitarias de acuerdo a las respectivas normas legales para discapacitados existentes para la materia y de igual manera se permita el ingreso libre a las ya existentes, colocando un letrero, donde se indique que son servicios Públicos y así las personas se enteren que el

edificio posee Servicios Públicos, para satisfacer sus necesidades fisiológicas. (…)

8. (…)

” 1.1. Hechos El supuesto fáctico de la acción popular incoada se concreta en la consideración que hace el actor en relación con el edificio en donde la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de La Dorada (caldas) tiene su sede para atención a los usuarios; según lo manifiesta, el edificio cuenta con servicios sanitarios que pueden ser usados por los usuarios pero éstos “no cuentan con los requisitos mínimos que exige la ley, para prestar un servicio adecuado a las personas con discapacidades físicas que se movilicen en silla de ruedas” así mismo refiere que no existen ventanillas de atención preferente para estas personas. Este hecho, considera el actor, constituye una barrera que discrimina a los integrantes de un grupo de personas que por su condición de minusvalía deben gozar de una especial protección del Estado y por consiguiente vulnera derechos colectivos de los usuarios del servicio que presta la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 1.2. Normas en que funda la pretensión y derechos colectivos conculcados El actor indicó como disposiciones en las que funda su acción las siguientes:  La Ley 472 de 1988.  El artículo 9° de la Ley 1091 de 2006.  El artículo 9° de la Ley 1171 de 2007.

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www.procuraduria.gov.co  La Resolución 14861 de 1985 expedida por el Ministerio de Salud (Hoy llamado Ministerio de la Protección Social) Conforme a lo señalado en su escrito los derechos colectivos cuyo amparo solicitó el actor son como sigue: “g) La seguridad y salubridad públicas; m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;

6. Fallo del Tribunal El a-quo dispuso en su decisión de primera instancia denegar las pretensiones de la acción popular instaurada en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, considerando para el efecto que con base en el material probatorio aducido al plenario “los hechos que dieron origen a la demanda no continúan en el tiempo al ser proyectada y realizada la adecuación de la unidad sanitaria accesible para personas en situación de discapacidad y evidenciarse su realización, extractándose en general que la Oficina de registro de Instrumentos Públicos en la municipalidad por lo sustentado en la diligencia de inspección judicial que reposa en el plenario, cumple con las normas de accesibilidad para personas con limitaciones físicas” a renglón seguido manifiesta: “Compendio de lo expuesto es que, de presentarse la “carencia de objeto” la “sustracción de materia” o “el hecho superado” según ha dictado el H. Consejo de Estado, deberá expresarse en la respectiva providencia si hubo o no vulneración o amenaza del derecho o derechos colectivos invocados, como sucede en este caso” y concluye señalando:

“se advierte que la pretensión de la acción popular es la de que, se ordene al Municipio accionado y a la Superintendencia de Notariado y Registro a cargo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en este caso La Dorada Caldas, disponer una unidad sanitaria accesible para personas en situación de discapacidad e instalar una ventanilla de atención preferencial; por lo que en conclusión para el caso sub examine, al observarse en el plenario la mencionada unidad sanitaria accesible para personas en condición de minusvalía y la disposición de atención preferencial, se configura un hecho superado dentro del presente trámite”.

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7. Recurso de apelación El actor popular interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia; destaca esta Delegada que en su escrito no refiere argumento alguno que se dirija a enervar la decisión del a-quo.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede este Despacho a emitir el concepto que corresponde en la presente acción popular.

Conforme a lo señalado en el artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, norma que desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política “Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o

agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”; y al tenor del artículo 9º ibídem “Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos”. En relación con la finalidad de la acción, esta Delegada reiterando lo señalado en un asunto que es en cierta medida similar al que ahora corresponde atender, que con la venia de la H. Sección ahora trae a manera de precedente, ha dicho: “(…) en relación con la finalidad de la acción popular que está dirigida a la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. El objetivo de estas acciones es dotar la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos”. Así mismo ha dejado establecido que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes, a saber: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y,

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo. En ese concepto en relación con el recurso de apelación se indicó por esta Delegada lo siguiente: “Ahora bien, se tiene que “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. Así mismo, el recurso se debe entender interpuesto en lo desfavorable, por lo tanto se creería entonces que habiendo prosperado la pretensión deprecada en ejercicio de la acción popular siendo acogidas las pretensiones propuestas no existiría objeto del recurso y por lo mismo no debería ser considerado. En el caso en estudio el apelante es el actor quien manifiesta que apela la decisión del a-quo pero no expone argumentos contra la decisión, es decir, no sustenta el recurso de alzada; ahora bien, como las pretensiones le fueron decididas de manera favorable y como quiera que el recurso solo le otorga competencia al ad-quem para resolver sobre lo desfavorable y al no ser expuestas razones en contra de la decisión se entendería que el actor tácitamente acoge la decisión, vale decir, que en relación con las pretensiones que le han sido acogidas la decisión haría tránsito a cosa juzgada y por lo mismo no podría existir pronunciamiento alguno sobre estos asuntos, es decir, no hay lugar a decisión en segunda instancia1.

Y se reitera lo que allí se concluyó, es decir: No obstante lo anterior, y en aras de garantizarle al actor el derecho que tiene de acceder a la justicia y de lograr de estas decisiones con carácter definitivo, esta Delegada considerará el recurso que se propone y desde ya solicita a la

H. Corporación que confirme la decisión de primera instancia en cuanto que en ella se decidió que se presentaba un hecho superado toda vez que la entidad demandada – Registraduría Nacional del Estado Civil – Manizales no está vulnerando los derechos colectivos cuya protección se depreca dado que 1 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto de abril de 2015 – rendido ante Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera - M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno - Expediente número: 17001 23 31 000 2012 00306 02 - Actor: Javier Elías Arias Idárraga - Asunto: Apelación de la providencia del 12 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co se efectuaron las remodelaciones que se exigían para adecuar y permitirle el uso de los servicios sanitarios a personas discapacitadas. En efecto en el supuesto de hecho de la acción popular el actor manifestó que los usuarios que solicitaban los servicios de la entidad demandada “no cuentan con los requisitos mínimos que exige la ley, para prestar un servicio

adecuado a las personas con discapacidades físicas que se movilicen en silla de ruedas” así mismo refiere que “no existen ventanillas de atención preferente para estas personas” y en el curso del proceso, conforme a las pruebas allegadas por el apoderado judicial de la entidad demandada las que no fueron tachadas ni desvirtuadas por la parte actora, se demostró que los servicios reclamados en ejercicio de la acción popular fueron atendidos, se efectuaron las adecuaciones que permitieron el uso de los servicios a las personas discapacitadas así como también se instaló la ventanilla preferencial para atender a personas en situación de incapacidad, es decir, que estamos en presencia de un hecho superado como lo señaló el a-quo en su decisión y como se tiene señalado tratándose de un hecho superado de la carencia de objeto ocurridas en el curso del trámite de la acción popular pues ya no será necesario ordenar la adopción de medidas para proteger y amparar los derechos e intereses colectivos que se vulneraban”. Pues bien, como quedó indicado los supuestos fácticos estudiados en el concepto que se dejó transcrito son similares a los que ahora se estudian por cuanto que el actor no solo solicitó la protección de los mismos derechos que ahora reclama sean amparados sino que se trata de la misma situación, vale decir, que las baterías sanitarias existentes no le permitían a las personas en discapacidad acceder a las mismas como tampoco existía una ventanilla de atención preferencial para estas personas, empero, demostrado como está que las mismas se construyeron y se dieron al servicio pues el supuesto del hecho superado se presenta y en ese entendido la decisión objeto de

apelación ha de ser confirmada. De los Honorables Consejeros,

JUAN CLÍMACO JIMÉNEZ CASTRO

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado

JCJC/GASC

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