PGN - RECURSO DE APELACION - Para determinar si acto demandado está viciado de falsa motiv

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto por el cual se distribuyen cargos de planta de personal de Fiscalía Gral, donde se desvinculó funcionario RECURSO DE APELACIÓN-Para determinar si acto demandado está viciado de falsa motivación o expedición irregular por falta de motivación ACTO DEMANDADO-Por no acreditarse estudio técnico para selección de personal y desconocimiento de derechos fundamentales PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN-Marco Jurídico General sobre el retiro del servicio en la Fiscalía General de la Nación PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN-Causales de retiro del servicio según regulación legal PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN-Causales de retiro del servicio según jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado FALSA MOTIVACIÓN-No está demostrado que acto demandado haya adolecido de esta No coincide este Ministerio Público, con la afirmación de la parte demandante, que no puede aceptarse como motivación de la Resolución 2358 acusada el Decreto Ley 898 de 2017, pues justamente la reestructuración y consecuente modificación de la planta de personal devinieron de la necesaria implementación del Acuerdo Final de Paz, sin este elemento de juicio no estaría debatiendo nada de lo discutido en este proceso, esa es la razón original y por ende el motivo de la reestructuración y reforma de la planta de personal; así es que no fue un capricho, fue el simple y natural desarrollo de esa implementación, lo que si no podía hacerse, era remplazar la causa de las reformas en normas aplicables por otras autoridades a otros funcionarios judiciales o bien,

administrativos, pues es un caso especialísimo, no ordinario, derivado de la circunstancia especialísima de un Acuerdo Final de Paz, que llevó a otorgar una facultades especiales para honrar los compromisos adquiridos por el Estado, de ahí que de manera concreta se expresara la creación de la Unidad Especial de Investigación para dar cumplimiento al numeral o punto 3.4.4 del citado Acuerdo. Finalmente, sobre el argumento traído en el recurso de apelación y no debatido antes en el proceso, sobre la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la nulidad de la Resolución 2358 acusada en este proceso (seguramente parcialmente) bajo el racionamiento de la existencia de una discrepancia entre los cargos autorizados a suprimir y los suprimidos en realidad, en cuanto el Decreto 18 de 2014 creó 193 cargos de Fiscal Delegado ante Tribunal de distrito Judicial, mientras el Decreto Ley 898 ordenó la supresión de 73 de esos cargos y la Resolución ordenó la redistribución de 137 de dichos empleos, por lo que este ordenamiento se excedió en 17 cargos que no podía suprimir; pues bien si eso son los datos del fundamento, debemos manifestar nuestro desacuerdo porque de los 193 fueron suprimidos 73 según las cuentas de la parte actora, pero subsistieron 137 empleos, lo que quiere decir es que no fueron suprimidos esos 73 cargos sino 56, es decir, se Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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Giovanni Álvarez Santoyo Vs Fiscalía General protegieron más empleos a pesar de poder suprimirlos, así es que la discrepancia fue a favor de mantener un número mayor de funcionarios en el servicio, así es que no coincidimos con el argumento de última hora propuesto por la parte apelante y cuyo fundamento no fue parte de la decisión de la primera instancia, por lo que en ese aspecto no podría esa parte procesal haber salido agraviada y por ende la segunda instancia tiene limitada su competencia a ese respecto. Por esta misma razón no puede haber falsa motivación, pues todas las consideraciones del acto administrativo y de la primera instancia mantienen su legalidad y congruencia respecto del acto demandado y no se afectan por una decisión que versó, al parecer sobre una discusión jurídica diferente a la planteada en este proceso. 2 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 318 - 2021

Bogotá, D.C., 2 de noviembre de 2021 Honorables Magistrados

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Carmelo Perdomo Cuéter

Ciudad RADICADO 250002342000201705852 01 (0457-2020) DEMANDANTE Giovanni Álvarez Santoyo DEMANDADO Nación – Fiscalía General de la Nación ACCIÓN O MEDIO DE Nulidad y Restablecimiento del Derecho CONTROL CONTROVERSIA Supresión del cargo En la condición de Ministerio Público en el trámite de la referencia, y estando en la oportunidad procesal1, procedo de modo respetuoso a rendir concepto2, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES 1.1. Pretensiones. El señor Giovanni Álvarez Santoyo, obrando a través de apoderado especial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de la NaciónFiscalía General de la Nación, mediante el cual propuso las siguientes

pretensiones:

1. Que se INAPLIQUE, con efectos interpartes, el Decreto Ley No. 898 de 2017, proferido por el Presidente de la República, por violación directa de la Constitución y la ley, en los términos de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. 1 Conforme al artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del CGP, y el auto de fecha 8 de septiembre de 2021, notificado por estado el 1º de octubre siguiente. 2 Acorde con el ordinal 7º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 23, 28 y 30 del Decreto Ley 262 de 2000 y los artículos 300 y 303 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde al

Ministerio Público intervenir como sujeto procesal especial en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando sea necesario en defensa de los intereses generales, del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 3 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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2. Que se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 2358 del 29 de junio de 2017, "Por medio de la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, acto administrativo que suprimió el cargo de mi cliente.

3. Que, como consecuencia de Io anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENE a la Fiscalía General de la Nación a reintegrar a mi mandante, señor GIOVANNI ÁLVAREZ SANTOYO, al cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, o a uno de igual o superior categoría, en iguales o mejores condiciones laborales, salariales y prestacionales que las que detentaba con anterioridad a la expedición del acto administrativo acusado.

4. Que así mismo, como parte del restablecimiento del derecho, SE CONDENE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a mi poderdante las sumas y conceptos

que a continuación se discriminan: 4.1.Perjuicios Materiales, en la modalidad de Lucro Cesante: • El valor que corresponda a la sumatoria de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre la fecha de desvinculación (1 de julio de 2017) y la fecha en que se profiera la sentencia correspondiente, teniendo como base para el efecto la información salarial expedida por la Fiscalía General de la Nación, que se adjunta al presente escrito. 4.2.Perjuicios Inmateriales, en la modalidad de Daño Moral: La suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 s.m.l.m.v.) por concepto del dolor y afectación emocional derivada de una destitución injusta e ilegal, así como de la angustiosa situación económica a la que se ha visto abocado por la imposibilidad de proveer el sustento económico para sí y su grupo familiar.

5. Que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas, conforme lo dispone el inciso 3 del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

6. Que se ordene contabilizar para efectos del sistema de seguridad social en pensiones, sin solución de continuidad, las semanas que mi prohijado haya permanecido desvinculado de la entidad accionada.

7. Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y las agencias en derecho. 1.2. Hechos Relevantes. El demandante relató que inició labores el 15 de octubre de 1992 como Fiscal Delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial de la dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, y fue retirado del servicio por supresión del cargo.

En ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 01 de 2016, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 898 de 2017, que entre otros asuntos, creó la Unidad Especial de Investigación, cuyas funciones estaban ligadas al desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera e igualmente modificó parcialmente la planta de personal de la Fiscalía General. El artículo 59 del citado Decreto Ley 898 citado suprimió genéricamente algunos cargos que enlistó; además la Resolución 2358 de junio de 0217 mencionó que los Decretos Leyes 016 de 2014 y 898 de 2016 otorgaron facultades al Fiscal General 4 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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Giovanni Álvarez Santoyo Vs Fiscalía General para distribuir, trasladar, reubicar los empleos de las plantas globales y flexibles de la entidad; pero además de dichas facultades fueron suprimidos cargos, como el ocupado por el accionante, como resultado de un exceso en el ejercicio de competencias. En la Resolución 2358 fueron enlistados los cargos que seguirían en la planta de personal. El 30 de junio se le comunicó al actor que mediante el Decreto Ley 898 del 29 de junio de 2017 se había suprimido el empleo por él desempeñado.

Esa Resolución 2358 de 2017 no fue notificada en los términos de los artículos 67 y 68 del C.P.A.C.A., ni citado para entregarle copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, como tampoco tenía la indicación de los recursos procedentes, ni la anotación de la fecha y la hora. La supresión del empleo fue comunicada mediante el oficio No. 72 del 30 de junio de 2017. 1.3. Concepto de violación. Mencionó como normas violadas por el acto acusado los artículos 29, 189, 249 y 253 de la Constitución Política; 30 y 94 de la Ley 270 de 1996; y 66, 67, 68, 69 y 72 del C.P.A.C.A. El acto administrativo que retiró del servicio al actor fue la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, pues consta de tres artículos dentro de los cuales fueron identificadas por nombre y número de ciudadanía las personas que continuarían en el servicio, no encontrándose relacionado el accionante, a quien se le comunicó posteriormente la supresión del empleo que desempeñaba; por tanto fue el que definió y extinguió la relación laboral.

Cargos: 1.- Falta de competencia por violación de la reserva de ley, conforme lo ordenaron los artículos 189, 249 y 253 constitucionales en concordancia con el artículo 30 de la Ley 270 de 1996. El Presidente de la República como suprema autoridad administrativa puede suprimir empleos de la administración central del orden nacional, por lo que no podía suprimir empleos de la Fiscalía General que estaban fuera de su competencia, pues esa función fue destinada

exclusivamente a la Ley, es decir, el legislador a través de la ley. En el asunto particular el artículo 251 superior y el Decreto Ley 016 de 2014 le habilitaron al Fiscal General las atribuciones de distribuir, trasladar y reubicar empleos, así como crear, conformar, modificar o suprimir secciones, departamentos, comités, unidades y grupos internos de trabajo; el artículo 2º del Decreto Ley citado lo facultó para expedir decretos con fuerza de ley para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Así las facultades del Presidente estaban restringidas a la expedición de decretos leyes destinados a la adopción de las medidas necesarias para la implementación 5 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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Giovanni Álvarez Santoyo Vs Fiscalía General del Acuerdo Final de Paz, así que no tenía facultad para suprimir empleos de la Fiscalía General. La Resolución 2358 demandada distribuyó los empleos en la planta de personal de la Fiscalía General, con las atribuciones otorgadas por el numeral 26 del artículo 4º del Decreto Ley 16 de 2014 y del artículo 63 del Decreto Ley 898 de 2017, pero como se dijo, las facultades eran solo para distribuir los empleos no para suprimirlos.

Concluyó, conforme a la legislación aplicable que: 1. Solo el Congreso de la República puede crear, fusionar o suprimir los empleos de la Fiscalía General de la República; 2. El legislador no se despojó de esa atribución transitoriamente; 3. La única fuente normativa invocada por la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 fue el Decreto 898 de 2017 y; 4. La Resolución acusada regló materias que no podía al ser usurpadas funciones con reserva de ley o del legislador.

2. La Resolución 2358 demandada infringió las normas en que debía fundarse por omitir el cumplimiento del artículo 94 de la Ley 270 de 1996, violando la defensa y el debido proceso al actor. En los considerandos se expresó que en desarrollo del Decreto 989 de 2017 se hacía necesario distribuir los cargos para cada área de la Fiscalía General, ese fue el fundamento jurídico, pero ese Decreto fue expedido dentro del marco de la implementación de los Acuerdos de Paz por las facultades extraordinaria concedida por el Acto Legislativo 1 de 2016, cuyo objetivo fue el de crear al interior de la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación, no obstante, el Presidente decidió suprimir cargos sin especificar cuales, pues señaló solo el número en el artículo 59, de ahí que la motivación del acto acusado pasó a la Fiscalía General, institución que para efectos de la supresión de cargos está sujeta a la Ley 270 de 1996 que establece en esa materia la necesidad de estudios técnicos (Artículo 94), por lo cual esta institución debió fundar las supresiones efectivas en estudios técnicos como le

ordena la ley, pero no se hizo la menor mención ni en el Decreto Ley ni en la resolución 2358 sobre el tema, por lo cual resultaron violados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la justicia y a la defensa del actor, todo ello a pesar de los antecedentes de los Decretos 122 de 2008 y 2248 de 2011 que se fundaron en los estudios técnicos previos, por lo que no era un asunto desconocido por la entidad. La ausencia de criterios y razones objetivas llevó a suprimir empleos sin que mediara una selección de cargos a suprimir, es decir, se dio una selección arbitraria y subjetiva para mantener vinculadas a unas personas y retirar a las demás, lo cual configura la nulidad de la Resolución 2358 de 2017 por no fundarse en el artículo 94 de la Ley 270 de 1996 que le era aplicable al caso.

3. El acto administrativo demandado es nulo por violar los derechos fundamentales al debido proceso, la justicia, la igualdad, el trabajo y a la defensa, por haberse expedido sin motivación. En cuanto la fiscalía General no expresó en parte alguna del acto acusado, los motivos, las razones, para que precisamente fuera el cargo ocupado por el actor uno de los suprimidos o que no continuaría vigente y por que no otro que objetivamente estuviera menos

6 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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Giovanni Álvarez Santoyo Vs Fiscalía General calificado, pues debió atender a criterios objetivos, tales como: la fecha de ingreso, suprimiendo los cargos de los nombramientos más recientes; el número de años de servicios prestados a la fiscalía; las calidades de los empleados en cuestión, forma de ingreso, naturaleza del nombramiento, calificaciones de desempeño, aptitudes académicas y profesionales, etc.

4. Falsa motivación . El Decreto 898 citado hizo una mención genérica de cargos a suprimir sin precisar alguno de estos, al contrario dio orden al Fiscal General de hacer efectivas las supresiones, de ahí que al fundar la Fiscalía la supresión del empleo ocupado por el actor en disposición del Decreto Ley 898 de 2017, incurrió en una falsedad pues el Decreto Ley en ningún momento precisó elementos para suprimir los cargos que finalmente fueron elegidos para ese efecto.

5. El acto acusado no fue notificado personalmente, violando los artículos 66 al 69 y 72 del C.P.A.C.A. Todo acto administrativo particular debe ser notificado a su destinatario, sin lo cual puede invalidarse la notificación misma o no se producen sus efectos. En el caso de la Resolución 2358 acusada, dispuso específicamente la supresión 5737 cargos tal como lo había previsto el Decreto Ley 898 de 2017, pero a pesar de afectar directamente al actor dicho acto administrativo no le fue notificado, sin atender que esa resolución en cuanto al demandante se refiere se tornó en un acto particular y se trató de suplir la notificación personal con una comunicación en un oficio que lo enteraba de la

supresión de su cargo por disposición del Decreto 898 citado y no de la Resolución 2358 acusada. De ahí que sin la notificación obligatoria prevista en la ley el acto administrativo que ocasionó directamente el perjuicio al accionante no podía hacerse efectivo, no podía producir efectos.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones por haber obrado en cumplimiento de un deber legal. Dijo que el Decreto 898 de 2017, además, fue declarado exequible y que se configuró la inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a una de las peticiones.

Advirtió que la supresión del cargo del demandante obedeció al ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto Ley 898 de 2017. Así, la Fiscalía hizo lo que el Decreto 898 citado ordenó, así: creó al interior de la institución la Unidad de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, lo cual llevó a la modificación parcial de la estructura de la entidad y su planta de cargos. El Decreto Ley mencionado contiene en su artículo 25 y Título II la reorganización administrativa, otorgando a la Fiscalía Facultades para determinar las subdirecciones regionales de apoyo, conforme a las necesidades e intereses institucionales. 7 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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Giovanni Álvarez Santoyo Vs Fiscalía General Sobre las reestructuraciones institucionales señaló que implican modificaciones de las plantas de personal, debido al ajuste a un mundo cambiante y la adecuación al cumplimiento de las funciones, ello con fundamento en el artículo 209 superior propendiendo por el máximo rendimiento con los menores recursos. La sentencia C-306 de 2004 aclaró que si bien el Congreso de la República es titular de la función de crear, suprimir y fusionar las entidades públicas del orden nacional, es viable que delegue esa atribución en el ejecutivo mediante el otorgamiento de facultades extraordinarias. En sentencia C-1546 de 2000 se dijo que la estructura y funcionamiento de las entidades públicas no era un tema de reserva legal estatutaria, por el Contrario en la Fiscalía General la determinación de competencias internas y la estructura son materia regulable mediante leyes ordinarias y por ende el ejecutivo revestido de facultades extraordinarias puede hacerlo también. En el punto 3.4.4. del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, fueron determinados los lineamientos básicos para la conformación de la Unidad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, en consecuencia, se modificó parcialmente la estructura de la Fiscalía General, conforme a la habilitación del artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016. En ejercicio de la atribución prevista por el artículo 67 del Decreto 898 de 2017 se expidió la Resolución 0-2358 del 29 de junio de 2017 por la cual fueron distribuidos los cargos de la planta de personal y se dejó en suspenso ésta hasta

tanto el fiscal General expidiera los actos administrativos necesarios para la entrada en funcionamiento de la nueva estructura. La reestructuración de la Fiscalía General y su modificación de la planta de personal cumplió los parámetros constitucionales, como tal: 1. Se hizo dentro de los principios que rigen la administración pública; 2. Su principal propósito fue la de dar cumplimiento al Acuerdo Final de Paz; 3. Fueron garantizados los derechos fundamentales de los funcionarios. La Corte Constitucional encontró el Decreto 898 de 2017 ajustado al ordenamiento jurídico, así lo explicó en la sentencia C-013 de 2018, al estudiar puntualmente la reestructuración de la Fiscalía General y encontrarla adecuada a la Constitución Política; consideró que las últimas reformas a la institución se dieron por la misma vía, facultades extraordinarias al Presidente de la República. El acto de comunicación de la supresión es un acto de la administración pero no es un acto administrativo en el entendimiento tradicional del concepto, en cuanto la decisión de la supresión fue de un acto general o de una multiplicidad de actos individuales, por tanto la comunicación no tiene control jurisdiccional. Afirmó la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones. El Decreto 898 de 2017 fue expedido por el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el Acto Legislativo 1 8 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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Giovanni Álvarez Santoyo Vs Fiscalía General de 2016, por manera que la legalidad de dicho acto administrativo solo podía ser estudiado por la Corte Constitucional, por lo cual y de acuerdo con el artículo 165 del C.P.A.C.A. no podía acumularse la pretensión de inaplicación del Decreto 898 de 2017 con las de nulidad de la Resolución 2358 y el oficio 72 acusados. Inepta demanda por no agotar requisito de procedibilidad. En el Acta de conciliación aportada al proceso no aparece que se hubiera incluido el oficio 72 del 30 de junio de 2017, por lo cual se omitió el cumplimiento del artículo 161-1 del C.P.A.C.A. a ese respecto. Excepción genérica.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 19 de septiembre de 2019 negó las pretensiones de la demanda.

Aclaró previamente que el acto administrativo que resolvió individualmente el retiro del actor fue la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, que distribuyó los empleos de la planta de personal y por ende el estudio de legalidad se enfocó en dicho acto administrativo, de ahí la fijación del problema jurídico así: Debe estudiar la Sala la legalidad de la actuación de la FGN, por medio de la cual se, suprimió el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito del demandante, y determinar si tenía derecho a ser incorporado en el mismo

cargo u otro igual o de superior jerarquía en la nueva planta de personal de la entidad Partió del estudio del artículo 125 superior y la expedición de la Ley 909 de 2004, aplicable supletoriamente a los servidores públicos de la FGN, ordenamiento que llevó a la expedición del Decreto Ley 20 de 2014 que contempló las clases de nombramiento, las causales de retito del servicio, entre estas, la de la supresión del cargo (Artículos 103 y 104). En materia de reformas de planta de personal la Ley 909 citada previó en su artículo 46, modificado por el Decreto 19 de 2012 las reglas sobre tal tema, el cual en el caso específico de la Fiscalía General para el caso de estudio nació del Decreto Ley 898 de 2017 “Por el cual Se crea al interior de la Fiscalía General de Nación Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres. qué atentan Contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de fa paz. incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas corno sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento lo dispuesto en el Punto 3 4, 4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones”, que en sus artículos 58 a 63 regulo el asunto.

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Giovanni Álvarez Santoyo Vs Fiscalía General De la planta global del área de fiscalías fueron suprimidos 3.176, de la planta global administrativa 1203 y de la planta global del área judicial 1358 para un total de cargos suprimidos de 5737, entre estos 73 delegados ante los Tribunales Superiores. La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Ley 898 de 2017, y condicionalmente el artículo 62 en el entendido que se protegieran los derechos constitucionales de los servidores retirados de la entidad (retén social). En el caso concreto, el Tribunal estudió cargo por cargo los planteados por la parte actora, sobre la Falta de competencia explicó que con el fin de dar cumplimiento al punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 otorgó facultades especiales al Presidente de la República para expedir Decretos con Fuerza de Ley para implementar dicho Acuerdo, lo cual hizo al expedir el Decreto 898 de 2017 que creó al interior de la FGN la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales (…), con lo cual se modificó parcialmente la estructura de esa entidad; en éste ordenamiento se le dio al Fiscal General la facultad para poder organizar, de acuerdo con las necesidades

del servicio, el funcionamiento de las direcciones seccionales, seccionales de policía judicial, secciones de atención al usuario, determinar las seccionales de fiscales, que se requirieran para fortalecer la función investigativa y mejorar la prestación del servicio. La nueva estructura de la FGN forzó la supresión de algunos cargos, entre estos el desempeñado por el actor, para lo cual se encontraba facultado el Fiscal General para distribuir, trasladar y reubicar los empleos según las necesidades del servicio (Artículo 63 del Decreto 898 de 2017). Conforme a esas explicaciones el Tribunal Administrativo consideró que el Fiscal General si estaba facultado para suprimir cargos, como se leía en las normas citadas. Sobre la Violación de la Constitución y la Ley, explicó el Tribunal Administrativo que para acudir a desacreditar la decisión demandada, en cuanto el accionante creía tener mejor derecho de las personas que fueron incorporadas, debió probar circunstancias que dieran certeza sobre tales hechos, como por ejemplo que no tenían derechos de carrera o no cumplían requisitos, de lo contrario cuestionar la salida del servicio no se vería afectada sin probar estos aspectos o algunos similares que acreditaran un mejor derecho; por tanto la FGN no tenía la obligación de incorporar al actor por no encontrarse escalafonado en carrera administrativa ni encontrarse en situación de retén social. Falta de motivación y Falsa motivación. Encontró la primera instancia que la Resolución 2358 de 2017 si estaba debidamente motivada, como expresamente aparecía en las consideraciones alusivas a la creación de la Unidad Especial de Investigación, así entonces era claro que la FGN tenía que modificar la planta de

personal para dar cumplimiento al Acuerdo Final para la terminación del conflicto. 10 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 #15-80 PBX 5878750 notidelcedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 3182021

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