PGN - RECURSO DE APELACION - Procedencia en materia disciplinaria según ley 73402 art 115

Procuraduría General de la Nación

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
PGN - RECURSO DE APELACION - Procedencia en materia disciplinaria según ley 73402 art 115
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C.,dieciocho (18) de marzo de dos mil cuatro (2004) Aprobado en Acta de Sala No. 16 de marzo 18 de 2004. Radicación No 161-02195 (009-066552//02) Disciplinados HERNANDO HERNÁNDEZ PARDO y otros Cargos y Entidad Servidor público de ECOPETROl y Presidente Nacional de la Unión Sindical Obrera de la Industria del PetróleoUSOQuejoso De oficio Fecha queja 9 de diciembre de 2001 Fecha hechos 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2001 Asunto Apelación auto de pruebas en investigación disciplinaria P.D. Ponente: Dr. LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ Procede la Sala Disciplinaria a resolver lo pertinente en relación con el recurso de apelación interpuesto por el doctor JAVIER ALEJANDRO ACEVEDO GUERRERO, contra la decisión proferida por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación con fecha 26 de noviembre de 2003, mediante la cual negó la práctica de las pruebas solicitadas en la etapa de investigación disciplinaria. APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales por auto de fecha 9 de diciembre de 2002, dispuso la apertura de investigación disciplinaria (fls. 1 a 4 C. No. 4): "...contra HERNANDO HERNÁNDEZ PARDO, Presidente Nacional de la USO

y los miembros de la Subdirectiva de la USO Cartagena, GERMÁN SUÁREZ AMAYA, Vicepresidente, ABEL TRIANA PÉREZ, Secretario de Seguridad Social, LUIS CARLOS PÉREZ N., Secretario de Actas, JOSÉ IBARGUEN IBARGUEN, Secretario de Derechos Humanos, OSCAR CARRILLO GÓMEZ, Secretario General, RODOLFO VECINO ACEVEDO, Secretario de Educación, RAFAEL GUZMÁN CALDERIN, Secretario de Prensa, JAVIER BONFANTE

PORRAS, Fiscal, JOSÉ HERNÁNDEZ VILORIA, Tesorero, DANIEL RICO,

Asesor Fuintraenergética, CUT y ADECO, LUIS CARLOS ZAPATA, Directivo de la Subdirectiva Sindical de Barrancabermeja, RAFAEL CABARCAS, Asesor del Sindicato Nacional, RUBEN LARA y MAURICIO RODRÍGUEZ, Radicado No.161-2195-04 Miembros del Comité Estudiantil, GABRIEL ALVIS U., RODOLFO GUTIÉRREZ y JUAN RAMÓN RÍOS M., Representantes de la Junta Directiva Nacional de la USO, GLADYS GUANTINDOY, Secretaria y los demás

miembros JORGE GAMBOA, ANDERSON VARGAS, EDWIN CASTAÑO,

JHON PATERNINA, LUIS MUÑOZ, CRISTÓBAL SALAS, TARCISIO ESPINOSA, JOSÉ ALEJO RODRÍGUEZ, OMAR MEJÍA, NICODEMUS LUNA y HERNANDO MENESES. Que determinaron el control y orientación de las

conductas presuntamente reprochables y paralizaron las operaciones de la Refinería de ECOPETROL - Cartagena desde el 30 de Noviembre hasta el 2 de Diciembre de 2001, cuando fueron desalojados por la fuerza pública. Serían también posiblemente responsables del presunto desmantelamiento y daño intencional de elementos y equipos indispensables para restablecer la operación. Por omisiones graves de seguridad, sería posiblemente responsable el Coordinador de Seguridad Física (E) señor SAULO MORA GÓMEZ. Por negligencia en la investigación y sanción de faltas disciplinarias, podría derivarse responsabilidad disciplinaria al doctor JOSÉ LUIS SAAVEDRA, Vicepresidente de Refinación y Mercadeo de ECOPETROL por omitir el cumplimiento de los deberes propios de su cargo...". SOLICITUD DE PRUEBAS Notificados los investigados del auto de apertura de investigación disciplinaria, rindieron versión libre y espontánea, sin que hubieran solicitado la práctica de pruebas (cuadernos 4 y 5). Consta a folio 136 del C. No. 5 el escrito presentado por el doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, apoderado de todos los investigados, a excepción de CARLOS ERNESTO LOSADA MORANTES, SAULO ENRIQUE MORA GÓMEZ y JOSE LUIS SAAVEDRA VANEGAS, el cual fue enviado vía fax el 22 de septiembre de 2003, entregado el 7 de octubre del mismo año, a través del cual solicita, "el decreto y práctica de las pruebas que a continuación reseñaré de conformidad con lo señalado

en los artículos 90, 128 y siguientes de la ley 734 de 2002:

1. Sírvase citar nuevamente a versión al señor Rodolfo Enrique Díaz Wright, Superintendente de Producción de la Refinería de Cartagena, para ejercer así el derecho de contradicción, pues para la época de su versión aún no actuaba como defensor en este proceso.

2. Sírvase oficiar al EJÉRCITO NACIONAL y a la POLICÍA NACIONAL para que aporten al proceso los reportes que obren en sus dependencias sobre los hechos ocurridos en la Refinería de Ecopetrol en Cartagena entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2001. Es pertinente y conducente esta prueba pues existen versiones diferentes y aportaría claridad sobre los hechos, la versión de las fuerzas armadas puesto que intervinieron en ellos...".

2 Radicado No.161-2195-04 Así mismo, reposa a folios 137 a 139 C. No. 5, un memorial suscrito el 7 de octubre de 2003 por el abogado precitado, donde se advierte anotación de haberse enviado previamente por correo electrónico, observándose además, como fecha de recibido en correspondencia de la entidad, 8 de octubre de 2003; a través del cual reitera sobre la solicitud de pruebas, mediante el documento que remitió vía fax el 22 de septiembre de 2003. Es de destacar, que el defensor precisa: "Considero que esta solicitud debe ser resuelta, y las pruebas decretadas, antes de que se defina si hay pliego de cargos o no contra los investigados, pues no obra en el proceso prueba alguna de la defensa y las declaraciones

realizadas previamente a mi posesión como apoderado no han sido contrastadas y, las actuaciones realizadas por la Fuerza Pública en los hechos materia de investigación no han sido registradas tampoco en este..." De igual manera, se adjuntó a folio 140 C. No. 5 del plenario, otra petición del citado profesional del derecho, sobre reiteración de las pruebas mencionadas calendado igual que el anterior. PRUEBAS DENEGADAS La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, mediante proveído de fecha 26 de noviembre de 2003 (fls. 148 a 150 C. No. 5), se abstuvo de decretar las pruebas requeridas por el defensor, al estimar que tal solicitud fue recibida el día 7 de octubre de 2003, es decir, con posterioridad al 16 de julio de 2003, fecha esta en la cual venció el término de ampliación de apertura de investigación disciplinaria, que se prorrogó por doce (12) días más, esto es, el 27 de junio de 2003 para la práctica de pruebas (fl. 91 C. No. 5), de acuerdo a petición elevada en tal sentido por dicho apoderado. Estimando la instancia que el término para solicitar, decretar y practicar pruebas es preclusivo y como la pretensión de dichas pruebas se dio por fuera de dicho término, es decir, finalizada la etapa de investigación, se abstuvo de decretar las pruebas requeridas. IMPUGNACION Notificado en legal forma del auto de pruebas precitado (fl. 151), el abogado defensor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada providencia (fls. 145 a 147), alegando que el operador jurídico negó las pruebas por

extemporaneidad, mas no porque fueran inconducentes o impertinentes. Puntualiza que en el presente proceso disciplinario hay claramente definidas dos etapas; la primera, en la cual se practicaron la mayor parte de las pruebas sin que las partes que representa hubieran ejercitado el derecho de contradicción, etapa en la cual se recepcionó testimonio al señor RODOLFO DÍAZ WRIGHT, prueba que deniega el a quo. En la segunda etapa, se recibieron versiones libres y espontáneas a los disciplinados y en este sentido fue que solicitó la ampliación del término a doce (12) días mas, teniendo en cuenta el gran número de investigados. Agregando, que colaboró eficiente y prontamente en la evacuación de las diligencias, tanto en Cartagena como en esta ciudad. 3 Radicado No.161-2195-04 Resalta que la postergación de dicho término fue para culminar la recepción de las versiones, pues esta era la finalidad del auto comisorio, sin que hubiera habido ninguna otra actuación con posterioridad por parte del despacho, decisión que va en contravía de los previsto en los artículos 131, 132 y específicamente el 138 del Código Disciplinario Único, que pretende proteger y garantizar el derecho fundamental a la defensa, por lo que solicita se revoque el auto objeto de alzada. De otro lado, la primera instancia por auto de fecha 22 de enero del presente año, se pronunció sobre el recurso de reposición presentado por el referido apoderado, el cual resolvió desfavorablemente a sus pretensiones (fls. 153 a 157 C. No. 5).

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Con fundamento en las premisas reseñadas en precedencia, se ocupará la Sala de examinar el auto calendado 26 de noviembre de 2003, mediante el cual la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales negó las pruebas solicitadas por el defensor de la mayoría de los investigados. Es conveniente tener en cuenta que el artículo 113 del Nuevo Código Disciplinario Único estipula: "El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado, y contra el fallo de única instancia”. A su turno, el artículo 115 ibídem consagra: "El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia...”. Así mismo, la Resolución No. 034 de 5 de febrero del presente año emanada del Procurador General de la Nación, establece: "4. Modificar en el capítulo de "CONDICIONES GENERALES" del procedimiento "DESCARGOS Y/O PRUEBAS DE PARTE", el párrafo alusivo a los recursos que proceden contra el acto que niega la práctica de pruebas de descargos, el cual quedará así: "Contra el acto que niega total o parcialmente la solicitud de pruebas de descargos, procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Este último se concederá en el efecto suspensivo si la negativa es total y no se decretaron pruebas de oficio; diferido, si la negativa es total y se decretaron

pruebas de oficio; y devolutivo, cuando la negativa es parcial..." (las negrillas y subrayado son del texto). En el caso objeto de estudio, se advierte que la instancia en el proveído de fecha 22 de enero de 2004, a pesar de no ser pruebas de descargos dispuso: "...NOTIFICAR el contenido del presente proveído al doctor ACEVEDO GUERRERO, haciéndole saber que proceden los recursos de ley..." (fls. 148 a 150 C. No. 5). 4 Radicado No.161-2195-04 En cumplimiento a lo ordenado en el auto precitado, se notificó personalmente al apoderado, quien dentro del término presentó escrito de reposición y en subsidio de apelación, contra el auto de negación de pruebas. Es de anotar, que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales a través del auto de fecha 22 de enero de 2004, mediante el cual resolvió el recurso de reposición, concedió el recurso de apelación, así: "Teniendo en cuenta que el recurrente interpuso adicionalmente apelación, en los términos del artículo 115 de la Ley 734 de 2002 y en el efecto suspensivo concédese la misma para que sea resuelta por la Sala Disciplinaria...", pese a no ser procedente el recurso de apelación, conforme lo estipulan las disposiciones legales transcritas, pues la apelación solo procede contra el auto que niega la práctica de pruebas en descargos. Por lo anterior, la primera instancia erró al conceder el recurso de apelación, pues éste no era viable legalmente, porque no le era potestativo al a-quo el crear o señalar reglas referente a recursos, toda vez que éstos están contemplados en forma

taxativa por la ley. La Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 1999, sobre los recursos se pronunció así: "El legislador en el ejercicio de sus atribuciones, al regular los distintos procedimientos, goza de la facultad de configuración legislativa y, en ese orden de ideas, determina cuáles son las providencias recurribles y cuáles los recursos procedentes para el efecto...". De la misma forma, la citada Corporación en Sentencia C-005 de 1993, señaló: "Si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el solo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política...". Así las cosas, en el evento sub examine, resulta diáfano que el recurso de apelación no procede contra el auto que niega pruebas en investigación disciplinaria, por lo que la Sala rechazará el recurso de apelación interpuesto, por improcedente. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO. RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el doctor JAVIER ALEJANDRO ACEVEDO GUERRERO, contra la decisión proferida por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la

Entidad, calendado 26 de noviembre de 2003, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. 5 Radicado No.161-2195-04 SEGUNDO. Por el Centro de Notificaciones de esta Entidad, NOTIFICAR al recurrente, el contenido de esta providencia, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa. TERCERO. DEVOLVER el expediente a la oficina de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ

Procurador Primero Delegado

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMIREZ

Procuradora Segunda Delegada LDAR/DACR/arv Expediente No. 161-02195 (009-066552) 6

Consultar sobre este documento ...