PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Responsabilidad fiscal

RECURSO DE APELACIÓN-Contra fallo sancionatorio contra Contralor municipal por presunto conflicto de interés al no declararse impedido en un proceso de responsabilidad fiscal PROCEDIMIENTO VERBAL-Marco legal COMPETENCIA-Procuradurías delegadas ante el consejo de estado con funciones de juzgamiento disciplinario PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Marco legal COMPETENCIA-Procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario CONFLICTOS DE INTERESES-Definición y marco legal CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN-Marco legal FALTAS GRAVÍSIMAS-Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales RECURSO DE APELACIÓN-Contra fallo sancionatorio contra contralor municipal por presunto conflicto de interés al no declararse impedido en un proceso de responsabilidad fiscal 2

Expediente: IUS 2018-443332 IUC D-2018-1181853

Auto No. 148-2021 Dependencia Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Disciplinario. Radicado IUS E-2018-443332 IUC D-2018-1181853 Investigado FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ Cargo y entidad Contralor municipal Quejoso /Informe CARLOS ANDRÉS VEGA ORTIZ Servidor Público Fecha de la Queja 13 de septiembre de 2018 Fecha de los hechos 29 de febrero de 2016 Asunto Avoca conocimiento y resuelve segunda instancia

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2021 De conformidad con la Resolución No. 217 del 14 de julio de 2021 -artículo tercero-, la señora Procuradora General de la Nación asignó funciones de juzgamiento disciplinario a la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución No 207 del 7 de julio de 2021, por lo cual se pasa a evaluar si procede avocar conocimiento del presente asunto.

1. ASUNTO POR TRATAR Procederá el Despacho a establecer si corresponde avocar el conocimiento del presente asunto, en cumplimiento a lo ordenado por la señora Procuradora General de la Nación en el artículo tercero de la Resolución No. 217 del 14 de julio de 20211, que asignó funciones de juzgamiento disciplinario a la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución No 207 del 7 de julio de 2021. La anterior determinación se fundamentará en los artículos 1 y 74 de la Ley 2094 del 29 de junio de 2021, por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 que atribuye el ejercicio de funciones jurisdiccionales a la

Procuraduría General de la Nación. Así mismo, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia, por parte del sancionado FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ.

2.- ANTECEDENTES

Por auto del 11 de octubre de 2018 la Procuraduría Provincial de Pereira abrió indagación preliminar con ocasión de los hechos denunciados por el Señor CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ contra FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ como Contralor Municipal porque en calidad de contralor municipal, no se declaró impedido para conocer del proceso PRF-008 de 2014, dentro del que, el 7 de marzo de 2016, 1 Por medio de la cual se identifican y delegan funciones de la Procuraduría General de la Nación a las procuradurías delegadas y a las salas disciplinarias para la instrucción y juzgamiento disciplinario. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 3

Expediente: IUS 2018-443332 IUC D-2018-1181853 mediante auto N° 009 de 2016, resolvió un recurso de reposición y posteriormente, mediante auto de 2016, del 17 de marzo del mismo año, procedió a archivar las diligencias en favor del Señor Jorge Libardo Montoya Álvarez, quien fue uno de los concejales que votó por su elección como Contralor Municipal.

3.- ACTUACIONES PROCESALES Citación a audiencia: El 20 de mayo de 2019 la Procuraduría Provincial de Pereira dictó auto de citación a audiencia, visible a partir del folio 142 del expediente dados los requisitos sustanciales

para proferir auto de cargos, y de acuerdo con lo previsto en el inciso 4 del artículo 1752 de la Ley 734 de 2002, la presente actuación se adelantó por el procedimiento verbal señalado en el Título XI del Libro IV de la Ley 734 de 2002.

Desarrollo de la audiencia: Notificado personalmente el implicado del auto de citación a audiencia, tal y como consta a folios 131 y 132 del expediente, la audiencia pública se instaló el martes 18 de junio de 2019, dentro de la cual intervino el Doctor Federico Cano como apoderado de confianza del investigado FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ, en esta audiencia en primer lugar, se refirió a la taxatividad de las causales de impedimento y recusación, toda vez que, como lo reseña la jurisprudencia y la doctrina, las causales son taxativas y de limitada interpretación.

De igual manera, dijo que su mandante le hizo saber que su actuar fue consciente, previo a una evaluación cognoscitiva de su proceder y fue esa revisión previa, y actuar consciente el que lo llevó a establecer precisamente, conforme a esa taxatividad de que no estaba incurso en impedimento alguno y, por ende, conforme lo enseña la jurisprudencia, no podría incurrir en impedimento alguno. Dijo que sobre este aspecto haría un mayor énfasis en los alegatos. También se refirió al elemento común al interés directo, que, conforme lo enseñan la jurisprudencia y la doctrina, tiene un elemento estructural que lo define y es el aprovechamiento, citando la Real Academia de la Lengua Española (sic) que lo define como resultado o acción de aprovechar,

sacar un rendimiento y servirse de dicha situación, por lo que lo dirige a futuro y por ello considera que el interés directo es venidero, no anterior ni mucho menos resarcitorio, dejando presente que esta adecuación cognitiva que hizo su defendido basado en definiciones gramaticales y sustentado en la jurisprudencia y la doctrina, concatena con la taxatividad de los impedimentos concluyendo que si es propio a que a los concejales les está vedado votar por quien lo va a juzgar pero no le está vedado a quien ha recibido el voto de alguien luego decidir sobre ese alguien. Solicitó que se tenga presente en la evaluación integral, que se rige por un principio básico y siendo así no podría el Procurador General de la Nación investigar a los senadores que lo eligen, pues si hubiese sido tan de bulto la irregularidad, los jueces 2 Modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 4

Expediente: IUS 2018-443332 IUC D-2018-1181853 contenciosos que decidieron en primera y en segunda instancia y desataron incidentes de nulidad no se pronunciaron sobre esto, se observa que la inhabilidad y la incompatibilidad surge es del concejal para con el contralor no del contralor hacia el concejal.

En aras de ratificar sus postulados, solicitó que se oficiara al concejo municipal para

que remitiera copia íntegra de la hoja de vida allegada por el Doctor FERNÁN A. CAÑAS para el proceso de elección como contralor. Pidió igualmente que se certificara si el concejal Libardo Montoya Álvarez allegó a la corporación recomendación formal para que el doctor FERNÁN ALBERTO CAÑAS fuera nombrado como contralor Municipal; que se oficiara a la dirección operativa de la Contraloría Municipal de Dosquebradas para que certificara si a la fecha de los hechos el cargo de director de responsabilidad fiscal se encontraba vacante o si el mismo era ocupado por algún funcionario; y que se llamara a declarar a la Doctora Laura Tobón, quien laboraba en la Procuraduría Judicial. Así mismo, de oficio se decretó solicitar a la Contraloría Municipal de Dosquebradas certificar la planta de cargos, la estructura funcional y niveles jerárquicos y funciones de cada uno de los cargos directivos, así mismo certificar según el manual de funciones, en ausencia del director de responsabilidad fiscal quién asume por competencia las funciones a él encomendadas. En la audiencia realizada el 26 de junio de 2019, fue escuchada la declaración de la Doctora Laura Taborda Merchán (no a la Dra. Laura Tobón mencionada) quien, siendo interrogada por el defensor, Doctor Federico Cano, reconoció que fue la profesional que proyectó los autos que le puso de presente, y le leyó auto visible a folio 27, dictado el 17 de marzo de 2016, proceso PR F 00008-2014 auto 010 2016, de imputación y archivo del proceso de responsabilidad fiscal (referente al entonces

concejal Libardo Montoya Álvarez), y del cual le dio lectura al párrafo segundo y tercero, para que explicara sobre el sustento para la decisión de archivo, manifestando que, con ocasión de la Ley 610 del 2000 y la modificación que tuvo con el Estatuto Anticorrupción hay elementos fundamentales de la responsabilidad fiscal como el daño, el nexo causal y el elemento subjetivo, y otro elemento importante como lo es la gestión fiscal, no todos los funcionarios públicos ni todas las actuaciones son gestiones fiscal, se parte de que, como el representante legal es gestor fiscal. En este caso específico se evaluaron los hechos y se confrontaron con el contenido obligacional que hacía parte de su manual de funciones. El proceso de responsabilidad fiscal era por mora, una obligación que no había pagado la administración frente a unos créditos. En este caso era la secretaria de despacho, la tesorera, los auditores podían relacionar a varios funcionarios, pero ello no quería decir que respondieran todos, en este caso concreto estaban vinculados todos, pero no todos debían responder, el análisis jurídico que se hace en el proceso de responsabilidad fiscal es diferente al de la auditoría con base en el manual de funciones, y el director operativo no tenía el contenido de obligación de injerencia en el pago de los créditos que tenía que hacer el municipio a través de la secretaría de hacienda. Aquí se trataba de eran créditos en bancos que el municipio de Dosquebradas, a través de la secretaría de hacienda, dejó vencer sin pagar, lo que Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co

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Expediente: IUS 2018-443332 IUC D-2018-1181853 generó intereses de mora, y el proceso era por los intereses de mora y el director operativo tenía funciones distintas y que la obligación recaía en la secretaria de hacienda y el tesorero.

El defensor preguntó si el auto era un archivo definitivo, por lo que la declarante manifestó que los procesos son verbales u ordinarios, el ordinario empieza con auto de apertura, sigue con recaudo probatorio por dos años, a los dos años se decide si se archiva totalmente la investigación o se imputa responsabilidad fiscal, en este caso había varios investigados, se imputó a unos y se archivó a otros, seguían alegatos para tomar decisión de fondo. Al ser interrogada frente a la perentoriedad para evaluar la decisión y los efectos procesales y consecuencias de no cumplir con los términos, indicó que la veeduría general se encargaba de controlar a la contraloría, y era muy enfática en el control de términos. Informó que entró a la contraloría en diciembre de 2015 y en esa época fue la elección del contralor y había otro contralor encargado, no recuerda las fechas, pero en la división de gestión fiscal entre 2016 y 2017 se tomaron muchas decisiones de fondo y el volumen de fallos fue mayor. El defensor dejó constancia de que las decisiones propias de la división de responsabilidad fiscal las estaba ya tomando el anterior contralor, por lo que preguntó a la testigo sobre la situación que llevó a los contralores a suscribir autos que eran de

competencia del director de responsabilidad fiscal, indicando la testigo que para esa época había dos contralores, en la dirección de responsabilidad fiscal había una directora y un profesional, y, ante la estructura de la Contraloría, la dirección tomaba las decisiones de primera instancia y el contralor las de segunda. Para ese diciembre la directora de responsabilidad fiscal solicitó las vacaciones, cuando el doctor FERNÁN llegó, la directora sacó las vacaciones y a los pocos días renunció, el contralor encargado asumió antes de que llegara el doctor FERNÁN, y la testigo acababa de ingresar y estaba en periodo de prueba, y ese fue tema de discusión entre la directora y el contralor de cómo se iba a asumir. El doctor FERNÁN llegó y ella a los días pasó la renuncia porque es un cargo de libre nombramiento y remoción; indicó la Doctora Laura que ingresó a la Contraloría por concurso y no podía ser encargada por estar en periodo de prueba, la planta de personal es muy pequeña, y no había quien remplazara al director, y este tiene que ser abogado, y no eran sino 3 directores porque la planta es muy pequeña. Preguntada por el despacho frente a lo decidido en la parte resolutiva, auto proyectado el 17 de marzo de 2016, firmado por el Doctor FERNÁN ALBERTO CAÑAS, informó que el proceso era de única instancia, lo hizo desde las competencias que le competen al director de responsabilidad fiscal de contralor, lo hizo como contralor porque el cargo de director estaba vacante. También le preguntó el despacho si, dentro de la estructura de la contraloría puede el

contralor asumir esas competencias sin acto administrativo a sabiendas de que están Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 6

Expediente: IUS 2018-443332 IUC D-2018-1181853 asignadas, no recordó específicamente qué decía el manual de funciones, tenía claro que el contralor municipal es director del proceso responsabilidad fiscal.

Para la fecha en que fue proyectado el auto el Señor Jorge Libardo Montoya Álvarez fungía como concejal de Dosquebradas, la testigo no tuvo conocimiento de relación entre ellos. Como se asumió en las dos instancias, no recordaba la norma, fue la modificación, en la Ley 610 solo proceso ordinario de responsabilidad fiscal con el Estatuto Anticorrupción entró en vigencia el proceso verbal de responsabilidad fiscal, se habló de cuantías, ahí dice hasta qué cuantía los procesos van a primera y a segunda instancia, no era de única instancia, la auditoría para la vigencia 2016 o 2017 el auditor a cargo del proceso de responsabilidad fiscal generó un acto frente a esto, se adelantaba de acuerdo a la cuantía. Preguntada sobre el artículo 110 de la ley 1474 si el proceso era de única instancia informó que era de única instancia. También dijo que no recibió asesoramiento o conceptuó sobre el proceso, pero el contralor evaluaba y revisaba las circunstancias legales para poder proyectar. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento

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Para el a quo, el investigado sí incurrió en una de las causales de impedimento consagrada específicamente en el numeral 15 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011, esto es, [h]aber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin, argumentando que, el verbo rector de la falta disciplinaria, esto es, haber sido recomendado, se cumplió, en la medida en que el Ex Concejal Jorge Libardo Montoya Álvarez votó de manera positiva por el señor FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ en la elección como Contralor Municipal de Dosquebradas. Para el despacho de primera instancia, el verbo recomendar incluye entre uno de sus sinónimos de acuerdo con el diccionario general de español, el favorecer, es decir, que para el a quo recomendar y favorecer significan lo mismo sentido respecto del numeral 15 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, y en esa medida el sancionado incurrió en la conducta reprochable. La defensa interpuso el recurso de apelación que obra a folios 220 al 239 del cuaderno principal, en el que alegó la inexistencia de la falta imputada, pues asegura que la adecuación típica hecha por el a quo de la conducta no encuadraba con los

hechos, en la medida que las causales para declararse impedido eran taxativas. En esa medida, insistió en que el investigado no fue recomendado por el concejal Jorge Libardo Montoya Álvarez, y que la connotación gramatical que le otorgó el despacho a la acepción recomendar nunca fue planteada en el pliego de cargos. De la misma manera, asegura que no hubo interés de parte de disciplinable, pues este debe ser directo, inmediato y venidero, pero nunca resarcitorio, de modo que las situaciones que ya se concretaron en el tiempo, ya no representan un interés directo.

4. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO La Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con funciones de juzgamiento disciplinario es competente para conocer de este expediente, ya que, en desarrollo de los artículos 3 y 74 de la Ley 2094 de 2021, la señora Procuradora General de la Nación expidió la Resolución N° 217 del 14 de julio de 2021 -artículo tercero-, por medio de la cual le asignó funciones de juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución N° 207 del 7 de julio de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo quinto de la Resolución N° 207 de 2021, [e]s competencia de las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario conocer de los recursos de apelación y de queja frente a las decisiones proferidas por los procuradores provinciales en etapa de instrucción. Si bien el fallo aquí recurrido no fue proferido por la Procuraduría Provincial de Pereira en

etapa de instrucción, se trata de una decisión adoptada antes de la separación de las funciones de instrucción y de juzgamiento en el Ministerio Público, y la Resolución citada no les atribuye a las procuradurías regionales (artículo segundo ibídem) la competencia para resolver apelaciones contra fallos de procuradurías provinciales, porque en la norma actual tales provinciales no están facultadas para fallar los procesos que instruyen (artículo primero). Por tanto, esta Procuraduría Delegada es Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 8

Expediente: IUS 2018-443332 IUC D-2018-1181853 competente para resolver la apelación contra el fallo de primera instancia proferido el 26 de julio de 2019 por la Procuraduría Provincial de Pereira.

5. CONSIDERACIONES Se procede entonces a resolver el recurso de apelación presentado por el investigado el día 28 de agosto de 2019.

Frente al conflicto de interés (que en realidad debería llamarse conflicto de intereses), la Ley 1437 de 2011, señala lo siguiente: ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser

recusado si no manifiesta su impedimento por: …

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin.

... Igualmente, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, en los artículos 40 y 48 establece: ARTÍCULO 40. CONFLICTO DE INTERESES. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: ...

17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.

... Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 9

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Antes de pronunciarse sobre la existencia de un interés directo del disciplinable que hubiera sido contrario al interés general, es menester verificar si la conducta imputada resulta típica a la luz de la norma que se dijo vulnerada por el a quo. Al respecto, la causal de conflicto de intereses endilgada tiene una connotación especial, pues esta se encuentra redactada a manera de hecho cumplido, pues recordemos que esta indica que la falta se configura por haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. Como se dijo, el a quo, tras encontrar entre los sinónimos y usos de la palabra recomendar, según el diccionario general de español el verbo favorecer, concluyó que el disciplinable había incurrido en conflicto de interés. Pero este Despacho observa que dar al verbo rector de la conducta usado por la ley, recomendar, el alcance de uno de sus múltiples sinónimos, que es favorecer, implica extender el alcance de la conducta irregular establecida en la ley (el conflicto de interés), de una manera que no resulta congruente con la interpretación de las normas que contienen prohibiciones, las cuales por restringir los derechos de sus destinatarios no pueden ser leídas expansivamente. Si en la norma cuya supuesta violación (el numeral 15 del artículo 11 del C.P.A.C.A.) sirve de sustento a la sanción recurrida se cambia el verbo recomendar por favorecer, el sentido de la norma cambiaría totalmente, y conductas no cubiertas por el texto legal (recomendar) quedarían incluidas en el resultante de la

interpretación del fallo apelado (favorecer). De otra parte, el a quo, no citó con precisión la fuente que en la que se consultaron dichos sinónimos, o sentidos gramaticales, ni los contextos en los cuales podrían usarse. Sin embargo, este despacho verificó en el Diccionario Panhispánico de Dudas disponible la página web3 de la Real Academia Española (RAE), el cual explica el uso dentro de la palabra «recomendar», de la siguiente manera: recomendar. 1. ‘Aconsejar [algo] a alguien para su bien o provecho’ y ‘hablar a una persona en favor [de otra] para que la ayude’. Verbo irregular: se conjuga como acertar (→ APÉNDICE 1 , n.º 16).

2. Con el segundo sentido indicado, se construye normalmente con dos complementos de persona: uno directo, que designa la persona en favor de la cual se habla, y otro indirecto, que designa la persona a quien se habla. Para evitar la anfibología resultante de la presencia de dos complementos con a —el directo de persona y el indirecto: Recomendé A mi hermano A mi jefe—, puede suprimirse la preposición del complemento directo: Recomendé mi hermano A mi jefe (→ a 2 , 1.2d). En México se emplea también la solución, infrecuente en el resto del ámbito hispánico, de introducir por con el segundo complemento: Recomendé A mi hermano CON mi jefe.

Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española disponible en la web de la RAE4 da las

siguientes definiciones de recomendar: 3 https://www.rae.es/dpd/recomendar, consultado el 23 de noviembre de 2021 a las 6:00 p.m. 4 https://dle.rae.es/recomendar, consultado el 23 de noviembre de 2021 a las 6:10 p.m. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 10

Expediente: IUS 2018-443332 IUC D-2018-1181853 1. tr. Encargar, pedir o dar orden a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio. 2. tr. Hablar o empeñarse por alguien, elogiándolo. 3. tr. Aconsejar algo a alguien para bien suyo. 4. tr. Hacer recomendable a alguien. U. t. c. prnl.

Finalmente, a la palabra recomendación, la RAE la define así: 1. f. Acción y efecto de recomendar. 2. f. Encargo o súplica que se hace a alguien, poniendo algo a su cuidado y diligencia. 3. f. Alabanza o elogio de alguien para introducirlo con otra persona. 4. f. Autoridad, representación o calidad por la que algo se hace más apreciable y digno de respeto. Ahora bien, según el artículo 28 del Código Civil que establece que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras… Este Despacho encuentra que el verbo favorecer no es equivalente, en el

uso general, a la palabra recomendar, aunque sea uno de múltiples sinónimos que pueden proponerse para esta palabra. Sin embargo, un sinónimo de una palabra no es igual a ella y no la reemplaza en especial en normas que prohíben conductas. Bajo la lectura del fallo apelado, el conflicto de interés referido en el numeral 15 del artículo 11 del C.P.A.C.A. se estaría ampliando a un nuevo verbo rector al momento de calificar la falta, lo que consideramos estaría en contravía del principio de legalidad, pues equivale a sancionar con base en una conducta no tipificada. Es por ello, que, para esta Procuraduría de juzgamiento, la conducta del investigado no se encuadra dentro del numeral 15 articulo 11 del CPACA, por no haberse declarado impedido de conocer el proceso fiscal adelantado en contra de uno de los concejales que votó por él en su elección para contralor municipal. El verbo rector de la conducta endilgada era el haber sido recomendado para el cargo por dicho concejal, pero éste no recomendó al disciplinable, sino que votó por él para el cargo de contralor de Dosquebradas. Si bien puede argüirse que es mucho peor votar por alguien para un cargo que simplemente recomendarlo para este, no cabe duda que una decisión disciplinaria no es el espacio para rectificar esta deficiencia normativa, si es que ella verdaderamente existe. No se oculta al Despacho que el concejal con quien supuestamente el disciplinable habría incurrido en el conflicto de intereses varias veces aludido ya perdió su

investidura de tal por fallo confirmado por el Consejo de Estado. En el caso del Sr. Jorge Libardo Montoya Álvarez, la justicia encontró que se materializó un conflicto de interés en los términos del artículo 70 de la Ley 136 de 1994, puesto que tuvo interés directo en una decisión que lo afectaba y no se declaró impedido, lo cual configuró la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 2 del artículo 55 ibídem. La decisión fue votar por el candidato a contralor de Dosquebradas, Sr. FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ, a sabiendas de que en dicha contraloría cursaba un proceso de responsabilidad fiscal en contra el Sr. Montoya Álvarez. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con Funciones de Juzgamiento Carrera 5 Nº 15-80 piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11929 www.procuraduria.gov.co Correo: notidel6cedo@procuraduria.gov.co 11

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Si bien puede parecer obvio que el aquí disciplinable también debe ser sancionado, pues al archivar el proceso en contra del concejal que votó por él, estaría implícitamente cumpliendo con el quid pro quo que habría sido acordado como contrapartida del voto recibido e irregularmente proferido, lo cierto es que en el presente caso no hay evidencia de un acuerdo entre los Sres. Montoya y CAÑAS en el sentido anotado, ni se probó que el Sr. Montoya hubiera recomendado al Sr. CAÑAS

para el cargo de contralor de Dosquebradas. Mediante una interpretación expansiva del verbo recomendar, el a quo entendió que, al haber votado por él, el entonces concejal favoreció al Sr. CAÑAS (de lo cual no cabe duda) y por tanto lo puso en una situación de conflicto de interés que le impedía resolver el expediente en su contra. Pero este Despacho de segunda instancia ha encontrado que recomendar y favorecer no son la misma cosa, aunque resulten sinónimos para ciertos efectos. Por las razones expuestas, el análisis de la conducta realizado en el fallo de primera instancia no se hizo de manera correcta, pues no se ajustó a la conducta de reproche, por lo que no se cumplió el requisito de tipicidad de la conducta punible. En estas circunstancias no es necesario realizar el análisis en sede de antijuridicidad y culpabilidad, puesto que se concluirá que, en este proceso, no es procedía sancionar al investigado por la conducta endilgada en el pliego de cargos. Por lo anterior, el Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado con Funciones Juzgamiento, RESUELVE: PRIMERO: AVOCAR conocimiento del expediente número IUS 2013-443332 IUC-D2018-1181853.

SEGUNDO: REVOCAR la decisión de primera instancia de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, y en su lugar, ABSOLVER al señor FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 4.578.887, por cuanto no se encontró responsable del cargo endilgado en el auto acusatorio, de conformidad con lo anotado en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: NOTIFICAR al investigado de la presente decisión y COMUNICARLA al quejoso, dándole a conocer que contra lo decidido no procede recurso algu