PGN - RECURSO DE CASACIÓN - Autor del delito de tráfico de sustancias para el procesamient

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. Augusto J. Ibañez Guzmán

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto sobre demanda de casación (Rad. 23.065) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la condena proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad contra Aviecer Cruz Quintero como autor responsable del delito de Tráfico de Sustancias para el Procesamiento de Narcóticos.

El defensor del sentenciado interpuso el recurso extraordinario de casación, y admitida como fue la demanda, corresponde al Procurador Cuarto Delegado del señor Procurador General de la Nación rendir el respectivo concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1. HIPÓTESIS DELICTIVA El Ministerio Público acoge la narración de los hechos conforme lo hiciera el Juzgador Colegiado, quien los refirió en los siguientes términos: “El 6 de agosto de 2.002 varios agentes de la policía se ubicaron en la

carrera 48 con calle 48 del municipio de envigado con el fin de realizar operaciones de control. En esa tarea requisaron a las 11 de la mañana un camión 350 marca Mitsubishi con placas TIZ566, en el cual hallaron 70 canecas de 5 galones cada una de ácido sulfúrico, que iban cubiertas por unas cajas de frutas. El conductor del vehículo exhibió las facturas de éstas, pero no las de las canecas con el líquido, el cual fue sometido a análisis, dando como resultado ácido sulfúrico. Por esa

razón fue detenido el conductor Aviecer Cruz Quintero y su acompañante Jairo de Jesús Cruz Quintero.”

2. SINOPSIS PROCESAL Con fundamento en el informe presentado por los miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía 37 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Medellín, mediante pronunciamiento del 8 de agosto de 2002, ordenó la apertura formal de la investigación, y una vez escuchados en indagatoria los capturados, la situación jurídica provisional de Aviecer Cruz Quintero fue resuelta con medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación como presunto autor responsable del 2 delito de Tráfico de Sustancias para Procesamiento de Narcóticos previsto en el artículo 382 del Código Penal, mientras que respecto de Jairo de Jesús Cruz Quintero se abstuvo el funcionario de imponer medida de aseguramiento alguna .

El 11 de octubre de 2002 negó el instructor la libertad provisional solicitada por la defensa de Aviecer Cruz Quintero, determinación confirmada en su integridad por la Fiscalía Delegada ante el tribunal Superior de Medellín en virtud a la impugnación propuesta por la defensa. Perfeccionada en lo posible la investigación se clausuró y el mérito probatorio del sumario se calificó el 21 de febrero de 2003 con Resolución de Acusación en contra de Aviecer Cruz Quintero por el mismo delito que le fuera atribuido al momento de resolverse su situación jurídica, y con Preclusión de la Investigación a favor de Jairo de Jesús Cruz Quintero, providencia que en virtud del recurso de reposición interpuesto como principal, obtuvo confirmación de parte del mismo

funcionario, mientras que en relación con la apelación incoada como subsidiaria, por medio de Resolución del 1 de abril de 2003 fue aceptado el desistimiento presentado por la defensa. La etapa procesal del juicio la adelantó normalmente el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, y una vez realizada la audiencia preparatoria y el debate público oral, el 5 de diciembre de 2003 se emitió el fallo de primer grado, mediante el cual se impusieron a Aviecer Cruz Quintero las penas principales de seis (6) años de prisión y multa equivalente a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales como autor del delito por el cual se lo acusó, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad. También le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitutiva de la prisión domiciliaria, y se abstuvo de imponerle obligación alguna por concepto de perjuicios. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en virtud del recurso de apelación conoció de dicha determinación, y con la suya del 29 de junio de 2004, la confirmó en su integridad.

3. LA DEMANDA Al socaire de la causal primera de casación, denuncia el libelista que al apreciar la prueba incurrió la expresada sentencia de segunda instancia en errores de hecho en sus diversas modalidades (falso juicio de identidad, de existencia y falso raciocinio), a consecuencia de los cuales se aplicaron indebidamente los artículos 284 a 287 del Código de Procedimiento Penal, y 382 del Código Penal, y se dejó

de aplicar el artículo 7° del Estatuto Procesal Penal, referido al principio de in dubio pro reo. 3 Señala que el cargo formulado se encamina a poner en evidencia el cuestionamiento relativo a si existe duda razonable respecto al conocimiento que tenía el sindicado de las características de la sustancia transportada en las canecas, es decir, en torno a si actuó con dolo o no, y en cumplimiento a dicho objetivo afirma que los indicios tenidos en cuenta por la sentencia son el producto de múltiples errores probatorios, los cuales concreta en los siguientes términos: 3.1. Falsos Juicios de Identidad y de Existencia a) Inicialmente aseguró que el Tribunal Superior incurrió en error al entender como probado el hecho indicador relativo a que el procesado no sabía donde localizar al dueño de la mercancía transportada, no obstante que las pruebas obrantes en el expediente indican todo lo contrario. En su sentir, la equivocación del juzgador se originó en un falso juicio de identidad por cercenamiento de la indagatoria de Aviecer Cruz Quintero, en razón a que con fundamento en su contenido entendió como acreditado que el sindicado no sabía donde se localizaba la persona con quien contrató el transporte de la mercancía, conclusión errada a la que llegó por no tener en cuenta la afirmación relativa a que contaba con un papelito con el número del teléfono celular de dicha persona donde se podría localizar ante cualquier eventualidad, y que dichos datos efectivamente fueron entregados a los miembros de la Policía Nacional que lo capturaron. Agregó que una simple comparación entre lo afirmado en indagatoria por su

representado y lo sostenido por el Tribunal Superior para estructurar el indicio, permite concluir que se hizo decir a la prueba algo que objetivamente no se desprende de la misma. De igual forma, afirmó que al equívoco del juzgador de segundo grado condujo el falso juicio de existencia en que incurrió respecto del testimonio de Elger Alonso Jaramillo Correa, integrante de la Policía Nacional que participó en el operativo de captura, en la medida en que no tuvo en cuenta su versión respecto a que en verdad el sindicado le entregó un papel con el número del teléfono celular del dueño de la mercancía, persona ésta con la que sostuvo una comunicación. Apuntaló que de haber valorado el Tribunal Superior la versión de su defendido en su integridad y tenido en cuenta las manifestaciones del policial Elger Alonso Jaramillo Correa, habría concluido que aquél si sabía donde se localizaba la persona que lo contrató para transportar la mercancía, de donde surgía como inadmisible la estructuración del indicio tenido en cuenta por el juzgador para deducir responsabilidad en su contra. b) En segundo término, mencionó que se equivocó el juzgador de segundo grado al dar por establecido el hecho indicador referente a que el procesado iba a transportar la mercancía sin saber a quien y en que sitio debía entregarse, pese a obrar en el expediente prueba en contrario, concretamente porque al momento de 4 celebrar el negocio se le informó que sería acompañado por un ayudante que tenía toda la información al respecto. Incurrió de esta forma el Tribunal en falso juicio de identidad por cercenamiento de la indagatoria del acusado, al deducir algo que objetivamente no se desprende de

la misma, en razón a que nunca dijo que hubiera aceptado transportar la mercancía sin saber a quien y donde entregarla. Agregó que de haberse valorado adecuadamente la indagatoria del acusado, esto es teniendo en cuenta sus manifestaciones respecto a que sería acompañado por un ayudante suministrado por el dueño de la mercancía quien sabía donde y a quien entregarla, habría sido probatoriamente factible estructurar el indicio en su contra. c) Tampoco acertó el fallador de segundo grado al estimar como probado el hecho indicador relacionado con que el procesado aceptó transportar la mercancía sin factura, estructurándose de esta forma un nuevo falso juicio de identidad por cercenamiento de la indagatoria de Aviecer Cruz Quintero, al no tomar en cuenta sus afirmaciones respecto a que al momento de celebrar el contrato le fueron enseñados los mencionados documentos, con la promesa que le serían entregados una vez se encontrara con el ayudante y subieran el resto de la carga. En su sentir, el Tribunal erró al asumir que por no tener las facturas al momento de la revisión del vehículo por parte de las autoridades de policía, eso significaba que había aceptado transportar la mercancía sin contar con esa documentación, apreciación que es inexacta. De haberse valorado integralmente las manifestaciones del acusado, se habría concluido que no aceptó ni pretendía transportar la mercancía sin factura. d) Se refiere nuevamente el Libelista a la presencia de un falso juicio de identidad por tergiversación de la indagatoria de Aviecer Cruz Quintero, pues, pese a que

explicó que cuando los policías le preguntaron sobre la carga entendió que se referían a las cajas de fruta y no a las canecas, por lo que respondió que uvas pasas, el Tribunal asumió y dio por establecido que el acusado “entendió y supo que se estaban refiriendo a las canecas, no a las cajas de frutas”. Menciona igualmente el casacionista la estructuración de un falso juicio de existencia por omisión en relación con la declaración del policía Elger Alonso Jaramillo Correa, quien informó de manera categórica las circunstancias en que se produjo la pregunta sobre el contenido de las canecas, por lo que pudo perfectamente el sindicado pensar que se refería a la totalidad de la carga y no sólo a las canecas. Los mencionados errores llevaron al juzgador a entender como acreditado el hecho indicador referido a que la respuesta sobre el contenido de las canecas se trató simplemente de una manera de tratar de ocultar el contenido ilícito de las mismas. 5 Expresó el Letrado que de haberse valorado adecuadamente estas pruebas, se habría concluido que el hecho indicador no está probado en el expediente, con la consecuente imposibilidad de estructurar el indicio de responsabilidad en contra de su asistido. 3.2. Falsos Raciocinios Denunció la estructuración de errores de hecho por falso raciocinio respecto de la inferencia lógica de diversos indicios, en razón a que, según su criterio, no es posible establecer ninguna relación de conexidad entre los hechos indicadores tenidos en cuenta y las conclusiones a que se llegó a partir de los mismos, y por consiguiente, las deducciones obtenidas obedecieron exclusivamente a una

conjetura o a una visión subjetiva del juzgador, ajena a cualquier regla de la experiencia, la lógica o la ciencia. Además, no señalan los juzgadores de instancia cual es el contenido de la inferencia lógica que fundamenta el indicio, por lo que su estructuración es arbitraria y carente de sentido lógico. En concreto, se refiere a los siguientes elementos de juicio aducidos por los funcionarios de instancia para deducir responsabilidad en contra de su representado. a) Ausencia de credibilidad a las explicaciones ofrecidas por el sindicado Denunció la estructuración de un error de hecho respecto de la inferencia lógica derivada del indicio de mentira, pues si bien el Tribunal señala cuatro “argumentos de inverosimilitud o indicios de mala justificación” para restar credibilidad a la versión de su defendido, concretamente por no haber indicado la hora en que se encontraría con el dueño de las canecas para recoger la otra mercancía y recibir las facturas; por decir que las canecas con el veneno estaban en la plaza mayorista y el abono en la planta de Colanta; porque estima el juzgador que no requería de un ayudante para transportar la carga; y, finalmente, por cuanto no tiene sentido que en la plaza mayorista simplemente le hubieran mostrado las facturas y le prometieran entregárselas en Colanta, si ya las canecas estaban cargadas, lo cierto es que si bien la mentira puede ser indicativa de responsabilidad cuando no tiene justificación, en el evento examinado cada una de las manifestaciones del acusado cuenta con fundamento y explicación suficiente. Aseguró que si el Tribunal hubiera verificado la explicación lógica ofrecida por su

representado respecto de cada una de las supuestas mentiras, no habría sido factible la construcción del indicio cuestionado, por ausencia de inferencia lógica que conecte el hecho indicador con la conclusión. b) Camuflar las canecas mediante su distribución en la carrocería del vehículo 6 Denuncia el desconocimiento de la regla de la experiencia del transporte de mercancía acorde con la cual su distribución dentro del vehículo responde a su peso y a su incidencia en el funcionamiento y conducción del mismo, y no al espacio existente en la carrocería. Aseguró que el Juzgador de segundo grado en contra de dicha regla de la experiencia, impuso su conocimiento o intuición personal para concluir que la intención del conductor era camuflar u ocultar las canecas, aspecto que no se deriva del hecho indicador debidamente probado, toda vez que la regla de la experiencia en mención permite deducir lo contrario., esto es, que la forma en que ubicó las canecas cuenta con un sustento razonable. En consecuencia, no podía el Tribunal rechazar la afirmación del sindicado simplemente porque le parecía innecesario acomodar la carga en la manera en que se hizo, ya que la íntima convicción o conocimiento privado del Juez no puede suplantar las pruebas que obren en el expediente, para el caso, la regla de la experiencia sobre la manera en que se distribuye la carga en la carrocería, que de haberse tenido en cuenta habrían permitido concluir en la improcedencia del indicio de responsabilidad en contra del acusado. c) Cargar la mercancía sin tener en cuenta el lugar de destino de la misma

Idéntica argumentación utilizó para cuestionar la inferencia del Tribunal relativa a que el sindicado, en contra de la lógica, el sentido común y la experiencia, no tuvo en cuenta que la carga se organiza conforme al lugar de destino, y las canecas que debería entregar primero, las colocó en el lugar más inaccesible y cubiertas con las cajas de fruta, criterio controvertido por el demandante, pues, insiste el Letrado que también en este caso el criterio que se impone para distribuir la carga es el referido a su peso. d) Mezclar frutas con lo que afirmó era veneno para fumigar Refiriéndose al contenido de la sentencia de primer grado, respecto de la cual predicó su unidad jurídica inescindible con la de segunda instancia, puso de presente que incurrió en falso raciocinio respecto de la inferencia lógica del indicio relativo a la inconveniencia de la conducta del sindicado de mezclar frutas con veneno. No encuentra el Libelista, en su opinión, regla alguna de la experiencia o juicio de sentido común que indique que mezclar fruta con veneno permite deducir lógicamente que el sindicado tenía conocimiento que transportaba algo ilícito, pues, se trata de un simple descuido para la salud de las personas, comportamiento imprudente admitido por el acusado. Agregó que además, la construcción del indicio en mención violó la regla lógica de no contradicción, ya que el hecho indicador asume que el procesado creía que lo 7 transportado era veneno, y en tales circunstancias la inferencia lógica, esto es el conocimiento del carácter ilícito del producto, se opone a la premisa de la cual

partió el hecho indicador. Explicó que para valorar la prueba debió el Tribunal Superior establecer cual era la regla de experiencia, de la lógica o de la ciencia que permitía, a partir del hecho indicador en mención, llegar a la conclusión acerca de que el sindicado actuó con dolo. Finalmente, apuntaló que de haber valorado adecuadamente la prueba no habría construido el indicio en la forma que lo hizo, por ausencia de inferencia lógica que conecte el hecho indicador con la conclusión. e) Dialogar con los policías en el momento de la captura Recae el error que denuncia en esta oportunidad en la inferencia lógica del indicio, en cuanto estimó que el juzgador atribuyó al hecho indicador (diálogo del sindicado con los policías al momento de la captura), una consecuencia que no se deriva del mismo, pues, en su sentir, al no haberse establecido en el proceso el contenido de la conversación, dicha conclusión obedece a una simple percepción subjetiva del juzgador. Expresó el Letrado que acorde con las reglas de la experiencia, no necesariamente cuando un capturado dialoga con sus aprehensores, lo hace debido a que tiene conocimiento de que su comportamiento es ilegal, pues, esa conversación puede referirse también a temas diversos de aquellos que eventualmente puedan catalogarse como delictivos. La simple presencia de un diálogo entre estas personas en manera alguna se constituye en hecho indicador del cual se derive responsabilidad en contra del acusado, en la medida en que el funcionario admitió que la conversación sobre un presunto arreglo fue equívoca. Así, para construir el indicio, correspondía inicialmente establecer que la comunicación entre los policías y el capturado se

concretó a aspectos relacionados con el ilícito. En el presente evento, como el diálogo fue “probatoriamente equívoco”, no era factible construir el indicio cuestionado para atribuir responsabilidad a su representado. f) Comunicarse telefónicamente con una persona desconocida en el momento de la captura Consistió este yerro en atribuir al hecho indicador (llamar a un tercero que al parecer iba a arreglar el asunto) un alcance que no le corresponde y que obedece exclusivamente al capricho del funcionario, en razón a que al no haberse podido acreditar probatoriamente el contenido y alcance de la llamada, pues, el juzgador no asume como cierta la versión del agente Elger Alonso Jaramillo Correa acerca 8 de que se trataba de una llamada para sobornarlos, y en tal sentido la inferencia lógica obtenida a partir del hecho indicador, no es acertada. Aseguró que las reglas de la experiencia en manera alguna se encaminan a acreditar que cuando un capturado solicita realizar una llamada al dueño de la mercancía, lo hace porque tiene conocimiento de su ilegalidad, ya que, por el contrario, puede obedecer a su convicción de estar actuando conforme a la ley, y que el dueño de la mercancía concurrirá con las facturas correspondientes. Así las cosas, la simple comunicación telefónica no puede servir de fundamento para estructurar un indicio de responsabilidad en contra del acusado. Aseguró el Libelista que los múltiples errores denunciados denotan la violación de las leyes procesales y sustanciales y acreditan que no fue demostrada la presencia de dolo en la conducta de su representado, es decir que no se desvirtuó

plenamente su presunción de inocencia, motivo por el cual las dudas existentes se deben resolver a su favor. Pide, en consecuencia, se case la sentencia y se absuelva al procesado en aplicación del principio in dubio pro reo, previsto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal.

4. CONCEPTO La formulación de un cargo bajo el supuesto de que al sentenciar se cometieron errores de hecho al apreciar la prueba entraña la obligación de liberarse de los prejuicios personales en orden a divulgar con objetividad cómo, de no haberse incurrido en ellos, la conclusión habría sido distinta y en consecuencia procedería casar el fallo.

Es deber de ineludible factura que así suceda, por cuanto la sentencia arriba ante el Órgano Jurisdiccional de la Casación precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, por manera que la exigencia del ataque mediante el cual se la pretende abatir se extrema, y por tanto, expresiones orientadas a ensayar interpretaciones alternativas a la oficial sobre las pruebas, como evidentemente acontece aquí, no repercuten en el éxito de la censura. La denuncia de la violación de las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba así como la distorsión de su contenido material fructifican gracias al empleo de los sofismas, ya de composición, al tomar una parte de la prueba por el todo, o de división, al fundar el todo probatorio en una de sus partes, a partir de lo cual en uno y otro caso se extraen contradicciones que se dicen insalvables y por tanto demeritan la credibilidad de los testigos, y de allí la necesidad de resolverse por la

duda a favor del procesado, lo cual en realidad revela el interés por enfrentar una particular visión de los medios de persuasión a la elaborada por el Tribunal. 9 Así, cuando la intención cifra en alegar la distorsión del contenido objetivo de la prueba mediante la modalidad de falso juicio de identidad, objetivo en que se centran los primeros apartes del escrito de demanda, como está ampliamente decantado, se exige identificar el sector del medio de convicción tergiversado, cuál es su correcto sentido y su trascendencia frente a las conclusiones del fallo, tarea que aquí se satisface con la simple relación de fragmentos de elementos de persuasión para luego ensayar posturas eminentemente personales, lo cual se opone a la naturaleza del recurso porque impone un ataque lógico jurídico argumentativo y no la prolongación de la discusión entre tesis distintas. En relación con este punto, no se puede pasar por alto que si el operador jurídico llega a determinada conclusión con fundamento en un análisis que resulta atendible dentro del marco de la sana crítica, la misma debe prevalecer sobre el criterio personal del demandante, habida consideración de la doble presunción de acierto y legalidad con que está amparada la sentencia de segunda instancia, y en consecuencia las simples discrepancias conceptuales sobre la forma y alcance de las pruebas o las interpretaciones personales del impugnante que persiguen poner en tela de juicio el valor otorgado por el juzgador de instancia a la prueba de cargo enfrentándole su visión personal, sin demostrar la existencia de yerro alguno, no pueden repercutir en la validez del fallo.

En el concreto evento, no se ajusta a la realidad procesal la afirmación del demandante en torno a que se tergiversó el contenido material de la indagatoria del sindicado, pues, contrario a lo que se afirma en el libelo, el juzgador de primer grado, en argumento no rebatido por la segunda instancia y que por consiguiente entra a formar parte de la unidad jurídica inescindible de las sentencias, se refirió al número de teléfono celular y a la llamada a que aludió el acusado en su injurada, sólo que no les dio el valor probatorio pretendido por la defensa, especialmente porque el simple hecho de tener el número de un teléfono celular, no implica que se tenga conocimiento respecto a donde localizar a una persona, para el caso específico al dueño de la mercancía transportada, al punto que a estas alturas del proceso, luego de transcurridos varios años, aún no se tiene ninguna noticia de dicha persona. Tampoco se cercenó la indagatoria respecto de la mención que hizo al ayudante que sería suministrado por el dueño de la mercancía y quien tenía la información en cuanto a la persona y el sitio donde debía entregarse, en razón a que el cuestionamiento de los juzgadores de instancia respecto a este tema, se concretó a que no tenía el justiciable conocimiento directo de estos aspectos, pese a que lo usual en estos casos es que sea directamente el conductor quien se encargue del asunto. La critica del Letrado referida a que se equivocaron los funcionarios de instancia al estimar como probado el hecho indicador relacionado con que el procesado aceptó transportar la mercancía sin factura no encuentra apoyo en el material probatorio allegado a las diligencias, pues, independientemente de que se las

hubieran mostrado o no al momento de contratar la carga, es lo cierto que, cuando 10 se realizó el operativo no contaba con sustento documental alguno que amparara la sustancia transportada. La argumentación del los juzgadores de instancia respecto a que el acusado trató de ocultar el verdadero contenido de las canecas cuando fue indagado por los policías al responder que se trataba de uvas pasas, se fundamentó en la declaración del agente Elger Alonso Jaramillo Correa, y por consiguiente, bajo ningún punto de vista es factible hablar de la presencia de un falso juicio de existencia por haberse omitido el análisis de este medio de prueba, como tampoco de un falso juicio de identidad por cercenamiento de la indagatoria del sindicado. De otro lado, en contra de lo anotado en la demanda, donde se afirma que la versión ofrecida por el policía Elger Alonso Jaramillo Correa no fue objeto de valoración no sólo en torno al punto anterior sino también respecto a que en verdad el justiciable le entregó un papel con el número del teléfono celular del dueño de la mercancía y que sostuvo una comunicación con esta persona, se aparta notoriamente de la realidad, pues tanto el Tribunal Superior como también el Juzgado analizaron este aspecto, sólo que no le otorgaron la trascendencia pretendida por el abogado, y decidieron por el contrario compulsar copias para que fuera investigado por las irregularidades presentadas en el cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior por cuanto en la apreciación probatoria y en especial la testimonial debe atenderse, entre muchos otros factores, la capacidad física y psíquica del declarante y la forma en que se produjo la percepción, su coherencia interna,

concordancia externa y razón del dicho, aspectos que examinados por los funcionarios de instancia en el concreto particular, sirvieron de sustento a la determinación adoptada. Por tanto, resulta incompresible la postura del impugnante al extrañar la valoración de esta prueba. No acreditó el demandante la presencia de yerros ostensibles en la apreciación de las pruebas que indicaran la ausencia de identidad o correspondencia entre su contenido y lo que el funcionario manifestó correspondía a su tenor, mediante la comparación de lo que dice el elemento o los elementos de juicio que estima tergiversados y la concreción que de su texto hicieron los juzgadores, resaltando adecuadamente en que consistió el desacierto y cómo éste repercutió definitivamente en la decisión adoptada, esto es no acreditó que sin la presencia del error revelado la situación jurídica del procesado hubiera sido sustancialmente opuesta, desde luego en su beneficio, sino que se limitó a expresar su discrepancia conceptual con el criterio de los funcionarios de instancia. El Letrado a partir de la óptica particular que le ofrece la apreciación de la prueba, se ocupa en el extenso contenido de la censura a exponer las razones por las cuales según su punto de vista era viable otorgar credibilidad a la versión injurada ofrecida por su representado, y en consecuencia que su conducta siempre estuvo dirigida a dar cumplimiento al compromiso adquirido al contratar la carga, respecto 11 de la que ignoraba sus verdaderas características, descartando de esta forma la existencia de dolo en su comportamiento. Se evidencia en toda su manifestación con vista a las argumentaciones visibles en las sentencia de primera y segunda instancia, que por razón de la confirmación

constituyen una unidad jurídica inescindible, que los elementos de juicio relacionados por el Letrado en su escrito, en contra de lo que denuncia, fueron examinados en su real dimensión, sólo que no les fue otorgado el mismo alcance o connotación reclamado, sin que resulte viable en consecuencia aducir la configuración de un error de hecho por falso juicio de identidad respecto de los mismos. No pasa de ser un simple alegato de instancia la forma de argumentar del censor, por cuanto olvida que el ejercicio del recurso extraordinario no constituye un medio de impugnación que permita reabrir un nuevo examen probatorio jurídico mediante la simple presentación de criterios que estima más autorizados a los del juzgador. Por igual carece de fundamento la crítica edificada en torno a la violación de las reglas de la sana crítica denunciada a través de los falsos raciocinios, modalidad de yerro en que es preciso identificar cuál de ellas se transgredió en concreto, y si se trata de una de la experiencia, como en general se propone aquí, debe señalarse cuál es la correcta y una vez aplicada enseñar la nueva conclusión para enfrentarla al resto de los elementos de persuasión, proceso que en el sub lite no se cumple, por cuanto escasamente se traen postulados de la común ocurrencia que no se atina a explicar por qué encajan aquí. Según parece, desconoce el recurrente la naturaleza de la modalidad de error que aduce, porque el argumento encierra, a no dudarlo, una verdadera paradoja, por cuanto a la par de sus argumentos encaminados a disentir de una valoración probatoria legítima de las instancias y llegar a sus propias deducciones con

fundamento en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, operación dialéctica que necesariamente implica la aceptación in integrum del contenido de las mencionadas pruebas, decide cuestionar el grado de credibilidad que debía otorgarse a los elementos de juicio. Resulta evidente, entonces, que se dedicó el demandante a enfrentar su opinión personal a la del sentenciador, sin tener en cuenta, de una parte, que en su labor de analizar cada uno de los element