PGN - RECURSO DE CASACIÓN - Peculado por uso

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P. Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

E. S. D.

Ref: Recurso de Casación interpuesto por el defensor del señor CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas), que lo condenó por el delito de Peculado por Uso. Rad. 26.909.

En mi condición de Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, procedo a emitir concepto sobre la legalidad de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas), el 25 de septiembre de 2006, mediante la cual confirmó la sentencia condenatoria que había emitido el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, el 25 de marzo de 2004, contra CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ por el delito de Peculado por Uso. La Corte Suprema de Justicia consideró ajustada a los requisitos legales la demanda de casación interpuesta, y dispuso el traslado a esta Procuraduría Delegada para emitir concepto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 213 de la ley 600 de 2000. HECHOS El 30 de abril de 1999, varios empleados del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Manizales, formularon denuncia penal contra el Mayor ® CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ, comandante de ese cuerpo de bomberos, porque supuestamente había dado uso indebido al campero Chevrolet Trooper M-13 que se le había asignado, en especial los días 10,17

y 25 de abril de 1999, en los que había utilizado el automotor para transporte de personas particulares, familiares y materiales a una finca de su propiedad ubicada en el municipio de Villamaría (Caldas). ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE La Fiscalía Décima delegada ante los jueces del circuito, con base en la Denuncia, dispuso la apertura de investigación previa el 10 de mayo de 1999, y en ella ordenó la práctica de algunas diligencias. La misma Fiscalía Décima Delegada ante los jueces de Circuito de Manizales, mediante resolución de 23 de agosto de 1999, dispuso la apertura de la instrucción y vinculó mediante indagatoria a CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ. También allegó abundante prueba testimonial. Con resolución del 31 de julio de 2001 se decretó el cierre de la investigación, y mediante providencia de 3 de septiembre de 2002 la fiscalía dictó resolución de acusación contra de CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ, por el delito de Peculado por Uso. La etapa del juzgamiento contra CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ se tramitó en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, donde una vez realizada la audiencia pública se dictó fallo de condena el 25 de marzo de 2004, donde se le declaró responsable del delito de peculado por uso, imponiéndole una pena de 12 meses de prisión e interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual a la pena principal, e inhabilidad de por vida para el desempeño de funciones públicas. Dicha sentencia fue apelada por la defensa, siendo confirmada por el Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante el fallo de 25 de septiembre de 2004. 2 La condena es ahora objeto del recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ.

DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

CARGO ÚNICO.

La defensa del procesado ha propuesto un cargo fundado en el artículo 207, causal primera del código de procedimiento penal, por violación directa de la ley sustancial, es decir, del Código Penal de 1980, que en su artículo 134 definía el delito de peculado por uso. Considera el demandante que el Tribunal en su sentencia desconoció la presunción de inocencia, y como consecuencia aplicó indebidamente el artículo 134 del Código Penal de 1980, lo que condujo al desconocimiento del in dubio pro reo, y en tal eventualidad resulta procedente el ataque por la causal primera, más aún cuando los falladores han reconocido la falta de certeza para condenar. Luego de transcribir apartes de los fallos en los cuales, según su criterio, los jueces aceptaron la duda, manifiesta que el Tribunal no aplicó el artículo 7 del código penal de 2000 que lo obligaba a dictar sentencia absolutoria en tales circunstancias. La presunción de inocencia, agrega el casacionista, es una garantía procesal consagrada en el artículo 29 de la Carta Política, derecho fundamental reiterado en los artículos 7 del código de procedimiento penal de 2000, en el código de procedimiento penal de 2004, y ampliamente desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia. Los dos jueces de instancia, dice, indicaron que en el decurso del proceso no

se logró demostrar que el vehículo automotor Chevrolet Trooper fuera 3 utilizado los días 10,17 y 25 de abril de 1999, para transportar personas no adscritas al cuerpo de bomberos de Manizales, o que sirvió como vehículo de carga con destino al predio rural ubicado en el municipio de Villamaría de propiedad del incriminado. Ante tal incertidumbre, considera que los falladores debieron actuar acorde con la misma, y absolver al Mayor ® CARLOS ALBERTO MARÍN GÓMEZ de los cargos que le fueron formulados por el delito de peculado por uso. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA Cargo Único: La Delegada, para efectos del estudio del cargo propuesto, considera necesario, en primer término, transcribir en su parte pertinente apartes de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por el juzgado segundo penal del circuito de Manizales, y Tribunal de la misma ciudad, que se consideran unidad inescindible. Indica el Juzgado segundo penal del Circuito, en apartes de su fallo lo siguiente: “Si bien de lo anterior, se desprende que no están demostradas fehacientemente las actividades que Marín Gómez realizó los días 10,17 y 25 de abril de 1999, tal y como lo afirman la defensora de éste y el Representante del Ministerio Público, tales como transportar personal no adscrito al cuerpo de bomberos y familiares, además de cargar en el mismo material u otros elementos con destino a su residencia o finca, si está demostrado, a través de la prueba testimonial, el uso indebido dado al mismo, esto en cuanto al hecho de sacar del parque automotor dicho móvil

para ser trasladado hasta alguna de sus propiedades y sin reportar las gestiones oficiales ejecutadas en esas fechas como era su 4 obligación como comandante o funcionario activo del cuerpo bomberil, y generando con ello un gasto excesivo en el consumo de gasolina.” “Como dato para resaltar, se tiene que para los días 10,17 y 25 de abril de 1999 no aparece reporte alguno en los registros de bomberos sobre emergencias, conatos de incendio, accidentes, visitas de rigor a las zonas de alto riesgo… pero pese a ello el móvil 13 salió de dicha estación por orden suya tal y como se describe en la denuncia. El destino del carro fue su residencia ubicada en el barrio la Rambla, las horas de uso fueron muchas y el consumo de gasolina exagerado, esto último en comparación con el gasto de combustible del mismo en los días normales de trabajo.” El Tribunal Superior de Manizales, por su parte, expresó en su fallo: “… es cierto que dentro del proceso no se logró comprobar que el rodante fuera utilizado para transportar personas no adscritas al cuerpo de bomberos como pasajeros, o que el mismo sirvió como vehículo de carga de elementos de construcción o de otra naturaleza con destino al predio rural ubicado en el municipio de Villamaría, o con fines recreativos; pero la prueba enseña que hubo utilización del vehículo y especialmente que para aquellas fechas se presentó un consumo anormal de combustible, superior al acostumbrado en semana por el mismo automotor.” “Obsérvese cómo en la inspección judicial practicada por la fiscalía el día 6 de agosto de 1999 a los libros que reposan en la estación

de bomberos de Manizales, en especial al registro contable de gasolina y tanqueo de máquinas, la irregularidad es notable con relación al gasto de combustible del Trooper M-13 asignado al mayor ® Marín Gómez, pues días de trabajo rutinario consume un promedio de 2 a 7 galones por día y en los períodos denunciados 5 gastó un total de 18, 19 y 18 galones por día, pues como lo aluden los denunciantes, el vehículo quedaba full de combustible el viernes.” Así pues, en sede del recurso extraordinario de casación no basta con la enunciación de un yerro, para desestimar la legalidad del fallo, sino que es menester la demostración del mismo, a través de una fundamentación razonable. En el presente caso, el casacionista aduce que los jueces de instancia desconocen la presunción de inocencia, pues los fallos reconocieron la duda en la parte motiva, mas no la concretaron en la declaración de justicia. Sin embargo, tal afirmación no encuentra apoyo en la realidad del proceso, lo que emerge diáfano del simple cotejo de los textos parciales que el demandante destaca de los fallos que fueron antes resaltados, en los cuales los jueces de instancia solo indican que no existe certeza sobre las actividades concretas que desarrolló el procesado con el vehículo oficial los días 10, 17 y 25 de abril de 1999, pero ello no impide lograr certeza sobre su responsabilidad por el delito de peculado por uso, pues está demostrado con testimonios que tales días el procesado usó de manera irrazonable el carro oficial, para actividades privadas, lo que resulta corroborado con el consumo

excesivo de gasolina en tales fechas. En efecto, los libros de anotaciones llevados en la estación del cuerpo de Bomberos de Manizales, los testimonios de algunos integrante de dicho cuerpo, así como el mayor consumo de gasolina en los días que se consumó el acto delictivo contra la administración pública, permiten señalar el uso indebido del vehículo M-13 chevrolet trooper, por parte del imputado, y ninguna sombra de duda a ese respecto puede crear el hecho de que no fue posible acreditar probatoriamente cuántas o cuáles personas transportó el 10, 17 y 25 de abril de 1999, lo que no desestima la configuración del hecho punible, que incluso se estructura si en los días referidos, el procesado se transportó solo como conductor del vehículo oficial. 6 Es un hecho cierto que en tales fechas CARDONA MARÍN, como servidor público, por sí o interpuesta persona sacó el vehículo automotor de la estación en donde debía permanecer, y le dio un uso irrazonable y excesivo que no fue justificado. Es decir, la presunción de inocencia que tiene todo procesado se encuentra desvirtuada, por la valoración de los medios probatorios incorporados al proceso, a través de una valoración judicial razonable plasmada en las motivaciones de los fallos. Así las cosas, ninguna garantía procesal o derecho fundamental se le ha vulnerado a CARLOS

ALBERTO MARÍN GÓMEZ.

Bastan las anteriores consideraciones, para estimar el Ministerio Público que el cargo no está llamado a prosperar. PETICIÓN Conforme a lo expuesto, esta Procuraduría Delegada solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia

objeto de la impugnación. De los Señores Magistrados, respetuosamente, FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, Septiembre 9 de 2008 # 038/07 FJFM/jdpm 7