PGN - RECURSO DE CASACIÓN - Recurso extraordinario interpuesto por el defensor de

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto Demanda de casación

(Radicado 22.344) En cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal, procede a emitir concepto en relación con el recurso extraordinario interpuesto por el defensor de Juan Ramón Zuluaga Arias contra la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué, que confirmó la condena por el delito de Tráfico y Fabricación de Estupefacientes impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial. 1.- HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en labores de inteligencia desplegadas por la Sección de Información y Análisis del Cuerpo Técnico de Investigación de la ciudad de Ibagué, se ordenó el inicio de indagación preliminar con la finalidad de ubicar y capturar a los miembros de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, en cuyo desarrollo se produjo la interceptación de algunos abonados telefónicos, al igual que se adelantaron labores de vigilancia y seguimiento, diligencias que permitieron establecer los viajes realizados por Julio N, identificado posteriormente como Julio César Jiménez Estrada, a las poblaciones de San Antonio y Santa Isabel (Tolima), donde presuntamente obtenía sustancias alucinógenas. Se estableció también que luego de regresar de uno de los mencionados viajes,

acordó una cita en su casa con Juan Ramón Zuluaga, quien efectivamente llegó al lugar en el automotor Renault 4 de placa JKC 787 acompañado de su esposa Marcela Castro y su menor hija, sitio en que permanecieron por lapso de 20 minutos, luego de lo cual se dirigieron al centro de la ciudad, momento aprovechado por los investigadores para detener el vehículo y aprehender a sus ocupantes. Sometida la mujer a minuciosa requisa, hallaron adherido a su cuerpo y camuflado en su ropa interior, un paquete con sustancia que al ser sometida a los análisis de rigor, dio como resultado positivo para morfina en cantidad de 177.7 gramos. 2 Con fundamento en tales diligencias, la Fiscalía 21 Seccional, mediante auto del 11 de febrero de 2002, dispuso el inicio de la correspondiente investigación penal y ordenó la captura de Julio César Jiménez Estrada, la que se hizo efectiva el mismo día, al igual que decretó el allanamiento y registro de su residencia y del lugar de habitación de Juan Ramón Zuluaga y Marcela Castro, inmueble éste en que fueron halladas 2 grameras marca Tamita, gran cantidad de hojas en un paquete de papel absorbente, 5 paquetes contentivos de polvo envueltos en bolsas plásticas, 2 botellas con líquido transparente; gran cantidad de bolsas plásticas; una envoltura en cinta transparente y en su interior una sustancia color café; 3 tubos de ensayo; 3 rollos de cinta pegante; y, un rollo de papel contac. El laboratorio de estupefacientes del Instituto de Medicina Legal se pronunció en relación con las sustancias y elementos incautados en la diligencia de

allanamiento y registro, estableciendo que el líquido corresponde a “diclorometano”, no sometido a control; como tampoco lo son las sustancias preliminarmente señaladas como carbonatos y bicarbonatos. De otro lado, dictaminó que la sustancia de color café, correspondía a “papaverina”. Avocado el conocimiento del proceso por la Fiscalía Once de la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, se escuchó en indagatoria a los tres aprehendidos y su situación jurídica fue resuelta provisionalmente con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio a la libertad provisional como presuntos coautores del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. En razón de la aceptación de cargos para sentencia anticipada por parte de Marcela Castro Ramírez, se dispuso la ruptura de la unidad procesal y una vez recaudada la prueba necesaria para calificar, con Resolución del 16 de mayo de 2002 se dispuso el cierre de la investigación, que mantuvo incólume el mismo funcionario al decidir el recurso de reposición interpuesto por la defensa. El 21 de junio de la misma anualidad se profirió Resolución de Acusación en contra de Julio César Jiménez Estrada y Juan Ramón Zuluaga Arias como presuntos coautores del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes previsto en el artículo 376 del Código Penal de 2000, providencia que alcanzó ejecutoria en la misma primera instancia, ante el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la defensa. Correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué adelantar la etapa

del juicio, y una vez corrido el Traslado de que trata el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal, así como cumplida la audiencia preparatoria y realizado el debate público oral, el 30 de abril de 2003 se emitió la sentencia por medio de la cual se condenó a Juan Ramón Zuluaga Arias a las penas principales de 3 noventa y seis (96) meses de prisión y multa de un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo termino de la sanción privativa de la libertad, como Coautor del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. Negó el Juzgador la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. De otra parte, absolvió a Julio César Jiménez Estrada de los cargos que le fueran formulados por la Fiscalía General de la Nación. En virtud de apelación a la sentencia por parte del sentenciado y su defensor, el Tribunal Superior de Ibagué la confirmó en su integridad mediante la suya del 5 de noviembre de 2003. Contra esta decisión interpuso el defensor recurso extraordinario de Casación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por auto del 7 de junio de 2004, declaró ajustada la demanda a las formalidades legales. 2.- RESUMEN DE LA DEMANDA Al amparo de la causal primera de casación, predica el defensor de la sentencia de segunda instancia que al condenar al procesado sin la prueba que permita dar

por demostrada su responsabilidad, violó de manera indirecta, por aplicación indebida, los artículos 376 y 29 del Código Penal; al igual que el artículo 232 del Estatuto Procesal Penal, por haber incurrido en error de hecho al apreciar las pruebas obrantes en el expediente. Su crítica la circunscribe a la prueba indirecta, y pregona, en esencia, la transgresión ostensible de los principios de la sana crítica por realizar el Tribunal Superior juicios de valor en contravía de los postulados de la lógica y las reglas de la experiencia. En tal sentido, luego de reproducir parte del texto de las motivaciones de la sentencia que impugna, y tras considerar como aspecto más importante dentro de la actuación que condujo a la condena los indicios graves de responsabilidad que se construyeron por el juzgador de segundo grado, antepone a cada uno de ellos sus reflexiones para debilitar su fuerza probatoria, proceso argumentativo que realiza en los siguientes términos: 2.1. Primera Censura El demandante indica, en primer lugar, que incurrió la sentencia de segundo grado en error de hecho “…por apreciación errónea de un hecho consistente en haber encontrado en el allanamiento al inmueble donde habitaba Juan Ramón Zuluaga 4 Arias, Cemento y Papaverina…”, yerro que según su criterio, llevó al juzgador a estructurar de manera equivocada un indicio en contra de su representado. Argumentó que la Sala Penal del Tribunal partió de la base que la papaverina es un alcaloide extraído del opio, y por consiguiente que la presencia de aquella sustancia indicaba la manipulación de este insumo, sin tener en cuenta que obra

en las diligencias prueba científica de acuerdo con la cual la papaverina es negativa como alcaloide, además de existir dictamen que pone de presente que las sustancias líquidas arrojaron resultado negativo para hidrocarburos, acetonas, alcaloides primarios y secundarios, mientras que respecto de la sustancia sólida, si bien dio positivo para carbonatos y bicarbonatos, el resultado fue negativo para alcaloides, sin dejar de lado que ninguno de estos elementos se encuentra sometido a control, motivo por el cual, en su sentir, tomó el juzgador de segundo grado como hecho indicador un aspecto que probatoriamente conduce a conclusión diferente, es decir, incurrió en violación de los principios de la sana crítica que le llevaron a una inferencia falsa. Reprocha el abogado que el juzgador colegiado tomara como hecho indicante para estructurar un indicio de responsabilidad en contra de su representado, el que se hubiera hallado en su residencia objetos utilizados para reparaciones locativas, proceso intelectivo contrario a los principios de la sana crítica por desconocimiento de los principios de la lógica, las técnicas de la ciencia y las reglas de la experiencia, que implicó la suposición de la prueba del hecho indicador. Advierte que sus manifestaciones no pretenden convertirse en una crítica “…a la perspectiva del Tribunal para valorar un indicio…”, y asegura que se vulneró la norma que exige que el hecho indicador debe estar probado. 2.2. Segunda Censura Argumenta en esta oportunidad el Libelista que incurrió el Tribunal Superior en error de hecho al considerar que Marcela Castro no podía ocultar en sus partes

íntimas la sustancia estupefaciente que le fuera incautada, en el entendido de que en cualquier momento podía ser acariciada por su esposo, y a partir de dicha afirmación concluir que el amante de Marcela era ficticio e invocado como una coartada para eludir la responsabilidad de su esposo Juan Ramón Zuluaga Arias. Estima, entonces, subjetiva y arbitraria la inferencia del juzgador, en razón de no existir posibilidad lógica de relacionar la tenencia del estupefaciente con la existencia del amante. 5 Señala que para que un hecho pueda tenerse como indicante de otro, es necesario que entre ellos un nexo o relación de cualquier naturaleza, lo que no se evidencia en esta oportunidad, por lo que estima se vulneraron las normas que obligan a valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. 2.3. Tercera Censura Acusa la presencia de un error de hecho por considerar el Tribunal Superior que la compra del inmueble por parte de Marcela Castro y Juan Ramón Zuluaga Arias a Julio César Jiménez Estrada se trataba simplemente de una coartada para eludir responsabilidad y a partir de dicha afirmación construir un indicio en contra de su representado, sin tener en cuenta que las transliteraciones obrantes en el expediente correspondían únicamente a aquellas que los investigadores consideraron importantes, pero sin que aparezcan todas las conversaciones sostenidas por los interlocutores. Adicionalmente, sostiene que se equivocó el fallador al partir de una premisa falsa, en la medida en que Juan Ramón Zuluaga Arias nunca entregó el dinero

mencionado en la conversación telefónica, y por consiguiente, tomar la entrega de los tres millones de pesos ($3.000.000.oo) como premisa para determinar la relación de Zuluaga Arias y Jiménez Estrada, así como los motivos para la visita al inmueble de éste “…es partir de una inferencia contraria a la realidad procesal…”. Sostuvo que la eventual entrega del dinero en verdad correspondía a un abono por la posible compra de la propiedad, conclusión a la que debieron llegar los funcionarios de instancia. Agregó que la afirmación relativa a que Juan Ramón Zuluaga Arias entregó los tres millones de pesos ($3.000.000.oo) sin tener pactado el precio y condiciones de la compraventa del inmueble, no fue estimada en su verdadera dimensión, y corresponde a una simple suposición sin respaldo probatorio. 2.4. Cuarta Censura Denuncia la presencia de un error de hecho por considerar el funcionario de segundo grado que el operativo se inició por la existencia de sospechas acerca de que Marcela Castro y Juan Ramón Zuluaga Arias traficaban con estupefacientes y que así lo evidenció la interceptación telefónica y la posterior captura en flagrancia de la pareja, considerando para el efecto que si bien el Juez de primera instancia estimó que no existía certeza respecto a que la sustancia estupefaciente fue entregada por Julio César Jiménez Estrada, el hecho de haber visitado el 6 inmueble se constituía como indicio de responsabilidad en torno a que allí fue entregada la sustancia. Considera el Letrado que la inferencia del juzgador obedece a simples suposiciones sin respaldo probatorio, en la medida en que las conversaciones

entre Zuluaga Arias y Jiménez Estrada no permiten concluir que se dedicaban al tráfico de estupefacientes, además que el número telefónico interceptado fue el de éste, y por consiguiente, las sospechas recaían en él y no en su defendido. En consecuencia, calificó de errada la conclusión acorde con la cual su defendido venía de tiempo atrás traficando con sustancia estupefaciente, al igual que la incautada a Marcela Castro les hubiera sido entregada en la casa de habitación de Julio César Jiménez Estrada, por no existir en el expediente prueba que sustente dichas afirmaciones. 2.5. Quinta Censura Precisa en esta oportunidad que incurrió el Tribunal Superior en error de hecho por considerar que la pareja Zuluaga Castro traficaba con estupefacientes mucho antes de su aprehensión y a partir de dicha afirmación estructura un indicio de responsabilidad en contra de su representado. Aseguró que de las transliteraciones de las conversaciones telefónicas interceptadas no se desprende incriminación en dicho sentido, por lo que, a su juicio, el razonamiento resulta equivocado e imposible para inferir el hecho indicado y añade que el yerro de lógica es aún más protuberante si se tiene en cuenta que el otro procesado, esto es Julio César Jiménez Estrada, fue absuelto, pues dicha circunstancia implicaría que su defendido hablaba de narcotráfico, mientras su interlocutor conversaba sobre aspecto diferente, lo que llevaría a desconocer el sentido de la comunicación para llegar a una conclusión que nace de una inferencia falsa. Con fundamento en los anteriores argumentos, pide el Libelista casar la sentencia

impugnada, y en su lugar dictar fallo de reemplazo en el que se disponga la absolución de su defendido. 3.- CONCEPTO DE LA DELEGADA Según ha sido expresado en múltiples oportunidades, la llamada prueba indiciaria, que contrario a lo que acontecía en vigencia del Decreto 2700 de 1991 se clasificada en la codificación procesal actual entre los medios de prueba, es un juicio de valor que, por su carácter de prueba indirecta, implica un proceso lógico7 deductivo a través del cual a partir de una regla de experiencia y la comprobación de un hecho indicador, mediante un razonamiento lógico se deriva o infiere la existencia de otro hecho que antes era desconocido. Así, en el entendido de que el proceso no es más que un método de reconstrucción histórica de la realidad y los medios de prueba señalados en la ley son los instrumentos de los se sirve el operador judicial para tal reproducción; el indicio, como medio de prueba que es, permite de manera indirecta al funcionario el conocimiento de la realidad. Como tal, cuando se alega en sede de casación defectos en su apreciación, indudablemente la vía de ataque es la indirecta en cualquiera de sus dos subespecies: errores de hecho o de derecho, siendo ineludible precisar si el error se predica del hecho indicador, de la inferencia lógica o de la fuerza de convicción, lo cual supone el análisis separado de los indicios, sin perjuicio de que con posterioridad se valore en conjunto, además de que es necesario desvirtuar también su convergencia y concordancia con otros.1

Si el reproche gravita en el hecho indicador es posible alegar la ocurrencia de los diferentes yerros que pertenecen a las dos subespecies antes precisadas —falso juicio de legalidad, de convicción, de identidad y de existencia, y falso raciocinio—; en cambio si la inconformidad estriba en la inferencia lógica o en la fuerza persuasiva obtenida del análisis conjunto de los diferentes indicios, el cuestionamiento únicamente puede intentarse por falso raciocinio2. Dichos aspectos deben ser debidamente concretados por el demandante teniendo especial cuidado de no incurrir en planteamientos contradictorios, ya que en la misma censura en que se reprocha el hecho indicador o probado no es factible atacar simultáneamente la inferencia lógica, debido a que la censura de ésta supone aceptar como debidamente acreditado el hecho indicador, y si el 1 (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 12 de marzo de 2001. M. P. Dr. Edgar Lombana Trujillo. Expediente Nº 13219). “Cuando el ataque en casación se hace contra la prueba indiciaria, el actor está obligado a dirigirlo contra cualquiera de los momentos de su construcción, esto es, hacia los medios que acreditan el hecho indicador, a la operación mental realizada para deducir el hecho indicado, o contra la apreciación individual o en conjunto que el Juez debe hacer de los indicios, o en su articulación con las restantes pruebas. Por tanto, es imprescindible que la demanda determine en cual de estas fases de presentó el error, y qué incidencia tuvo en la parte dispositiva del fallo. Por lo tanto, si la imputación alude a la valoración

de los medios de convicción que demuestran el hecho indicador, los errores ha plantear serán los de hecho o de derecho en cualquiera de sus modalidades; empero, si se refiere al proceso intelectual que produce la inferencia del hecho indicado, o a la ponderación individual o conjunta de los indicios, deberá proponerse el falso raciocinio; de optarse por este último sendero, el demandante queda obligado a acreditar que el juzgador en dicha apreciación desconoció flagrantemente las reglas de la sana critica, debiendo poner en evidencia la divergencia entre las deducciones supuestamente erradas, y las que correspondan a la aplicación adecuada, de la lógica, la experiencia o la ciencia”. 2 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal, sentencia del 14 de noviembre de 2002. M. P. doctor Yesid Ramírez Bastídas. Rad. Nº. 15.980. 8 cuestionamiento se dirige a la fuerza persuasiva obtenida del análisis conjunto de los diferentes indicios o, lo que es lo mismo, la valoración conjunta al analizar su articulación, convergencia y concordancia, no procede ataque alguno respecto de las anteriores fases de construcción del indicio, por cuanto una censura de esta índole implica reconocer el acierto en la acreditación del hecho probado y en el proceso intelectivo que condujo a inferir el hecho desconocido, motivo por el cual se erige como contrasentido lógico incluir en un tal cargo argumentos tendientes a refutar los dos pasos que antecedieron al hecho indicado. En el presente asunto si bien se desprende del contexto de la demanda que la violación de la ley sustancial se presenta por vía indirecta, porque la sentencia

equivocadamente concluyó que los medios de prueba indiciarios daban la certeza de la responsabilidad cuando en verdad de ellos no se podía llegar a este grado de convencimiento, el desarrollo del cargo no cumple con las exigencias técnicas de rigor. El censor expresamente reseña a manera de conclusión en cada uno de sus planteamientos que no se cumplió en la sentencia impugnada con la obligación de ofrecer una valoración jurídico-racional de acuerdo con las reglas de la sana crítica, no obstante lo cual su argumentación permite percibir su falta de aceptación del hecho indicador, y la logicidad misma de la inferencia, que no sólo deja traslucir el uso de un lenguaje confuso, sino el desconocimiento de que la denuncia de error de hecho en el proceso de inferencia lógica supone partir de aceptar la validez del medio con el que se acredita el hecho indicador. Tal modalidad de dislate impone la obligación de demostrar que la errada apreciación probatoria por parte del fallador se tradujo en la caprichosa inobservancia de los postulados de la sana crítica, esto es, en el desconocimiento de determinada regla de la lógica, máxima de la experiencia, o principio de la ciencia, y que como consecuencia de esa errada operación mental el funcionario concluyó una realidad distinta a la que al acertado empleo de aquellas reglas de la sana critica habría conducido. Los diversos planteamientos del demandante consisten en asegurar de manera reiterada que el Tribunal Superior, al llevar a cabo la inferencia lógica con base en unos hechos indicadores, respecto de los que asegura no se encuentran debidamente acreditados en el expediente, obtuvo una inferencia falsa y “…

diametralmente contraria a los principios de la sana crítica que obliga a ajustar el examen de los medios de convicción a una valoración lógica, técnica científica y acorde con las reglas de la experiencia…”. El actor critica la existencia misma de las deducciones del Tribunal, advirtiendo respecto de algunas que “son contrarias a la realidad procesal”, y otras las 9 califica de “inferencia falsa”, pero también se observa que se refiere en otro apartado del discurso a que el Tribunal “resultó suponiendo la prueba del indicante”, y en esa forma pone al descubierto su falta de precisión para saber si en realidad combate la prueba del hecho indicador, el análisis probatorio del indicio o la violación de los principios de la lógica, la ciencia o la experiencia en su construcción. Adicionalmente, omite el letrado analizar en conjunto la prueba indiciaria, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia para llegar a la conclusión de su débil fuerza demostrativa, con lo cual incumple otra de las exigencias que demanda el ataque a la prueba indiciaria. Verdad averiguada es la de que la exigencia de desquiciar toda la base de convicción que haya tenido el juzgador, se destaca aún más tratándose de esta prueba indirecta, porque en ese evento el complejo probatorio se encuentra tan estrechamente ligado que la destrucción de uno de los indicios obliga de modo ineludible a que se eliminen los restantes que le dan vida y consistencia a su fuerza incriminatoria. También señala que existen fallas en las reglas de experiencia que empleó para la inferencia lógica el juzgador plural, pero se evidencia en toda su manifestación

que absolutamente nada aclara sobre la contrariedad con las máximas de la experiencia, y en lo que pareciera fue su ocupación a este respecto, en realidad termina el demandante por esgrimir argumentos que se apartan del motivo de reclamación invocado y como si se tratara de una tercera instancia, somete el caudal probatorio a una nueva valoración en que pone en evidencia su desacuerdo con los indicios que se configuraron en contra de su representado, pero sin demostrar los yerros del fallador. Se limitó el defensor en su análisis, a examinar cada una de las pruebas tenidas en cuenta en el fallo recurrido y a refutar las operaciones intelectivas del funcionario ad-quem mediante la simple confrontación de criterios, olvidando que le correspondía probar los yerros denunciados y que no bastaba enfrentar su particular visión del asunto con la valoración realizada por el Tribunal para propender por la infirmación de la sentencia. Olvidó el Libelista que siendo la casación un mecanismo extraordinario de impugnación, cuya finalidad es buscar el sometimiento de la sentencias a la ley cuando caprichosamente se ha abandonado ese camino, un reproche como el propuesto implicaba un análisis eminentemente objetivo de todo el acervo probatorio, y una ponderación ecuánime y seria del conjunto de deducciones probatorias que sirvieron de sustento a la decisión de condena. 10 En razón de lo anterior, resulta inapropiado pretender que la simple disparidad de criterios entre el raciocinio del operador judicial y el demandante de lugar a la conformación de un falso raciocinio, pues la doble presunción de acierto y

legalidad que ampara a los fallos judiciales así lo impide, máxime cuando el sistema penal vigente se rige por el modelo de valoración de la sana crítica y las sentencia se erigen sobre la base de la persuasión racional del juez, correspondiendo al casacionista el deber de desvirtuar esa presunción, no mediante una argumentación libre y propia de las instancias, sino con sujeción a la técnica establecida para probar yerros protuberantes, manifiestos y graves que incidan de manera trascendente en el fallo, lo que en este caso no consiguió acreditar el recurrente. Aún en el evento que se estimara que el reproche del defensor se encamina a poner en evidencia la ausencia de prueba que acredite en debida forma el hecho indicador de los diversos indicios tenidos en cuenta por los funcionarios de instancia para demostrar la responsabilidad del procesado en los hechos objeto de investigación, de todas formas no le asiste razón en su planteamiento. Así, en cuanto se refiere a que la Sala Penal del Tribunal no tuvo en cuenta la prueba científica de acuerdo con la cual las sustancias y elementos hallados en el lugar de residencia del procesado arrojaron resultado negativo para alcaloides y no se encuentran sometidos a control, claramente se desprende del contenido del fallo impugnado que la fuerza probatoria de este elemento de juicio se la hace consistir en el hecho cierto de corresponder a insumos y elementos utilizados para el procesamiento de sustancias alucinógenas, aspecto de público conocimiento debido a la amplia difusión publicitaria y a las características mismas de cada uno de ellos, y no propiamente por que se trate de sustancias alcaloides o porque su

uso o comercialización estén sometidos a control, como equivocadamente pretende hacerlo creer el demandante. Necesario es precisar que el aquí encausado fue capturado en compañía de su compañera sentimental, a quien le fueron incautados 177,7 gramos de morfina, y precisamente los elementos y sustancias encontrados posteriormente en su lugar de residencia son utilizados para el procesamiento de esta clase de alucinógenos, motivo por el cual no se puede ignorar la relación que existe entre uno y otro aspecto, y por consiguiente la señal incriminatoria que surge como evidencia procesal de su participación en el hecho punible investigado y, por ende, frente al mismo, la sola afirmación de ajenidad del implicado no basta para dar por demostrada su inocencia, hallándose el fallador en la obligación de someter las explicaciones de éste a un examen lógico y cuidadoso, y a un cotejo frente a los demás elementos de convicción recaudados en el proceso. 11 Lo anterior porque si bien la injurada es por esencia la oportunidad que tiene el imputado para excusarse, las garantías de que está rodeado en esa diligencia no hacen surgir para él un derecho a mentir ni para el funcionario la obligación de aceptar ciegamente la explicación que brinde aquel; la indagatoria es medio de defensa pero también instrumento de prueba, de ahí que cuando el procesado renuncia a su derecho a guardar silencio y se decide rendir su versión, asume el riesgo de que su relato sea confrontado en si mismo y con otros elementos de convicción, labor que eventualmente puede arrojar resultados adversos cuando con base en ese estudio y en lo que racionalmente acreditaran otros medios de

prueba se advierte la falacia de sus exculpaciones, dando ello lugar a que se tenga por cierta y creíble la prueba incriminatoria. El empeño máximo estriba en afirmar que en las inferencias del fallador se da por demostrado lo que justamente era su obligación demostrar, pero este argumento caracterizado por su abstracción y generalidad es claro que entremezcla situaciones que no vienen a propósito, sencillamente por el desconocimiento de que el sentido y fin último de la inferencia lógica es llegar, con probabilidad unas veces, con certeza otras, al conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, de lo cual se desprende que constituye una contradicción en los términos exigir que la conclusión tratándose de la deducción propia de la prueba indiciaria se pruebe al igual que el hecho indicador. De otro lado, en torno al cuestionamiento del demandante referido al yerro en que presuntamente incurrió el juzgador de segundo grado al considerar que Marcela Castro no podía ocultar en sus partes íntimas la sustancia estupefaciente que le fuera incautada, ya que en cualquier momento podía ser acariciada por su esposo, y a partir de dicha afirmación concluir que el amante de Marcela era ficticio e invocado como una coartada para eludir la responsabilidad de su esposo Juan Ramón Zuluaga Arias, inicialmente ha de aclararse que tuvo en cuenta el Tribunal Superior como fundamentos para llegar a dicha conclusión no solamente este aspecto, sino también otros calculadamente omitidos por el defensor en su escrito de demanda, que permiten entender como acertada su decisión. Así, menciona el juzgador que Marcela Castro afirma haber recibido la sustancia

incautada de manos de su amante, respecto de quien se limita a mencionar un nombre, pero sin individualizarlo ni indicar su sitio de residencia o lugar en que pueda ser ubicado. Señaló además que de corresponder a la verdad el relato, no resultaría lógico que la mujer llevara la sustancia adherida a su cuerpo en todo momento, incluso para pasear o ir a mirar un inmueble que pensaban adquirir, a lo cual agregó que el sitio menos indicado para ocultar el alijo en dichas circunstancias, sería las partes 12 íntimas de su cuerpo, que en cualquier momento podían ser tocadas y acariciadas por su marido. En tercer lugar, no corresponde a la realidad la afirmación del recurrente en torno a que el Juzgador partió de la base de la efectiva entrega de la suma de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) para estructurar otro indicio en contra de su representado, pues el argumento se centra en la inverosimilitud del relato que surge a partir de la regla de la experiencia según la cual