PGN - RECURSO DE CASACIÓN - Sala Penal (13)

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Bogotá D. C.

REF.: Concepto Demanda de casación (Rad. 18.971) El defensor del procesado Alberto Silva Colmenares interpuso el recurso extraordinario de casación contra la sentencia adversa a éste por medio de la cual el Tribunal Superior de Cúcuta – Norte de Santander, con la sola modificación de la pena de multa y la cuantía de los perjuicios confirmó la decisión de condena que profirió el Juzgado Tercero Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, en relación con la conducta punible de Peculado por Apropiación en beneficio de terceros.

La demanda la declaró ajustada a los requisitos de forma el Magistrado sustanciador de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, el Agente del Ministerio Público, Delegado del señor Procurador General de la Nación procede a rendir concepto.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

En su condición de Director de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, sucursal Cúcuta, durante el lapso comprendido entre el 16 de enero de 1995 y el 2 de abril de 1997, y simultáneamente Gerente encargado de la Regional Norte de Santander desde septiembre de 1996 a enero de 1997, Alberto Silva Colmenares sin el cumplimiento de las exigencias estatutarias autorizó sobregiros a diversos clientes que presentaban evidentes dificultades financieras, lo cual se tradujo un

incremento patrimonial injustificado a favor de éstos, en suma que ascendió a ciento veintiocho millones seiscientos ocho mil novecientos dieciséis pesos con noventa y un centavos ($128.608.916.91), en perjuicio de los recursos económicos de la entidad estatal crediticia.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

Puestas en conocimiento de la autoridad judicial las mencionadas irregularidades del funcionario público durante la indagación preliminar se lo escuchó en versión libre y se allegaron a la actuación algunos elementos de juicio. Seguidamente se dispuso la apertura de la investigación penal, vinculado mediante indagatoria y 2 más tarde su situación jurídica se resolvió con detención preventiva, sin derecho a excarcelación, como presunto responsable del delito de Peculado por Apropiación. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta confirmó la medida de aseguramiento, pero la sustituyó por detención domiciliaria. En el curso de la instrucción la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero Regional Norte de Santander se constituyó en parte civil, y por su liquidación que determinó la renuncia del apoderado, se admitió la demanda del mismo carácter que presentó la Contraloría General de la República. Perfeccionada en lo posible la investigación, el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 11 de febrero de 2000 en disfavor de Alberto Silva Colmenares como presunto autor del concurso homogéneo de Peculado por Apropiación previsto en el artículo 133 del Código Penal de 1980, modificado por la Ley 190 de 1995, y en esta misma fecha alcanzó ejecutoria en la primera instancia al ser declarado desierto el recurso de apelación, por falta de

sustentación oportuna. El conocimiento de la etapa procesal del juzgamiento correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito, que negó la nulidad deprecada durante la apertura del juicio a pruebas y ordenó la práctica de algunas diligencias también solicitadas. Rituado el debate oral público, finalmente por medio del fallo del 14 de febrero de 2001 se condenó a Alberto Silva Colmenares como autor responsable del ilícito atribuido en la acusación, a las penas principales de ocho (8) años de prisión y multa de ciento sesenta y cuatro millones ciento cincuenta mil seiscientos noventa ($164.150.690.oo) pesos, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la pena privativa de la libertad, De igual forma se le impuso la sanción de carácter civil de indemnizar a la persona jurídica perjudicada con la suma de ciento sesenta y cuatro millones ciento cincuenta mil seiscientos noventa ($164.150.690.oo) pesos. Posteriormente por decisión del 19 de febrero de 2001 se corrigió por el mismo funcionario que la dictó la sentencia por la falta de concordancia que se presentaba entre sus partes motiva y resolutiva en cuanto al monto de las penas de prisión y accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas que se fijaron en definitiva en ocho (8) años. En virtud del recurso de apelación, el Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la suya del 3 de agosto de 2001, modificó la cuantía de la multa y de la condena en perjuicios que fijó en $128.608.916.91, confirmando la sentencia de primera

instancia en todo lo demás. 3

3.- LA DEMANDA.

Contra el expresado fallo de segunda instancia en nombre y representación del procesado se interpone el recurso extraordinario de casación y con fundamento en los motivos primero y segundo de la causal primera de casación postula uno y tres cargos, respectivamente. 3.1.- Violación directa de la ley de carácter sustancial. Sostiene que la sentencia acepta la demostración de la inexistencia de conducta punible, pero termina forzando su propia argumentación, contradiciéndose cuando se decide por la condena del delito de Peculado. En su concepto, el Tribunal realizó un falso juicio de selección y aplica indebidamente el artículo 133 del Estatuto Penal anterior, como también “se aplica indebidamente el contenido de los artículos 1° (derecho a la dignidad humana), 2° (integración de los convenios internacionales a la Ley Penal) y 13 (normas rectoras y fuerza normativa) del Código Penal vigente”. A la par indica que se aplicó indebidamente el principio de legalidad consagrado como norma rectora en la ley penal en el artículo 1° del estatuto anterior y 6° del vigente, como también de este último los artículos 9º (Conducta Punible), 10º (Tipicidad), 11 (Antijuridicidad). Se refiere, así mismo, que fueron “aplicadas indebidamente los artículos 26 (concurso de hechos punibles) del Código Penal anterior, 232 (Necesidad de la prueba) del Código de Procedimiento Penal, cuyo contenido califica de carácter eminentemente sustancial, 1388 del Código de Comercio y 125 del Estatuto

Financiero (que equivale al 1404 del C.Co). Todavía resalta que correlativamente se dejaron de aplicar los artículos 2°, 3°, 4° y 5° del viejo Código, que sometían la existencia del hecho punible a la concurrencia de la atipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, preceptos estos desarrollados por el nuevo ordenamiento en los artículos 9, 10, 11 y 12, con el cambio del concepto de hecho por el de conducta punible, que debieron haberse aplicado. Por último, señala la exclusión evidente de los artículos 7º (Presunción de inocencia) y 16 (Finalidad del Procedimiento), “…puesto que no fueron aplicadas debiendo haberlo sido…”. Cuestiona que el fallo de segunda instancia no obstante limitar su argumentación a aquellos aspectos que dejan en claro que no se configuró el delito de Peculado por Apropiación atribuido a su representado, de todas formas lo declaró responsable del mismo. 4 Luego de citar textualmente el contenido del fallo, resaltó cómo en él se admite que el gerente de la entonces Caja Agraria tenía facultad para autorizar sobregiros, por lo que en su sentir con dicha conducta no se violó ninguna norma o reglamento. En su sentir también aparece claro en el expediente que el otorgamiento de sobregiros es una actividad que conlleva riesgos de carácter financiero; y además el trámite surtido por su defendido se sujetó a las exigencias reglamentarias del caso, en cuanto los beneficiarios no estaban descalificados por la CIFIN y suscribieron la correspondiente garantía personal.

Aseguró que dadas las características del crédito otorgado, el beneficiario podía disponer libremente de los dineros así recibidos, en razón a que no está sujeto a compromiso diverso a su cancelación, a la par que la entidad bancaria se beneficiaba con los intereses que percibía, operación regulada por el Código de Comercio, y contrario a lo afirmado en la sentencia, los sobregiros si pagaron intereses, no sólo cuando se realizaron abonos a capital, sino también mediante los cobros por vía judicial. Agregó que fueron los beneficiarios quienes realizaron acciones tendientes a no dejar los sobregiros al descubierto los fines de mes, práctica utilizada con frecuencia en el mercado bancario y que en definitiva no fue ejecutada por Alberto Silva Colmenares, por lo que no era procedente atribuirle responsabilidad en tal hecho. Resaltó que el acusado no se apropio de ninguna suma y la entidad crediticia nunca fue privada de sus recursos, pues los dineros desde el punto de vista jurídico siguen en cabeza de la Caja Agraria, máxime cuando se declaran como parte de sus bienes o activos. Controvierte la apreciación del Tribunal Superior relativa a que por ser la conducta investigada de ejecución instantánea, no tenía relevancia que los sobregiros contaran con garantía personal, pues en su concepto dicha garantía es requisito indispensable para el otorgamiento del sobregiro. Cuestionó que se hubiera deducido responsabilidad en contra del procesado únicamente por el no pago oportuno de nueve (9) sobregiros, cuando los otorgados fueron más de mil (1.000), todos ellos con garantía suficiente para la

recuperación de los dineros, pues ello implicaría que cada vez que un cliente incumpla sus obligaciones, correspondería investigar penalmente al gerente del banco. Concluyó el libelista que de conformidad con las apreciaciones plasmadas en la parte motiva de la sentencia impugnada, que comparte en su integridad y en manera alguna discute, resulta evidente que no se acreditó en el proceso la 5 ejecución por parte de su representado de conducta punible alguna, y por consiguiente, lo acertado era la absolución. Dice acogerse al imperativo acorde con el cual no le es dado controvertir los hechos y las pruebas, por lo que admite sin reparo la valoración efectuada por los juzgadores de instancia y dirige en consecuencia su ataque solamente al juicio de selección normativa. Como corolario obligado, pide casar la sentencia impugnada y en su lugar dictar “…el fallo correspondiente que deba reemplazarla…”. 3.2.- Infracción mediata de la ley de carácter sustancial. Acusó en esta oportunidad la sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta de haber violado en forma mediata “…los artículos 6, 9 y 10 del Código Penal vigente y 133 del Código Sustantivo anterior y el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal...” Estima el actor que a la infracción de los anteriores preceptos llegó el Tribunal por la equivocada apreciación de la prueba documental, y en ese sentido, luego de referirse a los diferentes aspectos demostrados en las diligencias y asegurar genéricamente que a la prueba se le cambio el sentido, fue distorsionada y desdibujada, criticó que la sentencia tomara como elemento constitutivo de

responsabilidad el hecho de que los beneficiarios de los sobregiros dieran al dinero un uso que sólo a ellos beneficiaba, pues se trata de créditos de libre inversión sin ninguna clase de condicionamiento para su manejo. En su opinión, dado el cambio del derecho penal de acto por el de autor, al atribuir responsabilidad a su representado por el hecho de que los beneficiarios de los sobregiros realizaran algunas acciones tendientes a esconder la carencia de fondos mediante la consignación de cheques al final de mes, no sólo se tergiversó la prueba, sino que además se trata de un argumento que choca contra la lógica y el sentido común, pues es claro que los ejecutores de la conducta fueron personas diferentes al procesado, y de otra parte se trata de actuaciones perfectamente posibles. Argumentó el libelista que no obstante obrar en el expediente elementos de juicio que indicaban que parte de los dineros prestados en sobregiro fueron pagados y el faltante estaba siendo recuperado mediante el cobro judicial, el juzgador plural en lugar de concluir que se trataba simplemente de un problema de carácter civil o mercantil por no haber cancelado el deudor oportunamente la deuda, le otorgó a la prueba un alcance que no le correspondía para deducir responsabilidad en contra de su defendido. 6 Adicionalmente, el Tribunal tergiversó el sentido de la prueba al argumentar que el hecho de que el sindicado Silva Colmenares no se hubiera apropiado de ningún dinero servía de fundamento para demostrar que se permitió a otros defraudar a la Caja Agraria, pues en su concepto si en verdad dicha conducta fue ejecutada por los beneficiarios de los créditos, eran ellos quienes debían responder.

Mencionó el casacionista que obran en el expediente elementos de juicio que acreditan que el procesado tenía facultad para autorizar los sobregiros, e igualmente otros que dejan en claro que los beneficiarios de los sobregiros satisfacían las exigencias para acceder a los mismos, pese a lo cual se les dio un sentido diverso al que verdaderamente tienen, al punto que fueron utilizados para sustentar el fallo de condena. Por último, insiste en que no se presentó apropiación alguna de bienes del Estado colombiano, y que la prueba en ese sentido fue tergiversada, por lo que solicitó a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia impugnada, y en su lugar proferir el fallo que esté en consonancia con lo expuesto. 3.3.- Tercer cargo. Funda el yerro de hecho que denuncia en la pretermisión de los postulados de la sana crítica, pues en su sentir se equivocó el Tribunal Superior al deducir responsabilidad en contra de su poderdante con fundamento en la concurrencia de dolo eventual en su comportamiento, toda vez que la prueba obrante en las diligencias acredita la inexistencia de cualquier clase de culpabilidad. Lo anterior por cuanto en toda operación de carácter comercial siempre existe el riesgo de que el beneficiario del crédito incumpla su obligación y en consecuencia sea necesario acudir a la vía judicial para su cobro, por lo que antes de su aprobación resulta indispensable el otorgamiento de garantías, bien sean personales o reales. Con apoyó en la trascripción textual de parte de las consideraciones del fallo de segundo grado, resaltó que el gerente de la Caja Agraria al momento de autorizar

los sobregiros se circunscribió a lo estipulado en la ley y el reglamento, y además verificó que los beneficiarios satisfacían la totalidad de requisitos no sólo para acceder a los créditos, sino también para abrir una cuenta corriente, presupuestos que permiten concluir que su representado no podía ni tenía porqué imaginar que el patrimonio de la entidad crediticia sufriría algún menoscabo, en cuanto los créditos otorgados contaban con amplias garantías y el riesgo de que no fuesen pagados fue previsto, y precisamente por ello se impuso la obligación de exigir garantías o respaldo para otorgarlos. 7 En su concepto, se equivocó el funcionario ad quem al deducir responsabilidad a título de dolo, bien directo o eventual, pues para llegar a dicha conclusión era necesario acreditar que el agente previó una conducta como ilícita, conocía a fondo el sentido de dicha ilicitud y adelantó acciones tendientes a su producción o dejó a que por simple azar se llegara a su perfeccionamiento, y en el evento objeto de estudio era imposible deducir que el Gerente sospechara que los beneficiarios de los sobregiros se apropiaran de los dineros prestados, en razón a que contaban con amplio respaldo, y de todas formas se cuenta también con la opción del cobro judicial, motivo por el cual en manera alguna puede catalogarse dicho comportamiento como constitutivo de infracción penal. En apoyo de su aserto, transcribió como argumento de autoridad el concepto de la doctrina sobre lo que ha de entenderse por dolo eventual y concluyó que en el presente caso no era posible hablarse de su estructuración, pues si bien existe un

riesgo en todo crédito, este es general y siempre se asume, por lo que se exigen innumerables garantías que cubren no sólo el monto del crédito, sino también los intereses que genera y los perjuicios, y en esas condiciones el procesado no estaba asumiendo un riesgo diferente al que se presentan en esta clase de negocios. Por último, sostuvo que las inferencias erróneas del iudex ad quen por la inexacta observación de los elementos de juicio y la equivocada valoración de los hechos en sí mismos, van en contravía de las leyes de la lógica, la costumbre y la misma experiencia del manejo financiero, por lo que solicitó casar la sentencia y en su lugar emitir la que corresponda. 3.4.- Cargo cuarto. En la violación indirecta de la ley de carácter sustancial, según el Letrado, incurre la sentencia materia de impugnación por dejar de aplicar el artículo 40, Capitulo 10 de los Estatutos de la entidad bancaria aprobados por Decreto, que funge para este caso como prueba, y así cae en error de hecho por falso juicio de existencia. No discute la condición de servidor público del procesado, pero alega que de manera expresa y ex -profeso se contraviene dicho precepto, el cual establece que los contratos celebrados por la Caja Agraria se rigen por el derecho privado, según las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, y en cambio siempre se le dio a los actos que realizó el procesado por su calidad de Gerente, el carácter de actuaciones administrativas. Solicitó en consecuencia, casar la sentencia impugnada y dictar la sustitutiva correspondiente. 8

4. CONCEPTO.

Con fundamento en la causal primera de casación plantea el opugnante diversas censuras en contra del fallo de segundo grado, y si bien se inclina por reclamar en forma separada tanto la violación directa como indirecta de la ley sustancial, el cuestionamiento en el fondo es el mismo, en cuanto propende por la absolución de su defendido por ausencia de adecuación de la conducta a la descripción contenida en el artículo 133 del Código Penal de 1980, y en el intento de alcanzar su cometido, tanto en uno como en otro evento, el único argumento esgrimido para el efecto se limita a cuestionar los argumentos ofrecidos por los funcionarios de instancia para fundamentar la condena, tal y como pasa a evidenciarse respecto de cada uno de los cargos. 4.1. PRIMER CARGO (Violación Directa de la Ley) Plantea inicialmente la oposición a la condena por el delito contra la administración pública con fundamento en la violación directa de la ley sustancial, pues en su sentir los hechos comprobados en el expediente no guardan relación con la norma aplicada por el funcionario, es decir, esboza un problema de subsunción o de perfecta adecuación típica. El cargo está adecuadamente perfilado por los senderos de la causal primera de casación, por cuanto la atipicidad de la conducta efectivamente tiene como vía correcta de cuestionamiento la infracción directa de la ley sustancial, y el sentido apropiado de violación es el de la aplicación indebida de la norma que se escogió para solucionar el asunto, no obstante lo cual su desarrollo no es el más afortunado, pues si bien dice seguir el rigor técnico que de acuerdo con la

jurisprudencia impera para esta modalidad de ataque en casación, y por consiguiente que acoge sin reparo el imperativo acorde con el cual no le es dado controvertir los hechos, las pruebas, ni la valoración efectuada por los juzgadores de instancia, lo cierto es que no se requiere profundizar en demasía para advertir que se trata de una simple manifestación de propósitos, ya que, como se había anunciado, la argumentación se limita a un intento por neutralizar la valoración que de los medios probatorios se efectuó en el fallo impugnado. Relegó al olvido el libelista que de acuerdo con reiterados y decantados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de casación se orienta a garantizar la recta y auténtica aplicación de la ley mediante la proposición de un juicio de derecho limitado, que abarca explícitamente la verificación de los vicios imputados al fallo, salvo la facultad oficiosa asignada a la Corporación con miras a mantener incólumes las garantías fundamentales de los 9 intervinientes en la actuación, motivo por el cual no es viable confundirla con una nueva instancia. Conocido el sentido de violación elegido inicialmente para atacar el fallo del Tribunal Superior, resulta del caso recordar que en estos eventos es indispensable plegarse a los hechos aducidos por el Juzgador y a la valoración de la prueba invocada para sustentar la determinación adoptada, al tiempo que el discurso de la comprobación de la indebida aplicación de la norma habrá de consistir en la exposición de juicios exclusivamente en derecho respecto de su alcance y consecuencias frente a las conclusiones del fallo.

En tales condiciones, se impone que el recurrente concrete los motivos de impugnación y los fundamente con absoluta claridad, en orden a allanar la intervención de la Corte Suprema para comprobar si verdaderamente se ha incurrido en falencias en la aplicación de la ley. Contrario a dichas exigencias, en el concreto particular es evidente que el actor no siguió estos derroteros por cuanto claramente se observa del contenido del líbelo que en punto de las razones que en su sentir fundamentaban la causal invocada, acudió a la trascripción textual de algunos apartes de la argumentación ofrecida por los funcionarios de instancia y a lo acreditado en el expediente, para exponer la que en su sentir corresponde a la interpretación que mejor se ajusta a los aspectos que motivaron el actuar de su representado y ofrecer su particular visión sobre las conclusiones a las cuales era factible llegar, esto es que su representado no cometió ninguna conducta punible. Aún cuando pone de manifiesto que no es su intención contradecir la prueba y la acepta tal como la apreció el sentenciador, en realidad su afirmación de que son contundentes los elementos de juicio que respaldan su petición de absolución, se desvía de los derroteros que exige y son propios de la violación directa de la ley de carácter sustancial que alega. El inconformismo del Letrado con las conclusiones de la sentencia se pone de manifiesto cuando sin reparo alguno se aventura a sostener que los funcionarios de instancia admiten que los sobregiros fueron otorgados con el lleno de los requisitos establecidos para el efecto y contaban con suficiente respaldo, pues, contrario a dicha afirmación, si bien es cierto reconoce el fallo que el Gerente

contaba con facultad para autorizar sobregiros, también lo es que resalta la obligación que tenía de garantizar el cumplimiento de las políticas de crédito trazadas por la Entidad bancaria para proceder en tal sentido, al igual que el deber de verificar la viabilidad de la operación certificando la capacidad económica del beneficiario para responder, esto es su confiabilidad, exigencias que según voces de la determinación impugnada no fueron satisfechas por el sindicado. 10 Así, para demostrar la forma irregular en que fueron otorgados los sobregiros, resalta el iudex ad quem la situación de cada uno de los beneficiarios y concluye que se aparta del trámite legal el hecho de que en la totalidad de los casos cuestionados, sólo se esperaba que transcurrieran dos o tres días después de abierta la cuenta corriente para comenzar a sobregirarse, y que en cuestión de días el monto sin cubrir llegara a sumas exorbitantes. De igual forma calificó de evidente la falta de capacidad económica de los cuenta habientes para responder por la suma que les fuera prestada, situación que en criterio del Tribunal Superior debió ser advertida por el Gerente con la simple revisión o análisis de los ingresos declarados en la solicitud de servicios bancarios, así como la ausencia de garantía que representaba para el banco los bienes que en verdad poseía cada uno de los prestamistas, pues la mayoría de inmuebles se encontraban hipotecados, aparte de que las deudas que tenían con anterioridad a la solicitud disminuían notoriamente el monto de sus activos. Se opone igualmente el censor a las conclusiones de la sentencia cuando afirma que se trata de una práctica frecuente en el mercado financiero el realizar

cualquier tipo de conducta tendiente a no dejar al descubierto los sobregiros al final de mes y encubrir de esta forma su real condición financiera, conjetura rechazada por la Sala Penal al calificarla como un artificio irregular, y que comparte íntegramente esta Agencia del Ministerio Público, toda vez que no por demostrarse la ocurrencia reiterativa de comportamientos irregulares o ilícitos, los mismos tienen la capacidad de abrogar el derecho positivo ni para impedir su aplicación en un caso determinado, así las acciones que otros hayan ejecutado hubieran pasado desapercibidas para la administración de justicia. Pretende el libelista oponer como criterio para desvirtuar la estructuración del delito de Peculado por Apropiación el hecho de que los sobregiros sin pagar alcancen tan sólo un 0.004% del total de los autorizados, reclamación que tampoco puede obtener eco en el ordenamiento jurídico penal vigente, debido a que los hechos delictivos, se trate de uno solo o de una inmensa pluralidad, deben ser investigados y sancionados, y la aparente nimiedad de la conducta reprochable no constituye razón válida para ignorar su ocurrencia. Son entonces para el demandante las deducciones e inferencias del Tribunal Superior las que no comparte, y en oposición a ellas es claro que propende por anteponer su apreciación subjetiva y sesgada de las pruebas aportadas al proceso frente a la valoración probatoria que hicieron los juzgadores de segunda instancia, ejercicio argumentativo ajeno a las exigencias propias para la demostración de la censura invocada con fundamento en la violación directa de la ley, pues el fallo de

segunda instancia arriba a ésta sede amparado por una doble presunción de acierto y legalidad. En estos precisos e inequívocos términos, no se percibe que la decisión 11 jurisdiccional de condena fuera el resultado de la aplicación indebida de una norma de carácter sustancial, motivo por el cual el cargo formulado no esta llamado a prosperar. 4.2. SEGUNDO CARGO (Violación Indirecta de la Ley) Se puede aclarar por el contexto de sus argumentos que el Letrado propende también en esta oportunidad, con argumentación casi idéntica a la del cargo por violación directa de la ley, por la ausencia de estructuración del delito de Peculado por Apropiación atribuido a su representado, pero no obstante que para sostener que el Tribunal se equivocó cuando afirma lo contrario alega un falso juicio de identidad, el desarrollo del reproche no resulta el más adecuado, pues en puridad de términos, en ninguno de los apartes de la censura acredita que la prueba hubiese sido alterada por el juzgador para hacerle decir algo que no aparece en su contenido, Por el contrario, admite que lo acreditado por cada uno de los elementos de juicio “LO ACEPTA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA que se ataca”, es decir que en lugar de poner al descubierto la ausencia de identidad o correspondencia entre el contenido de las pruebas y lo que se manifestó correspondía a su tenor, ratifica que al abordar el análisis de cada una de ellas, el juzgador logró desarraigar de su contexto lo que en realidad corresponde a su expresión literal, lo cual constituye un contrasentido, que encierra, a no dudarlo, el desconocimiento

de una de las leyes del pensamiento que tradicionalmente se ha conocido con el nombre de contradicción (o de no contradicción como también se llama), pues no aparece lógico que se afirme la presencia de un falso juicio de identidad, que como es harto sabido se presenta en el instante de la contemplación material de la prueba e implica la distorsión de su contenido, mientras que a renglón seguido se sostiene que el Tribunal Superior respetó en su integridad el tenor literal de la prueba en cuestión. Además, incurre el demandante en el desacierto de parcelar a su arbitrio el acervo probatorio para llegar a conclusiones o hipótesis diferentes acerca de los motivos o las razones que llevaron al procesado a autorizar los sobregiros De otra parte, el demandante no sólo no demuestra la estructuración del vicio alegado, sino que al mismo tiempo incurre en transliteración, o mejor, desfiguración de lo puntualizado por el funcionario de segunda instancia, pues las conclusiones de la sentencia que cita como equivocadas no se obtuvieron de los elementos de juicio que referencia, sino de otros diferentes y de la valoración en conjunto de una suma de circunstancias acreditadas cabalmente con los distintos medios de prueba, aspectos que hábilmente se cuida el actor de no mencionar en los apartes pertinentes de su discurso. 12 En atención a que el falso juicio de identidad seleccionado como vía de ataque por el recurrente para el segundo de los cargos propuestos se bifurca en varios cuestionamientos, resulta pertinente pronunciarse respecto de cada uno de ellos por separado. i) Así, no corresponde a la realidad que la prueba documental por medio de la

cual se establece que el procesado contaba con facultad de autorizar sobregiros sirvió de fundamento a los juzgadores de instancia para concluir que el Gerente de la Caja Agraria violó los reglamentos o la ley. En oposición a dicho planteamiento, se observa que efectivamente la sentencia de segundo grado expresó que con ocasión de las funciones que debía cumplir el procesado en la entidad crediticia, le fueron otorgadas facultades “…relacionadas con sobregiros que consistían en ordenar el pago de cheques que al momento del giro y su cobro a la entidad carecían de fondos, actividad esta normal en el desarrollo de la entidad, como quiera que eran permitidos por reglamentación legal…”, pero de igual manera fue enfática la Sala de decisión Penal al sostener que “…el Gerente debía no sólo tener la autorización legal en cuanto a la cuantía de lo que debía de aprobar