PGN - RECURSO DE CASACIÓN - Secuestro extorsivo agravado con concurso con rebelión

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas

E. S. D.

REF.: Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Pedro Luis Hernández Hernández contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales que lo condenó como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, en concurso con rebelión.

RAD. No.: 19.265

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, en fallo de trece de diciembre de dos mil, condenó a Pedro Luis Hernández Hernández a la pena principal de treinta y nueve años de prisión y multa de ciento diecisiete salarios mínimos legales mensuales, como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión, cometidos en concurso; así mismo condenó a Mario de Jesús Castro Rivera a la pena principal de treinta y seis años de prisión y multa equivalente al valor de ciento nueve salarios mínimos legales mensuales, como autor del delito de secuestro extorsivo agravado. Condenó a los procesados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez años y además les impuso la obligación de pagar los perjuicios ocasionados con el delito. Apelada la providencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó la condena impuesta a Hernández con la modificación del quantum de la pena principal, que fijó en veintiséis años de prisión. Contra la anterior decisión el defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación y lo sustentó con demanda que fue encontrada ajustada a las previsiones del artículo 212 del Código de Procedimiento

Penal por la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. 2 HECHOS El once de marzo de mil novecientos noventa y nueve fue retenido el señor Norberto Rodríguez León por miembros de un grupo guerrillero en zona rural del municipio de Supía, Caldas; por su liberación exigieron la suma de trescientos millones de pesos. Los captores, en atención a su estado de salud, lo canjearon por su hija Mónica María, quien fue liberada una vez se pagó a los secuestradores la suma de ciento ochenta millones de pesos. El grupo GAULA de la policía logró la captura de Mario de Jesús Castro Rivera y, luego, fue aprehendido, en agosto de mil novecientos noventa y nueve, el señor Pedro Luis Hernández. ACTUACION PROCESAL El veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve se entregó al Fiscal Regional Delegado ante el GAULA Caldas un informe de actividades adelantadas para investigar el secuestro del señor Norberto Rodríguez León y su hija Mónica María; en esta misma fecha la fiscalía ordenó iniciar investigación previa. El doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve se entregó un nuevo informe del Comandante del GAULA Caldas, en el que se solicitó la expedición de una orden de captura en contra de Pedro Luis Hernández Hernández, alias El Peludo. La Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Manizales profirió resolución de apertura de instrucción el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve y ordenó vincular mediante

indagatoria a Mario de Jesús Castro Rivera y a Pedro Luis Hernández. La indagatoria de Hernández fue recibida el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve; el veinte de agosto del mismo año se realizó diligencia de reconocimiento en fila de personas con la testigo Mónica María Rodríguez Lemus. La Fiscalía resolvió la situación jurídica del indagado el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, con medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra como coautor del delito de secuestro extorsivo. Mario de Jesús Castro Rivera fue escuchado en indagatoria el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve y resuelta su situación jurídica el ocho de noviembre del mismo año con medida de aseguramiento de detención preventiva como coautor del delito de secuestro extorsivo. 3 Cerrada la investigación, el catorce de abril de dos mil la fiscalía calificó su mérito con resolución de acusación en contra de Pedro Luis Hernández como coautor de los delitos de secuestro extorsivo y rebelión; igualmente, acusó a Mario de Jesús Rivera como coautor del delito de secuestro extorsivo. En firme la resolución de acusación, el expediente fue remitido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales que avocó su conocimiento el dos de junio de dos mil. Celebrada la audiencia pública, el Juzgado Penal del Circuito Especializado dictó sentencia condenatoria el trece de diciembre de dos mil, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Manizales el nueve de octubre de dos mil uno en el fallo que es objeto del recurso de casación.

SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION Primer cargo: Formulado al amparo de la causal primera de casación, el demandante alega la violación indirecta de los artículos 268, 270 numeral 3 y 125 del Decreto 100 de 1980, 169, 170 numeral 2 y 467 de la Ley 599 de 2000, y 445 del Código de Procedimiento Penal, a consecuencia de un error de derecho por falso juicio de legalidad debido a la apreciación indebida de la prueba. Alega el censor que se infringieron las reglas propias de la diligencia de reconocimiento en fila de personas señaladas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha de su práctica, pues el fiscal instructor permitió el ingreso de numerosas personas que acompañaban a la testigo Mónica María Rodríguez y portaban un ejemplar del diario local en el que aparecía la fotografía del procesado, elemento con el cual ayudaron a la identificación del aprehendido. El defensor del implicado no dejó constancia sobre esta irregularidad, porque desconocía de qué se trataba la diligencia y solamente se enteró de que la fotografía del imputado aparecía en el diario local después de surtido el reconocimiento razón por la que sólo informó del hecho en la audiencia pública. La intervención de los acompañantes de la testigo vició la diligencia de reconocimiento y, a pesar de ello, el tribunal la tomó como practicada conforme a las reglas de procedimiento y fundamentó con ella la condena. Sin embargo de no haberse tenido en cuenta, las demás pruebas indiciarias no habrían arrojado certeza sufriente para condenar al acusado.

4 Afirma entonces que el indicio que tuvo como base las llamadas que se hicieron a los familiares de las víctimas desde el teléfono celular de Pedro Luis Hernández se desvirtuó porque se acreditó en el proceso que el acusado tenía el teléfono para el servicio de la comunidad y que el indicio de mentira al haberse negado el incriminado a reconocer que era identificado con el remoquete de El Peludo no es grave y no permite adquirir la certeza necesaria para condenar. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia y en su lugar se absuelva a Pedro Luis Hernández.

Segundo cargo: Lo sustenta el demandante aduciendo una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho originado en un falso raciocinio al valorar el testimonio rendido por Mónica María Rodríguez en la diligencia de reconocimiento en fila de personas, en cuyo análisis se desconocieron los postulados de la sana crítica.

Arguye el censor que en anterior declaración la testigo había manifestado no haber observado detenidamente a las personas que la tenían secuestrada, de donde se pude inferir que no identificó claramente a los responsables del delito; adicionalmente, cuando la testigo dijo haber visto al acusado en una de las calles de Riosucio, el censor no se explica porqué la víctima no solicitó la intervención de las autoridades policiales para su captura o no actuó con el propósito de que el sindicado fuera vinculado a la investigación, sino que se mostró pasiva, sin sentir miedo ni temor. Estas circunstancias, unidas al vicio del reconocimiento en fila de personas denunciado en el cargo anterior,

hacen que el análisis del tribunal, que reconoció poder de convicción a la prueba, no se ajuste a las reglas de la sana crítica. Considera el recurrente que la actitud de la víctima rompe las más elementales reglas de la lógica, la experiencia y la sicología, y concluye que ella no conocía a Pedro Luis y por eso no reaccionó ante su presencia. Esas mismas reglas le indican que el actuar de Mónica María no fue el propio de quien reconoce a un criminal de quien ha sido víctima. Para demostrar la trascendencia del error, afirma que asignar valor persuasivo a la declaración de la testigo llevó a tomar el reconocimiento que ella hizo del procesado como la prueba fundamental para condenarlo, pero de haberse apreciado correctamente, se habría dejado sin valor probatorio el testimonio por vulnerar los postulados de la sana crítica. 5 Se refiere nuevamente a los indicios analizados por el tribunal, para señalar que no tenían entidad suficiente para sostener una sentencia condenatoria. Solicita que se case la sentencia y se absuelva al procesado.

Tercer cargo: Presentado con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, con él se denuncia una violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de legalidad. Como norma violada se señala el artículo 313 del Decreto 2700 de 1991, adicionado por la Ley 504 de 1999.

Aduce el libelista que los sentenciadores otorgaron eficacia probatoria a los informes de policía judicial, contrariando lo dispuesto por el inciso 4 de la citada ley que establecía que en ningún caso esos informes tendrán valor

probatorio. Según los informes de policía, el procesado se movilizaba en una motocicleta y se conocía con el apodo de El Peludo. Los jueces de instancia consideraron estos indicios como relevantes, porque el implicado fue capturado conduciendo una motocicleta como la descrita por los policiales. Se refiere también el libelista a una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que se aportaron a la investigación y al señalamiento de que una de las personas que participó en esas conversaciones se identificaba como “Pedro”; sin embargo, a pesar de no establecerse que se trataba de Pedro Luis Hernández, el tribunal resaltó el hecho como llamativo. Estos indicios fueron el punto de partida para emitir condena en contra de Hernández -prosigue el censory agrega que de no haberse dado valor probatorio a los informes de policía, de la conducta del implicado de destinar su celular a un servicio comunitario no se le habría derivado responsabilidad penal. Solicita que se case la sentencia y en su lugar se absuelva al procesado.

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACION PENAL Primer cargo: Varios errores de técnica se evidencian en la formulación del cargo y hacen impróspera la pretensión del libelista.

6 En primer lugar, debe resaltarse que el cargo se presentó al amparo de la causal primera de casación, alegando la violación indirecta de los artículos 125, 268 y 270 del Decreto 100 de 1980, sin especificar el recurrente el sentido de la violación de estas normas de las que, posteriormente, desconoce su importancia para la alegación, al sostener que se infringió el

artículo 445 del Decreto 2700 de 1991 que regulaba las situaciones de duda probatoria, tesis que trata de demostrar con sus argumentos. La impropiedad es evidente, en la medida en que si lo que se pretende alegar es la falta de fundamento probatorio para adquirir certeza sobre la realización de las conductas punibles o sobre la responsabilidad del imputado, lo procedente es aducir la violación de la disposición legal que ordena resolver las dudas a favor del acusado, no las normas tipificadoras de la conducta que, en tal caso, de todas formas deben llamarse a gobernar el juzgamiento, pues las conductas investigadas encuentran acomodo a la abstracta descripción legal. Otra falla de la demanda consiste en la indebida mezcla de argumentos –y motivos de casaciónen el mismo cargo, sin separación alguna y sin advertir que la proposición final depende de que se declare el error que se atribuye a la sentencia en la primera parte del cargo. En efecto, si de acuerdo con la tesis del recurrente la diligencia de reconocimiento en fila de personas se realizó contraviniendo las reglas probatorias, después de su demostración ha debido el censor abordar el examen detallado del proceso de construcción de los indicios, para demostrar que en él, el juzgador incurrió en algún error determinante, no simplemente afirmar que los indicios pierden fuerza como elementos de convicción, sin establecer la relación que en la sentencia existe entre la diligencia de reconocimiento en fila de personas y los indicios de mentira y de realización de las llamadas desde el teléfono celular del procesado a los familiares de la víctima. De otra parte, es también un atentado contra la técnica del recurso

extraordinario, alegar, a la manera de las instancias, sobre circunstancias que tienen que ver con la discusión probatoria. Sabido es que este medio extraordinario de impugnación está llamado a ser el control jurisdiccional sobre las sentencias de los jueces, de manera que su objeto es específicamente, la legalidad de la sentencia, naturaleza de la que se desprende la imposibilidad de pretender que se reconozcan hechos que no constan en parte alguna de la actuación procesal y puedan afectar la percepción de los medios de convicción, como si se tuviera oportunidad de recoger evidencias al respecto o abrir un nuevo período probatorio. 7 Nótese que el demandante basa su pretensión en la posibilidad de que se reconozca que la prueba de reconocimiento en fila de personas fue practicada con violación de las normas legales que regulan su práctica, a partir de una afirmación que no consta en las actas del proceso ni puede ser verificada por medio alguno, es decir, que se pretende que se declare un error sin base material que lo demuestre. Los hechos nuevos que se ponen a consideración de la Corte Suprema de Justicia ciertamente constituirían un vicio que afectaría la legalidad de la prueba de reconocimiento en fila de personas, al permitir que personas extrañas al proceso y ajenas a la diligencia, intervinieran en su realización e incidieran en el ánimo de la testigo para que ésta, motivada por esas supuestas presiones o insinuaciones, declarara falsamente en contra del imputado. Esto, empero, no puede quedar más que en el ámbito de una tesis general sin trascendencia concreta en este proceso, porque el examen de las actas

del expediente, que en estos casos es el que debe regir a actuación de la Corte en sede de casación, no demuestra tal irregularidad en la práctica de la prueba y, por el contrario, descarta la veracidad de las aseveraciones del libelista en la medida en la que, habiendo intervenido el defensor en el reconocimiento, no dejó en el acta constancia de la infracción a las reglas probatorias, a pesar de que los hechos alegados no solamente constituirían una grave violación de los derechos procesales del imputado, sino una causal de investigación disciplinaria o penal que no fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Tampoco el agente del Ministerio Público, encargado de la protección de los derechos y garantías fundamentales, alegó en su momento, o en uno posterior, la existencia de tamaña irregularidad que viciaría la diligencia. De acuerdo con lo anterior, se pone de presente que según consta en el expediente, la diligencia de reconocimiento en fila de personas se adecuó a las prescripciones del artículo 368 del Código de Procedimiento Penal aplicable a la práctica de tal prueba y, por consiguiente, la demanda no logra la demostración del yerro que invoca. La ilegalidad de las pruebas, en efecto, no depende de la apreciación que de éstas tengan los sujetos procesales, sino del cumplimiento de las reglas establecidas para su práctica, de forma que si en el expediente no se observa irregularidad a este respecto, resulta imposible reconocer una afectación de las normas probatorias que no se manifiesta en las actas del proceso. 8 Respecto de la proposición formal del cargo, el Procurador Delegado

también anota una falla, en tanto que el recurrente aduce la infracción del artículo 368 del Código de Procedimiento Penal porque la norma dispone, según su expresión, que a la diligencia solamente pueden asistir los “sujetos procesales”, pero no desarrolla adecuadamente la censura ya que omite el análisis específico del precepto jurídico para destacar los requisitos que señala y los que fueron desconocidos por el funcionario judicial. En los términos en los que está formulada la acusación contra la sentencia, tendría que concluirse que por ninguna parte de la norma que se alega como violada se establece expresamente la prohibición de que a ella asistan personas distintas de los “sujetos procesales”, ya que además del imputado y su defensor, el artículo 368 menciona también a la persona que va a hacer el reconocimiento quien, forzosamente, no es un sujeto procesal. La legalidad de la prueba que depende del requisito de la asistencia de algunas personas, entonces, no se establece exclusivamente con el texto de la norma, sino también con las disposiciones que autorizan a los sujetos procesales su intervención en las diligencias propias del proceso; con aquellas que señalan los objetivos de la investigación, y las demás que describen la finalidad de cada diligencia. De esta forma, si desde el punto de vista formal el recurrente quería alegar correctamente, ha debido identificar, con base en las disposiciones anteriormente mencionadas, cuál fue el requisito exacto infringido por el funcionario judicial en la práctica de la prueba, y cuál la trascendencia de ese vicio de legalidad en la formación del medio de convicción respectivo. Finalmente, es preciso resaltar que al no haberse demostrado la ilegalidad

de la prueba de reconocimiento en fila de personas, las demás alegaciones que contiene este cargo también deben ser desestimadas, porque si el fundamento de la crítica es la prosperidad de aquella alegación, habiendo sido el reconocimiento ajustado a las reglas legales, no puede afirmarse que las deducciones posteriores estén viciadas por este aspecto. La falta de demostración del error denunciado hace que el cargo no deba prosperar.

Segundo cargo: Formulado al amparo de la causal primera de casación, plantea el censor un error de hecho por falso raciocinio, referido al análisis que del testimonio de

Mónica María Rodríguez hizo el Tribunal Superior de Manizales. 9 Nuevamente incurre el demandante en errores protuberantes de técnica que atentan contra la prosperidad del recurso. Obsérvese que después de citar el contenido de las declaraciones rendidas por la señorita Mónica María Rodríguez tanto en su testimonio como durante la diligencia de reconocimiento en fila de personas, se queja de que el tribunal concedió pleno valor probatorio a estas pruebas y arguye que la testigo aseveró lo contrario a lo afirmado por el tribunal, con lo cual parecería dirigir su ataque contra la prueba no por la existencia de un falso raciocinio en su examen, sino por la modificación del contenido material de la prueba. Adicionalmente, si se observa el fundamento del ataque contra la sentencia, se advierte que el recurrente se debate entre esta primera hipótesis –falso juicio de identidady la crítica al valor probatorio del citado testimonio, porque en ocasiones sostiene que no se puede creer que Mónica María Rodríguez haya retenido las características físicas del procesado Pedro Luis

Hernández y, en otras, pretende que se interpreten sus aseveraciones en conjunto para, a través del análisis racional, llegar a conclusiones diversas a las que parecieron evidentes al sentenciador. Por lo demás, el censor invoca otra vez la supuesta irregularidad de la diligencia de reconocimiento en fila de personas, esta vez para insistir en que quienes acompañaron a la víctima del delito influyeron en ella, como también lo hicieron los medios de comunicación al mostrar la imagen del acusado acompañada de la calificación de ser el jefe de finanzas de un sector de una organización guerrillera. En este aparte, se advierte entonces una nueva crítica contra la referida prueba que se pretende ligar con el argumento central del cargo, pero no se analiza la situación en su integridad, pues aún en el caso de que la víctima, antes del reconocimiento, hubiera visto al imputado por los medios de comunicación social, este hecho no invalidaría su reconocimiento en la medida en que la diligencia se cumplió para ratificar la correspondencia entre el aprehendido y uno de los autores del delito, no para imputar, sin fundamento, la realización de la conducta punible a un desconocido. Afirmar que el reconocimiento, junto con las demás pruebas recaudadas permite al juzgador arribar a la certeza necesaria para la condena, absteniéndose el tribunal de analizar la situación concreta y de fijar su posición de que la percepción anterior de la imagen del imputado no vicia la identificación posterior que de él se hace, no constituye un falso raciocinio en tanto que no implica la violación de las reglas de la sana crítica.

Lo que sí pretende responder al planteamiento inicial de la censura, es alegar que el hecho contenido en la prueba (Mónica María Rodríguez vio al procesado en Riosucio) no se sometió al tamiz de las reglas de la sana 10 crítica para determinar su veracidad. Ello no obstante, no logra sacar avante el planteamiento del libelista porque si bien la testigo ha podido tomar muchas actitudes al encontrar a Hernández en una de las calles de la ciudad mencionada, el no seguir la conducta que insinúa el recurrente –pretender su captura o buscar la ayuda de las autoridadesno le resta visos de credibilidad a la declaración, en la medida en la que, racionalmente, las víctimas de un hecho punible también pueden quedar estupefactas ante el encuentro con su agresor y esta emoción puede impedirles la puesta en ejecución de comportamientos que tiendan a aprehender al autor del hecho. Siendo esta última hipótesis tan válida como las otras planteadas por el censor a la luz de las reglas de experiencia, forzoso resulta concluir que al adoptarla implícitamente –en tanto que dio credibilidad al testimonio de quien se comportó de esta manera-, el juzgador no desconoció de manera protuberante las reglas legales que rigen el examen de las pruebas y, por consiguiente, no incurrió en el falso raciocinio que se le atribuye. Es también incorrecto en sede de casación, como lo hace el libelista, plantear en un solo cargo argumentos cuya aceptación depende del éxito del primero de ellos, porque con esta forma de proceder se demuestra no la existencia de vicios de legalidad de la sentencia, sino la insuficiencia de la

denuncia de la regularidad inicial para obtener el éxito del ataque. Quiere decir que dentro de la lógica del recurrente, dependiendo los indicios de que se declare como contraria a la legalidad la prueba de reconocimiento en fila de personas, los intentos de demostración de un nuevo error del sentenciador en el valor que asignó a los indicios deducidos, quedan sin sustento cuando no se reconoce aquél vicio del fallo y, por consiguiente, no puede la Corte entrar a analizar si los indicios invocados por el tribunal podían o no fundamentar la decisión, puesto que el sustento de su mala valoración desaparece ante la inexistencia del falso raciocinio. La falta de demostración del cargo impide su prosperidad.

Tercer cargo: En este cargo se acusa la sentencia de haber incurrido en un error de derecho por falso juicio de legalidad, debido a la valoración que se hizo de los informes de policía judicial, contrariando la prohibición consagrada en la Ley 504 de 1999.

En primer término, es evidente un error de técnica en la formulación del cargo; afirma el libelista que la sentencia de segunda instancia otorgó valor probatorio a los informes de policía; sin embargo, al sustentarlo, el ataque se 11 refiere a la sentencia de primera instancia, pues manifiesta que algunos aspectos relatados por el informe de policía fueron considerados indicios relevantes en contra de Hernández por el Juez Penal del Circuito Especializado, desconociendo con ello que el ataque en casación debe orientarse contra la sentencia de segunda instancia que, en este caso presenta un fundamento distinto y es, por lo tanto, la que se debe examinar con miras a la demostración del yerro denunciado.

De manera confusa intenta el libelista sustentar el ataque contra la providencia, pues se refiere a diversos aspectos relacionados con los indicios elaborados por el sentenciador, las circunstancias en que fue capturado Pedro Luís Hernández, las grabaciones de conversaciones telefónicas que se aportaron, sin que logre concretar de qué manera fueron valorados los informes de policía o que mérito se les concedió en el fallo impugnado. A pesar de señalar que las sentencias se fundamentaron en los informes de policía, trae a colación numerosas pruebas que respaldaron las sentencias y con base en las cuales se determinó la participación de Hernández en el hecho delictivo, de manera que no demuestra que a tales informes se les haya dado valor probatorio y hayan constituido el sustento de la condena en contra de Hernández. Por el contrario, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Manizales, luego de referirse en forma extensa a las declaraciones que hizo la testigo Mónica Rodríguez en la diligencia de reconocimiento en fila de personas y al peso que ellas tienen en su convencimiento, analizó la posesión que el incriminado tenía sobre un teléfono móvil desde el cual se hicieron dos llamadas en las cuales se negoció el secuestro y se recibieron otras con los mismos fines, datos que no derivó de los informes de policía judicial, sino de las pruebas aportadas al expediente, incluída la aceptación del hecho de la posesión del aparato que hiciera el acusado. A renglón seguido el tribunal invocó, ahora sí, los informes de las autoridades policiales, pero concatenando su contenido con la indagatoria de Mario de Jesús Castro, para destacar que también entre los dos procesados se

mantuvo una conversación a través de sus respectivos teléfonos celulares. Esta mención a los informes de las autoridades no es más que un argumento adicional para construir la inferencia lógica, de manera que no constituye, por sí mismo, una apreciación aislada de los informes de inteligencia como prueba autónoma ni infringe la restricción legal en la que se fundamenta la alegación. Vista así la situación, se advierte entonces la incorrección del ataque, porque 12 lo que procedería, sería la solicitud de que, de la inferencia, se suprimiera el aspecto relacionado con los informes policiales –comunicación entre los dos acusadospara demostrar luego que sin ese elemento de juicio el indicio perdería su racionalidad intrínseca o extrínseca. El censor, sin embargo, no hizo esfuerzo alguno por demostrar que, suprimidos los informes de la policía judicial, resultaba imposible construir el indicio y como tal eventualidad no se encuentra de modo manifiesto en los autos, porque la inferencia lógica se basó también en otras circunstancias, es menester concluir que el cargo carece de fuerza para romper la sentencia. A este propósito, es necesario resaltar que, según el análisis del tribunal, estos informes fueron soportados en el expediente con pruebas que pudieron ser conocidas y contradichas por los sujetos procesales, de manera que éstas pueden ser apreciadas aun cuando se basen en las informaciones recopiladas por la policía judicial, pues como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-392 de 2000: “Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones

objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados por ellos. El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal. Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente en el proceso, mas no los mencionados informes.” Sobre esta base, se tiene que el tribunal no confirió valor probatorio a los informes de inteligencia, sino que lo otorgó, entre otras pruebas, a las 13 declaraciones vertidas por una de las víctimas del delito de secuestro, y luego se concentra en analizar los indicios de responsabilidad que aparecen

en contra de Hernández, construidos a partir del hecho probado en el proceso de ser éste poseedor de un teléfono celular desde el que se hicieron las llamadas para negociar la liberación de los secuestrados, pero en el que también se recibieron algunas llamadas realizadas desde el celular de otra persona retenida por el grupo de delincuentes. También tomó en consideración el Tribunal los datos aportados por el otro implicado Mario de Jesús Castro, su