PGN - RECURSO DE REVISIÓN - Reparación directa Antioquia

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Contra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "C", que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y en su lugar resolvió negar las pretensiones de la demanda ACCION DE REPARACION DIRECTA-Contra la Nación-Rama JudicialFiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la libertad RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Requisitos de procedencia RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Naturaleza jurídica Para comprender su naturaleza es preciso señalar que el recurso extraordinario de revisión no se origina en una labor oficiosa o dispositiva del juez, toda vez que el legislador delimitó la labor de la autoridad jurisdiccional al estudio y análisis de la causal expresamente invocada por el demandante, sobre quien pesa la carga de referir la situación concreta de la cual surge la necesidad de revisar la sentencia atacada, con sustancialidad para afectar la cosa juzgada y la presunción de legalidad que la ampara. Dada la naturaleza extraordinaria del recurso, el legislador delimitó el objeto de debate bajo este mecanismo procesal en el entendido que el impugnante solo puede sustentar su alegato en la configuración de alguna de las causales contenidas en la ley, so pena de rechazo. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Causal prevista en el numeral 5 del articulo 250 del cpaca LA CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN da cuenta de una irregularidad proveniente de la providencia atacada; luego, en este evento, los elementos de convicción que sirven de

sustento de la pretensión deben soportarse en vicios graves e insaneables, inferidos del contenido mismo de la decisión, o inescindiblemente relacionados con aquella, provenientes del desconocimiento de las reglas y ritualidades sustantivas a las que está sometida la sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Alcance según la jurisprudencia del consejo de estado Del recorrido jurisprudencial que antecede se infiere que el objeto de revisión bajo la causal 5ª descarta de su análisis las irregularidades procesales generadas en las instancias anteriores a la providencia de cierre, pues de lo contrario se desnaturalizaría la condición extraordinaria del mecanismo jurídico; además, la taxatividad también exige que la nulidad alegada encuadre en el listado del artículo 133 del Código General del Proceso, sin perjuicio de las causales supraconstitucionales. Finalmente, hay que mencionar que, en aplicación del principio de congruencia, el Consejo de Estado, al momento de asumir el análisis del recurso extraordinario, solamente podrá efectuar la valoración frente a la causal invocada expresamente por el solicitante y no respecto de otra diferente.

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo DEBIDO PROCESO-Violación por insuficiencia y o ausencia de motivación en la providencia La motivación de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del debido proceso en tanto las personas que interactúan con la justicia tienen la necesidad de obtener respuestas razonadas acerca de los derechos que reclaman, de ahí que las

providencias deban contener las razones fácticas y jurídicas en que se sustentan, so pena de incurrir en una clara vulneración a este derecho fundamental. PROVIDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS-Motivación La motivación de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del debido proceso en tanto las personas que interactúan con la justicia tienen la necesidad de obtener respuestas razonadas acerca de los derechos que reclaman, de ahí que las providencias deban contener las razones fácticas y jurídicas en que se sustentan, so pena de incurrir en una clara vulneración a este derecho fundamental. DECISIONES JUDICIALES-Fundamentos jurisprudenciales y convencionales que sustentan el deber de motivarlas razonadamente La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU635 de 2015, citó varias sentencias en las que se hace alusión a este aspecto. En esa providencia se indicó que en la motivación de las decisiones reposaba la legitimidad del deber funcional de quienes están llamados a impartir justicia... DAÑO ANTIJURIDICO-Como presupuesto de responsabilidad del Estado Lo antijurídico se relaciona con lo que va más allá de lo que normalmente puede o debe soportar un individuo por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada, siendo importante precisar que ese “más allá” en términos de magnitud, no se mide por la inmensidad económica de los perjuicios, y que ha sido el derecho pretor el que ha analizado los títulos de imputación en estos casos, para determinar el carácter de lo injusto respecto del daño predicado. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Evolución jurisprudencial sobre la privación

injusta de la libertad 2

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión

Actor: Arturo Velásquez Gallo

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 098-2020

Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 2020

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente: Doctor MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-15-000-2020-03013-00

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN ACTOR: ARTURO VELÁSQUEZ GALLO El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia a través de los siguientes puntos de análisis:

I. ANTECEDENTES

1.1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

1.2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1.3. OBSERVACIONES MARGINALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESPECTO A LA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA

1.4. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.5. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

II. PROBLEMA JURIDICO

2.1. PROBLEMA JURIDICO

2.2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE

REVISIÓN Y DE LA CAUSAL QUINTA PARA INVOCARLO 2.3. CASO CONCRETO – CAUSAL DE REVISIÓN INVOCADA 2.3.1. Sentencia en firme

2.3.2. Cargos contra la sentencia 2.3.2.1. Carencia de sustento legal y jurisprudencial en su emisión. 3

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo a) Acerca del sustento legal b) En cuanto al sustento jurisprudencial 2.3.2.2. Violación al debido proceso por insuficiencia y/o ausencia de motivación en la providencia censurada a) La importancia de la motivación de las providencias b) Los fundamentos jurisprudenciales y convencionales que sustentan el deber de motivar razonadamente las decisiones judiciales c) Defecto material o sustantivo por insuficiencia en la motivación de la sentencia examinada d) Alternativa de solución al caso sub examine, reexamen del régimen objetivo de responsabilidad.

III. CONCLUSIÓN

IV. CONCEPTO

I. ANTECEDENTES 1.1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA El señor ARTURO VELÁSQUEZ GALLO demanda a la RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por considerar (trascripción literal): “Que la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL, es responsable de responsabilidad administrativa por haber incurrido en graves ·errores, omisiones, abusos, arbitrariedades, violación al debido proceso, y mancillado EL HONOR, LA HONRA, LA REPUTACION, EL BUEN NOMBRE y LOS SENTIMIENTOS personales y familiares

del doctor Arturo Velásquez Gallo, su mujer y sus hijos, debido a la medida de aseguramiento dictada en su contra, así como por la posterior investigación penal en su contra POR UN DELITO QUE NUNCA EXISTIÓ, además de la deshonra pública a que fue sometido, delito por el cual fue absuelto luego de haberse realizado la investigación, según sentencia proferida por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Medellín”. (Negrillas del Ministerio Público). Según la demanda, los hechos se pueden ordenar cronológicamente así: 4

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo 1.1.1. El 1 de enero de 1991: El señor ARTURO VELÁSQUEZ GALLO, fue vinculado a la Fiscalía General de la Nación como Jefe de la Sección Jurisdiccional de Orden Público, donde se tramitaba y se daba cumplimiento a las providencias emanadas de los jueces de Orden Público. 1.1.2. El 20 de noviembre de 1991: el señor JESÚS MARÍA OSORIO, que se desempeñaba como secretario del demandante ARTURO VELÁSQUEZ GALLO, se presentó ante su jefe con un sumario contra el agente de la policía JOSÉ ÁNGEL MARMOLEJO a quien otras autoridades investigaban por los delitos de FABRICACIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS y por RECEPTACION, manifestándole que ese expediente estaba "refundido" en los anaqueles, que aparecía una decisión de un Juzgado de Orden

Público mediante la cual se había decretado la cesación de procedimiento por el delito de receptación a favor del sindicado JOSÉ ÁNGEL MARMOLEJO y que ante ese hecho no se había decretado u ordenado su libertad, la cual necesariamente procedía como consecuencia de la decisión del Juez de Orden Público. El demandante aduce que consultó con otras personas de su despacho qué hacer ante esa eventualidad y revisó el sistema de registro de expedientes, donde halló que pese a la ruptura de unidad procesal, el expediente del policía MARMOLEJO seguía registrándose bajo el radicado N° 1231, y pese a no existir orden de libertad ordenada por el juez de la causa, él la libró ordenado la libertad del recluso MARMOLEJO. El señor ARTURO VELÁSQUEZ sostiene que, debido al error del juez de orden público, al no aclarar la situación del recluso MARMOLEJO, él se confundió, máxime porque al revisar el sistema de información de expedientes sólo aparecía un (1) sumario a nombre del policía

MARMOLEJO.

5

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo 1.1.3. Sin precisar la fecha, el demandante anota que a los pocos días de haber expedido la boleta de libertad del agente MARMOLEJO, llegó a su despacho el juez de orden público que conocía el proceso contra el policía en mención y le hizo saber que si bien lo había exonerado por el delito de receptación, lo había condenado a 72 meses de prisión por el punible de

porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, haciéndole saber que dicha pena no se podía hacer efectiva porque debido a la libertad que ARTURO VELÁSQUEZ le había concedido, el señor MARMOLEJO había desaparecido. Debido a ese hecho se compulsaron copias contra el demandante para que fuera investigado tanto penal como disciplinariamente. 1.1.4. El 10 de octubre de 1995: El Fiscal Seccional 88 de la Unidad de Delitos contra la Administración y Financieros de Medellín, a quien le asignaron el caso del señor ARTURO VELÁSQUEZ GALLO, ordenó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad provisional previo pago de una caución, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público. Todo indica que el demandante pagó la caución y que por esa razón nunca estuvo privado de su libertad. Ante ese hecho el actor señala que la medida de aseguramiento estuvo mal formulada, toda vez que los hechos y las pruebas demostraban que si bien es cierto, él había ordenado la libertad del recluso JOSÉ ÁNGEL MARMOLEJO sin tener una orden en ese sentido por parte del juez de la causa, ello no había sido con dolo sino con culpa, y que como el delito por el que se le increpó sólo resulta típico si es cometido con dolo, entonces, el Fiscal 88 aludido había incurrido en un error judicial, al no advertir que la conducta del demandante había sido culposa. 1.1.5. El 7 de febrero de 1996: Dado que el señor VELÁSQUEZ GALLO

impugnó el acto administrativo por el cual se ordenó la medida de 6

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo aseguramiento en su contra, la Unidad de Fiscales Delegados ante los Tribunales Superiores de Medellín y Antioquia, confirma la decisión del Fiscal Seccional 88, el 7 de febrero de 1996 y en el mismo proveído ordena que se comunique esa decisión a la Dirección Regional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, para que se suspenda del ejercicio del cargo al demandante. Como la medida de suspensión laboral no se había hecho efectiva, el Agente del Ministerio Público que intervenía en el caso, solicitó la ejecución de la misma a fin de que se diera cumplimiento a la norma contenida en el literal b) del artículo 123 de la Resolución 1280 de 1995, y por ende el Fiscal 88 Seccional envió las comunicaciones del caso. El demandante aduce que eso no lo tenía por qué haber hecho el Fiscal 88, ya que no era de su competencia, máxime cuando la Fiscalía Delegada ante los Tribunales ya había librado la comunicación en ese sentido y aún no se había procedido a su desvinculación precisamente porque no había una sentencia en su contra. A partir de ese hecho, el actor se dedica en su demanda a censurar los actos administrativos alusivos a los temas laborales relativos a la suspensión del cargo. 1.1.6. El 17 de septiembre de 1996: el señor ARTURO VELÁSQUEZ GALLO fue suspendido del cargo que ocupaba en la Fiscalía General de la

Nación, mediante Resolución 428. 1.1.7. El 18 de septiembre de 1996: se notifica la anterior providencia. El jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación precisa que el señor VELÁSQUEZ GALLO no fue suspendido por hallarse en la 7

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo inhabilidad de que trata el artículo 123 la Resolución 1280 de 1995, que modificó el artículo 136 del Decreto 2699 de 1991, sino porque existía una orden de autoridad judicial en su contra, aludiendo a la medida de aseguramiento que le había impuesto el Fiscal 88 Seccional. 1.1.8. El 7 de octubre de 1996: Se le indica al demandante que contra la decisión de suspensión laboral, no proceden recursos. El actor indica que ante esa eventualidad presentó la revocatoria directa del acto, pero que le fue negada arguyendo la indignidad para ocupar el cargo. 1.1.9. El 28 de octubre de 1997: el Juez 15 Penal del Circuito de Medellín, absuelve al señor ARTURO VELÁSQUEZ GALLO del delito de falsedad ideológica en documento público, porque consideró que el hecho se había cometido de manera culposa y por eso la conducta era atípica. 1.1.10. El 11 de noviembre de 1997: queda ejecutoriada la decisión absolutoria. 1.1.11. El 5 de marzo de 1998: el actor indica que fue “destituido” del

cargo que ocupaba en la Fiscalía General de la Nación por “inmoral” y a renglón seguido anota que fue declarado “insubsistente” y que por ello demandó ese acto ante la justicia contenciosa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho haciendo énfasis en el punto 4.26 de su demanda que (cita textual): “Este acto ha sido demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda en la cual se reclaman los salarios y prestaciones a título de indemnización, pero no se demandan perjuicios morales ni por él y mucho menos por sus familiares, puesto que esta posibilidad no se da procesalmente y por eso se recurre a la acción apropiada de la reparación directa”. 8

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo Los puntos 4.19 a 4.23, 4.27 y siguientes de la demanda se emplean para describir los perjuicios morales y económicos que la media de aseguramiento y la investigación penal en su contra le trajeron a él y a su familia. 1.1.12. El 2 de junio de 1998: la Fiscalía General de la Nación revoca la suspensión del cargo de que fue objeto el demandante. En el concepto de violación, el actor indicó que la Fiscalía General de la Nación había incurrido en errores y atentado contra su honra y buen nombre.

1.2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 29 de octubre de 1999, el señor ARTURO VELÁSQUEZ GALLO y TATIANA GUACANEME BOHADA, obrando en nombre propio y de sus hijos MARÍA CAMILA y JUAN FELIPE VELÁSQUEZ GUACANEME presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial -Fiscalía General de la Nación. El 14 de noviembre de 2008: El Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando: “PRIMERO. - Declárese que la Nación -Fiscalía General de la Nación-, es administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a ARTURO VELÁSQUEZ GALLO, TATIANA ILIA GUACANEME, MARÍA CAMILA Y JUAN FELIPE VELÁSQUEZ GUACANEME, como consecuencia de la privación injusta de la libertad a que fue sometido el primero de ellos. SEGUNDO. Condénese a la Nación -Fiscalía Generala pagar los siguientes perjuicios: Morales: Para ARTURO VELÁSQUEZ GALLO, la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV). 9

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo Para TATIANA ILIA GUACANEME, la suma de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 SMLMV). Para los hijos del afectado, MARÍA CAMILA y JUAN FELIPE VELÁSQUEZ GUACANEME, la suma de veinticinco salarios mínimos

legales mensuales vigentes (25 SMLMV), para cada uno. TERCERO. - La parte demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos de los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. CUARTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el 55 de la Ley 446 de 1.998, considera la Sala que no es dable la condena en costas a la Entidad demandada”. La sentencia contempló abundante jurisprudencia y en ella se indicó básicamente que: 1.2.1. El Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín, absolvió al demandante porque el hecho imputado no existió, ya que el mismo era atípico, puesto que no existe una falsedad ideológica en documento público de manera culposa, y agregó que el Juez de la causa penal había considerado que el señor ARTURO VELÁSQUEZ GALLO había actuado con la convicción errada e invencible de que con su conducta no cometía ningún delito. El tribunal compartió la tesis del Juez penal. 1.2.2. Enseguida abordó lo que (i) doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho acerca de las medidas de aseguramiento de detención preventiva que lleva aparejada la privación de la libertad, (ii) se refirió a la evolución jurisprudencial que ha tenido el tema en el Consejo de Estado; (iii) precisó que aunque la medida de aseguramiento sea bajo libertad provisional, era de todas maneras una restricción a la libertad y que por ello se debía establecer si la misma era proporcional tanto en el tiempo de duración

como respecto a los fines que se persiguen con ella; (iv) se refirió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a las medidas de aseguramiento y (v) precisó que no se puede ser facilista ante la restricción de la libertad de un ser humano. 10

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo 1.2.3. En cuanto al caso concreto indicó que la medida de aseguramiento impuesta al señor VELÁSQUEZ GALLO fue injusta y en la página 26 de esa decisión sostuvo que (cita textual): “Se observa de la lectura del proceso penal, que la detención del señor VELÁSQUEZ GALLO, fue Injusta, toda vez que derivó del Error Judicial, en que incurrió el Fiscal 88 Seccional de Delitos contra la Administración y Financieros, al emitir una resolución en donde no se aplicó de forma apropiada los principios que informan el ordenamiento, lo que produjo un funcionamiento anormal de la administración de justicia que causó perjuicio al ahora demandante”1 y en la parte resolutiva de la sentencia indicó que la Fiscalía general de la Nación era responsable por la privación injusta de la libertad del demandante. Agregó que el comportamiento del demandante no era sancionable; porque la conducta no era punible. 1.3. OBSERVACIONES MARGINALES DEL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO A LA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA 1.3.1. En la sentencia no se analizaron los hechos, ni las pruebas que llevaron a la imposición de la medida de aseguramiento por parte del Fiscal

88 Seccional para los Delitos contra la Administración y Financieros respecto del caso concreto, sino que el Tribunal Administrativo se dedicó a estudiar jurisprudencialmente la medida y los razonamientos acerca del carácter injusto de la misma se basaron en la sentencia absolutoria del Juez 15 Penal del Circuito de Medellín. 1.3.2. En la sentencia se presenta una serie de conceptos que son confundidos entre sí, ya que de un lado el Tribunal manifiesta que se encuentra de acuerdo con el juez penal de la causa al decir que el hecho no existió, pero concluye que la conducta no es punible, lo cual es 1 Negrillas del Ministerio Público. 11

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo distinto pues si el hecho no existió, no hay razón para sostener que el inculpado actuó con la convicción errada e invencible2, ya que esta causal de justificación ataca la culpabilidad como elemento estructurante de la conducta, lo que implica que, en principio, la misma fue hallada típica y antijuridica pero no culpable, (a menos que la forma de culpabilidad esté explícitamente inmersa en el tipo). Cuando el hecho no existe, lo que se verifica en los albores de una investigación, es si fenomenológicamente hubo una alteración del interés jurídico penal, (pero en el caso de marras sí hubo una falsedad)3. Cuando se aborda el caso porque la conducta no constituye hecho punible, lo que se quiere decir es que la conducta es atípica objetivamente

y lo que se verifica es si el comportamiento que se predica punible se enmarca en una norma que lo tipifique4; es decir que se trata de una atipicidad absoluta. (La atipicidad relativa se da cuando se comprueba que uno de los elementos que integran el comportamiento objeto de reproche, no tuvo ocurrencia o fue plenamente desvirtuado). En el caso del señor VELÁSQUEZ, como no existe la falsedad culposa y el dolo va inmerso en el tipo, se puede decir que la conducta no constituía un hecho punible5. 2 Que, dicho sea de paso, a juicio de esta Agencia del Ministerio Público, no fue invencible, porque había maneras seguras y más sólidas para salir de la duda que tenía el funcionario VELÁSQUEZ GALLO, pues le bastaba revisar la absolución del polía MARMOLEJO, para advertir que solo lo estaban exonerando por el delito de receptación, dejando presente la investigación por porte ilegal de armas. 3 Sentencia del Consejo de Estado. Sección Tercera del 6 de agosto de 2020, 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947) 4 Sentencia del Consejo de Estado. Sección Tercera del 6 de agosto de 2020, 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947) 5 Decreto 2700 de 1991. Artículo 36. Preclusión de la investigación y cesación de procedimiento. En cualquier momento de la investigación en que aparezca plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una causal

excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el fiscal declarará extinguida la acción penal mediante providencia interlocutoria. El juez, considerando las mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio. 12

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo 1.3.3. En la sentencia se condena a la Nación - Fiscalía General de las Nación por una privación injusta de la libertad, pero el demandante no estuvo privado físicamente de la libertad ni un solo día, puesto que obtuvo el beneficio de libertad provisional previo pago de una caución y aunque el Tribunal Administrativo sostiene que la libertad provisional es una restricción a la libertad y no un beneficio, no analizó en el caso concreto si la medida de aseguramiento impuesta cumplió los requisitos que se predican en las jurisprudencias que citó. 1.3.4. el Tribunal Administrativo mezcla equivocadamente los conceptos de privación injusta de la libertad6, con error judicial7 y con defectuoso funcionamiento de la administración de justicia8. 1.4. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 6 Que se da cuando la privación de la libertad de un ciudadano ocurre dentro de un proceso que culmina con preclusión de la investigación o con sentencia absolutoria porque el hecho atribuido no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era punible o fue beneficiario de la duda a su favor, pese a que en la detención se

hayan cumplido todas las exigencias legales, ya que se entiende que hubo una desproporción en las cargas públicas que el ciudadano tuvo que soportar, soportando restricciones injustas a su derecho a la libertad. Normalmente se analiza bajo el régimen objetivo de daño especial, sin que ello sea óbice para que en el caso se den circunstancias en las que existan fallas del servicio que se deben avaluar a la luz del régimen subjetivo de falla en el servicio. Consejo de Estado sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013. Radicado 23354 y sentencia de la sección Tercera del Consejo de Estado del 10 de agosto de 2015. Radicado 30134. 7 El error judicial se entiende como la lesión cierta, presente o futura, determinada o determinable y anormal a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad judicial investida de facultad jurisdiccional, en el curso de un proceso y materializado a través de una providencia contraria a la ley, que se encuentre en firme y que la víctima no esté en el deber de soportar. Consejo de Estado, Sección Tercera sentencias del 19 de mayo de 2005, radicado 2001-15541; sentencia del 14 de septiembre de 2000 radicado 12166 y sentencia del 2 de junio de 2005, radicado 1999-02382. 8 El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia tiene carácter residual, pues no proviene de las otras dos modalidades expuestas, sino de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias al derecho, que resultan escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico, generando daños y perjuicios

materiales y morales que la víctima no está llamada a soportar. Ocurren en el giro o tráfico jurisdiccional y pueden provenir no solo se funcionarios judiciales, sino también de empleados judiciales. Agentes y auxiliares judiciales, públicos o particulares. Sentencias del Consejo de Estado. Sección Tercera del 1 de octubre de 1992 en el radicado 7058, del 13 de agosto de 1993 dentro del radicado 7869, del 18 de septiembre de 1997 en el radicado 12686, del 22 de noviembre de 2001 en el radicado 31164, del 16 de febrero de 2006 en el radicado 14307 y del 15 de abril de 2010, dentro del radicado 17507. 13

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo El 29 de octubre de 2018: el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "C", revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y en su lugar resolvió negar las pretensiones de la demanda. El 11 de abril de 2019: se notificó la providencia en mención a través del edicto fijado el 11 de abril de 2019 y desfijado el 22 del mismo mes y año, quedando ejecutoriada el 26 de abril de 2019. En esta sentencia el máximo órgano del control contencioso administrativo resolvió: “REVÓCASE la sentencia del 14 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin costas. TERCERO. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”. En ese proveído, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tras resumir sucintamente los hechos y estudiar los presupuestos de caducidad y legitimación en la causa de las partes para actuar, indicó que el problema jurídico se concentraba en “determinar si se configura daño antijurídico en los casos en que se vincula a un sindicado a un proceso penal, se le impone una medida de aseguramiento de detención preventiva, que no se hace efectiva y que se le sustituye por libertad provisional con el pago de caución prendaria”. Lo anterior a partir del hecho probado por el cual se demostró que el funcionario ARTURO VELÁSQUEZ GALLO, como servidor de la Fiscalía General de la Nación, expidió boleta de libertad a favor ·de un sindicado sin observar que este tenía un requerimiento más de la misma autoridad que lo investigaba por otro delito. El máximo tribunal contencioso precisó que la detención preventiva no se hizo efectiva porque al demandante se le concedió la libertad provisional en virtud del pago de una caución 14

Expediente: 11001-03-15-000-2020-03013-00

Recurso Extraordinario de Revisión Actor: Arturo Velásquez Gallo prendaria y que luego cuando el caso llegó a etapa de juzgamiento, se absolvió al señor VELÁSQUEZ al considerar que el delito no existió.9 El Consejo de Estado como parte de su argumento capital adujo que “Como

la vinculación de Arturo Velásquez Gallo al proceso penal y la imposición de la medida de aseguramiento se ordenaron por una autoridad competente, conforme a los presupuestos legales, el daño alegado por la demandante no tiene el carácter de antijurídico, pues correspondió a una carga que estaba en el deber jurídico de soportar. Como no se configuró un daño antijurídico, se revocará la sentencia apelada”.

1.5. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

El 8 de julio de 2020, el señor Arturo Velásquez Gallo interpuso recurso extraordinario de revisión contra la anterior providencia, con fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A., consistente en " [e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…)" . “En atención a que la sentencia