PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION - Arbitramento

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2003 Doctor

GERMAN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR

Consejero Ponente Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 03-35. Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 Departamento de la

Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz Honorable Señor Consejero: El asunto de la referencia se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del Recurso de Anulación de Laudo Arbitral interpuesto por el Departamento de la Guajira y el Procurador 42 Judicial Administrativo de Riohacha en contra del proferido el 9 de enero de 2003 por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre el señor Robinson Pérez Ortíz y el Departamento de la Guajira con ocasión del Contrato de Consultoría No. 006 celebrado entre las partes el 28 de diciembre de 1999, cuyo objeto fue la ejecución de los estudios y diseños técnicos para el mejoramiento de la vía Fonseca-Conejo-Cañaverales, transversal principal, municipio de San Juan del Cesar; razón por la cual esta Agencia del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo. El Laudo Arbitral. 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 2 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz La parte resolutiva del Laudo Arbitral objeto del recurso de anulación

interpuesto, es del siguiente tenor (fl. 147): “Primero. Declarase (sic) la existencia del contrato de consultoría número 006 de 28 de diciembre de 1999 celebrado entre el Departamento de La Guajira (contratante) y el ingeniero ROBINSON PÉREZ ORTIZ (contratista). Segundo. Declarase (sic) que el Departamento de La Guajira incumplió el contrato de consultoría mencionado en el numeral precedente. Tercero.- Condenar al Departamento de La Guajira pagar (sic) al contratista ROBINSON PÉREZ ORTIZ por concepto de indemnización contractual una vez ejecutoriado este laudo la suma de DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($12.168.600) los cuales serán indexados desde el 28 de marzo del año 2000 fecha en que debió terminar el contrato objeto de esta demanda hasta cuando se efectúe el pago acorde con el I.P.C. vigente para cada anualidad. Cuarto.- Condenar al Departamento de La Guajira al pago de los intereses legales moratorios a que haya lugar en favor de la parte actora desde la fecha 28 de marzo de 2000 dentro de los primeros tres meses siguientes a la ejecutoria de este fallo y de ahí en adelante los intereses moratorios comerciales conforme a la ley. Quinto.- Condenar en costas a la parte demandada por una suma equivalente a los honorarios del arbitro (sic), su secretario, los gastos del centro de conciliación y arbitraje cobrados por la Cámara de Comercio de La Guajira, los gastos de pericia que ascienden a la suma de $200.000.-, el valor de la póliza que

asciende a la suma de $149.365.- y las agencias en derecho que ascienden a la suma de $1.165.725. Estas cantidades ganaron intereses comerciales a partir de la fecha de las respectivas consignaciones de cada una de ellas. 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 3 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz Sexto.- Absolver al Departamento de La Guajira de las demás súplicas de la demanda. Séptimo.- Deniégase las (sic) prosperidad de las excepciones planteadas por el Ministerio Público de acuerdo a lo expresado en la parte motiva sobre el asunto. Octavo.- Ordenar la protocolización de este expediente en una notaría de la ciudad de Riohacha y el registro del laudo ante la Cámara de Comercio de la misma ciudad”. El Recurso. Al momento de iniciar el estudio del presente asunto, la Delegada advierte que, en auto del 27 de febrero de 2003, se avocó el conocimiento del recurso de anulación interpuesto por la parte actora en contra del laudo arbitral del 9 de enero de 2003 (fl. 171), no obstante que los recursos fueron interpuestos por la parte demandada y el procurador judicial quienes ya los sustentaron, por lo cual la irregularidad bien puede ser subsanada sin afectar el curso normal del proceso y así se solicita a la H. Sala. El Departamento de La Guajira, interpuso recurso de anulación en contra del laudo arbitral, “con fundamento en la primera de las causales de anulación previstas en el artículo 163 de la Ley 1818 de 1998”, alegando que

oportunamente propuso la excepción previa de falta de competencia, ya que el demandante no acordó con el Departamento la designación del árbitro y la escogencia del centro de arbitramento, con lo cual “fue condenado el Departamento por un tribunal constituido con violación de claras disposiciones legales, pero, muy especialmente, de la propia cláusula compromisoria” (fl. 149). 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 4 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz A su turno, el Procurador 42 Judicial Administrativo interpuso recurso de anulación en contra del Laudo Arbitral, con fundamento en la causal 2ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, “Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”, sustentándola en el hecho de que se desconoció por parte del Tribunal la circunstancia de que había operado la caducidad de la acción contractual y de otro lado, que no se había cumplido con el requisito de ejecución del contrato consistente en su publicación en la Gaceta Departamental, lo que constituía la excepción de contrato no cumplido, a pesar de lo cual nada dijo al respecto en el Laudo (fls. 151 y 156).

EL CONCEPTO

El Recurso de Anulación de Laudos Arbitrales. Antes de entrar a analizar en concreto la causal aducida por los impugnantes, es necesario recordar cómo, si bien es cierto el arbitramento por disposición constitucional es uno de los eventos excepcionales en que los particulares son investidos transitoriamente de la función de administrar

justicia en virtud de la habilitación que les otorgan las partes para resolver una controversia, en derecho, en conciencia o con base en precisos conocimientos técnicos, y que en la actualidad se erige en una de las instituciones más sólidamente establecidas en el derecho, no sólo por su eficacia en la solución de conflictos, sino por sus evidentes ventajas prácticas para quienes lo utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento colaboran de una manera oportuna y objetiva, también lo es que su dinámica no queda al libre arbitrio de las partes, sino que recibe estricta regulación por parte de la Ley, como sucede entre nosotros con el Decreto 2279 de 1989 modificado por la Ley 446 de 1998 -normas que a su vez hacen parte de la compilación del Decreto 1818 de 1998-, que establece en forma precisa los presupuestos y ritos procesales que se deben cumplir para el proferimiento del laudo con el que termina. 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 5 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz Así mismo, y por tratarse de un procedimiento reglado, el recurso extraordinario que la ley prevé tampoco es de libre formulación, sino que debe corresponder a alguna de las causales previa y estrictamente establecidas para ello, que, como lo ha advertido el Consejo de Estado, solo permite el ataque del laudo por los "errores in procedendo en que haya podido incurrir el Tribunal de Arbitramento, y excluye de su órbita los errores in judicando, lo cual implica que no puede impugnarse el laudo en cuanto a

cuestiones de mérito", debiéndose desechar por antitécnicos los cargos "que tiendan a establecer si el tribunal arbitral obró o no conforme al derecho sustancial al resolver sobre las pretensiones propuestas", de lo cual deviene como necesaria consecuencia que la reclamación apunte exclusivamente a la “infirmación del laudo (judicium rescindens), sin que la decisión que adopte el juez de recurso pueda reemplazar o sustituir la que pronunció el Tribunal de Arbitramento (judicium rescisorium), como acontece, por ejemplo, con el recurso de apelación” (Providencia del 15 de mayo de 1992, Expediente 5326, Anulación de Laudo Arbitral. actor: Carbones de Colombia S.A. CARBOCOL; Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández); coligiéndose entonces, que este recurso extraordinario está instituido para corregir los errores procesales en los cuales haya podido incurrir el Tribunal de Arbitramento en la tramitación y expedición de la decisión que pone fin al procedimiento arbitral, de conformidad con las taxativas causales que para su anulación prevé la ley, sin que constituya una nueva instancia en la cual le sea dado al juzgador entrar a sustituir lo decidido por dicho Tribunal con nuevas disposiciones, regla general que tiene su excepción, en las causales en que expresamente se posibilita la adición o corrección del laudo.

Las causales aducidas: 1) “... la primera de las causales de anulación previstas en el artículo 163 de la Ley (sic) 1818 de 1998” (fl. 149).

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Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz Con relación a esta, que fue la única aducida por el apoderado del Departamento de La Guajira, es necesario observar que las únicas causales de anulación de laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias surgidas de contratos estatales, son las contempladas en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, las cuales se encuentran así mismo relacionadas en el artículo 230 del Decreto 1818 de 1998, mediante el cual el Gobierno Nacional realizó la compilación de todas las normas sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, el arbitraje y la amigable composición, contenidos en otras normas que no dejaron de existir ni fueron derogadas por dicho decreto, como el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998, y las normas pertinentes de la Ley 80 de 1993, entre otras; en efecto, el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, dispuso: “Art. 166.- Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción ni contenido, la cual será el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”.

Quiere decir lo anterior, que las causales contenidas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, son las generales para la anulación de laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias distintas a las surgidas de contratos estatales y que se hallan contempladas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989, aunque algunas de las allí contenidas, concuerdan con las del artículo 72 de la Ley 80 de 1993. Específicamente la aducida por el recurrente, la primera de ese artículo 163, consiste en: “1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 7 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz sólo podrán invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo”. Dicha causal, no corresponde a ninguna de las taxativamente comprendidas en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, que son:

1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente solicitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.

2. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el

Tribunal de Arbitramento.

4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.

5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

De acuerdo con lo anterior, resulta pues evidente la improcedencia de la causal alegada por el Departamento de La Guajira y así mismo, la imposibilidad de pronunciamiento alguno sobre el recurso de anulación por él interpuesto con fundamento en la misma. De otro lado, a pesar de haber enunciado la causal 1ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, el impugnante en la sustentación, hace referencia a la competencia del Tribunal de Arbitramento y a su indebida constitución, la cual, de acuerdo con el numeral 2º del mencionado artículo 163, es también causal de nulidad de los laudos arbitrales: “2. No haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal, siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia de trámite”; sin embargo, tampoco esta corresponde a alguna de las taxativas causales de anulación de los laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias surgidas de contratos estatales, contempladas en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, razón por la cual, no debe ser objeto de análisis por parte del juez del 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 8 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz

recurso de anulación; y en consecuencia, siendo el único cargo aducido por el Departamento de La Guajira, debe ser despachado desfavorablemente. 2) Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”: Esta causal, invocada por el Procurador 42 Judicial Administrativo de La Guajira, está contemplada en el numeral 2º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, por lo cual resulta procedente su estudio y decisión. Los argumentos esgrimidos por el recurrente para sustentar la causal aducida, consisten en que el árbitro no tuvo en cuenta la circunstancia de que no se probó que el contrato hubiera sido publicado, exigencia a cargo del contratista y que era necesaria para la ejecución del mismo, y que en tales condiciones, no podía exigir a su vez el cumplimiento por parte de la entidad contratante, configurándose así, una excepción de contrato no cumplido; de otro lado, tampoco reconoció la existencia de caducidad de la acción, toda vez que habían transcurrido más de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho que dieron lugar a la reclamación, que consistieron en la omisión del Departamento de La Guajira respecto de su obligación de pagar el anticipo pactado, aduciendo el recurrente, que “se aprecia en la decisión del laudo arbitral la carencia de motivación fáctica y jurídica lo cual conduce inevitablemente a una determinación del libre albedrío, pero no a una resolución en Derecho” (fl. 161). Para determinar la configuración o no de esta causal en el presente caso, resulta necesario ante todo hacer la distinción entre lo que es un fallo en

derecho y lo que constituye un fallo en conciencia: El fallo en derecho ha de entenderse, como tradicionalmente lo ha sido por la jurisprudencia y doctrina universales, como aquel en el cual el juzgador tiene que acatar el ordenamiento jurídico, que constituye así el marco de referencia dentro del cual debe actuar, tanto desde el punto de vista adjetivo, esto es las reglas que regulan el proceso arbitral mismo, como desde el 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 9 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz punto de vista sustantivo, en lo atinente a la normatividad que rige los derechos pretendidos, sin que pueda en consecuencia, conceder más que lo permitido por la ley; en vista de ello, el juzgador deberá apreciar las pruebas de conformidad con las reglas legalmente establecidas para ello, y que varían en cada momento histórico y en cada sistema procesal, transitando entre el régimen de la tarifa legal, en el cual el legislador establece la graduación de los medios probatorios e impone al juez una valoración preestablecida y cerrada de la prueba, sin consideración al convencimiento que éste tenga de ella, y el de la sana crítica, o de la libre apreciación de la prueba, que otorga libertad al juez para su valoración, limitado únicamente por las reglas de la experiencia, la lógica y la ciencia, a las cuales acude para estimar o desechar un medio probatorio, método de apreciación probatoria que es el acogido por el Código de Procedimiento Civil Colombiano en el

artículo 187. En cambio, cuando el juez falla en conciencia, no encuentra las limitaciones propias del anterior, se mueve dentro de un marco más amplio, por cuanto tiene la facultad de decidir según su leal saber y entender (ex equo et bono) y aunque sujeto a los hechos del proceso y a las reglas de la lógica y la experiencia, que constituyen obligaciones obvias e implícitas a cargo de los árbitros en conciencia -y de cualquier juezpara el cumplimiento de su función de administrar justicia, falla basado en lo que su sentido de justicia le indica, respecto de qué lado se encuentra la razón en el litigio que debe resolver, no siéndole exigible motivar el valor que le asignó a cada prueba y a todas ellas en conjunto, pues solamente basta con su conclusión íntima y personal. Es decir, que la diferencia entre el fallo en Derecho y el fallo en conciencia, tiene que ver con el marco de referencia normativo que condiciona la conducta del juzgador en uno y otro y únicamente en el evento en que del fallo acusado surgiera con nitidez, la total ignorancia de la ley, sería posible sostener que el mismo no fue en derecho, pues como lo ha dicho el Consejo de Estado, “...solo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado, en 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 10 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz forma ostensible, el marco jurídico que deba acatar para basarse en la mera equidad, podrá asimilarse a un fallo en conciencia...” (Providencia del 3

de abril de 1992, Expediente 6695, actor: Consorcio VianniniEntrecanales; Consejero Ponente: Doctor Carlos Betancur Jaramillo) (negrillas fuera de texto). Volviendo al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, el arbitramento que se produzca para dirimir controversias surgidas de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación de contratos estatales “... será en derecho” y en las que sean “... de menor cuantía, habrá un solo árbitro”; así, ante la renuencia del apoderado de la parte convocada a designar conjuntamente con el convocante al árbitro que debía dirimir la controversia suscitada entre las partes con ocasión de la celebración del Contrato de Consultoría No. 006 del 28 de diciembre de 1999, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Guajira teniendo en cuenta la cuantía de las pretensiones, procedió a nombrar un árbitro abogado (fls. 53 a 57, 59 y 62), en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, reformado por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998, que estipula que en caso de no aceptación por parte de los árbitros acordados por las partes “... o si las partes no han nombrado, el Centro las citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de los árbitros”, estableciendo así mismo que “El Centro hará las designaciones que no hagan las partes”; así mismo, mediante auto del 16 de septiembre de 2000, se declaró legalmente

instalado el tribunal de arbitraje constituido para dirimir en derecho las controversias surgidas entre Robinson Pérez Ortíz y el Departamento de La Guajira (fl. 72). No obstante lo anterior, el recurrente afirma que el laudo fue en conciencia y no en derecho, frente a lo cual se observa que en la decisión, el árbitro hizo una enunciación de las pruebas recaudadas en el proceso: La documental, compuesta por la Invitación del Departamento demandado para recibir ofertas, propuesta presentada por el demandante Robinson Pérez Ortíz, la 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 11 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz propuesta económica, el esquema de organización del proyecto y el programa descriptivo sobre distribución del personal y recursos presentados por el contratista, oficios cruzados entre las partes, Contrato No. 006 con sus anexos firmado por las partes, póliza de cumplimiento y certificado de disponibilidad; sostuvo que esta “... documentación fue aportada en originales o en copias autenticadas ante Notario Público, no fueron controvertidos, ni tachados de falsos, luego hacen plena prueba de su contenido” (negrillas fuera de texto); y se refirió a la prueba pericial practicada en el proceso, cuyo dictamen no fue objetado por las partes. De otro lado, aludió a las excepciones presentadas por el Agente del Ministerio Público, desestimándolas por extemporáneas y además porque, de un lado, el hecho de que no se hubiera producido la publicación del contrato no fue alegado por la entidad demandada como causa de su incumplimiento; y de

otro, de conformidad con lo dispuesto por literal C del numeral 10 del artículo 136 de la norma citada por el Ministerio Público -Código Contencioso Administrativo-, frente a contratos que requieren liquidación, como es el celebrado por las partes, la caducidad de la acción contractual es de dos años contados a partir de la misma, unilateral o convencional; y en el presente caso, se demostró que la Administración no quiso acceder a liquidarlo a pesar de las peticiones del actor (fls. 138 a 148). Así, el árbitro fundamentó su fallo en el análisis tanto de la ley, como de las pruebas aportadas al proceso, razón por la cual no se puede sostener que el fallo haya sido en conciencia; cosa distinta resulta ser lo acertado o no de dicho análisis, del valor probatorio asignado a los distintos medios de prueba allegados al plenario y de la aplicación normativa que haya efectuado el juzgador, ya que en virtud de no corresponder el presente asunto a una nueva instancia, como ya se advirtió ab initio, resulta improcedente el análisis de fondo del fallo impugnado. 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 12 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz De acuerdo con lo anterior, no puede afirmarse como lo hace el recurrente, que el Laudo haya sido pronunciado en conciencia, puesto que surge de manera evidente el contenido jurídico que sustenta la decisión, sin que resulte procedente, se reitera, entrar a juzgar en este proceso la extensión, complejidad, suficiencia y el acierto o desacierto de los razonamientos

jurídicos y de la aplicación que de la ley haya efectuado el árbitro; aún en el evento de que tal aplicación hubiera sido equivocada, como lo sostiene el recurrente frente a la excepción de contrato no cumplido y la caducidad de la acción que propuso en el proceso arbitral –hecho que no está contemplado dentro de las causales de nulidad de los laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias en materia de contratación estatal-, ello no daría pie para afirmar que se configuró la causal aducida sino todo lo contrario: Reafirma la realidad advertida de que el fallo sí fue en derecho, porque esta exigencia, es decir que el fallo sea en derecho, no equivale a decir que deba ser jurídicamente correcto. La causal de anulación en cuestión, exige que debe ser manifiesta la circunstancia de que el fallo haya sido proferido en conciencia, es decir con absoluto desconocimiento de la normatividad legal y del acervo probatorio recaudado en el proceso; y en el presente caso, es claro que no se dio el desconocimiento ostensible de la normatividad aplicable, aunque la interpretación hecha de ella, no concuerde con la que personalmente considera acertada el recurrente. Y es que se advierte que realmente lo que éste pretende, es poner en evidencia la disparidad existente entre el análisis jurídico que efectuó el juzgador en el Laudo Arbitral y el que en su muy personal criterio debió hacerse, desconociendo, como ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo del presente concepto, que a través del recurso de anulación el Consejo de Estado no adquiere competencia para revisar el

aspecto sustancial de la decisión arbitral, es decir, si hubo o no errores in judicando, puesto que el recurso de anulación de los laudos arbitrales es más restringido que el de casación, en el cual sí es posible atacar la sentencia por errores en la aplicación de la ley sustancial, tanto por vía directa (falta de aplicación, indebida aplicación e interpretación errónea), o 5CdeE/LJB/TSN Recurso de Anulación Laudo Arbitral 24319-200300006 01 13 Departamento de la Guajira vs. Robinson Pérez Ortíz como consecuencia indirecta de errores en la apreciación de las pruebas o por falta de apreciación de éstas. En las anteriores condiciones, el cargo aducido por el recurrente, de haber sido pronunciado el laudo en conciencia debiendo ser en derecho, no tiene vocación de prosperidad y por lo tanto, debe ser despachado desfavorablemente. En conclusión, esta Delegada considera que las pretensiones incoadas en el recurso de anulación interpuesto por la parte convocada Departamento de La Guajira y por el Procurador Judicial Administrativo deben ser denegadas y en tal sentido, se eleva solicitud a la H. Sala. Del Señor Consejero, respetuosamente,

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ B.

Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado

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