PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION - Disposiciones contradictorias

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 100 / 2003

Agosto 11 de 2003

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARIA ELENA GIRALDO G.

E. S. D.

REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 25.021 (110010326000200300022 01)

RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL

ACTOR: CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.

CISA.

DEMANDADA: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

El Ministerio Público, a través de esta Procuraduría Delegada, dentro de la oportunidad legal, presenta a la consideración de la Sala, su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 27 de abril de 2001 la sociedad CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A.1 con fundamento en lo previsto en la cláusula Trigésima Octava Parágrafo -modificada por Acta de 22 de diciembre de 2000-, del contrato No. GM-95-04-017, formuló demanda arbitral en contra del Departamento del Valle del Cauca2 para que un Tribunal de Arbitramento resolviera el litigio suscitado entre las partes, con relación a la ejecución del referido contrato celebrado el 4 de octubre de 1995, para la construcción por el sistema de concesión del 1 En adelante convocante o la concesionaria 2 En adelante convocada o el Departamento

2 Expediente No.25.021 (00022)

proyecto para la ampliación y mejoramiento vial de la carretera CaliCandelaria - Florida. Las pretensiones fueron las siguientes: PRIMERA PRINCIPAL, que se declarara la ocurrencia de circunstancias imprevistas no imputables al contratista que dieron lugar al rompimiento de la ecuación económica del contrato; primera subsidiaria: que se declarara el incumplimiento del contrato de concesión por parte del Departamento del Valle. SEGUNDA PRINCIPAL, que como consecuencia se condenara al Departamento a restablecer los derechos del concesionario a través del reconocimiento y pago de la totalidad de la inversión realizada por el contratista junto con la rentabilidad esperada sobre la misma, según la oferta, y la ejecución del contrato con sus modificaciones, así como los sobrecostos y perjuicios de todo orden que le fueron causados, por razón del incumplimiento contractual o por los hechos imprevistos que dieron lugar al rompimiento de la ecuación económica y la imposibilidad de su ejecución integral; TERCERA PRINCIPAL, condenar al Departamento al pago de los intereses moratorios por todo el tiempo de la mora a la tasa doblada del interés civil corriente sobre las sumas líquidas actualizadas que resulten a su cargo, ya sea por incumplimiento o por los hechos imprevistos que rompieron el equilibrio económico; primera subsidiaria a la Tercera principal, que se condenara al Departamento al pago de las sumas que resulten a su cargo junto con los intereses comerciales desde la causación de la obligación de repago de la inversión y de los sobrecostos y perjuicios, hasta la fecha de la providencia que pusiera fin al proceso; segunda

subsidiaria a la tercera principal, que se condenara al Departamento al pago actualizado o corregido monetariamente de las sumas que resulten a su cargo desde la fecha de causación de la obligación de repago de la inversión y la de sobrecostos hasta la de la providencia, y que adicionalmente se ordenara el pago de intereses legales doblados sobre el monto de perjuicios actualizados y para el mismo período; tercera subsidiaria a la tercera principal, que se condenara al Departamento al pago actualizado o corregido monetariamente de las 3 Expediente No.25.021 (00022) sumas que resulten a su cargo en el período ya indicado y que adicionalmente se ordenara pagar intereses legales sobre tal monto de perjuicios ya actualizado. CUARTA PRINCIPAL, que se liquidara el contrato de concesión; QUINTA PRINCIPAL que se ordenara al Departamento dar cumplimento al laudo y SEXTA PRINCIPAL que se condenara al Departamento al pago de costas y agencias en derecho. Por escrito de 18 de mayo de 2001 reformó la demanda en el acápite de Pruebas. 2.- El 23 de mayo de 2001 se admitió la solicitud de convocatoria e integración del Tribunal de Arbitramento y una vez notificado el proveído al Departamento del Valle, mediante escrito de 30 de mayo de 2001 interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio. Por auto de 19 de junio de 2001, se confirmó la providencia recurrida al considerar que los centros de Conciliación y Arbitraje debían impulsar el proceso, sin entrar a ejercer jurisdicción sobre aspectos de fondo

propios del juez. El 6 de julio de 2001, el Departamento del Valle contestó la demanda y se opuso a las pretensiones allí contenidas. En un primer acápite señaló algunas fallas procedimentales: Ineptitud de la demanda -porque la solicitud de convocatoria no reunía los requisitos de una demanda en forma arts. 75 a 77 CPC-; poder insuficiente -porque sólo se confirió para la convocatoria, pero no señalaba pretensión alguna-; Cláusula compromisoria ineficaz -porque cuando se pactó la ley mercantil en ese momento no regulaba el proceso arbitral, además porque aún si fuere válida sólo permitiría resolver diferencias entre las partes y todas ellas fueron definidas en el acuerdo de terminación-; Acta de Acuerdo de 22 de diciembre de 2000 -debió suscribirse conforme al art. 119 del Decreto 1818 de 1998; además no se especificaron las diferencias que se someterían al arbitraje y la forma de designar los árbitros no era de recibo por la ley-; Admisión de la demanda -los defectos endilgados subsistían-; falta de jurisdicción y competencia -porque en la cláusula compromisoria no se facultó a los árbitros la liquidación del contrato y, porque el pacto de 22 de diciembre de 2000 estaba viciado de nulidad por objeto ilícito toda vez que conllevaba una renuncia a una potestad legal del Departamento y por ello no tenía carácter transigible-. 4 Expediente No.25.021 (00022) De otro lado, luego de oponerse a que se declarara la viabilidad de la

acción y responder a los hechos, propuso las siguientes excepciones: Transacción -por el acuerdo de terminación anticipada del 21 de diciembre de 1999-; Cobro de lo no debido -porque no sería posible aceptar pretensiones de pago por conceptos diferentes a los consignados en el acuerdo de terminación-; fuerza mayor o caso fortuito -porque la causa principal que afectó el desarrollo del contrato fue la oposición de las autoridades y de la comunidad de Candelaria a la ejecución de la obra y el cobro de peajese Incumplimiento del concesionario de sus obligaciones contractuales. 3.- Surtidos los trámites prearbitral y arbitral por la Cámara de Comercio de Cali, el 24 de abril de 2003 el Tribunal profirió el laudo que puso fin al proceso, mediante el cual resolvió: “PRIMERA.- Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Departamento del Valle del Cauca en la contestación de la demanda. SEGUNDA.- Declarar no probadas las objeciones formuladas por el Departamento del Valle del Cauca contra el dictamen de los peritos financieros y el dictamen de los peritos ingenieros civiles. TERCERA.- Declarar que por circunstancias imprevistas se produjo el desequilibrio o rompimiento de la ecuación económica del Contrato de Concesión No. GM95-04-0017 celebrado el 4 de octubre de 1995 entre el Departamento del Valle del Cauca y Concesiones de Infraestructuras S.A. CUARTA.- Como consecuencia de lo anterior y con relación a la pretensión segunda principal el Tribunal resuelve: (A) Condenar al Departamento del

Valle del Cauca a pagar a Concesiones de Infraestructura S.A. CISA, la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($15.214’319.228) por concepto de la inversión o capital no recuperado por Concesiones de Infraestructuras S.A. Cisa, y sin actualización monetaria de esta suma, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este laudo. (B) Denegar el reconocimiento y pago de los sobrecostos y perjuicios solicitados en la demanda como desequilibrio económico del contrato, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. QUINTA.- Con relación a la pretensión tercera principal y sus pretensiones subsidiarias el Tribunal resuelve: Condenar al Departamento del Valle del Cauca a pagar a Concesiones Infraestructura S.A., Cisa, la suma de CINCO

MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($5.528.983.646) por

5 Expediente No.25.021 (00022) concepto de intereses a la tasa del 10.96% anual liquidados sobre la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($15.214’319.228), en el período comprendido entre el primero de enero de 2000 y el 24 de abril de 2003. La suma sobre la cual se liquidan los intereses no es objeto de actualización monetaria por las consideraciones expuestas por el Tribunal. SEXTA.- Denegar la pretensión cuarta principal.

SEPTIMA.- No hay condena en costas. OCTAVA.- Ordenar al Departamento del Valle del Cauca el reembolso a la sociedad Concesiones de Infraestructura S.A. Cisa, de la suma de trescientos ochenta y tres millones treinta y siete mil quinientos treinta y nueve pesos ($383.037.539), por concepto de la parte que por honorarios y gastos del Tribunal le correspondía pagar al Departamento. Esta suma se reembolsará a Concesiones de Infraestructuras S.A., Cisa, con sus intereses moratorios a la tasa más alta autorizada, desde el primero de marzo de 2002 hasta la fecha en que se haga el pago, de conformidad con el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998. NOVENA.- En cumplimiento del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, envíese inmediatamente copia auténtica de este laudo al sr. Procurador general de la Nación representado por el procurador judicial II, Procuraduría 20 en lo judicial de la ciudad de Cali. DECIMA.- Ordenar a la secretaría la expedición y entrega de copias auténticas de este laudo a las partes convocante y convocada y a la Cámara de Comercio Centro de Conciliación y Arbitraje de Cali. DECIMA PRIMERA.- El Presidente del Tribunal protocolizará el expediente en una Notaría de la ciudad de Cali.” 4.- El Departamento del Valle del Cauca interpuso en contra del laudo arbitral el recurso de anulación, con fundamento en las causales contenidas en los numerales 2º, 3º y 4º del art. 72 de la Ley 80 de 1993 y 1º del art. 163 del Decreto 1818 de 1998. En el escrito de

sustentación, expuso: Primera causal.- “Haberse fallado en conciencia cuando el laudo debió haberse pronunciado estrictamente en derecho”. Afirmó que el pronunciamiento sobre las excepciones, así como la valoración probatoria adolecía de fallas. En cuanto a las excepciones indicó que 6 Expediente No.25.021 (00022) en la parte resolutiva fueron declaradas no probadas pero que a la vez varios de los hechos constitutivos de las mismas sirvieron de apoyo a las decisiones del Tribunal en la medida en que las pretensiones se vieron enervadas en sus alcances o simplemente no prosperaron. Indicó que esa situación se presentó con las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, que el Tribunal negó, pero reconoció la falta de jurisdicción y competencia para liquidar el contrato; Transacción, rechazó su existencia pero en el laudo acogió los efectos al no acceder a las pretensiones de obtener reconocimiento de sobrecostos; Cobro de lo no debido, la rechazó pero reconoció expresamente la existencia de un cobro irregular de perjuicios y se abstuvo de acceder a la correspondiente pretensión y, Fuerza Mayor o caso Fortuito, porque aunque la negó, reconoció que la única causa de terminación anticipada fue la oposición del municipio de Candelaria y no dedujo responsabilidad por perjuicios a cargo del Departamento como pretendía la demanda. Agregó que si hubiera actuado estrictamente en derecho el Tribunal debió haberlas declarado probadas total o parcialmente En cuanto a la valoración probatoria acotó que en la objeción contra el dictamen financiero quedó en evidencia que cometieron graves errores

que condujeron a una revisión de sus cálculos por expertos que se nombraron para probar la objeción, pero el tribunal en decisión no jurídica rechazó formalmente la objeción pero acogió como verídicas las cifras del segundo dictamen sin declarar el error grave del primero; y, en cuanto al dictamen de los ingenieros civiles afirmó que los árbitros aceptaron el dictamen de los segundos, quienes efectuaron las excavaciones pertinentes, pero no declaró el error grave de los primeros quienes habían declarado que existía una tubería enterrada en la carretera sin efectuar una inspección física.

Segunda Causal: “Contener la parte resolutiva del laudo errores y disposiciones contradictorias”. Afirmó que como en la parte resolutiva punto sexto negó la pretensión cuarta principal -liquidación

7 Expediente No.25.021 (00022) del contratohizo incurrir al laudo en contradicciones pues quien carece de competencia para decidir de fondo la liquidación no puede tenerla para fallar sobre elementos que pudieren formar parte de ella; además que en el laudo reconocieron expresamente que el contrato se liquidó en forma unilateral. Igualmente resaltó que los hechos que constituyen las excepciones de ineficacia de cláusula, la invalidez del acuerdo de 22 de diciembre de 2000 y la falta de jurisdicción y competencia son objeto de estudio por el Tribunal Administrativo de Valle, en razón de la acción contractual que el Departamento instauró contra la concesionaria; así mismo que como el Tribunal conocía sobre la liquidación unilateral debió declararse inhibido o declarar su propia incompetencia, pero no proceder a decidir algunas partes, cuando le estaba vedado decidir sobre el todo.

Tercera causal: “Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros y haberse concedido más de lo que puede ser válidamente pedido”. Adujo que los árbitros admitieron su competencia y expidieron el laudo, no obstante constituir pretensión axial de la demanda arbitral la liquidación de un contrato estatal; que la capacidad de los árbitros es limitada y por fuera se encuentra cualquier pronunciamiento que implique emitir un juicio sobre la legalidad de los actos administrativos y que pronunciarse sobre actos preparatorios de la liquidación de un contrato estatal implica que los árbitros concedieron más de lo que les podía ser válidamente pedido.

Cuarta causal: “La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícitos”. Un pacto que faculte a los árbitros para decidir sobre la liquidación de un contrato estatal tiene objeto ilícito y como tal se impone declarar la nulidad; agregó que si bien no aparee dentro de las causales del art. 72 de la Ley 80 de 1993, el Departamento del Valle siempre ha hecho hincapié en que es facultad suya exclusiva e indelegable decidir unilateralmente sobre la liquidación del contrato.

8 Expediente No.25.021 (00022) 5.- La sociedad convocante se opuso al recurso de anulación. Luego de hacer referencia al pacto, al trámite del arbitramento, a la liquidación unilateral del contrato y al Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil sobre la misma, manifestó que lo que se pretendía con el recurso era una revisión por parte del Consejo de Estado en sentido opuesto a

la decisión arbitral, lo que constituiría un fundamento improcedente en esta clase de recursos. En cuanto la primera causal -fallo en conciencia-, acotó que se criticaba la valoración probatoria hecha por el tribunal y manifestó que el laudo era cuidadoso y prolijo en la ponderación de principios, normas y razonamientos de carácter jurídico. En relación con la segunda causaldisposiciones contradictorias-, a más de indicar que no fueron alegadas oportunamente ante el tribunal como lo exige la ley, no estaba llamada a prosperar porque el tribunal decidió en forma negativa la pretensión cuarta y no se inhibió como habría ocurrido de declararse incompetente; que la liquidación que efectuó el Departamento pretendía evitar que el Tribunal asumiera la competencia, pero la liquidación no era la única pretensión, y además la competencia estaba dada en el pacto entre las partes, por lo que entró a resolver de fondo absteniéndose por completo de hacer cualquier juicio en relación con el supuesto acto de liquidación unilateral. Tercera causal -puntos no sujetos a decisión o más de lo pedido-: sostuvo que nada impedía al Tribunal pronunciarse sobre el desequilibrio económico del contrato, que el alcance de la liquidación efectuada por el Departamento, era que los árbitros no pudieran pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo unilateral, y que en el laudo no se emitió ningún juicio de legalidad sobre las resoluciones; Cuarta causal -nulidad del pacto-, además de señalar que no aparece como causal de anulación en la Ley 80 de 1993, sostuvo que las partes fijaron en el acta de terminación los parámetros para hacer la liquidación, que es materia

transigible y, por otro lado que la liquidación la puede hacer el juez ordinario o el juez arbitral. Finalmente solicitó que se declarara infundado el recurso y que hubo temeridad por parte del Departamento. 9 Expediente No.25.021 (00022) En memorial separado solicitó que se declarara desierto el recurso por falta de poder del doctor Felix Escobar para el trámite extraordinario de anulación.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Analizados los fundamentos de hecho y de derecho presentados por el Departamento del Valle como sustento del recurso de anulación del laudo arbitral, considera el Ministerio Público que las pretensiones anulatorias no tienen vocación de prosperidad, toda vez que no se configuran los supuestos de las causales que le ley consagra para esos eventos.

1Poder La figura del arbitraje, referida en la Constitución Política, en las leyes y en la jurisprudencia, constituye un instrumento mediante el cual las partes acuerdan renunciar a la jurisdicción del Estado para someter sus diferencias, o conflictos de intereses, a un proceso arbitral constituido por un tribunal integrado por árbitros escogidos y nombrados por ellos mismos o, en su defecto, por el centro de conciliación que libremente seleccionen, esto es, ventilan sus conflictos ante una jurisdicción especial y transitoria. De igual manera, la ley estableció un recurso extraordinario para impetrar la anulación del laudo arbitral ejecutoriado, el cual deberá surtirse ante el Consejo de Estado, cuando se trate de conflictos originados en contratos estatales. En el caso que nos ocupa, se advierte que Concesiones de

Infraestructura S.A. convocó el arbitramento y para esos efectos otorgó para ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali poder a la doctora PATRICIA MIER 10 Expediente No.25.021 (00022) BARROS, para que actuara como su apoderada ante la jurisdicción arbitral. A su vez, el Departamento del Valle del Cauca, confirió diferentes poderes, así: en primer lugar para interponer recurso de reposición contra el auto admisorio de la convocatoria a Tribunal de Arbitramento (fl. 0163 C. Principal 1)I; con posterioridad para que actuara en nombre y representación del Departamento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, en cuanto a la demanda de convocatoria e integración de Tribunal de arbitramento, para que adelantara todos los trámites inherentes a la defensa de los intereses de esa entidad territorial en relación a dicho Tribunal (fl. 0244 C 1.). Y, por último, en escrito de 23 de mayo de 2002, Juan Gabriel Rojas Secretario Jurídico del Departamento, otorgó poder al doctor JOSE

FELIX ESCOBAR.

Su representación judicial se encontraba enmarcada en los términos del poder, dirigido a los “señores ARBITROS Tribunal de Arbitramento Cámara de Comercio de Cali” y. conferido: “ ... para que actúe en el proceso de la referencia (...) quedan ampliamente facultades (sic) para presentar demandas, contestar, proponer excepciones e incidentes, interponer recursos, conciliar, pedir pruebas, desistir, sustituir, transigir, reasumir y en general llevar a cabo todas las

diligencias conducentes a la defensa de los intereses del Departamento, en el proceso de la referencia”.

El Proceso de la referencia era: “PROCESO: Tribunal de Arbitramento.

DEMANDANTE: Concesiones de Infraestructura - Cisa.

DEMANDADO: Departamento del Valle del Cauca”. (Fls. 106 y 107 C. ·).

Ahora bien, extinguido el Tribunal de Arbitramento por fenecimiento de sus funciones, esto es, por la expedición del respectivo laudo arbitral y 11 Expediente No.25.021 (00022) sus aclaraciones, de lógica y como consecuencia de ello se extinguió también el poder de los mandatarios de las partes. Por tratarse de un recurso extraordinario, ante una jurisdicción diferente a aquella en la cual se produjo el fallo que se impugna, se requería de un nuevo poder especial, tanto para recurrir, como para actuar como contradictor. En efecto, para tener la habilitación de acudir a la jurisdicción del Estado por la vía del recurso de anulación –Consejo de EstadoSección Tercera-, resultaba preciso contar con el poder especial para atender la ritualidad del recurso extraordinario, presupuesto del que carece quien, en el sub lite, en nombre de la parte Convocada, Departamento del Valle del Cauca, interpuso el recurso extraordinario contra el laudo. 2.- Las causales. La vía arbitral no goza de una segunda instancia y, por tanto, la decisión tomada por los árbitros no es susceptible de reexamen de fondo por ninguna otra autoridad. No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico al prever un recurso extraordinario de anulación,

abre la posibilidad de verificar si en dicho trámite ocurrieron algunos yerros de forma y procedimiento, que pudieren afectar la validez y la legitimidad del laudo arbitral, sin embargo, por su naturaleza, no puede afirmarse que sea una instancia con las mismas características de aquella a la que da lugar el recurso de apelación para las sentencias de primera instancia. Se trata de un recurso exclusivamente garantista desde el punto de vista procesal, informado por el principio dispositivo, que se encarga del amparo del laudo frente a los precisos errores de procedimiento, previamente determinados por el legislador. 12 Expediente No.25.021 (00022) Siendo un recurso extraordinario3; no puede impugnarse el laudo, por regla general, en lo relativo a cuestiones de mérito o de fondo, y los cargos formulados con el objeto de evaluar las consideraciones jurídicas del Tribunal de Arbitramento para decidir las pretensiones propuestas, carecen de técnica procesal y no tienen vocación de prosperidad4. Así las cosas, el recurso de anulación no puede, so pretexto de la ocurrencia de los referidos yerros, pretender la revisión de la cuestión decidida por los árbitros. En materia de contratación estatal, el recurso de anulación se encuentra consagrado en la Ley 80 de 1993 -recogido en la parte cuarta del Decreto 1818 de 1998-, que consagra cinco causales que se refieren a aspectos de trámite (pruebas no practicadas, errores o disposiciones contradictorias), asuntos que se dirigen a la óptica bajo la cual los árbitros examinaron la controversia (fallo en conciencia),

como también a la extensión del fallo mismo (infra o extra petita). Ninguna de ellas, permite ingresar a las consideraciones del litigio, propiamente dichas, asunto intangible que queda bajo la órbita y competencia exclusivas de los árbitros. En el caso sub judice, la parte convocante y recurrente, al momento de interponer el recurso y en la sustentación, señaló como soporte de la pretensión anulatoria las causales contempladas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 y la nulidad del pacto arbitral. A) Art. 72 No. 2. 3 Los recursos extraordinarios, según se observa del contenido de sus regulaciones, no constituyen una instancia adicional para examinar nuevamente el asunto litigioso, pues lo que allí se juzga no es el litigio, sino la sentencia acusada. En ellos no se debaten las pretensiones de la demanda ni los medios de defensa de la parte opositora, pues lo que se cuestiona y se juzga es la providencia impugnada, frente a particulares defectos taxativamente consagrados por el propio legislador, según se trate de cada recurso (casación, revisión, súplica o anulación). 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2001, M.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, exp. 18.411. 13 Expediente No.25.021 (00022) “Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”. El Departamento del Valle del Cauca sustentó esta causal bajo el

argumento de haberse presentado fallas respecto del pronunciamiento sobre las excepciones, así como en la valoración probatoria, toda vez que las excepciones se denegaron en la parte resolutiva, pero a su vez el Tribunal tuvo en cuenta algunos de los hechos constitutivos de las mismas para apoyar sus decisiones y, en cuanto a la valoración probatoria cuestionó que el Tribunal no hubiere declarado el error grave de los primeros dictámenes. Por arbitramentos en conciencia se entiende aquellos que deben ser fallados sin el sometimiento a disposiciones jurídicas, sino tan sólo al criterio de justicia inmerso en el juzgador, mientras que los arbitramentos en derecho deberán fundarse en normas, principios legales y supralegales, contenidos dentro de determinado sistema jurídico. No obstante esta distinción, se destaca que todos los arbitramentos buscan alcanzar la justicia, a través de la aplicación concreta de ésta, equidad, cada uno fundado, bien en la formación lógica y el sentido común de los falladores –arbitraje en conciencia-, en los conocimientos científicos que hacen relación a determinada especialidad de una ciencia –arbitraje técnico-, bien en un contexto jurídico en el que se hallan diferentes fuentes normativas, como la ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho –arbitraje en derecho-. Ahora bien, los fallos en conciencia excluyen la obligación de aplicar reglas de derecho, y dejan a los árbitros en plena libertad para que sin ningún miramiento de disposición legal, ni de principio jurídico alguno, procedan a decidir la controversia. Por lo tanto, para verificar si un

laudo arbitral fue proferido en conciencia deberá efectuarse un examen de su contenido que permita determinar si los árbitros hicieron uso del ordenamiento legal o de los principios generales del derecho, o incluso, de la jurisprudencia, si así acontece no podría manifestarse que el fallo fue dictado en conciencia. Si se advierten trazas de lo jurídico, el fallo en conciencia, como tal, desaparecería, toda vez que cuando los árbitros expresa o implícitamente se refieren a fuentes del derecho, su fallo no puede entenderse como efectuado en conciencia. Además, la prosperidad de la anulación del laudo en estos eventos, exige que tal circunstancia quede en evidencia, clara y palmariamente, 14 Expediente No.25.021 (00022) es decir que de una simple lectura del laudo se advierta que los árbitros dejaron de lado el ordenamiento jurídico, para definir el litigio con base en su personal e íntimo criterio de justicia. En el caso sub examine, como quedó visto, el recurrente se limitó a cuestionar el criterio, la decisión y los argumentos del Tribunal, en cuanto a las excepciones propuestas en la contestación de la demanda y las objeciones a los dictámenes periciales. La divergencias que el impugnante pueda tener frente al criterio que los árbitros plasmaron en el texto del laudo, no es constitutivo de causal de anulación, ni tampoco el fallo se convierte en un laudo en conciencia porque la resolución del conflicto no resulte acorde con el criterio jurídico que manifestó la parte en las diferentes etapas procesales. Bajo la figura del recurso extraordinario de anulación no puede

pretenderse una revisión de fondo y una valoración diferente a aquella que la justicia transitoria -que las partes escogieron-, adoptó en el laudo que puso fin al proceso. Además de lo anterior, de la lectura del Laudo arbitral se evidencia que la resolución del conflicto se fundamentó, en la valoración de los medios probatorios, en las estipulaciones contenidas en el contrato y en las normas legales que regulan la materia, circunstancias que llevan a descartar que se trató de una decisión en conciencia y, por ende, deberá concluirse que este cargo no tiene vocación de prosperidad. B) Art. 72 No. 3 “Contener la parte resolutiva errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento” Esta causal alude a la existencia, de incongruencias en la parte resolutiva del fallo, que conlleven “a la imposibilidad de la eficacia simultánea de las distintas resoluciones de la sentencia, como si una afirma y otra niega”5; igualmente exige que tales falencias se hubieren alegado oportunamente ante el Tribunal. 5 Benetti Salgar Julio, El Arbitraje en el derecho Colombiano Temis 2001 Segunda edición, p.223. 15 Expediente No.25.021 (00022) En el caso sub judice argumentó el Departamento del Valle que el laudo incurrió en contradicciones porque en la parte resolutiva punto sexto negó la pretensión cuarta principal -liquidación del contratoy, si no tenía competencia para decidir de fondo la liquidación no podía tenerla para fallar sobre elementos que pudieren formar parte de ella. Al respecto, esta Delegada observa, por un lado, que dentro de las

pretensiones la demanda solicitó declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por hechos imprevistos y no imputables al contratista, o declarar el incumplimiento del contrato por parte del Departamento y, como consecuencia restablecer los derechos con el reconocimiento y pago de la inversión realizada con la rentabilidad, así como los sobrecostos y perjuicios, más los intereses moratorios; y, como pretensión cuarta, solicitó la liquidación del contrato. En la parte resolutiva del fallo se accedió a declarar el rompimiento de la ecuaci