PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Consonancia que debe existir entre la resolució

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P: Dra. Eva Marina Pulido de Barón

Bogotá D.C.

REF.: Concepto Demanda de

Casación Rad. Nº 21287 El Tribunal Superior de Bucaramanga mediante sentencia del 1 de abril de 2003 modificó la proferida el 17 de junio de 2002 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de ese Distrito Judicial, en cuanto a la magnitud de la pena accesoria impuesta a Sergio Jerez Hernández como autor del delito de Homicidio, en concurso con el de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. El defensor del procesado interpuso recurso extraordinario contra el fallo de segunda instancia y respecto de la demanda presentada, la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal emite concepto de acuerdo con lo previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, una vez declarada ajustada a los requisitos de forma por la Corte Suprema de Justicia.

1.- CONDICIONES FACTICAS.

En Bucaramanga, a eso de las 3:00 p.m., del 10 de enero de 2000, Sergio Jerez Hernández en compañía de su novia, Eveli Nasmiyer Castillo Camargo, llegó a la casa de la carrera 17 No. 6-20 del barrio Comuneros, con el fin de presentar a ésta con su mamá; luego de ingresar en la habitación donde estaba la matrona, Sergio salió y regresó pocos minutos después con un revólver en el cinto, el cual había llevado allí el día anterior; instantes después tronó un disparo y de inmediato salió del cuarto en actitud desesperada Jerez Hernández, con su enamorada en los brazos, quien

manaba sangre de la cabeza y fue trasladada por éste en un taxi hasta el hospital de la ciudad donde falleció. Los progenitores de la adolescente se enteraron del infausto suceso por personal del centro medico, lugar en el que Jerez Hernández manifestó a Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª Nº 15-80 Piso 23 - PBX 3360011 / 3520066 - Ext. 12307/14 www.procuraduria.gov.co - casacion4penal@procuraduria.gov.co Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio aquellos que su novia había resultado herida cuando unos sujetos intentaban robarles la moto en la que se movilizaban, luego de lo cual el precitado desapareció sin aportar explicaciones de lo realmente acaecido.

2. SINTESIS PROCESAL.

Abierta la investigación el 12 de enero de 2000, a la misma se vinculó a Sergio Jerez Hernández el 24 de mayo siguiente, con declaración de persona ausente, luego de lo cual su situación jurídica provisional la resolvió el instructor el 14 de agosto de ese año con detención preventiva por el delito de Homicidio en modalidad culposa, en concurso con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. El 4 de septiembre de 2000 el Fiscal cerró la investigación y el 13 de octubre siguiente calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación por Homicidio en modalidad dolosa, en concurso con Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga asumió la causa el

15 de noviembre de 2000, y tras dejar el expediente inactivo casi quince meses, el 13 de febrero de 2002 reconoció personería al defensor contractual del acusado —según poder presentado desde el 10 de septiembre de 2001— y producida la captura de éste el 15 de marzo de 2002, luego de la audiencia preparatoria, realizó el debate oral en varias sesiones entre el 7 y el 20 de mayo siguientes, a continuación de lo cual, adversamente a la solicitud del Fiscal de atribuir el Homicidio en modalidad culposa, y a la petición de absolución del defensor, dictó sentencia condenatoria contra el acusado como autor de los delitos endilgados en el pliego de cargos, y le impuso pena principal de ciento ochenta y seis meses de prisión, más la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. El Tribunal Superior de Bucaramanga mediante fallo del 1 de abril de 2003, con ocasión de la apelación formulada por el defensor, confirmó la condena, pero modificó la magnitud de la pena accesoria por considerar que las disposiciones pertinentes de la legislación sustantiva derogada resultaban más favorables, y en tal virtud la fijó en diez (10) años.

3. LA DEMANDA. 3.1. Primer cargo.

Lo plantea al amparo del artículo 207, numeral 3°, del Código de Procedimiento Penal, bajo cuya égida solicita anular la sentencia acusada, con base en el artículo 306, numeral 2°, ibídem, por la comprobada 2 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio

existencia de una irregularidad que afecta el debido proceso, consistente en la omisión del trámite señalado en el artículo 404, numeral 1°, de la presente codificación adjetiva. Apoya el reproche en que aun cuando la Fiscalía al calificar el mérito del sumario profirió acusación por Homicidio voluntario, en audiencia pública este ente “…vario la calificación por homicidio culposo…”, circunstancia que fue soslayada por los jueces de primer y segundo grado que desconocieron “…la tendencia acusatoria del modelo actual del proceso penal, en donde si bien el fiscal es el instructor en la etapa del sumario, en el juicio es parte y el juez es un arbitro que debe dirimir el conflicto de intereses que se suscita entre la acusación y la defensa (…) si el fiscal decide cambiar la acusación, en esta etapa del juicio – Audiencia pública, el juez no tiene alternativa diferente que tener en cuenta el procedimiento contemplado taxativamente en el artículo 404 del C. de P. P., procedimiento que desafortunadamente la señora juez de primera instancia como el Tribunal, de manera inconcebible omitieron, desconociendo el debido proceso, pese a que según reza el acta de audiencia, el señor Procurador puso de presente el trámite a seguir…”. Agrega que con ocasión de la irregularidad denunciada su representado sufrió un “…perjuicio incuestionable y grave... cuando ante el cambio de calificación la condena, como en principio es de justicia ha debido producirse por homicidio culposo y no por doloso (…) frente al cual la pena es menor sufriendo de esa manera mi defendido un perjuicio que debe denunciarse como grave y en principio irremediable”.

Cita fragmentos doctrinarios sobre la naturaleza de la resolución de acusación, la facultad del Fiscal para variar la calificación, y acerca del rito que en el nuevo esquema procesal debe observarse para tal modificación, para concluir que como en el asunto analizado el fallador de primera instancia omitió el tramite contemplado en el artículo 404 del C. de P. P., lo cual no fue subsanado por el de segundo grado, la sentencia debe anularse para que el juzgador de instancia la dicte por homicidio culposo. 3.2. Segundo cargo. Este reproche lo propone el censor con base en el artículo 207, numeral 2°, del C. de P. P., porque estima incongruentes los fallos de instancia con la acusación, toda vez que al, concluir la práctica de pruebas en la audiencia pública el fiscal de manera cierta y objetiva varió la calificación de homicidio doloso a culposo, modificación que fue consentida por los demás sujetos procesales y en relación con la cual el a-quo se limitó simplemente a anotar que tomaría la decisión en la sentencia, olvidando un principio del sistema acusatorio, consistente en que el juez es arbitro y que el fiscal es quien 3 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio acusa e incluso quien puede variar la acusación si advierte un error o con base en las pruebas practicadas en el juicio. Sostiene que si la acusación depende del fiscal y éste la varió en la audiencia pública, resulta indiscutible que en el asunto examinado hubo una distorsión, un divorcio entre acusación y fallo, al no guardar congruencia con la modificación introducida por el ente acusador, razón por la que debe ser

casada la decisión del Tribunal que confirmó la del juez de primera instancia, y en su lugar dictar sentencia contra el procesado por el delito de homicidio culposo. 3.3. Tercer cargo. Finalmente el libelista con base en el artículo 207, numeral 1°, del C. de P. P., denuncia la violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho en la apreciación de las pruebas, los cuales habrían determinado la aplicación indebida del artículo 103 de la Ley Penal Sustantiva y la falta de aplicación del 109 ibídem. Asegura que el Tribunal dedujo el obrar doloso del acusado con base en lo manifestado por Jhon Fredy Cambindo Carreño, respecto a que el día anterior al suceso lo vio con un arma y que después del evento lo oyó decir “yo porque hice eso”, sin tener en cuenta el ad-quem que el declarante no observó como ocurrió el hecho, es decir que es un testigo de oídas, y que así como hizo aquellas manifestaciones, también fue claro en señalar que el procesado y su novia llegaron bien, luego de lo inicialmente destacado no puede imputarse una intención homicida, por que la expresión “yo porque hice eso” fue “…ante todo fruto de la confusión, de la tragedia, de la muerte ocasional, fortuita e inesperada de la mujer amada (…) dado que el resultado fue fruto de la imprudencia, e incluso porque no del forcejeo que pudo presentarse por el artefacto”. Respecto de la declaración de la progenitora del acusado, Elvia Hernández, precisa el actor que el Tribunal luego de destacar que ella inicialmente se negó a declarar, incurrió en el mismo error de tergiversar el sentido y

contenido de su testimonio, porque lo forzó para deducir o imputar con base en éste intención homicida. En cuanto a la declaración de Arcelina Carreño Cáceres aduce que hubo tergiversación porque los falladores criticaron que en la primera intervención afirmó haber reclamado al acusado que respetara a la novia, y en la segunda aclaró que no era cierto que él la hubiese tratado mal, y en cambio dieron credibilidad a los testimonios de Armando Pinzón Buitrago y Sara Esperanza Castillo Rodríguez, investigadores del CTI que ratificaron lo expuesto en sus 4 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio informes, en cuanto a los comentarios que hicieron los testigos de lo sucedido. Asegura que los falsos juicios de identidad se extienden a las inferencias lógicas a las que arribó el ad-quem en el análisis de la prueba indiciaria porque de hechos simples llegó a una voluntad homicida. Al efecto sostiene que si bien es cierto no fue una excusa correcta la argüida por el acusado ante los padres de la victima, en cuanto a que las circunstancias de la muerte se habían presentado en un atraco, igualmente es lógico aceptar que ese comportamiento obedeció al nerviosismo por la tragedia inesperada y obviamente por el temor que necesariamente sentía frente a la reacción que tomaran aquellos. De otra parte agrega que el proceder observado después de lo ocurrido por los otros moradores de la casa, al limpiar las manchas de sangre, no puede imputarse como indicio contra el acusado, como lo hicieron los falladores, ya que no hay prueba de que éste hubiese ordenado tal comportamiento o

participado en el mismo con el fin de destruir u ocultar una prueba. Por ultimo precisa que tampoco se pueden deducir malos tratos del acusado hacia la víctima del comentario hecho por un testigo no presencial (Arcelina Carreño Cáceres), quien se limitó a afirmar que en un momento dado oyó a la progenitora del acusado pedirle a este respeto por la dama, pues inferir los señalados aspectos de ese hecho no es más que una simple sospecha, una conjetura, un juicio subjetivo sin respaldo procesal alguno. Puntualiza que los errores denunciados son trascendentes porque de haber valorado los falladores la prueba sin incurrir en estos, el fallo hubiese sido totalmente diferente, razón por la que pide casarlo y en su lugar condenar al acusado por Homicidio culposo.

4. CONCEPTO. 4.1. Cargo primero (violación del debido proceso).

Alega el censor que el fallo demandado fue emitido dentro de un proceso viciado de nulidad por quebrantamiento de las formas procesales; destaca que la irregularidad consistió en no llevar acabo el a-quo el tramite señalado en el artículo 404, numeral 1°, de la Ley 600 de 2000, en razón de la “variación de la calificación” por el ente acusador en el debate oral, y reclama el efecto invalidante desde “la sentencia acusada” con el fin de que “el juzgador de instancia dicte sentencia por homicidio culposo, a términos de la acusación presentada por el Señor Fiscal en la diligencia de audiencia Pública”. 5 Radicación Nº 21.287

Jerez Hernández Sergio El anterior cuestionamiento fue cabalmente formulado por el recurrente al amparo de la causal tercera de casación, y con base en el motivo de nulidad señalado en el artículo 306, numeral 2°, de la Ley 600 de 2000; sin embargo la carencia de lógica de la propuesta es manifiesta, toda vez que si estima que en el curso del proceso dejó de cumplirse una actuación que no podía ser omitida, en concreto, el traslado a los sujetos procesales de la intervención del fiscal en la vista pública, en la que varió la calificación de la conducta, lo coherente era solicitar la nulidad desde ese momento para llevar a cabo la ritualidad que echa de menos, más no desde el fallo para que, de todas maneras, con prescindencia del trámite que reclama como obviado, el juez forzosamente dicte sentencia por homicidio culposo. Ahora bien, igualmente en relación con el perjuicio derivado de la aparente pretermisión del señalado trámite, tampoco es racional la censura, pues si la finalidad de aquel es otorgar a las partes la posibilidad de solicitar “la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias”, no resulta juicioso sostener que el daño consistió en que la condena de su cliente debía ser “en justicia” por homicidio culposo y no doloso. Sobre el aspecto central del reproche, adversamente a lo aseverado por el recurrente en cuanto a que se evadió cumplir a cabalidad el tramite señalado en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, el estudio del caso permite concluir

que el procedimiento observado por el a-quo luego de la intervención final del fiscal en el debate oral —quien expuso que la responsabilidad del acusado en el delito de homicidio doloso atribuido en el pliego de cargos debía degradarse a la modalidad culposa—, se sujetó a lo previsto en la citada norma, y a las características que de tal mecanismo ha señalado la jurisprudencia. En efecto, durante la vigencia de la legislación procesal derogada, la fiscalía al formular acusación debía hacer la calificación jurídica de la conducta indicando el capítulo dentro del correspondiente título del Código Penal (art. 442-3° Decreto 2700/91), y dado que en el juicio no existía posibilidad de variar esa calificación, el pliego de cargos en firme, además de delimitar la competencia, adquiría carácter vinculante porque, en atención al principio de congruencia, la sentencia que ponía fin al debate necesariamente estaba condicionada a los términos del marco fáctico y jurídico fijado en la acusación. Esa rigidez de la acusación, no obstante, no era absoluta, toda vez que por desarrollo jurisprudencial se admitió que la congruencia entre acusación y fallo no podía entenderse como total identidad o armonía perfecta entre ambos pronunciamientos, sino que la correspondencia entre uno y otro debía 6 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio traducirse en “…una garantía de que el proceso gravite en torno a un eje conceptual, fáctico y jurídico, circunscrito a unos límites dentro de los que puede desenvolverse, lo cual le permite al juez cambiar el delito en

cuanto a su especie, pero no en lo referente al género, y puede realizar los ajustes necesarios dentro del mismo capítulo, siempre que no desborde el marco fáctico señalado en la providencia calificatoria ni agrave la situación del sindicado” 1. La flexibilidad o movilidad del fallador para emitir decisión de condena, en vigencia de la legislación derogada estaba limitada, entonces, por el capítulo del respectivo título de la ley sustantiva, de suerte que conforme podía condenar por la conducta atribuida en el pliego de cargos, también lo podía hacer degradando la responsabilidad o el grado de participación en ella, o por comportamiento menos grave perteneciente al mismo capítulo, pero le estaba vedado, aún so pretexto de favorecer al acusado, fallar en su contra por fuera del correspondiente capítulo, y mucho menos agravar su situación, aún dentro de la misma especie delictiva. En otras palabras, por vía de ejemplo, si la acusación era por homicidio tentado, no se podía condenar por lesiones personales, de la misma manera que si aquella se establecía por homicidio culposo, el fallo de condena jamás podría ser por doloso, amén que si alguna causal de atenuación había sido reconocida, como el exceso en cualquiera de las causales de justificación (art. 30 Ley 100/80), u otra, tal aspecto no podía ser desconocido al condenar, como tampoco deducir cualquier causal de agravación no contemplada en el pliego de cargos. En el actual régimen (Ley 600 de 2000) la calificación jurídica de la conducta

hecha en la resolución de acusación ya no es con señalamiento del capítulo dentro del respectivo título del Código Penal, sino específica (art. 398-1°-3°), y en orden a prevenir y remediar las inconsecuencias que obviamente solían derivarse de la intangibilidad de la resolución de acusación en el juicio, la nueva ley consagra la posibilidad de modificar la calificación expresada en aquella, en dos específicos eventos: cuando se haya incurrido en tal acto en error en la denominación jurídica de la conducta, y con base en prueba sobreviniente. Empero, la modificación de la calificación durante el juicio en cualquiera de los casos señalados, es importante destacar, no está prevista para favorecer al procesado, sino, por el contrario, únicamente para hacer más grave su situación, siendo esto lo que justifica y obliga a que la variación hecha por el fiscal o las observaciones que al respecto haga el juez —únicos funcionarios facultados para ello—, en guarda del derecho de defensa, de la lealtad 1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia del 15 de junio de 2000. M.

P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Radicación 12372.

7 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio procesal, y de la estructura lógica y jurídica del proceso, deban ser puestas a disposición de los sujetos procesales, para que una vez enterados de la respectiva posición jurídica —los giros que uno u otro funcionario señalen acerca de la calificación jurídica no son providencias ni actos decisorios—, procedan de conformidad con lo señalado en la parte final del numeral 1° del

artículo 404 de la Ley 600 de 2000. La improcedencia del mecanismo de variación de la calificación jurídica para hacer más favorable la situación del procesado se desprende de dos aspectos: de una parte obedece a que igual que en la legislación adjetiva derogada, en el momento de emitir fallo el juez conserva la licencia de degradar la responsabilidad del acusado o su forma de participación en el punible; y de otra, que como la calificación jurídica de la conducta ahora es específica, la facultad del fallador al emitir sentencia es más amplia, porque como no está sujeto al capítulo dentro del respectivo título del Código Penal, ni por la naturaleza del bien jurídico tutelado, como antes, también puede condenar por cualquier figura delictiva menos grave que la atribuida en la acusación o su variación, siempre y cuando respete el núcleo central de la conducta básica. Esto último en razón del cambio en el modo de calificación jurídica de la conducta, pues aun cuando la imputación en el pliego de cargos continúa siendo fáctica y jurídica, y el fallo sigue regido por el principio de congruencia, en el juicio puede variarse la imputación sujetiva, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del comportamiento naturalísticamente considerado, y su adecuación típica, en tanto que lo inmodificable de la acusación es el núcleo esencial de la imputación fáctica o conducta básica, que no puede ser mudado ni extralimitado, ya que “Si se altera, se estará en presencia de otro comportamiento, y si se extralimita o desborda se estarán atribuyendo otros hechos, otra

conducta punible, no incluida en el pliego de cargos” 2. La falta de razón del demandante en el primer cargo es ostensible, toda vez que en el presente asunto, de acuerdo con las precisiones hechas, la posición jurídica del fiscal en su alegato final, no requería de ser puesta a disposición de los demás sujetos procesales, por no implicar radicalización adversa a los intereses del procesado, ya que la misma consistió simplemente en una degradación de la imputación subjetiva en relación con el comportamiento naturalísticamente atribuido, como que se trataba de mudar el homicidio doloso a culposo, cambio para el cual estaba facultado el fallador al momento de dictar sentencia condenatoria, aún sin que el ente acusador lo hubiese propuesto. 2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, decisión del 14 de febrero de 2002. M.

P. Dr. Jorge Enrique Córdoba Poveda. Radicación 18457.

8 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio En conclusión, la censura por nulidad no está llamada a prosperar. 4.2. Cargo segundo (Incongruencia sentencia/acusación) El segundo motivo de inconformidad lo hace consistir el actor en una supuesta falta de consonancia entre acusación y sentencia, reproche que aun cuando se advierte acertadamente formulado al amparo del artículo 207, numeral 2°, de la Ley 600 de 2000, igual que el anterior, carece de fundamento. En el asunto examinado, como ya se dijo, el procesado fue acusado de Homicidio simple o voluntario, decisión que cobró firmeza en vigencia de la

anterior legislación (Decreto 2700 de 1991), en tanto que el juicio se desarrolló con sujeción a las previsiones normativas del estatuto procesal actual (Ley 600 de 2000), y en el debate oral, concluida la práctica de pruebas, el fiscal en su intervención expuso que no compartía la imputación formulada en el pliego de cargos, y que merced a una reevaluación de los elementos de convicción, en su criterio, la condena debía ser por homicidio culposo, posición jurídica respecto de la cual se apartó el a-quo, quien emitió condena por la conducta atribuida en la resolución de acusación, decisión avalada por el iudex ad-quem. El desacierto del demandante estriba en suponer que en el actual régimen la tesis jurídica esbozada por el fiscal en su intervención final en la audiencia de juzgamiento es vinculante para el fallador, planteamiento de cara al cual hay que precisar que la tendencia acusatoria del esquema procesal vigente no implica, como parece entenderlo el actor, que en el juicio el fiscal en su condición de sujeto procesal que representa al Estado como titular de la imputación penal, ejerza un dominio absoluto y excluyente en relación con los cargos, al punto que la acusación regentada por éste adquiera carácter de intangible y obligatoria para el juez que, según el recurrente, en su función de “arbitro”, debe limitarse a “dirimir el conflicto de intereses que se suscita entre la acusación y la defensa”. No es tal la orientación del actual régimen procesal (Ley 600 de 2000) como

tampoco era la del derogado estatuto adjetivo (Decreto 2700 de 1991), pues aun cuando esos ordenamientos fueron emitidos con arreglo al entonces vigente artículo 250 de la Constitución, que establecía no sólo la separación entre la Fiscalía General de la Nación, y Jueces y Tribunales, atribuyendo a la primera la labor de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los segundos, sino también el principio básico de división entre las funciones de acusación y juzgamiento arrogadas a uno y otros, de tal distinción de roles no se sigue que el sistema procesal Colombiano previsto en dichas legislaciones haya sido o sea de corte estrictamente acusatorio. 9 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio No se discute que según las disposiciones de los ordenamientos adjetivos referidos, durante la etapa instructiva el fiscal tiene el control de la acción penal, en la medida que ejerce la potestad de recluir la investigación o de formular cargos; pero cuando la decisión que toma es la última, ejecutoriada la acusación, tampoco concita discrepancia que a partir de allí se inicia la causa o juzgamiento, el proceso queda bajo la dirección exclusiva del juez y las facultades del fiscal se reducen a las de otro sujeto procesal, el cual, reitérase, aun cuando representa al Estado como titular de la imputación penal, no tiene en el desarrollo de ésta autoridad de juris dicere, es decir, poder decisorio del conflicto jurídico, ya que por mandato Constitucional y legal, en la última etapa del proceso este se halla delegado en los jueces como sus supremos directores. Ahora bien, por la dinámica propia del proceso, el hecho de que el fiscal haya

formulado pliego de cargos, no impide que en la etapa siguiente este sujeto procesal, con base en prueba sobreviniente o merced a un estudio mas profundo y un conocimiento mas informado de la situación, estime que la tesis jurídica expuesta en la acusación deba ser modificada, o incluso que hay razones de peso para pedir la absolución, sin que una tal propuesta constituya providencia o acto decisorio vinculante o, en el último evento, que los cargos hayan desaparecido, sino simplemente una posición jurídica sometida a la valoración del juez, quien debe estudiar las alegaciones de las partes y con base en las evidencias decidir, sin restricción diferente al principio de congruencia. Al analizar el primer cargo de la demanda quedó claro que en la legislación procesal penal vigente, así como en la derogada, la armonía que debe existir entre acusación y fallo, se erige como un principio estructural del proceso y, a la vez, como garantía del procesado en cuya virtud los mencionados actos de jurisdicción deben observar entre si una lógica y apropiada relación de coherencia. Sin embargo, por virtud de las modificaciones incorporadas en la codificación procesal en vigor (Ley 600 de 2000), en cuanto la calificación jurídica de la conducta hecha en la resolución de acusación es específica (art. 398) y por la posibilidad de modificarla en el juicio (art. 404), en la actualidad el principio de congruencia implica un radio de decisión más amplio para el juzgador, toda vez que, si decide condenar, puede hacerlo de conformidad con la denominación jurídica hecha en el pliego de cargos, o con la expuesta en la

variación sustentada por el ente acusador en la audiencia pública, o la propuesta por el mismo juez en ese debate y no admitida por el fiscal, o incluso por una figura atenuada con relación a cualquiera de aquellas, sin que la determinación que adopte por una u otra variante vulnere el principio de congruencia. 10 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio Y es que, como también ya se señaló, consonancia no se traduce en total o perfecta armonía o identidad entre los actos procesales de acusación y fallo, sino, en palabras de la jurisprudencia, en la observancia de un eje conceptual fáctico – jurídico que garantiza el derecho de defensa, y la unidad lógica y jurídica del proceso; de suerte que de la misma manera que no se desconoce el principio de congruencia cuando el juez, al decidir sobre los cargos, absuelve, por la misma razón puede condenar atenuadamente, a condición de que el núcleo de la conducta básica imputada permanezca incólume. En resumen, como para efectos de la congruencia, el fallador puede armonizar la sentencia con la imputación fáctica y jurídica contenida en la resolución de acusación o, dado el caso, con el cambio sugerido a tales aspectos por el fiscal, o con la tesis propuesta por el mismo juez como objeto de controversia y rechazada por el acusador, o incluso con cualquier figura atenuada en relación con una de esas variantes, siempre y cuando, insístase, respete el núcleo central de la imputación fáctica, resulta claro que en el evento examinado no hubo cambio alguno o que se tradujera en

desbordamiento o extralimitación de la conducta básica del acto humano, naturalísticamente considerado, atribuido en el pliego de cargos, pues la condena se produjo por la conducta punible endilgada desde un comienzo en la acusación, marco fáctico jurídico que validamente podía acoger el a-quo dentro de la libertad reglada que el nuevo estatuto procesal penal le impone a la hora de ejercer el ius puniendi. Con fundamento en lo expuesto la censura debe ser desestimada. 4.3. Tercer cargo (Violación indirecta) El último reproche, propuesto como subsidiario de los anteriores, lo formula el demandante al amparo del artículo 207, numeral 1°, cuerpo segundo, por violación indirecta de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho cometidos en la apreciación de las pruebas, los cuales llevaron a los jueces de primer y segundo grado a aplicar indebidamente el artículo 103 del Código Penal y a la falta de aplicación del 109 del mismo Estatuto Sustantivo (Ley 599 de 2000). El punto de debate que origina la censura, estriba en que el recurrente considerara que los falladores atribuyeron al acusado un obrar voluntario e intencional dirigido a concretar la muerte de Eveli Nasmiyer Castillo Camargo, razón por la que concluyeron que era autor de homicidio, en modalidad dolosa, colofón al que, según el actor, llegaron los funcionarios luego de incurrir en errores de hecho en la valoración de las pruebas de 11 Radicación Nº 21.287 Jerez Hernández Sergio orden testimonial y en la construcción de los indicios deducidos para

sustentar la decisión. Conocida así la vía de ataque seleccionada por el actor y una vez estudiados los reparos que hace a la valoración de las pruebas plasmada en las sentencias de primera y segunda instancia que componen la unidad jurídica inescindible atacada, es palmario que el recurrente no acredita la ocurrencia de los vicios que pregona, debido a la desobediencia del rigor técnico que exige la demostración de cada una de las especies de error de hecho. En efecto, como se sabe por a