PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Error de técnica

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Herman Galán Castellanos Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Luis Gerardo Baos Urrea contra la sentencia del Tribunal Superior de Popayán que lo condenó por el delito de homicidio culposo. Rad. Nº 17053 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán en fallo de doce de julio de mil novecientos noventa y nueve condenó a Luis Gerardo Baos Urrea a la pena principal de dos años de prisión y multa de mil pesos como autor del delito de homicidio culposo, le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal y la suspensión en el ejercicio de la conducción por un año; lo condenó a pagar los perjuicios ocasionados con la infracción. Apelada la decisión, el Tribunal Superior de Popayán confirmó la sentencia en providencia de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Contra esta providencia el defensor del procesado interpuso recurso de casación y lo sustentó con demanda que fue declarada ajustada a las previsiones legales por la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. HECHOS El dos de marzo de mil novecientos noventa y siete el señor Edilson Medina Sánchez se dirigía en compañía de su novia al terminal de transporte de la ciudad de Popayán, conducía una motocicleta de su propiedad. En la intersección de la calle

quinta con carrera once de la ciudad de Popayán se produjo la colisión con un microbús conducido por el señor Luis Gerardo Baos, el señor Medina cayó de la motocicleta y murió días después como consecuencia de las heridas que se ocasionó en la caída. ACTUACION PROCESAL El doce de marzo de mil novecientos noventa y siete se realizó diligencia de inspección al cadáver de quien se identificaba como Edilson Medina Sánchez, en la morgue del Hospital San José de Popayán. Con el objeto de determinar el autor del homicidio en accidente de tránsito del que fue víctima Medina, la Fiscalía delegada ante los jueces del circuito comisionó al Jefe de la Sijin para que adelantara las pesquisas necesarias. El catorce de marzo se profirió resolución de apertura de instrucción y se ordenó escuchar en indagatoria a Luis Gerardo Baos, conductor del colectivo que chocó con la moto conducida por Medina Sánchez. Al proceso se allegaron las diligencias practicadas por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Popayán, con ocasión de las lesiones inicialmente sufridas por Medina Sánchez. El dieciocho de abril de mil novecientos noventa y siete se escuchó en indagatoria al señor Luis Gerardo Baos Urrea; el veintidós de abril se resolvió su situación jurídica con la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como responsable del delito de homicidio culposo. El cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete se realizó una inspección judicial en el sitio donde ocurrió el accidente de tránsito, con la presencia de una agente de

tránsito que absolvió en la diligencia un cuestionario presentado por el defensor del procesado. El veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete se rindió un informe por parte del Jefe del Laboratorio Nacional de Investigación y Especialización Científica de Buga, atendiendo el cuestionario formulado por el defensor del procesado y la diligencia de inspección judicial. Completa la investigación se declaró cerrada el dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete. La Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito calificó el mérito del sumario el cinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, profirió resolución de acusación en contra de Luis Gerardo Baos como autor responsable del delito de homicidio culposo. La resolución de acusación quedó en firme y el expediente fue enviado a los Juzgados Penales del Circuito, luego del reparto el conocimiento del expediente fue asignado al Juzgado Quinto Penal del circuito, el nueve de marzo avocó el conocimiento y abrió el juicio a pruebas. En la etapa del juicio se allegaron al expediente algunas pruebas practicadas en el Proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual que se adelantaba por el accidente de tránsito. La audiencia pública se realizó el cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Juzgado profirió sentencia condenatoria el doce de julio de mil novecientos noventa y nueve, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Popayán el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve; fallo que es ahora objeto

de recurso de casación. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION El cargo es presentado con apoyo en la causal primera de casación, por violación indirecta de la ley sustancial debido a un error de hecho por falso juicio de existencia. Considera el libelista que en la sentencia impugnada se incurrió en el error planteado cuando el juzgador omitió considerar una prueba legalmente producida y allegada al expediente, esta prueba obra a folios 156 a 158 del cuaderno principal y es el dictamen proveniente del Laboratorio Nacional de Investigación y Especialización Científica. Para demostrar el error relata el censor que solicitó la práctica de una inspección judicial al sitio de los hechos y la respuesta a un cuestionario que formulara, cuyo contenido fue enviado a las instalaciones de la LABIESCI, institución que dio respuesta parcial a las preguntas enunciadas. 2 Afirma el censor que la respuesta dada por el Laboratorio al punto 3 fue muy importante para demostrar el itinerario que se había propuesto la víctima, transcribe el libelista la respuesta y de ella dice que permitía concluir que la culpa de la colisión de los dos vehículos fue del motociclista por cuanto al penetrar a la calle quinta, dejaba despejada la carrera para el tránsito libre del vehículo colectivo. Indica el defensor que el Tribunal omitió esta prueba y en su lugar brindó importancia a lo expresado por uno de los policías que participó en la diligencia de inspección judicial, dicho no científico, que impidió que la prueba referida fuera estudiada en su totalidad. La complejidad de tránsito en el sitio donde ocurrieron los hechos motivó al defensor

a solicitar la prueba, pero el Tribunal omitió su estudio, igual situación se presentó en la decisión calificatoria y la sentencia de primera instancia. Señala el casacionista que se produjo la violación del artículo 254 del C.P.P. que ordena que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en consecuencia, el Tribunal debía incorporar en su análisis probatorio todas las allegadas al expediente. La prueba omitida por el Tribunal era importante porque lograba la demostración que la responsabilidad de la colisión fue producto de la imprudencia de la víctima y desvirtuaba el dicho de la testigo Sandra Milena Ortiz en cuanto al itinerario que llevaban ella y el occiso. Solicita el defensor se case la sentencia y se dicte sentencia absolutoria sustitutiva. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA PARA LA CASACION PENAL Algunos yerros de técnica se observan en la formulación del cargo e impiden que prospere. Plantea el libelista un error de hecho por falso juicio de existencia y dice que se quebrantó en forma inmediata el artículo 254 del C.P.P. que trata de la valoración de las pruebas, sin embargo, no completa la proposición jurídica para señalar qué normas sustanciales fueron lesionadas en forma mediata, vulneración que justificaría la solicitud de absolución del procesado. El problema que plantea el defensor tiene que ver con la omisión de una prueba por parte del Tribunal que demostraba, en su sentir, la falta de culpabilidad del procesado, en consecuencia, debió señalar en el cargo como lesionadas las normas del código penal que se relacionaban con la ausencia de responsabilidad del procesado y las relacionadas con el delito culposo. Sin embargo, con esta obligación

no se cumplió, limitándose el libelista a denunciar la inobservancia de la norma procesal. Otro error de técnica en que incurre el demandante es no demostrar la trascendencia del yerro que se denuncia; señala el defensor la prueba que considera omitida, se refiere a su contenido pero no establece la incidencia que esa prueba tenía en las resultas del proceso al analizarla en conjunto con el resto del material probatorio. No comprobó el libelista que el análisis y valoración de ese informe variaba la situación del procesado, aún con la presencia de otras pruebas que establecían su responsabilidad, porque la sola prueba omitida tenía la trascendencia suficiente para variar el juicio de reproche. 3 Lo que se observa es que sobre la base de una apreciación personal, el censor intenta justificar la importancia del informe del jefe el LABIESCI. Así, parte de la consideración de que la víctima pretendía hacer un giro y variar la dirección que llevaba sobre la carrera once, con lo que le endilga la responsabilidad de la colisión. Esta apreciación la quiere respaldar el defensor con la respuesta entregada por el Jefe del LABIESCI a uno de los puntos del cuestionario, el que se elaboró sobre hipótesis planteadas por el defensor. Responde el Jefe del Laboratorio: “...3. “Para que se determine si la vía objeto de la inspección (carrera 11) es posible transitarla por el lado derecho como lo entera la señorita SANDRA MILENA ORTIZ HOYOS o por el contrario, debe hacerse por el lado izquierdo o por el centro si se desea avanzar por esa vía o sea derecho? Según la geometría de la vía, lo observado en la fotografía número 008, 012 y

de 1:39 a 1:50 en el video de inspección judicial (señalización) y teniendo en cuenta el diseño de la vía en zonas urbanas, el carril derecho corresponde a los vehículos que necesitan cambiar de vía (De carrera a calle)”. La transcrita es la apreciación de quien rinde el informe, pero debía confrontarse, como lo hizo el Tribunal, con las declaraciones, el croquis y la opinión del agente de Tránsito, que interpretaron la señalización y los hechos de manera diferente. Plantea el informe el deber ser en la utilización correcta de la vía, no lo que efectivamente ocurrió, tal y como lo pretende el censor. Es interesante observar en el informe, que el defensor planteó otras preguntas que no fueron respondidas porque implicaban juicios de valor, no comprobables físicamente, pero que si atendían a lo dicho por la testigo del accidente, lo consignado en el croquis y lo respondido por el policía de tránsito. Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 2. “Si la conformación de la vía en el lugar de los acontecimientos investigados por usted al conductor que transita por la calle 5. Le crea duda acerca de su quien viene transitando por la carrera 11, va a cruzar o va a seguir derecho, en otras palabras si quien transita por el centro o el lado izquierdo de la carrera 11, le permite concluir a la persona que lo hace por la calle 5 que va a pasar de largo o no, y si transita por el lado derecho de esa carrera le hace inferir al que pasa por la calle 5 que va a seguir derecho o va a realizar el cruce respectivo? 4. “¿Cuáles serían las implicaciones si el motorizado transita por el lado derecho?

Le será posible seguir de largo por la carrera 11, si transita por ese lado derecho? 5. “Si era factible que el señor LUIS GERARDO BAHOS al observar que el motociclista conducía por su derecha como lo indica la señorita ORTIZ dirigiéndose por la carrera 11 reiniciara su marcha (después de hacer el respectivo PARE). O por el contrario debía esperar a que entrara definitivamente en la calle?. Y el jefe del Laboratorio responde: “En cuanto a la pregunta 2, 4, y 5 el perito no puede hacer juicios de valor ni basarse en supuestos para rendir su informe, los resultados en un Laboratorio de física deben ser medibles y comprobables basados en las leyes cinemáticas, de conservación de energía y momento”. 4 Estas respuestas se hallaban en el resto del material probatorio y así lo entendió el sentenciador de segunda instancia. Para cumplir con su obligación de fundamentar la acusación, el libelista no comparó el contenido de esa prueba con el resto del material probatorio que se aportó a la investigación y así demostrar que su contenido tenía la posibilidad de variar la situación del procesado; sin respaldo alguno afirma que el informe del Laboratorio confirma que la responsabilidad del accidente fue de la víctima por pretender cambiar de sentido y hacer un giro peligroso. Desconoce el libelista el contenido de muchas otras pruebas que obran en el expediente, tal como el croquis del accidente, la declaración de la acompañante del occiso, las respuestas al cuestionario formulado por el defensor por parte de un agente de la policía de tránsito, el que es calificado como “dicho no científico”, pruebas que dan cuenta de la responsabilidad del procesado por desconocer una

señal de pare que era obligatoria para él, ya que se desplazaba por la calle quinta y la vía preferencial era la carrera once. La presencia de ese material probatorio nos indica que la prueba señalada por el libelista como desconocida simplemente contiene la opinión del Jefe del Laboratorio a una pregunta hipotética, que indica que el carril derecho corresponde a los vehículos que necesitan cambiar de vía, sin que esa sola respuesta demuestre que Medina Sánchez pretendiera tomar la calle quinta y que luego se arrepintió de su decisión y retomara la carrera once, por esa razón el conductor del colectivo que debía guardar la señal de pare, entendió que la vía estaba despejada para avanzar y al hacerlo se produjo la colisión de la moto contra el colectivo. Esa conclusión no es posible extraerla del contenido de la prueba registrada por el libelista sin que implique desconocer el resto del material probatorio. Ese análisis hizo el Tribunal y sin desconocer el contenido de la prueba examinó en conjunto las demás aportadas y dio credibilidad al material probatorio que indicaba que el conductor del colectivo no respetó la señal de pare que le era obligatoria y ocasionó el accidente. A pesar de la calificación de dicho no científico que da el libelista a la declaración del agente de tránsito, para desautorizarla, sus respuestas están más acreditadas que las del jefe del laboratorio, porque es la autoridad encargada de regular la actividad de tránsito y manejar las normas y las reglamentaciones. El jefe del laboratorio expresó su opinión sobre la base de las fotos, los planos y las declaraciones recibidas en la diligencia de inspección judicial, con ese fundamento respondió la

pregunta realizada, pero no podía esa respuesta convertirse en prueba irrefutable de la intencionalidad del occiso. Es claro el agente de tránsito en señalar que independientemente de la voluntad del conductor de la motocicleta, el colectivo debía esperar que la carrera estuviera completamente despejada para avanzar, porque la prelación de la vía la tenía la moto, esto no se hizo, en consecuencia, el responsable de la colisión fue el procesado. Esa es la interpretación correcta de la situación de acuerdo con la normatividad de tránsito, de esta manera se consignó en el croquis levantado inmediatamente después del accidente, así lo indicó la parrillera de la moto, lo señala el agente de tránsito en la diligencia de inspección judicial, y así lo interpretó el sentenciador. 5 Con sus argumentos, no demostró el casacionista que la prueba fuera desconocida por el Tribunal, porque se observa que en la providencia se analizó en conjunto el material probatorio que se aportó a la investigación y además la valoración que sobre esas pruebas se hizo para darle credibilidad a las que demostraban la responsabilidad del implicado. Además, el informe del jefe del Laboratorio de Nacional de Investigación y Especialización Científica no tenía la capacidad de desvirtuar las pruebas analizadas por los sentenciadores, porque fue un análisis realizado sobre las condiciones de la vía, las demarcaciones que se observaban en las fotos y planos remitidos, sin atender las demás pruebas que se practicaron. No le asiste razón al libelista en su planteamiento, ante la falta de demostración del

error y los errores de técnica en su formulación el cargo debe ser desestimado. PETICION Con fundamento en los argumentos expresados, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, solicita a la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados,

TATIANA MORENO SHETT

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal (E) Bogotá DC.15 de agosto de 2002 6