PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Falta de interés para recurrir

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero

E. S. D.

REF: Recurso de casación interpuesto por el defensor de la procesada Marina Cecilia Benavides Bequis contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá que la condenó por falsedad material en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y heterogéneo con los delitos de estafa agravada y fraude procesal.

Rad: 23.904

Honorables Magistrados: El Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá, dictó sentencia del 7 de noviembre de 2.003 en seis causas acumuladas contra Marina Cecilia Benavides Bequis a quien condenó a la pena principal de 72 meses de prisión como coautora responsable del delito de falsedad material en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y heterogéneo con los delitos de estafa agravada y fraude procesal, al pago de indemnización de perjuicios y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal.

El juzgado también condenó a Antonio María Zárate González a la pena principal de 36 meses de prisión como determinador de los delitos de estafa agravada por la cuantía, en concurso heterogéneo con los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal, y a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal y al pago de indemnización de perjuicios.

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS

Condenó a Pedro Antonio Rincón Barón y Clara Inés Moreno de Rodríguez a la pena principal de 60 meses de prisión como determinadores del delito de falsedad material en documento público agravado por el uso en concurso heterogéneo con los delitos de estafa agravada por la cuantía y fraude procesal los condenó también al pago de perjuicios. Condenó a Marina Cecilia Benavides Bequis y Antonio María Zárate González, al pago de perjuicios materiales. No condenó al pago de perjuicios morales a Marina Cecilia Benavides Bequis, Antonio María Zárate González, Pedro Antonio Rincón Barón y Clara Inés Moreno de Rodríguez, a quienes les fue negado el subrogado de la ejecución condicional de la pena y contra quienes se libraron las correspondientes órdenes de captura. Apelada la decisión por los defensores de Clara Inés Moreno de Rodríguez, de Antonio María Zárate y de Pedro Antonio Rincón Barón, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Bogotá, Corporación que el 30 de septiembre de 2.004 declaró la extinción de la acción penal por prescripción de la conductas punibles de fraude procesal contenidas en los pliegos de cargo ejecutoriados el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 1.999, las de uso de documento público falso y falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, contempladas en la acusación ejecutoriada el 8 de septiembre de 1.999 y la falsedad material ejecutoriada el 31 de agosto de 1.999. Como consecuencia de lo anterior decretó la cesación de procedimiento a favor de Marina Cecilia Benavides Bequis, Antonio María Zárate González y Pedro Antonio

Rincón Barón con relación a las acciones mencionadas. Modificó el numeral segundo en el sentido de condenar a Antonio María Zárate González a la pena principal de 18 años de prisión como determinador de estafa agravada. 2

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS Modificó el numeral tercero en el sentido de condenar a Pedro Antonio Rincón Barón a la pena principal de 30 meses de prisión como determinador del delito de estafa agravada y a Clara Inés Moreno de Rodríguez a la pena principal de 57 meses de prisión como determinadora del mismo punible en concurso heterogéneo con los delitos de falsedad material en documento público agravada por el uso y fraude procesal. En lo demás que haya sido objeto de impugnación confirmó la sentencia de primera instancia. Contra el fallo de segunda instancia el defensor de Marina Cecilia Benavides Bequis interpuso el recurso extraordinario de casación con demanda que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las exigencias de ley. Conforme lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada en lo Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS Con fundamento en escrito anónimo, la Procuraduría Delegada para la Moralidad adelantó investigación preliminar y estableció que la Caja Nacional de Previsión Social había reconocido seis pensiones de invalidez mediante la falsificación de documentos de Medicina Ocupacional que carecían de sustentación médica alguna, situación que a raíz de la investigación disciplinaria adelantada por el organismo de control, logró suspender los pagos prestacionales desde 1.995 y se

pudo establecer que las pérdidas sufridas por Caja Nacional ascendieron a la suma de $79. 821.365.oo millones de pesos. Los anteriores hechos fueron la base para iniciar y llevar hasta su culminación las investigaciones penales contra Marina Cecilia Benavides Bequis, Antonio María Zárate González, Clara Inés Moreno de Rodríguez y Pedro Antonio Rincón Barón. 3

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS

2. ACTUACIÓN PROCESAL DE LAS CAUSAS QUE INTERESAN A ESTE RECURSO  Causa radicada bajo el número 0110-1999

Con fundamento en escrito anónimo del 25 de octubre de 1.996, el Fiscal Seccional 105 de la Unidad Segunda de Patrimonio y Fe Pública de esta ciudad, inició una investigación preliminar el 25 de noviembre del mismo año. El Fiscal 105 de la mencionada Unidad determinó la apertura de la investigación mediante resolución del 4 de febrero de 1.998 en la que además de ordenar varias pruebas decidió vincular a Marina Cecilia Benavides Bequis, para escucharla en diligencia de indagatoria. Con resolución del 14 de mayo de 1.999 la Fiscalía Seccional 105 le resolvió la situación jurídica a la indagada, como responsable del delito de estafa agravada y como determinadora de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso en concurso con fraude procesal, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva, librando la correspondiente orden de captura. Mediante proveído del 12 de agosto de 1.999 la Fiscalía Seccional 105 calificó el

merito del sumario con resolución de acusación contra Marina Cecilia Benavides Bequis y Antonio María Zárate, como presuntos autores de los delitos de fraude procesal y estafa en la modalidad de concurso heterogéneo y sucesivo, además a Zárate como presunto autor del uso de documento público falso y Benavides Bequis, como posible autora de falsedad en documento público falso. La Fiscalía 26 Delegada ante los Tribunales Superiores, al resolver el recurso de apelación de la resolución acusatoria contra Benavides y Zárate mediante proveído del 30 de agosto de 1.999, resolvió confirmarla integralmente. 4

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS El expediente pasó entonces al Juzgado 12 Penal del Circuito de esta ciudad en donde a la presente causa les fueron acumuladas la seguida contra Marina Cecilia Benavides Bequis en el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, las tramitadas por los Juzgados 17 y 36 Penal del Circuito de Bogotá, contra Marina Cecilia Benavides Bequis y Antonio María Zárate y la seguida en el Juzgado 34 Penal del Circuito en la que resultó ofendida la Caja Nacional de Previsión Social, acumulación decretada mediante autos del 8 de febrero de 2.000, 5 de julio y 24 de octubre del mismo año.  Causa radicada bajo el número 291.439 La Fiscalía 105 Delegada de la Unidad Segunda de Patrimonio vinculó a la investigación a José Ignacio Torres Durán y Marina Cecilia Benavides como coautores responsables en concurso de los punibles de falsedad material de

particular en documento público, fraude procesal y precluyó la acción penal contra Torres Durán; proceso en que se profirió resolución de acusación en contra de Marina Cecilia Benavides Bequis, el 12 de agosto de 1.999, por los hechos relacionados con el reconocimiento de pensiones ilegales que a través de maniobras fraudulentas condujo al error a la Caja Nacional de Previsión Social. Dentro del presente proceso se le asignaron a la implicada dos defensoras de oficio (c. o. N° 4).  Causa radicada bajo el número 328.057 La Fiscalía 75 Delegada de la Unidad de Delitos Financieros vinculó a Pedro Antonio Rincón Barón como determinador y a Marina Cecilia Benavides Bequis como autora material de los delitos investigados con resoluciones fechadas el 5 de junio y el 10 de diciembre respectivamente, proceso en el que se profirió resolución de acusación en contra de los implicados el 19 de abril de 1.999. En 5

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS este proceso designó como defensor a Gabriel Antonio Gómez Gómez, quien apeló la mencionada resolución de acusación. Apelada la anterior decisión correspondió desatar el recurso a la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá, la que confirmó la decisión el 8 de septiembre de 1.999.  Causa radicada bajo el número 258.324 Vinculada mediante diligencia de indagatoria Marina Cecilia Benavides Bequis, la Fiscalía Décima Delegada de la Unidad de delitos financieros dictó resolución de

acusación el 25 de enero de 1.999 como presunta autora de los punibles de fraude procesal, falsedad en documento público agravado por el uso y estafa agravada. El defensor de Benavides Bequis interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión y el Fiscal Delegado ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca la confirmó en proveído del 1° de febrero de 2.000.  Causa radicada bajo el número 330.873 La Fiscalía 75 de la Unidad de Delitos Financieros vinculó mediante indagatoria a Clara Inés Moreno de Rodríguez, rendida el 12 de febrero de 1.998, de la misma forma vinculó a Marina Cecilia Benavides Bequis, el 30 de noviembre del año en mención, proceso en el que se profirió resolución de acusación contra las implicadas como presuntas coautoras de los delitos de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso, fraude procesal y estafa agravada el 23 de junio de 1.999. Recurrida la providencia mencionada por el defensor de Clara Inés Moreno de Rodríguez, correspondió desatar el recurso a la Fiscalía Delegada ante los 6

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, mediante proveído del 24 de diciembre de 1.999 en la que se confirmó la resolución acusatoria contra la implicada.  Causa radicada bajo el número 328.048 Al resolver la situación jurídica de Marina Cecilia Benavides Bequis, la Fiscalía 75

Delegada de la Unidad de delitos financieros impuso medida de aseguramiento contra la implicada y le concedió el beneficio de la libertad provisional previo al pago de caución prendaria; posteriormente el ente instructor profirió resolución de acusación contra Benavides Bequis y Arsenio Rivera el 15 de abril de 1.999, como presuntos coautores de los delitos de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso, fraude procesal y estafa agravada por la cuantía en la modalidad de concurso heterogéneo y sucesivo. La providencia fue recurrida en reposición y subsidiariamente en apelación por los defensores de los implicados, concluyendo el trámite de las impugnaciones con la decisión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Caldas) de fecha 3 de mayo de 2.000, en la que se decidió confirmar parcialmente el numeral primero en el sentido de que la acusación sólo procede contra Marina Cecilia Benavides Bequis, por los delitos de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso y estafa por la cuantía; declaró prescrita la acción penal por fraude procesal precluyendo la acción, además revocó parcialmente el numeral primero de la mencionada resolución y dio por concluido el ejercicio de la acción penal en favor de Arsenio Rivera. El expediente fue remitido al Juzgado 12 Penal del Circuito de esta ciudad en donde a la presente causa les fueron acumuladas las seguidas contra Marina Cecilia Benavides Bequis, como en precedencia se estableció. 7

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS La audiencia pública se inició el 3 de diciembre de 2.001 y culminó el 4 de junio

de 2.003. El Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra los procesados el 7 de noviembre de 2.003.

2. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN El defensor de la procesada Marina Cecilia Benavides Bequis ataca la sentencia de segunda instancia al amparo de la Causal Primera, cuerpo segundo, porque, en su criterio, el Tribunal incurrió en error de hecho por falso raciocinio.

En opinión del censor, el Ad quem desconoció los parámetros de la sana crítica al otorgarle plena credibilidad a las declaraciones de otros procesados dentro del mismo expediente, con lo cual arribó a la condición de certeza sobre la responsabilidad de su defendida, en lugar de haber declarado la existencia de duda en su favor. Menciona el demandante que todos los involucrados en calidad de autores de los delitos dentro del mismo proceso obtuvieron la pensión de invalidez mediante la acreditación de exámenes médicos que realizaba una dependencia de Cajanal y que servía como prueba fundamental para la obtención del desembolso por la mencionada condición de incapacidad. Posteriormente, relata el censor, se descubrió la falsedad de los exámenes médicos aludidos, cuando ya los pensionados por invalidez estaban disfrutando de la compensación reconocida con base en ellos. Según el libelista, los beneficiarios de la retribución adujeron durante el proceso que ellos sólo habían solicitado la jubilación por edad y servicios prestados, y nunca por invalidez, y se mostraron ajenos a la impostura de los documentos médicos, con lo cual descargaron su responsabilidad en Benavides Bequis, quien

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS estuvo encargada de hacer los trámites para la obtención del reconocimiento ante Cajanal. Conforme a lo dicho por el actor, Benavides Bequis niega rotundamente haber falsificado los aludidos documentos médicos porque fueron los beneficiarios de la pensión quienes llenaron el formulario especial diseñado para el efecto por Cajanal, en el cual el interesado estampa su huella digital, su firma y deja constancia de haberlo presentado personalmente. Agrega que, la sentencia de primera instancia condenó a todos los procesados, en plano de igualdad, como coautores de los delitos de falsedad material, uso de documento falso, fraude procesal y estafa agravada; esta decisión fue confirmada parcialmente por la segunda instancia, sólo con modificaciones respecto al pronunciamiento de prescripción de algunas conductas. Alega el censor que, con lo dicho en precedencia, el fallador de segunda instancia desconoció el principio lógico de identidad, según el cual «todo juicio o conclusión del ejercicio del pensamiento en la búsqueda del saber en relación con algún tema preseleccionado solo puede terminar en afirmaciones o inferencias necesarias o juicios sobre una afirmación cuando el mismo adquiera la característica de necesario o racional, como quiera, (sic) que todas las inferencias sobre el mismo terminaría (sic) en idéntica conclusión». Lo anterior, le permite al impugnante afirmar que, para que los dichos de los beneficiados con la pensión de invalidez pudieran producir la certeza sobre la responsabilidad de Benavides «se requería que la totalidad de las afirmaciones de los demás procesados estuvieran rodeadas de unas condiciones de modo tiempo

y lugar que lógicamente fuera imposible no llegar a esta colusión o certeza frente al Juicio final de responsabilidad, por cuanto dichas declaraciones estaban avaladas por el Principio de identidad, lo que imposibilitaba concluir de manera distinta» (los yerros pertenecen al texto citado). 9

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS A renglón seguido, el libelista señala lo que, según él, son las declaraciones que desconocen el principio de identidad e impiden otorgar certeza sobre la responsabilidad de su defendida: ● Todos los beneficiarios conocían que no poseían los requisitos para obtener la pensión de jubilación, porque carecían de la edad exigida, esto es, haber cumplido 55 años. ● Todos los ex trabajadores del Ministerio de Hacienda fueron indemnizados para evitar el pago de la pensión. ● Los ex trabajadores estaban plenamente convencidos de que no podían alcanzar la pensión de jubilación por edad y tiempo de servicio, por ende, lo obvio, racional y lógico es que intentaran obtener la pensión de invalidez, como lo afirman los declarantes y Benavides y lo demuestran otros hechos en el proceso, tales como: ● Benavides no se presentó como abogada porque los mismos beneficiarios fueron quienes retiraron el formulario de Cajanal, lo diligenciaron y autenticaron con su firma y huella, e indicaron a cuál tipo de pensión aspiraban. ● Los declarantes sabían que se trataba de una pensión de invalidez porque la disfrutaron durante dos años, aproximadamente, y firmaron la nómina especialmente diseñada para esta clase de prestación.

Los hechos señalados por el censor, en su opinión, impiden, lógicamente, que los ex trabajadores desconocieran que no podían recibir la pensión de jubilación y, al mismo tiempo, refuerzan el aserto de Benavides según el cual ella recibió toda la documentación por parte de los ex trabajadores, o, en el peor de los casos, los hechos reseñados, en el plano del principio de identidad, impiden que se otorgue 10

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS valor de plena prueba para lograr el grado de certeza de la responsabilidad de su defendida y, por consiguiente, debía haberse declarado la duda en su favor. En su conclusión, dice el libelista que, en virtud del principio de identidad, las afirmaciones de los ex trabajadores que pretendieron negar su conocimiento de su carencia de requisitos para adquirir la condición de pensionados impiden que el Tribunal descalifique la versión de la procesada y que, a partir de aquellas, adquiera certeza sobre la responsabilidad de Benavides.

4. CONCEPTO DE LA DELEGADA DEL MINISTERIO PÚBLICO Sea lo primero decir que la demanda presentada a nombre de Marina Cecilia Benavides Bequis carece de toda posibilidad de prosperar por dos razones: 1) La demanda fue presentada sin que la demandante estuviera legitimada para hacerlo, y 2) Por la carencia absoluta de técnica en la formulación del cargo contra la sentencia.

Veamos: 1) Falta de interés para recurrir Es presupuesto procesal de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las decisiones judiciales, la demostración del interés que le asiste al impugnante respecto a la decisión que, para el caso del recurso de casación, es la sentencia

de segunda instancia. 11

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS De tiempo atrás, ha establecido la Corte Suprema de Justicia que este requisito se cumple cuando, habiendo sido la sentencia de primera instancia desfavorable a los intereses del recurrente, éste apeló de ella. Respecto a esta regla, la Corte ha reconocido tres excepciones, según las cuales no es exigible el requisito de haber apelado de la sentencia de primera instancia: a) Cuando al recurrente en casación se le impidió, de manera irregular o arbitraria, el acceso al recurso de apelación de la sentencia de segunda instancia. b) Cuando siendo otro sujeto procesal el apelante, la sentencia de segunda instancia le hizo más gravosa su situación. c) Cuando su demanda está fundada en una causal de nulidad sobre lo actuado por las instancias. En conclusión, ha considerado la Corte: “Es por ello que la falta de interposición y sustentación del recurso de apelación contra el fallo de primer grado se tiene como señal de aquiescencia con su contenido y decisión y, por tanto, el sujeto procesal que así proceda carecerá de interés jurídico para impugnar la sentencia de segunda instancia siempre que no reforme la de primer grado en perjuicio de la situación de quien no la impugnó, el cual no podrá, en consecuencia, pretender legitimarse a la hora de nona para demandar en casación. No obstante, como también lo ha precisado la Sala, se puede prescindir de tal exigencia cuando se acredite que al impugnante en casación le fue impedido de manera arbitraria que interpusiera recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia o cuando tal fallo modifique su

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS situación jurídica de manera desfavorable o más gravosa y también, cuando lo pretendido con la impugnación extraordinaria sea la declaratoria de nulidad del diligenciamiento”1. En primer lugar, en el caso sometido a estudio, se desprende del expediente que la enjuiciada y su defensor tuvieron acceso al recurso de apelación en igualdad de condiciones con los demás sujetos que sí hicieron uso de él (el recurso de apelación fue interpuesto por los defensores de Antonio María Zárate González, Pedro Antonio Rincón Barón y Clara Inés Moreno de Rodríguez), como consta en las notificaciones de la decisión que en debida forma se realizaron al defensor técnico de la procesada, Dr. Juan Bernardo peña Romero, a quien se le envió telegrama como consta a folio 193 del c.o. N° 2. También cabe destacar que, ni la condenada ni su defensor aprovecharon el término para los no recurrentes y omitieron pronunciarse en un sentido u otro, a pesar de que el trámite se surtió en debida forma. En segundo lugar, la sentencia de segunda instancia de ninguna manera desmejoró o agravó la situación jurídica de la condenada; antes bien, fruto del recurso interpuesto por los otros sujetos procesales, y habida cuenta de la declaración de prescripción de varios delitos por los cuales fue sentenciada, el Tribunal modificó la pena, inicialmente fijada en 72 meses, y efectuó la rebaja correspondiente a 66 meses. 1 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 16 de febrero de 2.005. Rad:

22.192 Dra. Marina Pulido de Barón; Auto de 22 de junio de 2.005. Radicación 23.464 M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez; Sentencia de 2 de marzo de 2.005. Rad: 19.627. M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla; Sentencia de 18 de noviembre de 2.004. Rad: 21.260 M.P. Dr. Herman Galán Castellanos; Sentencia de 13 de octubre de 2.004. Rad: 22.778. M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas, entre otras. 13

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS En tercer lugar, la demanda presentada a nombre de Benavides Bequis invocó como causal de casación la establecida en el numeral primero, por violación indirecta de la ley, del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal y no intentó, siquiera, plantear la ocurrencia de algún factor de nulidad sucedido en el proceso adelantado por las instancias. Así las cosas, la demandante carece de interés para recurrir en casación y la demanda debió ser inadmitida. 2) Falta de técnica de la demanda El libelista, mediante un deshilvanado escrito, con una argumentación confusa y desordenada, inaceptable en cualquier sede judicial y, más aún, en el recurso extraordinario de casación, dirige su ataque contra la sentencia de segunda instancia por violación indirecta que, según él, consiste en error de hecho por falso raciocinio. Afirma que los juzgadores vulneraron las reglas de la sana crítica porque, a partir de las declaraciones de quienes obtuvieron las pensiones fraudulentas, llegó a la

certeza sobre la responsabilidad de la procesada Benavides Bequis, sin tener en cuenta que aquéllos mintieron sobre su previo conocimiento de la irregularidad de la prestación a ellos conferida, que fue tramitada por la última aludida. Dado que el Tribunal estableció la responsabilidad de los pensionados de manera fraudulenta porque sí conocieron las circunstancias modales para obtener el beneficio, no obstante que ante las instancias judiciales lo negaron, el demandante estima que existió contradicción en sus afirmaciones y, en consecuencia, no se observó el principio lógico de identidad, que, de haberse tenido en cuenta, habría conducido a la absolución por aplicación de la duda a favor de su defendida. 14

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia tiene ya, suficientemente decantado, que el error de hecho por falso raciocinio emerge cuando el fallador, en el proceso de valoración racional del mérito de las pruebas allegadas o en la construcción de las inferencias lógicas obtenidas a partir de ellas, desconoce, caprichosa y groseramente, las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la lógica, la experiencia o la ciencia, y, a partir de tal valoración, edifica una verdad distinta de la que es evidente en el proceso. Ahora bien, para demostrar el falso raciocinio, el censor debe, según repetida jurisprudencia al respecto, indicar y demostrar cuáles fueron los principios de la lógica, las reglas de la ciencia, el sentido común o de la experiencia indebidamente utilizados. Para dar contenido a esta exigencia, el impugnante

debe citar expresamente los argumentos expuestos por el Ad quem, a partir de los cuales realiza la inferencia que se recusa en la demanda. También debe decir cuáles principios de la lógica, la ciencia, el sentido común o las reglas de la experiencia eran los apropiados, según él, para dilucidar el asunto objeto de debate. Finalmente, debe demostrar que el error sobre la prueba llevó al error sobre la normatividad sustancial, y la trascendencia que tuvo sobre la decisión. En cumplimiento del primer requisito, el demandante señaló que el juzgador vulneró el principio lógico de identidad que él define, apartándose del debate académico ya decantado, de esta particular manera: Deviene en la Ley de Contradicción en virtud de los cuales todo juicio o conclusión del ejercicio del pensamiento en la búsqueda del Saber en relación con algún tema preseleccionado solo puede terminar en afirmaciones o inferencias necesarias o juicios sobre una afirmación cuando el mismo adquiera la característica de necesario o racional 15

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MARINA CECILIA BENAVIDES BEQUIS como quiera, que todas las inferencias sobre el mismo terminaría en idéntica conclusión (todos los yerros pertenecen al original). Según el libelista, la vulneración de tal principio se evidencia en las condiciones habidas en los declarantes que viciaron todo su dicho e impedían derivar responsabilidad en contra de Benavides o, por lo menos, imponían la declaración de la duda en su favor. Sobre este primer punto deben hacerse varias precisiones, habida cuenta de la confusión conceptual que se evidencia en la demanda:

● En la lógica formal, el principio de identidad que se expresa en la forma A es A, y corresponde al carácter de conservación de la identidad del ser. Según las voces de Henri Lefebvre, reconocido filósofo alemán, es el principio de la coherencia, del acuerdo riguroso del pensamiento consigo mismo y hace referencia a la función de la lógica formal como lógica del entendimiento, de la separación (y ante todo de la separación momentánea entre la forma y el contenido), y se traduce en que, en el discurso, el sentido de cada palabra, cada concepto, debe permanecer idéntico; sin ello, los interlocutores no sabrían de lo que están hablando y no hablarían de la misma cosa2. El principio de contradicción, expresado en la forma A no es no-A, es una forma negativa de evidenciar el principio de identidad (afirmativo), como podemos ver al comparar las dos proposiciones: "A es una flor" y "A no es no una flor". Así, pues, el concepto de principio de identidad adoptado por el casacionista no corresponde al que, a través de los siglos, desde la lógica formal de Aristóteles hasta la lógica dialéctica, se aplica en la construcción rigurosa de los argumentos, como lo afirma Heidegger: "El principio de identidad habla del ser de lo ente. El principio vale sólo como ley del pensar en la medida en que es una ley del ser que 2 LEFEBVRE, Henri. Lógica formal, lógica dialéctica. Bogotá, Siglo XXI, 1.984, p. 153. 16

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dice que a cada ente en cuanto tal le pertenece la identidad, la unidad consigo mismo. Lo que expresa el principio de identidad, escuchado desde su tono fundamental, es precisamente lo que piensa todo el pensamiento occidental, a saber, que la unidad de la identidad constituye un rasgo fundamental en el ser de lo ente. En todas partes, donde quiera y como quiera que nos relacionemos con un ente del tipo que sea, nos encontramos llamados por la identidad”3. ● El libelista no señala a cuáles declaraciones de los beneficiarios con la pensión de invalidez hace referencia, con lo cual su ataque se torna necio, ya que en el proceso obran múltiples atestaciones, tanto de los que fueron condenados en el mismo proceso con Benavides, como de otras personas que obtuvieron la señalada prestación pero que fueron beneficiadas con la preclusión de la investigación en su favor, y no todas ellas sirvieron como soporte de la sentencia condenatoria. Así las cosas, habría que adivinar cuáles son las referidas por impugnante, labor que es imposible asumir, dado el principio de limitación que rige el recurso extraordinario. En efecto, la sentencia de primera instancia, que es la providencia donde se hace un análisis concienzudo y atento sobre la responsabilidad de Benavides —porque, al no haber interpuesto ninguno de los recursos ordinarios se presumió su conformidad con ella y la segunda instancia no hizo pronunciamiento— apoya el razonamiento en las indagatorias y declaraciones de los que fueron condenados simultáneamente con ella —Zárate González, Rincón Barón y Moreno de

Rodríguez—; tanto como en declaraciones de terceros, que no fueron sujetos procesales en ese mismo trámite —Nivaldo Puentes Puentes, Rosa Alicia Bernal de Chavarro, Luz Amparo Granados Carvajal, Arsenio Rivera, etc.—; y, además, en testimonios de funcionarios de Cajanal,